Este 11 de septiembre los catalanes han vuelto a salir a las calles para demandar al Estado español el derecho a votar. Quieren saber de una vez por todas cuántos de sus ciudadanos quieren, o no, la independencia del Reino de España. Un millón de personas, según la guardia urbana, y 350.000 según la delegación del gobierno de España en Catalunya, son las cifras que se manejan de la ‘mani’, así le llaman los catalanes a la cita que desde hace 5 años les congrega en las calles para pedir lo mismo: votar.
La fecha elegida para las 6 ‘manis’ realizadas hasta el momento no es una cualquiera. El 11 de Septiembre de 1714 se desarrollaba el último episodio de la Guerra de Sucesión Española, Austrias y Borbones se disputaban la corona hispánica. Ganaron los Borbones y Catalunya, que luchaba al lado de los Austrias, se encontró en el lado perdedor. La guerra acabó con la firma del tratado de Utrecht, en el que la Corona de Castilla y el Reino de Francia -los bandos en conflicto- acuerdan que la la Corona de Aragón, conformada por el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona (territorio que hoy ocupa Catalunya) perdían su soberanía.
La ‘mani’ del 2017 ha sido bautizada como la «Diada del Sí» porque los catalanes confían en que esta será la última en la que saldrán a las calles a luchar por la independencia, y esa confianza se basa en la voluntad manifiesta del actual gobierno que con una mayoría parlamentaria independentista se ha dotado de normas para la realización del referéndum de autodeterminación. La semana pasada, en agitados plenos, el Parlament aprobó leyes para dotarse de un marco que le permitiese hacer lo que España no permite: votar.
Aprobaciones, desaprobaciones y denuncias varias
La semana pasada el Parlament de Catalunya aprobó por mayoría la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la ley de Transitoriedad Política y Fundacional de la República. La primera tiene como objetivo regular la realización del referéndum sobre la consulta por la independencia, y la segunda se aplicaría en caso de que ganase el Sí y administra la desconexión de Catalunya del Estado español. Ambas leyes han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y tanto la presidenta del Parlament, Carmé Forcadell y los 4 integrantes soberanistas de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de la ley ya han sido querellados por prevaricación y desobediencia, y han sido advertidos de que serían denunciados penalmente si desobedecen y aplican las leyes suspendidas.
El Tribunal Constitucional español (TC) también ha enviado 1400 notificaciones a los alcaldes de Catalunya, altos cargos del gobierno, al responsable de los Mossos d’Esquadra -la policía autonómica catalana- y a los medios de comunicación recordándoles que no pueden participar en los preparativos de la celebración del referéndum y, en caso de hacerlo, se enfretarían a responsabilidades penales. Este martes, el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, compareció en sede judicial para que explique cómo actuará el cuerpo que dirige para impedir la realización del referéndum.
En la cita, la fiscalía le ha dado a Trapero 24 horas para requisar las urnas y las papeletas de votación, además ha notificado a Tv3, la televisión nacional de Catalunya, para que se abstenga de transmitir propaganda del referéndum. Este no es el primer acto de censura, la semana pasada, la Guardia Civil española ingresó a «El Vallenc», publicación de la provincia de Tarragona, pues se sospechaba que allí se imprimían las papeletas. A la salida de la policía, el director de la publicación manifestó: «aquí no han encontrado las papeletas porque no están, pero que si es necesario las volveremos a imprimir».
¿Las denuncias y querellas detendrán lo que ha comenzado en Catalunya?
Según la Asociación de Municipios por la Independencia, luego de las notificaciones enviadas por el TC a los alcaldes, más de 700 de los 947 municipios que comprenden las 4 provincias catalanas han dado su apoyo al refeŕendum y se han comprometido a abrir los colegios electorales. Uno de los que aún no confirma su participación es el ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, quiere garantías del gobierno catalán para la protección de los funcionarios luego de que el TC haya suspendido la ley de convocatoria del referéndum y haya anunciado denuncias para todo mundo.
Esta mañana el president Carles Puigdemont y todo su gobierno han sido notificados por el TC y la fiscalía, en referencia a las denuncias presentadas contra ellos la semana pasada, se les acusa de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos por la firma de la convocatoria del referéndum de autodeterminación y por la organización del mismo. En declaraciones posteriores, el Conseller de la presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha dicho que nada detiene el proceso iniciado, y también ha manifestado que «la prioridad policial de los Mossos d’Esquadra no será buscar urnas sino prevenir atentados terroristas”.
Souffles, butifarradas y eventos sociales
Hace 6 años, Mariano Rajoy decía que las ansias independentista de los miles de catalanes que se manifestaban por la independencia eran sólo un soufflé, él nunca creyó que mezcla se inflaría tanto como para explotarle en la cara. Aún ahora su gobierno sigue desmereciendo la situación, esta misma mañana el ministro de Justicia español, Rafael Catalá ha declarado: «que el día 1 de octubre haya una urna en un pueblito alejado o en una plaza donde hagan un evento social eso no sería un referéndum y no tendría ningún valor político».
Las cartas están echadas, el gobierno español dice que el referéndum no se realizará, y para evitarlo manifiesta que actuará con todas las armas que tienen a su alcance, entre ellas está la suspensión de la autonomía o el uso de las fuerzas armadas, el president y los demás líderes del gobierno catalán dicen que el referéndum se hace y que todo está a punto para la cita electoral, la gente en las calles también quiere votar, así lo gritaban a voz en cuello en Plaza Catalunya y las calles aledañas donde este lunes se manifestaron pacíficamente catalanes de todas las edades y colores.
En la Diada de este año estuvo presente el president, el vicepresident y sus compañeros de camino, entre ellos, Joan Tardà, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el congreso de los Diputados de Madrid, él confirmó para teleoLeo, la voluntad del gobierno catalán de la realización de la consulta electoral y dijo que lo que España prohíba o deje de prohibir ya no es de incumbencia del gobierno catalán que ha emitido sus propias leyes para poder hacer un referéndum vinculante basándose en los pactos internacionales que prevén el derecho de autodeterminación de los pueblos. A continuación el vídeo de la entrevista
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