Si la coalición independentista vuelve a trabajar unida y los jueces no se oponen, Jordi Sánchez será investido president de la Generalitat mientras que Carles Puigdemont ejercería el cargo desde la «Casa de la República» en Waterloo.
Ya hay fecha para la investidura presidencial en Catalunya. Lunes 12 de marzo será, lunes del cual tengo ya el recuerdo…naaaa. La investidura del president de la Generalitat tiene de todo, menos poesía: no será jueves y no estará Vallejo. El elegido para el cargo es Jordi Sánchez, uno de los presos políticos que España se encuentra en prisión provisional desde hace 5 meses.
Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual diputado por Junts per Catalunya (JxCat) -el partido de Carles Puigdemont- está acusado de actos de rebelión y sedición por haberse subido al techo de un auto de la policía para disolver una manifestación congregada durante horas delante de la Conselleria de Economía catalana, donde la policía española practicaba un registro días antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre.
El candidato es el propuesto por Carles Puigdemont cuando la semana pasada dió«provisionalmente» un paso al costado. Ante la imposibilidad de plantarse en el Parlament catalán para defender su plan de gobierno y de ser investido president con el voto de la mayoría independentista, Puigdemont ha planteado un gobierno en territorio catalán, presidido por Jordi Sánchez, número dos de la lista de JxCat y un gobierno de la República que se organizaría desde el exilio.
Luego de arduas negociaciones con su principal socio, Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), y del reparto de Conselleries, el partido del expresident ha logrado seducir a ERC con su propuesta. A los que falta convencer es a los socios menores, pero NO menos importantes. La CUP -grupo de izquierda anticapitalista- que con sus 4 diputados, es indispensable para mantener la mayoría absoluta del bloque independentista (68 diputados), y para lograr la investidura de Sánchez en primera vuelta.
Pero la CUP no está muy convencida de la investidura de Sánchez, en su Consejo Político celebrado el sábado, tomaron la decisión de no apoyarla porque según manifestó Vidal Aragonés, uno de los 4 diputados del partido, «representa la sumisión total a la legalidad española». Y es que la CUP ya ha pasado la pantalla autonomista y sólo quiere formar República.
La pantalla autonomista es aquella que nos sitúa antes del 1 de octubre, pero peor, pues ya no sólo seguiríamos siendo una de las 17 comunidades autónomas de España, sino que seríamos la rebelde, a la que hay que meter en cintura, a la cual hay que gobernar con mano de hierro no vaya a ser que… Y para ello lo primero que haría el gobierno de España es mantener intervenida la economía catalana. Mariano Rajoy ya anunció esta medida, antes de las elecciones del 21 de diciembre, si en Catalunya volvía a ganar el independentismo.
Para la CUP investir a Puigdemont sería lo más adecuado, pues es el president elegido los catalanes en las urnas, por eso para ellos claudicar en su investidura es someterse a la voluntad del Estado español. «Nosotros estábamos listos para investir a Puigdemont». Con esta afirmación la CUP recuerda que es el Tribunal Supremo español el que no permite la investidura del expresident porque dice que esta sólo puede ser presencial (mientras que mantiene una orden de captura sobre él), y el Tribunal Constitucional no permite la investidura telemática porque aún NO de respuesta a la consulta formulada al respecto por el gobierno español.
«Estamos en la perspectiva de construir legalidad republicana, no de continuar con el autonomismo. No es un tema de nombres ni de personas» -aseguraba Aragonés en la conferencia de prensa posterior al Consejo Político de su partido- «es un tema de proyectos políticos».
La «legalidad republicana» es aquella que según la CUP se debe desplegar, pues el independentismo ganó el referéndum del 1 de octubre y a pesar de los golpes sufridos y de la represión, volvió a ganar en las urnas el 21 de diciembre. Según ellos, la independencia ya ha sido proclamada y ya no se le debe «vasallaje» al Estado español que no ha querido sentarse un sólo minuto a negociar, que no ha hecho política en todo este tiempo y que sólo ha lanzado a jueces, fiscales y policías a la caza de quienes han desafiado el orden establecido.
Planes para sumar
Este martes por la tarde, JuntsxCat, ERC y la CUP, los tres partidos independentistas, se reunieron para negociar. Según ha trascendido, los socios mayores, JxCat y ERC, han presentado a la CUP una nueva propuesta basada en el preacuerdo alcanzado por las dos formaciones: gobierno efectivo en Catalunya, recuperación de las instituciones catalanas y levantar el 155; y un gobierno en el exterior, el del «Consell de la República», comandado por Carles Puigdemont, pero además incorpora propuestas para concretar la cristalización de la República.
En una entrevista ofrecida a The Guardian el viernes pasado Puigdemont decía que el Consell de la República desde Bruselas podía «actuar sin los problemas que impone la policía y la justicia españolas». Según manifestaba, el Consell de la República representará la diversidad del país pues además de los Consellers que trabajarán con él en el exterior, también tendrán representación las comunidades locales y las asociaciones. «Tenemos que salir del viejo modelo del gobierno para la gente hacia un gobierno con la gente«.
Así las cosas, y de manera provisional, si Sánchez es investido, Catalunya pasaría a tener dos presidents. El del Consell de la República, que sería el gobierno en el exilio comandado por Puigdemont y el gobierno de la Generalitat en Catalunya, que -según un acuerdo entre los grupos independentistas, a los cuales esperan se sume la CUP- reconocería formalmente la primacía del Consell de la República a la hora de tomar decisiones. Ambos se reunirían cada semana para coordinarse.
La «Casa de la República», que es así como la llaman los que ya trabajan allí, es la sede ubicada en Waterloo, Bélgica, donde funcionaría el Consell de la República y en la que Puigdemont ya recibe la visita de diputados, alcaldes, políticos, periodistas, ciéntificos y hasta de artistas; desde allí se prepara todo para emular a Estonia y poder funcionar de manera virtual. El país báltico ha creado un entorno virtual que le permitiría funcionar como un Estado independiente en caso de una posible invasión rusa.
Contando espero
La investidura de Jordi Sánchez prevista para el próximo lunes, de no contar con los votos de la CUP, sólo obtendría 64 votos, los que suman JxCat y ERC con lo cual es imposible alcanzar la mayoría absoluta -los diputados de la cámara catalana son 135, la mayoría absoluta se obtiene con 68 diputados-. Así que se tendría que convocar a una segunda sesión de investidura que se celebraría 48 horas después, o sea el miércoles 14 de marzo, aquí sólo haría falta que el independentismo obtuviese la mayor cantidad de votos.
JxCat y ERC, el primero con 34 diputados y el segundo con 32, suman 66 diputados, pero para todos los efectos, sólo pueden contar con 64 pues tanto Carles Puigdemont, como el exconseller Toni Comin – elegido diputados en las elecciones del 21 de diciembre- se encuentran en Bélgica y no pueden volver porque serían inmediatamente apresados. El Tribunal Constitucional no les permite a ambos delegar su voto, en castigo por haber huído de «sus redes».
Peligro…peligro
Y es justo aquí donde la cuerda podría estar MÁS floja que nunca. El bloque unionista, es decir los diputados de Ciutadans, el Partido Socialista de Catalunya y el Partido Popular suman 57 votos, si a ellos se le añaden los 9 de los de En Comú Podem, tendríamos 66 votos (dos maś que JxCat y ERC juntos). Cabe resaltar que los de En Comú Podem han dicho por activa y por pasiva que NUNCA votarían al lado de los responsables de que el 155 haya sido aplicado en Catalunya, pero NUNCA se sabe. Así que JxCat y ERC tienen muy poco tiempo para ofrecer propuestas verdaderamente «republicanas» a la CUP y así poder sumar sus 4 encarecidos votos.
Los partidos unionistas también han manifestado que la propuesta de investir a Jordi Sánchez es una estratagema más del independentismo para seguir alargando las cosas. Ellos concuerdan con el deseo de Mariano Rajoy: «Queremos que el president sea una persona que no tenga cuentas con la justicia porque sino será imposible generar un mínimo de estabilidad en Catalunya y queremos que ese nuevo gobierno mire al futuro y cumpla la ley. El gobierno de España cumplió con su obligación y seguirá cumpliendo con su obligación».
¿Con la palabra obligación a qué se referirá Mariano Rajoy?:
-A la brutal intervención policial del 1 de Octubre que según Human Rights Watch y Amnistía Internacional fue tan violenta como innecesaria.
-A la intervención de las cuentas de la Generalitat días antes de la celebración del referéndum en salvaguarda de no gastar un euro en el procés, y con ello haber burocratizado las compras hasta de gasas y agujas para la seguridad social. El propio ministro de Hacienda español, luego solicitar información, ha revelado que no se gastó ni un sólo euro público en el referéndum.
-Al cese del govern y del parlament catalán cosa que NO permite la aplicación del 155 pues claramente dice: «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan» […] «el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Por ninguna parte aparece la palabra DESTITUCIÓN.
Recurso en marcha
El abogado de Jordi Sánchez ya ha presentado un recurso ante Pablo Llerena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del independentismo y ante el Tribunal Constitucional, para solicitar que su cliente sea puesto en libertad condicional. El abogado reclama que ambos tribunales se manifiesten respecto a la petición de «inmediata libertad» y en caso de no concederla, «se arbitren las medidas necesarias para que su cliente pueda acudir personalmente al debate de presentación de su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara».
El abogado de Sánchez advierte en sus escritos que en caso de que su petición no sea aceptada, «asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos».
La petición para que Sánchez asista a la sesión de investidura tiene un antecedente en la justicia española. En 1987, el terrorista de ETA, Juan Carlos Yoldi, siendo preso preventivo fue autorizado por un juez para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. Según argumenta el abogado de Sánchez, «desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español supondría una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político».
Desde JxCat ya han anunciado que si el juez Llarena no deja en libertad a Jordi Sànchez, o no le da permiso para asistir al debate de investidura, promoverán una “querella criminal por prevaricación” en su contra. Si Sánchez no pudiese ser investido, la posta pasaría a Jordi Turull, número cuatro de la lista del president Puigdemont -la número tres, Clara Punsatí es otra de los exconsellers que se encuentra con Puigdemont en Bélgica- sin embargo, según Rajoy, Turull tampoco es «viable pues, «tampoco puede ser president de la Generalitat alguien que pueda estar en prisión de aquí unos meses».
Jordi Turull, como exconseller del gobierno de Carles Puigdemont también está incurso en la causa que el Tribunal Supremo instruye contra el proceso independentista catalán y aunque por ahora se encuentra en libertad condicional, en cualquier momento podría volver a prisión.
Así que hasta próximo aviso, el futuro de Catalunya podría ser deshojar margaritas preguntándole a Mariano Rajoy, «me quiere, no me quiere», porque siendo el más «fuerte de la clase» y teniendo la sartén por el mango, mientras los tribunales internacionales de Derechos Humanos, la ONU o la UE -y es a esta a la que pongo en último plano porque en 5 meses de crisis sólo se ha sabido poner al lado del más fuerte- el conflicto que mantiene España con Catalunya no se resolverá pues Mariano Rajoy y «sus amigos» no saben hacer política, sólo saben llamar a tribunales y llenarse la boca con palabras como «normalidad» y «legalidad».
Y atendiendo a ese llamado vamos a ser todos muy «normales» y a decirle al juez que investiga los casos de corrupción de la trama Gürtel que tiene imputados a más de 700 cargos del Partido Popular -el partido de Mariano Rajoy- que talvez, si aguza la inteligencia podría encontrar que el M.Rajoy que aparece en los papeles de la trama, comparables con las «agendas de Nadine», podría ser el mismísimo presidente de gobierno, porque Mariano comienza con M y Rajoy pues es igual a Rajoy. Ahora si hablemos de gobiernos «legales» y «normales».
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