Moncloa, ¡tenemos un problema!

Los presos políticos catalanes y la falta de respeto a derechos como el de la libertad de expresión enfadan a colectivos españoles que ya alzan su voz en calles y plazas

España despierta. En Madrid una marcha por la libertad de los presos políticos catalanes ha acabado congregando este sábado a centenares de personas. No es la primera vez que el colectivo “Madrileños por el derecho a decidir” se manifiesta en la capital del reino por el derecho a decidir de los catalanes, sin embargo, esta vez también reclaman ese derecho para sí mismos.

Elena Martínez, la portavoz de la organización, dice que han salido a las calles en demanda de la libertad de los presos políticos, por la democracia y por la República y porque ellos también quieren decidir si monarquía o República para toda España. Según Elena, es necesario acabar con el “régimen del 78”, que no es otra cosa que la llamada transición y los posteriores gobiernos que ha tenido España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

A diferencia de países como el Perú, y otros, en España no se ha pasado cuentas por los abusos, ejecuciones y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo, no ha habido ninguna investigación, ni comisión de reconciliación, ni nada; contrariamente, lo que hubo fue una amnistía que so pretexto de liberar y exculpar a los presos políticos de la dictadura, sirvió también para evitar que fueran juzgados los protagonistas de las violaciones de derechos humanos practicadas durante el gobierno que mantuvo a España durante casi  4 décadas bajo la bota “del caudillo”.

El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo una petición formal a España: la derogación de la ley de amnistía por incumplir la normativa internacional sobre derechos humanos. Al día de hoy el pedido no ha sido atendido pues esta ley continúa vigente en el Estado español.

Desde la realización del referéndum de autodeterminación de Catalunya, el Estado español no ha hecho nada más que mostrar su cara más reaccionaria, ha encarcelado de manera preventiva a 7 políticos y dos activistas catalanes, y ante el pedido de libertad de algunos, la justicia española ha contestado que no les abre la celda porque no han cambiado su manera de pensar y en cualquier momento podrían verse tentados a cometer el mismo delito: declarar la independencia. Sin embargo, el código penal español no contempla castigo ni pena para quien declara la independencia en ausencia de violencia.

España despierta. Esta no es la primera manifestación a favor de la causa catalana, dentro del territorio español, desde otros puntos -como Granada o el País Vasco- también ha salido a protestar por las porras del 1 de octubre y por la falta de respeto a las libertades fundamentales, y es que las pretensiones independentistas de Catalunya están dejando a España -y con España me refiero al gobierno y a la monarquía- con el fustán al aire.

La retirada del delito de rebelión en la euroorden emitida contra Carles Puigdemont, realizada por el juzgado alemán, ha sido una terrible estocada para el gobierno de Mariano Rajoy, cuyo portavoz en el Parlamento Europeo ha dicho este fin de semana que, “si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”. O sea que el golpe ha sido tan devastador y la herida tan profunda que España podría -incluso- estarse planteando abandonar la Unión Europea.

(Este blog también se ha publicado en LaMula)

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