La policía catalana salva a una menor de ser víctima de una mutilación genital

La aplicación del protocolo para evitar la mutilación genital ha evitado que, en lo que va del año, 12 menores sean mutiladas. Esto demuestra la importancia de la aplicación de protocolos para la atención de casos donde la vida de mujeres y niñas está en peligro. Ojalá el Perú lo entendiera. (Foto: El País)

Escribe: Leonor Pérez-Durand

Los protocolos si funcionan. Esta semana los Mossos d’Esquadra —la policía catalana— ha evitado la mutilación genital de una niña en el país de origen de sus padres. Esto ha sido posible gracias al cumplimiento del protocolo para estos casos, establecido oficialmente desde 2002. En cuanto la policía tuvo conocimiento de los planes de viaje de la familia citó a los padres para decirles que la mutilación genital es ilegal en España y que tampoco puede practicarse en ciudadanas y residentes de este país, estén donde estén.

Activación del protocolo

En junio, la policía se enteró que la menor iba a viajar a Guinea en compañía de sus padres y eso fue suficiente para que el protocolo fuese activado. Los padres fueron informados de las consecuencias para la salud de su hija y de las consecuencias legales si se atrevían a mutilarla. La niña fue sometida a un control pediátrico para verificar su estado, además, se informó a los padres que al volver sería revisada nuevamente y en caso de haberla mutilado, serían juzgados por delitos de lesiones.
La mutilación genital femenina está catalogada como un delito contra de los derechos humanos.
Art. 149.2 Código Penal español: El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
En el marco del protocolo, a los padres también se les hace firmar el “compromiso preventivo”, documento que pueden utilizar en su país de origen para impedir que sus hijas sean mutiladas, también se archiva una hoja clínica que certifica el estado de las menores antes de viajar y en la que se les informa del examen posterior al viaje. Si, a pesar de todo esto, las autoridades sanitarias viesen riesgo de mutilación, lo comunican a la Entidad Pública de Protección de Menores correspondiente y al Ministerio Público que pondría en marcha un proceso para activar medidas cautelares que eviten la salida de la menor del país.
En lo que va del año, en Catalunya, 12 niñas han sido salvadas de esta aberración. Según cifras de la Generalitat en 2017,  fueron detectados y evitados un total de 132 casos gracias al protocolo establecido para evitar esta práctica. Además, en todo el territorio, se realizan talleres informativos y de trabajo con participación de profesionales de la salud y con la población que potencialmente podría verse afectada con esta práctica.  Sin embargo, algunas organizaciones que trabajan este tema demandan mayor esfuerzo y trabajo divulgativo para evitar que más niñas sean mutiladas.

Actores del protocolo

Este protocolo para la prevención de la también llamada ablación, está pensado para ser ejecutado desde varios frentes: la escuela, los centros de salud y la policía. En cuanto los maestros saben que alguna niña va a viajar a su país de origen o el de su familia, donde se practica la mutilación genital, deben dar la voz de alerta a la policía y al centro de salud de su localidad que verificará el estado de la menor antes y después del viaje. Este tipo de coordinación podría ser emulado en Perú para evitar o detectar casos de abusos y  de violencia infantil, así como para tratar los casos de violencia contra las mujeres.
Los maestros son los que están más cerca de los niños y son los que pueden detectar cambios de conducta y de comportamiento que podrían ser significativos de que algo está afectando al menor, ellos podrían convertirse en una fuente de información para la policía comunicandoles lo que ocurre a fin que investiguen. Los pediatras también podrían coordinar con la policía ante la más mínima sospecha de cualquier acto irregular.

…Y mientras tanto en Perú…

Ojalá nuestras autoridades se diesen cuenta de la importancia de tener protocolos de actuación que garanticen un adecuado tratamiento tanto en la recepción de las denuncias, como en la recabación de pruebas. Hace poco publiqué el caso de una joven violada que sospechaba haber sido drogada, ella es una de las víctimas de la falta de rigor de la policía.
Al día siguiente de la violación, en horas de la mañana, ella presentó la denuncia ante la policía que le practicó el dosaje etílico 18 horas después y no le hicieron una prueba de drogas específica para cada sustancia que le podrían haber suministrado.
A raíz de este caso una fuente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables me confirmó que en el Perú los operadores de justicia no trabajan con un protocolo de actuación porque no lo tienen, luego me dijo que lo estaban elaborando, que me enviaría el borrador, pero no, al final no, porque no estaba acabado y no sabía para cuando estaría.
En Catalunya y en todo España se han salvado cientos de niñas de ser mutiladas por la aplicación de un protocolo que se originó en los años 90, en la consulta de una pediatra catalana, Inma Sau.
Una madre africana le confesó a la doctora Sau, que su marido quería llevarse a sus hijas para mutilarlas; la doctora llamó al padre de las niñas y elaboró un documento en el que decía que, en caso de viajar, las niñas debían volver al país tal como habían salido, lo llenó de varios sellos que encontró en el hospital y se lo hizo firmar.  Al volver del viaje la doctora examinó a las menores, estaban intactas. La iniciativa había funcionado, así que se formalizó y ahora se aplica en todo el país.

Ojalá

En Perú miles de niñas también podrían salvarse, en su caso, de abusos y violaciones. Si hubiese un protocolo de actuación entre las escuelas, el sistema sanitario, la policía y el Ministerio Público esto sería posible. Las mujeres también podrían ser atendidas adecuadamente cada vez que realizan una denuncia por maltratos o violaciones, incluso los casos de feminicidio serían tratados correctamente. Por ahora eso no pasa y cada operador de justicia actúa como cree o le conviene, siendo las únicas perjudicadas las víctimas, mujeres y las niñas que no encuentran en el Estado la ayuda que necesitan.
Las mujeres necesitamos leyes que nos protejan y protocolos de actuación que no nos victimicen. Esta es una tarea que en nuestro país ningún gobierno ha atacado con eficiencia, ni decisión; ahora, que el actual gobierno en su mensaje del 28 de julio habló de políticas con enfoque de género, a ver si hace bien la tarea y se rodea de profesionales competentes que elaboren planes de actuación coordinada y efectiva entre los diferentes operadores de justicia y operadores sociales para hacer frente a tanto maltrato y a tanto dolor.

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