De qué sirve que se emita una orden de prisión preventiva, una orden de búsqueda y captura, e incluso una alerta internacional; si cuando otro país atrapa al inculpado no se utilizan los medios necesarios para que sea extraditado, juzgado y castigado.
Cristian Sánchez Coico o Jhon Jairo Velásquez, peruano, asesinó de 8 tiros a su pareja, Ruth Huertas, en julio de 2019. El 19 de febrero de 2020 fue detenido en Argentina y la justicia peruana, a punto de cumplirse el plazo de detención por parte de Interpol ─60 días─, aún no envía el pedido de extradición. De no hacerlo rápidamente, Sánchez Coico quedaría en libertad en los próximos días.
La cuarentena decretada en Perú el 14 de marzo, para evitar la propagación del COVID-19, paralizó el grueso de la labor judicial, sin embargo, los procesos urgentes y con reos en cárcel han continuado, extrañamente el proceso de extradición de Sánchez Coico quedó en el limbo y podría haber seguido así y tener un desenlace nefasto si, desde Argentina, un funcionario no se lo hubiese comunicado a Agripina Solís, madre de Ruth.
El aviso puso en alerta a la madre de la víctima quien de inmediato intentó comunicarse con Cecil Vidal Marcelo, la abogada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a cargo de su caso; para eso llamó al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría de San Pedro, del distrito de Carabayllo, donde se ve su caso, y la coordinadora le dijo que hace una semana tenía un mensaje para enviarle.
Sí Agripina Sólis no se ponía en contacto con el CEM, quizás aún no sabría que el Poder Judicial peruano no había concluído el trámite de extradición de Sánchez Coico. Lo terrible de todo es que ha tenido que ser un funcionario Argentino el que de la voz de alerta sobre la falta de diligencia de la justicia peruana en este caso. TeleoLeo.com habló con esta madre.
Proceso de una extradición
En cuanto Christián Sánchez Coico fue detenido, el juzgado de origen de este caso, el del distrito de Carabayllo, envió el pedido de extradición a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Luego de la audiencia respectiva, el pedido fue firmado por algunos jueces de esta sala, quedaron pendiente otros, que lo harían el día lunes 16 de marzo.
Pero el 16 de marzo el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia por el COVID-19. Al día siguiente el Poder Judicial emitió un comunicado en el que suspendía actividades, pero atendería los casos urgentes y los de reos en cárcel.
Lamentablemente la extradición de un feminicida parece no ser un caso urgente para el Poder Judicial peruano y si Agripina Solís, la madre de la víctima, no hubiese sido alertada por un funcionario argentino, todo seguiría igual y este 19 de abril Sánchez Coico estaría nuevamente en la calle y probablemente volvería a ser detenido cuando volviese a atacar a otra mujer.
Christian Sánchez Coico fue detenido el 19 de febrero en Argentina por delito de lesiones contra su actual pareja.
Christian Sánchez Coico, también conocido como»Pericles», confirmando su vocación por el delito, tomó el nombre Jhon Jairo Velásquez, más conocido como «Popeye», ex jefe de los sicarios de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín. «Pericles», quien ya tiene un prontuario en Perú por robo con violencia, además, de haber asesinado a Ruth Puertas y de haber incurrido en un delito de lesiones en contra de su actual pareja, también habría seguido con su carrera delincuencial en Argentina, dedicándose al robo con armas y al sicariato.
Pedido de prórroga in extremis
Según el colectivo de Familias unidas por justicia ni una asesinada más la viceministra del MIMP, Patricia Garcés, les ha asegurado que Sánchez Coico no será liberado, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha solicitado la prórroga a Argentina, para la presentación del cuadernillo de extradición.
El pedido ha sido hecho a la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, autoridad central del país austral para estos asuntos. Las autoridades argentinas tiene 3 días para contestar a este pedido, que comportaría 10 días de ampliación de la detención de Sánchez Coico en ese país. Y todo esto ocurre por la falta de diligencia de la justicia peruana.
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