Escrito por: Leonor Pérez-Durand

Para trabajar en el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) las y los postulantes sólo presentan declaraciones juradas asegurando ser "personas de bien". Y esto sigue siendo así, a pesar que uno de sus abogados afronta procesos por abusos sexual a dos niñas

En enero de 2020, Luciano Pacheco Torre fue denunciado por la violación sexual de una niña de 10 años, hija de su pareja. En noviembre de 2019, Pacheco Torre también había sido denunciado por tocamientos indebidos a una niña de 11 años, hija de otra pareja. Las denuncias siendo graves en sí mismas, lo son más porque Pacheco Torre conoció a estas dos mujeres ─con quienes mantuvo relaciones paralelas─ siendo él: abogado de un Centro de Emergencia Mujer (CEM), y ellas: denunciantes, víctimas de violencia de género.

El conocimiento de estos casos debía haber significado un antes y un después en el proceso de contratación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pues hasta entonces los postulantes a algún cargo sólo debía presentar declaraciones juradas en las que dijesen que eran personas sin antecedentes penales, ni judiciales, además debían afirmar que no tenían ninguna sentencia, ni proceso por violencia sexual o familiar, y que tampoco estaban inscritas o inscritos en el Registro de Deudores de Alimentos (REDAM).

Al pie del «perfil del puesto» podemos leer: «No necesita documentación sustentadora», es decir, el MIMP ─institución estatal a cargo de velar por el bienestar de mujeres, niñas, niños y adolescentes vulnerables por el maltrato y abuso recibido─ contrata personal haciendo un acto de fe, y via declaraciones juradas cree lo dicho por las y los postulantes. Lo hacía así antes de las denuncias de abuso sexual contra el abogado Pacheco Torre, y lo sigue haciendo así 9 meses después de presentada la última denuncia.

Un asesor del MIMP consultado por los medios de comunicación, cuando se dieron a conocer las denuncias en contra de Luciano Pacheco Torre, en enero de 2020, aseguró que esto era un punto de quiebre, un antes y un después, y que a partir de este caso los postulantes al programa AURORA también tendrían que pasar una prueba psicológica para verificar si eran aptos para el cargo. Y sí, según la Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) del MIMP las y los postulantes actualmente deben pasar por esta prueba, pero: no puntua.

Dos niñas abusadas sexualmente por abogado del CEM, son prueba de que algo falla

El programa AURORA señala en su web, que tienen como finalidad «contribuir a la reducción de la alta prevalencia de violencia familiar en mujeres niñas, niños y adolescentes». Dice también que tiene como objetivo: «Formular, diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos y programas de prevención y atención, además de promover acciones de protección y recuperación frente a la violencia familiar y sexual; así como la generación del conocimiento de la problemática y la promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres».

Sin embargo, esto quedaría en mera declaración de intenciones cuando ni siquiera se preocupan por garantizar que el personal que contratan para trabajar con materia harto sensible ─en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, rotos por las situaciones de abuso y maltrato sufridos─ son probos y adecuados para tratar de manera totalmente profesional a quienes se acercan a estos servicios. Esto sólo será así cuando exijan la presentación de certificados de antecedentes penales y judiciales, y tomen en cuenta el resultado de la prueba psicológica.

De enero a septiembre de 2020, en los 401 CEM ubicados en todo el Perú han sido atendidas 61075 personas; de ellas, 6983 por violencia sexual; 6414 mujeres de las cuales: 4245 tenían entre 0 y 17 años de edad; y 479 hombres. También atendieron 29258 víctimas de violencia psicológica, de ellas 25319 eran mujeres, 18713: entre los 18 y 59 años de edad; y 4939 eran hombres. Por violencia física recibieron 24142 denuncias, de las cuales 20794 mujeres: 16673 de ellas entre 18 y 59 años; y 3348 hombres.

El MIMP no se puede permitir seguir contratando gente que no acredite fehacientemente su falta de antecedentes, no puede seguir exponiendo a quienes denuncian a ser atendidaes por personas que se introducen en la institución respondiendo sólo a espurios fines. Laes y los denunciantes necesitan espacios seguros para poder liberarse del dolor sufrido y donde encontrar el apoyo emocional y legal que necesitan. El peligro debe vivir en la calle, no al interior de la institución creada para su protección.

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