Carta abierta al pueblo peruano: Colombia pide ayuda

Esta carta, dirigida a peruanas y peruanos ha escrita por colombianos en el exterior que han recopilado información de medios independientes como: Temblores, 070, la oreja roja y 26 organizaciones no gubernamentales, así como, la Unidad de personas desaparecidas que se confirmo a raíz de la firma de paz en Colombia

Este mensaje no es un ruego por ayuda. Es un llamado, un grito para que presten atención y actúen, porque lo que pasa en Colombia es un triste relato condensado de los sufrimientos de buena parte de las sociedades latinoamericanas, porque las causas estructurales de lo que ahora se vive tienen base en la desigualdad, en la pobreza multidimensional, en los excesos del poder y en la violencia perpetrada por agentes del Estado.

El pasado 28 de abril se convocó en ciudades y pueblos de Colombia a una protesta masiva por una reforma económica. Implicaba la recaudación de 6294 millones de dólares (23.4 billones de pesos, que mal contados equivalen a 24 mil millones de soles). Pretendía hacerlo con incremento a los impuestos del 60% de los productos que componen la canasta básica familiar. Es decir, gravar productos básicos para la subsistencia, que no son productos de lujo.

Los productos básicos de la canasta familiar ya tenían un impuesto del 5% pero con la reforma buscaban aumentarlo al 19%. Eso hubiera encarecido los alimentos de una forma impresionante, insostenible para muchos. Mientras tanto, las bebidas azucaradas no fueron incluidas en la reforma tributaria, de modo que no fueran gravadas, para lo que es preciso recordar que los empresarios que las fabrican son además dueños de los medios de comunicación masivos y de grandes bancos.

Conviene poner estos hechos en contexto. El propio organismo estatal encargado de estadísticas y proyectar cifras del país (el DANE, que es la versión colombiana del INEI), sacó un informe ese mismo día mostrando cómo se había incrementado la pobreza durante la pandemia, pero es claro que la situación de pobreza es un fenómeno que viene de tiempo atrás, anterior y endémico, agudizado claramente por los efectos de una pandemia mal gestionada.

Mostraron que el 42,5% de la población en Colombia vive en pobreza. Esto significa que 21 millones de personas viven con menos de 87 dólares al mes (331.688 pesos al mes como línea de pobreza; un aumento de 6.8 puntos porcentuales en 2020). Perdón que usemos el dólar como moneda de referencia.

Tal vez sea mejor decir que, para los despachos gubernamentales, se es pobre en Colombia cuando se vive con menos de 332 soles al mes, y eso pasa con 21 millones de personas. Además, nos cuentan en ese informe oficial que 7.47 millones de personas (15.1%) viven en pobreza extrema, esto es, con menos de 145 soles al mes (145.004 pesos al mes). Esa cantidad de personas equivale a casi toda la población de Lima.

Una Reforma como la planteada llevaría a que más personas transitaran un proceso de empobrecimiento, porque además de los alimentos básicos, implicaba gravar la gasolina, con el efecto que se desencadenaría en el costo de bienes y servicios, encareciendo todo, haciendo más difícil acceder a lo más elemental para una vida digna. Eso fue el primer detonante, en un marco económico y social estructural muy difícil.

El segundo punto de esa reforma es que un número mayor de personas iba a entrar a pagar el impuesto de renta, que, como aquí, es un impuesto que te imponen cuando eres trabajador. Iban a reducir la línea, el filtro, para que, con menores ingresos, tuvieran que tributar muchos más trabajadores. Esto hay que ponerlo en otro contexto, y es que la tasa de desempleo es de 16,8% en el rango de población productiva. Pero el efecto es mayor en las mujeres. El 46,7% de mujeres cabeza de hogar están sin empleo. La pobreza monetaria está impactando a las mujeres gravemente, como nunca antes.

El tercer punto, es que al SENA, encargado de formación técnica en oficios y vinculación al mercado laboral, con educación gratuita, le iban a recortar fondos para inflar los del ICETEX, que es el organismo que te presta dinero a muy altas tasas de interés para educación universitaria. Cuando sumamos esto al panorama, y vemos que el 33% de los jóvenes no está estudiando ni trabajando, porque no tienen las oportunidades para hacerlo, se entiende el panorama que hay detrás del descontento social.

Jóvenes que son hijas e hijos de nueve millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno, como los mismos colectivos lo dicen “son los hijos y nietos de los que el estado paramilitar mandó callar con la muerte”. Qué miedo van a tener si nacieron signados con la guerra. Qué miedo van a tenerle a unos gobernantes que creen que puede hacer un relato de la historia con los mismos medios hegemónicos que les dieron el poder. Viven esos dinosaurios todavía en el siglo XX. No han despertado a la realidad de que el mundo es de los jóvenes. Pero atentos, que las y los jóvenes serán el nuevo objetivo, el enemigo que se inventarán para continuar con su política de guerra y muerte. En ese contexto es que el conflicto se ha trasladado a las ciudades.

Precisamente, la situación económica no es lo único que nos acorrala. El año pasado (2020) terminamos con 91 masacres. Este año llevamos 35 masacres, sin contar con la que ahora está perpetrando la fuerza pública en las ciudades, la masacre a la juventud que se manifiesta en las calles. Además, 57 defensores de DDHH han sido asesinados este año, que se sumaron a los 383 homicidios de líderes sociales desde que se implementaron los acuerdos de paz (el 1 de diciembre de 2016).

Adicionalmente, van 22 firmantes de los acuerdos de paz asesinados este año, a quienes el Estado se comprometió a proteger; la cifra general de desmovilizados asesinados supera los 260. Todo en marco de un acuerdo de paz que ese gobierno nefasto se niega a implementar. Se niega también a sentarse en la mesa con los grupos guerrilleros de accionar vigente, manteniendo vivo el conflicto armado interno para conservar sus argumentos del gasto militar, el segundo más alto en América Latina, solo superado por Brasil, que tiene una población cuatro veces más grande.

A todo lo anterior hay que sumarle los agravios y ataques a la población indígena y a sus territorios, a las comunidades negras, afrocolombianas y raizales. Un proceso de restitución de derechos territoriales y tierras que han dejado en manos de los despojadores. Por si fuera poco, en los barrios periféricos se manejan niveles alarmantes de todas las violencias, estatales y para estatales, de diferentes dimensiones y tipos de victimarios.

Nos estamos viendo encerrados, porque los que supuestamente deberían velar por la seguridad e integridad de la población, nos están masacrando. Antenoche ocurrió un caso extremadamente difícil en Pereira, de una persona que era un joven más en las manifestaciones (Lucas Villa), quien alegremente protestaba, llevando mensajes de amor, intentaba conciliar con la policía. Y lo balearon, le pegaron ocho tiros. Ahora es un trágico símbolo de la juventud colombiana.

Hasta el 7 de mayo, con ocho días de manifestaciones, vamos 37 muertos por la fuerza pública, sin contar con los perpetrados por cuerpos paramilitares; 1773 actos de violencia policial, 28 víctimas de dolosas agresiones en los ojos (una práctica ruin, infame), 105 situaciones de disparos con armas de fuego (que no son armas de baja letalidad, como ordena el código que rige a la fuerza pública), 936 detenciones arbitrarias con 379 personas desaparecidas durante las marchas y 11 casos de violencia sexual por agentes de la fuerza pública.

Todo esto en ocho días de manifestaciones (de acuerdo a los datos de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la asociación civil Temblores). En su afán de militarización, el gobierno ha enviado ilegalmente al Ejército a las calles, ha usado armamento de guerra en las ciudades contra la población civil que esas fuerzas armadas juraron defender. Las agresiones de la semana pasada que les acabo de relatar han desatado la DIGNA RABIA DE UN PUEBLO, que le pide a los hermanos y hermanas latinoamericanas que nos apoyen, que nos den fuerza, que alcen la voz porque la frontera no nos separa, sino que nos hermana.

Ya no se trata solamente de una política lesiva a la economía familiar. Se trata de un ataque sistémico contra la sociedad, por unos gobernantes enfermos de poder que han usado los cuerpos del Estado para hacer negocios y que ahora los instrumentalizan para resguardar sus privilegios. Para completar, durante marzo y abril, es decir, mientras preparaban la desdichada reforma tributaria con la que empecé este relato, y mientras nos decían en la televisión que las arcas del Estado estaban quebradas, el gobierno gastó el equivalente a 14 millones de soles (14 mil millones de pesos, o 3.7 millones de dólares) en dotación para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Con eso concretaron, entre otros juguetes de guerra, la adquisición de 130 mil granadas aturdidoras, con las que atacan la humanidad de los manifestantes. Por último, la bancada del gobierno en el poder legislativo prepara una reforma a la salud que, en un contexto de pésima gestión de la pandemia, le dejará los servicios de salud a los complejos de bancos y seguros.

Peruanas y peruanos. ¿Se sentirían indignados si esta relación de hechos sucediera en su territorio?, ¿en algo resulta similar a su historia reciente?, ¿es comprensible el estallido social en ese marco de situaciones degradantes?, ¿entienden por qué no podemos permitir que nos roben las calles, la noche, el derecho a reunirnos, la vida en sociedad?

El Gobierno Colombiano actual ha llevado a las ciudades lo que los anteriores gobiernos hacían en el campo, el ejercicio ilegítimo de la violencia, antes contra el campesinado, ahora contra jóvenes pauperizados, pero llenos de vida y de dignidad. Todo con la excusa de un enemigo interno al que debe aniquilar. Que no nos roben la noche. Que no nos arranquen la tranquilidad. Que no ataquen nuestra integridad. Pero por encima de todo, no permitamos que NUNCA, NUNCA nos quiten la DIGNIDAD ni la PALABRA.

¿Qué les pedimos a las hermanas y hermanos peruanos?, que estén atentas, que no escuchen a los medios masivos colombianos, sino que lo hagan con los medios de comunicación alternativos. Sobre todo, les pedimos que NO permanezcan en silencio, no se queden callados ante la ruindad de los gobernantes de turno, no callen ante una realidad que hoy afecta al pueblo colombiano pero que probablemente los atacará a ustedes mañana. Y si así pasa, ahí estaremos para darles la mano. Hagamos uso del apoyo mutuo y la solidaridad.

GRACIAS PUEBLO DIGNO, GRACIAS PUEBLO PERUANO.

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