Cinco niñas sobrevivientes de violencia sexual esperan justicia y reparación. Ellas, a riesgo de su salud mental y física, fueron obligadas a llevar a término embarazos no deseados

Imagen propiedad de LATFEM
Escrito por: Leonor Pérez-Durand

En el día internacional de acción por la salud mental de las mujeres, es necesario exigir respuesta a la ONU respecto a estas denuncias. Hace dos años, diversas organizaciones que velan por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes elevaron estos casos ante la ONU con el fin último de marcar hoja de ruta internacional sobre este doloroso tema y creen que ya va siendo hora de que les digan algo

Camila, Susana, Fátima, Lucía y Norma, son los nombres elegidos por 5 niñas a las que la violencia sexual sufrida y el sistema las han obligado a ser madres cuando aún deberían estar jugando, haciendo vídeos para reír con sus pares, imaginando sueños. Niñas que deberían estar haciendo cualquier cosa, menos ser madres.

Este 28 de mayo se conmemora el Día internacional para la acción por la salud de las mujeres y se cumplen 2 años desde que organizaciones que velan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres iniciaron proceso ante las instancias de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en defensa de estas niñas sobrevivientes de violencia sexual en Perú, Guatemala, Nicaragua y Ecuador.

Planned  Parenthood  Global, el Centro de Derechos Reproductivos (PPG); el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Mujeres Transformando el Mundo Guatemala  (MTM), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR),  Surkuna  Ecuador, Fundación Desafío  y  Asociación de Mujeres Axayacatl, son las organizaciones litigantes.

Camila es peruana, Lucia y Susana, nicaragüenses, Fátima, guatemalteca, y Norma, ecuatoriana; todas tienen una historia común, todas fueron violadas por un hombre conocido, por un depredador que las tuvo a mano y abuso de la relación de poder que tenía sobre ellas. Todas quedaron embarazadas, todas sufrieron física y psicológicamente, y a todas los médicos les negaron la posibilidad de librarse de la causa de su dolor.

Según un informe de la PAHO, (Organización Panamericana de la Salud), sobre como acelerar la reducción del embarazo adolescente, dos de cada cien niñas latinoamericanas, antes de los 15 años, son forzadas a  continuar un embarazo producto de la violencia sexual sufrida. Camila, Lucia, Susana, Fátima y Norma han levantado la voz para que nunca más otra niñas tenga que vivir lo que ellas han vivido.

Testimonios. Historias de “Niñas no madres

Camila es una niña peruana violada por su padre desde los 9 años de edad, ella que vive en la sierra del Perú. Cada día ayudaba a su padre en las labores del campo y era en esos momentos en los que él abusaba de ella. Ella nunca contó nada por las amenazas a las que era sometida por su padre. A los 13 años Camila quedó embarazada y acompañada de su madrina presentó denuncia policial. Su salud mental se vio afectada.

Acogiéndose al aborto terapéutico, aplicado en Perú si la vida de la gestante corre peligro, la madre pidió a los médicos que ayudasen a Camila, pero la resolución llegó tarde y la niña tuvo que continuar con el embarazo. Días después, la niña tuvo fuertes dolores y sufrió un aborto espontáneo por lo cual la justicia peruana, mientras que castigaba a su padre con cadena perpetua, a ella le abría un proceso por autoaborto.

Susana vivía con sus abuelos en Nicaragua. Su abuelo, integrante de una banda criminal, abusaba de ella desde que tenía 6 años de edad, a los 13 ella sintió que estaba muy enferma, su abuela descubrió que estaba embarazada y se decidió a enfrentar a su esposo. Abuela y nieta intentaron presentar la denuncia en diferentes dependencias policiales y judiciales, sin embargo, nadie se les hizo caso.

Susana intentó denunciar a su abuelo hasta en 5 oportunidades pero no hubo autoridad policial, ni judicial, que aceptase investigar el caso y la denuncia fue archivada. La niña tuvo que continuar con el embarazo y sin asistencia médica previa se convirtió en madre. Ahora ella cría a su hijo y vive huyendo de su agresor quien la tiene bajo constante amenaza.

Fátima es guatemalteca y a los 12 años, José, un hombre al que ella siempre vio como padre, porque ayudaba a su familia de escasos recursos y a ella le daba regalos y le compraba útiles escolares. A Fátima le gustaba estudiar y de grande quería ser arquitecta o médica o profesora universitaria como José, pero todo eso se truncó cuando a los 12 años este “benefactor” abusó de ella.

A los tres meses de la violación sexual Fátima quedó embarazada, en su país no le ofrecieron la posibilidad de interrumpir el embarazo, ella también sufrió alteraciones de su estado mental, intentó suicidarse y producto del embarazo tuvo que dejar sus estudios pues en la escuela la estigmatizaron. Fátima denunció a José, pero un soplo le permitió escapar, han pasado 11 años y este depredador sigue libre.

Lucia es nicaragüense, a ella le encantaba cantar y era solista en el coro de su iglesia dirigido por el sacerdote Ricardo, ella ensayaba por las tardes, 3 veces por semana. Un día comenzó a recibir mensajes del sacerdote con preguntas sexuales, ella vio eso como algo extraño, pero termino confiando porque se suponía que era un “hombre de Dios”, pero la cosa no quedó sólo en mensajes.

Un día después de uno de los ensayos, el padre Ricardo llevó a Lucía a su habitación, allí abusó sexualmente de ella y lo hizo reiteradamente por más de 1 año. Lucia quedó embarazada, su salud mental también se vio afectada, pero tampoco recibió ayuda medica para eximirla de un embarazo forzado. La familia de la niña denunció al sacerdote, pero hubo demoras en los trámites. El sacerdote no fue procesado y continúa libre.

Norma es ecuatoriana, ella fue a vivir con sus abuelos porque su padre había violado sexualmente a una de sus primas cuando esta tenía 12 años. Ella estuvo 2 años segura y rodeada de amor, pero a la muerte de su abuela tuvo que volver a casa de su padre y comenzó su calvario. Por las noches, de manera recurrente, Norma fue violada por su padre. Al cumplir los 13 años ella veía que su cuerpo cambiaba, pero no sabía por qué.

La hermana mayor de Norma también notó el cambio y se dio cuenta de que la niña estaba embarazada, la llevaron al médico y allí contó todo, sin embargo, y a pesar de que en Ecuador el aborto, en ese momento estaba permitido si la vida de la gestante estaba en peligro, a Norma los médicos no le ofrecieron esa posibilidad, aunque su salud mental estaba tan afectada que había intentado suicidarse.

Raúl, el padre de Norma, nunca fue detenido ni juzgado debido a dilaciones en el proceso y 4 años después de la denuncia falleció. Norma nunca alcanzará justicia, a eso hay que sumarle que su proyecto de vida sufrió un quiebre, ella fue violada, quedó embarazada y ni el Estado, ni la justicia, ni los prejuicios de una sociedad machista y patriarcal la protegieron, porque primero es la vida de un grupo de células.

Justicia y reparación

Las instituciones que representan a Camila, Susana, Fátima, Lucía y Norma en el litigio presentado ante las Naciones Unidas, piden: «rendición de cuentas, garantizar el acceso a la justicia y hacer posible la reparación integral para estas niñas». También esperan promover que los Estados, alrededor del mundo, protejan los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres.

«Además de una acción jurídica, la presentación de los casos ante la ONU busca visibilizar las graves afectaciones a la salud que las niñas sufren en contextos altamente restrictivos frente a los derechos sexuales y derechos reproductivos», asegura el comunicado difundido por PPG.

Acción por la salud mental de mujeres niñas y adolescentes

Es importante reivindicar la lucha de estas niñas en el marco del Día internacional para la acción por la salud de las mujeres, porque ser violadas sexualmente y ser obligadas a ser madres a temprana edad comporta traumas físicos y mentales, porque ni sus cuerpos ni sus psiques están preparadas para la maternidad.

Por eso en el PPG en su comunicado también dice: «Forzar a una niña o adolescente sobreviviente de violencia sexual a continuar con un embarazo resultado de este tipo de violencia afecta todas las dimensiones de su salud, incluyendo la salud mental, generando una afectación emocional que puede incluso llevarla a quitarse la vida».

América Latina y el Caribe

Según el informe de la PAHO, el embarazo en la adolescencia deja huella profunda: «Obstaculiza el desarrollo psicosocial, se asocia con resultados deficientes en materia de salud tanto para ellas como para sus hijos, repercute negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, y contribuye a perpetuar los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud».

Además señala que a pesar del crecimiento económico experimentado por varios países Latinoamericanos y del Caribe, antes de la pandemia, «la tasa de fecundidad en adolescentes sigue siendo excesivamente elevada, la segunda mayor del mundo». Y esto afecta a las adolescentes de familias más pobres, con menor nivel educativo, y de comunidades indígenas y de ascendencia africana.

PPG en su comunicado también señala que en octubre de 2020 en una Audiencia Regional ante la CIDH presentaron el informe “Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud en el contexto del COVID-19” donde abordaron el marco legal de los derechos sexuales y reproductivos y las barreras que impiden el pleno goce de estos en Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

El documento denuncia el alarmante incremento de la violencia sexual contra niñas y adolescentes durante la pandemia, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en este periodo, señala también las obligaciones internacionales en la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y da recomendaciones respecto a la prevención y atención integral de la violencia sexual.

Así mismo informa sobre las obligaciones internacionales respecto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis en niñas y adolescentes víctimas de violación; además ofrece una hoja de ruta concreta para evitar que otras niñas y adolescentes que ya han pasado por la violencia ejercida por sus depredadores, sean obligadas a ser madres de manera prematura.

En el documento presentado ante la CIDH se destacan 5 recomendaciones para que la Comisión evalúe y monitoree a los Estados

  1. Reconocer que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son servicios esenciales y deben seguir prestándose durante crisis sanitarias o emergencias, incluyendo la pandemia del COVID-19.
  2. Los Estados deben proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual y los embarazos forzados e implementar mecanismos accesibles de denuncia y de protección especial, así como protocolos de salud y salud reproductiva con orientación específica para la atención de la violencia sexual y los embarazos en niñas.
  3. Asegurar el acceso de las niñas y adolescentes a la educación, incluyendo la educación sexual y reproductiva integral, no discriminatoria, basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad, que además les permita identificar y denunciar hechos de violencia sexual y promueva la igualdad.
  4. Garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando haya una afectación a la vida, y/o a la salud física, mental o social, o en caso de violación.
     
  5. Adoptar estrategias urgentes sobre la base de la igualdad sustantiva para eliminar los obstáculos que permanentemente han existido para el acceso a medicación, servicios e información en materia de salud sexual y reproductiva, específicamente sobre aquellos que se han exacerbado durante la pandemia del COVID-19, y asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles y estén disponibles, en particular para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.

En el sitio web de la campaña Niñas, No Madres se encuentra información detallada sobre la problemática de la violencia sexual y maternidad forzada en niñas que afecta a toda Latinoamérica y sobre las medidas que deben adoptar los Estados para atenderla. 

«Niñas, No Madres es un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas fundado por Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, GIRE y CLACAI. Nos unimos para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.

Buscamos informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos».

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