«Es un cortecito chiquito»: Tras 16 años de investigación fiscal, las mujeres peruanas esterilizadas a la fuerza aún esperan justicia y reparación. Inés Condori, es una de ellas

Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand/ Foto: DEMUS/

Según el MINSA, en Perú, entre 1996 y 2001 , se habrían realizado 272,028 ligaduras de trompas y 22,004 vasectomías. Muchas de estas intervenciones, fueron hechas sin el consentimiento de las mujeres y hombres a los cuales se quitó la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas

Érase una vez, un país del Sur donde las mujeres no podían, ni pueden decidir libremente cuántos hijos tener, ni cuándo hacerlo. Un país donde las que osan someterse a intervenciones que les pueden costar la vida, por clandestinas y por la falta de garantías en su realización, o las que deciden tomar pastillas para no seguir adelante con un embarazo no deseado, pueden pagar con prisión.

En ese mismo país del Sur, hubo un presidente que vendió la planificación familiar como una de sus políticas de Estado más importante: «Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su futuro» -dijo ante el Congreso en 1995, creó año y hasta década ad hoc al tema y un plan del Ministerio de Salud para conseguir el objetivo de “empoderar” a la mujer a través del uso de métodos anticonceptivos que llevaría a todo el país.

Ese país recibió dinero para aplicar su ‘planificación’ que fue, más bien, política de control natal de un determinado grupo racial y social. Pero ese presidente quería recibir más y quería, además, el poder que le daba mostrarse como hombre eficaz, porque así es la educación patriarcal, eres más hombre en relación proporcional al éxito que obtengas; y para ello hacía falta cumplir con metas y ratios.

Ese presidente y sus ministros de Salud pensaron que el uso de la píldora o del DIU o de cualquier método anticonceptivo serviría y los repartieron. Sin embargo, desde sus sillas de hombres poderosos también decidieron que para incrementar las cifras a exhibir esterilizarían -con o sin consentimiento- a mujeres y hombres, sobre todo, a aqull@s más vulnerables: por quechuahablantes, por indígenas y por pobres.

Y hasta ferias de esterilizaciones se hicieron. Médicos y enfermeras llegaron a pueblos donde nunca habían visto una bata blanca y allí, por la entrega de prebendas, por el ofrecimiento de atención ginecológica que las mujeres nunca habían tenido, por la fuerza del asedio, o por la fuerza nomás, en casi 5 años, esterilizaron alrededor de 300 mil mujeres y 22 hombres.

Ese país es Perú, el presidente Alberto Fujimori, los ministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y Marino Costa Bauer, más 3 funcionarios del MINSA, todos -tras 16 años de investigación fiscal, miles de folios, pruebas y testimonios- están imputados por la autoría mediata y la planificación y ejecución de la política que causó lesiones graves a 1312 mujeres y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de 5 mujeres.

En marzo se inició la lectura de cargos de la fiscalía, luego los descargos de las defensas de los acusados y su intervención, y la de la defensa de las víctimas; ahora se espera que el juez del 1er Juzgado Penal Nacional, Rafael Martín Martínez, decida si abre proceso judicial contra Fujimori y los demás imputados, o no. Sin embargo desde el 8 de junio, fecha de la última audiencia, sin explicación alguna, ha quedado todo en suspenso.

«Tenía vergüenza de decir que me habían esterilizado»

«Machorras. Se ligan para caminar con uno y con otro. Quita maridos. Todo eso les decían a las mujeres que sabían que habían sido esterilizadas. Yo nunca le conté a nadie que también estaba así, me daba mucha vergüenza que pudiesen decir lo mismo de mí. Sólo lo sabían mi mamá y mi esposo, nadie más. Me inscribí en el padrón de víctimas de esterilizaciones forzadas, pero no le dije a nadie».

Inés Condori Anaya vivía en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, en Cusco; trabajaba en el campo, cuidaba de sus hijos y de su casa. Para todo contaba con la colaboración de su esposo y la ayuda de su madre, por eso se confió a ellos cuando de vuelta del Hospital Regional del Cusco le dolía el bajo vientre y a duras penas podía caminar; y todo por ir a que la revisen, porque había quedado mal de su último parto. Y allá, sin su consentimiento, la esterilizaron.

«Yo tuve a mis hijos en mi casa siempre con matronas, pero cuando dí a luz a mi última hija no quedé bien, fui donde la matrona y ella me dijo para ir a Cusco, al Hospital Regional, para que me tratarán porque ella no podía hacerlo. En cuando llegué al hospital vi todo lleno de señoras que se quejaban, estaban en un montón de camas. “Ay, ay, ay” -gritaban. También había mujeres tiradas en el suelo, quejándose».

Una enfermera le dijo a Inés que se quite la ropa que la iban a controlar, pero la llevaron a operar, dice que no le explicaron nada, ni la revisaron, ni le miraron la presión ni la temperatura antes de intervenirla. «Me dijeron échate, vamos a verte, me empujaron en la camilla y con tantos gritos de las otras mujeres me asusté, ni me preguntaron qué me pasaba, nada, luego ya no recuerdo qué pasó. Me habrán dormido».

Cuando Inés despertó el médico le dijo que ahora estaba como nueva, que su marido iba a volver querer estar con ella, que ahora podía estar arreglada, porque iba a tener menos trabajo en casa: «Hija ahora ya vas a estar jovencita, ahora tu esposo te va a volver a mirar, vas a cambiar; pero no me dijo que ya no podría tener más hijos. Fueron las enfermeras las que me lo dijeron después».

A Inés la tuvieron que ayudar a vestirse, luego la recogió la mujer que llevó al hospital y la llevó a su casa, no podía ni ponerse en pie, dice. «Me dijeron que me habían hecho un cortecito chiquito, pero no podía ni caminar, al día siguiente volví al hospital porque tenía mucho dolor pero nada me dieron, me dijeron que no diga que me duele, porque lo que me habían hecho no dolía y que me fuera a mi casa».

«Nunca he vuelto a ser la misma».

Inés Condori tenía 30 años y 4 hijos, a ella la ligaron en 1995, a finales del primer gobierno de Alberto Fujimori. Inés nunca dijo “sí quiero”. Ella no supo lo que le habían hecho hasta que el médico y las enfermeras que la atendieron le dijeron que la habían esterilizado, que sólo tenía un corte pequeñito y que siguiera con su vida, que ahora se le habrían un sinfín de posibilidades para volver a ser una jovencita deseada por su marido.

En 2013 Inés era dirigenta de la Asociación de Mujeres de Chumbivilcas y fue la escogida por su comunidad para llenar unos padrones en los que debían inscribirse las personas esterilizadas. «Cuando vi que había más mujeres como yo, me inscribí sin decir nada, no quería que dijeran que era una machorra. Cada día inscribía a 20, 30 señoras, hasta jovencitas de 20 años, sin hijos, lloraban; sus parejas las habían dejado por estar ligadas […] todas sufrían de dolores y perdida de fuerza como yo. ».

Pero a Inés Condori se le acabó el miedo, ella quiere justicia y por eso cuenta su historia al detalle en teleoLeo.com: «Si esa planificación familiar era tan buena por qué no se la hizo el presidente. Esa política fue discriminatoria, perjudicó a las más pobres, a las que vivimos en el interior, a las sin voz». Además fue una política misógina, pues aunque los hombres tienen mayor capacidad para fecundar e incluso hasta una avanzada edad, fueron los cuerpos de las mujeres los más intervenidos.

Sin reparación

A la falta de justicia efectiva se suma la falta de reparación, pues el gobierno del Perú -a pesar, de la legislación internacional respecto a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad, y su obligado resarcimiento por parte de los Estados- no considera a las víctimas de las esterilizaciones forzadas como parte de las víctimas del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.

El 14 de abril de este año, Inés Condori, como presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, acompañada de otras organizaciones, presentó demanda ante el juez del 5ºJuzgado Especializado Constitucional de Lima, en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, por no reconocer el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a ser reparadas.

En febrero pasado, el presidente Francisco Sagasti promulgó la Ley 31119 modificando los artículos que definen quien es víctima y beneficiari@ según el Plan Integral de Reparaciones (PIR), creado en 2005 por la Ley 28592, que en su primer párrafo señala: «La Ley tiene por objeto establecer el marco normativo del PIR para las víctimas de violencia sufrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del 2000».

Según la ley dada en 2005 se entendía por víctimas y beneficiari@s a las personas incluidas en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR), entre ellas no estaban las victimas de esterilizaciones forzadas. La modificación corregía el ‘lapsus’ incluyendo como víctimas a quienes en el marco del conflicto armado interno sufrieron violencia sexual en todas sus formas.

El 22 de junio el MINJUSDH contestó la demanda diciendo que ellos no podían ser los demandados, que debía serlo el MINSA porque fue ese el ministerio responsable de esterilizar a decenas de miles de personas. También intentaron deslegitimar la demanda alegando que varias de las organizaciones que la habían presentado no tenían registro vigente al momento de la presentación.

Sin embargo, «en la actualidad es el MINJUSDH el que viene implementando la política de reparación de las víctimas de la violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 y es por eso, que la demanda se ha presentado ante ustedes», le contestaron al abogado del Estado, las abogadas Maria Ysabel Cedano y Ana María Vidal Carrasco, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).

Y por eso mismo, desde DEMUS, que acompaña a las víctimas de esterilizaciones forzadas y que defiende los casos de María Mamérita Mestanza Chávez y Celia Ramos Durand, en sede judicial interna y a nivel interamericano, exige que «se continúe con el proceso de amparo, sin dilación, en busca de proteger el derecho humano y fundamental a las víctimas de esterilización forzada a la reparación integral».

Estatuto de Roma artículo 8: “Crímenes de Guerra”

Párrafo B, inciso XXII «[…] otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes, entre ellos: la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra».

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