En Perú, ser mujer y migrante es ser doblemente vulnerable, doblemente maltratada

Escrito por Leonor Pérez-Durand

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha hecho del dar y renovar residencia una carrera de obstáculos, muchas veces, insalvable. Esto se agrava cuando son mujeres que tienen residencia por sus parejas convertidos en sus agresores y se agudiza cuando siendo madres y abuelas de peruanos siguen indocumentadas

Si ser mujer en una sociedad patriarcal es complejo, ser mujer migrante lo es exponencialmente, pues debido a que los fenómenos migratorios se han agudizado en todo el mundo, las leyes que regulan el estatus de los extranjeros se han endurecido y países como Perú, debido al auge de su economía, desde inicios del siglo XXI, no es ajeno a esta draconización.

A las y los inmigrantes económicos debemos sumar las que dejaron su casa por una relación sentimental con un peruano, algunas de ellas integran el colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas (MMM), fundado por Inés Agresott, colombiana que vive en Perú hace 20 años, ella misma es una migrante maltratada y luego de separarse de su agresor, con una hija en brazos y sin recibir la pensión de alimentos, tuvo que quedarse en Perú para no perder a su niña.

Las leyes peruanas no contemplan protección efectiva para las mujeres migrantes maltratadas, pues no le dan residencia inmediata, a pesar que la ley contempla la residencia por vulnerabilidad: «Dependemos de la discrecionalidad del funcionario de Migraciones que nos atienda y quiera ayudarnos, lo más común es que nos revitimicen», dice Agresott. Las leyes peruanas tampoco contemplan que protegiéndose de sus agresores, puedan volver a su país con sus niños.

Si alguna de ellas «osa» salir del Perú con sus hijos sin el consentimiento del padre -del agresor y en la mayoría de casos deudor de alimentos- él podrá interponer convenios firmados por Perú, como el Convenio de Sustracción Internacional de Menores de La Haya por el cual las hijas o hijos serán devueltos al Perú en un plazo máximo de 90 días. Así que desprotegidas y sin residencia muchas viven a salto de mata, mudándose constantemente para ocultarse de sus victimarios.

En Perú una mujer puede obtener residencia, en el mejor de los casos por calificar como «inmigrante», a este tipo de residencia sólo acceden las personas que ganan 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año, cada UIT está valorada en S/. 4.400 soles, entonces tendría que ganar S/44.000 soles al año, lo cual es completamente excepcional en un país donde el sueldo básico es de S/900.00, así que es bastante complicado para las MMM acceder a este tipo de residencia.

Y el panorama empeora aún más cuando, quedándose en Perú para no perder relación con hijas e hijos, no pueden renovar su residencia porque el trámite lo debe hacer la pareja maltratadora o simplemente la expareja. Aunque según la Superintendencia Nacional de Migraciones los hijos menores también darían derecho residencia y los mayores si tienen alguna discapacidad, sin embargo, en la práctica esto no se cumple en todos los casos, una de las integrantes de MMM es ejemplo.

Testimonios

Mujeres migrantes revictimizadas por Migraciones

Todas las mujeres que han brindado sus testimonios para esta nota, son María acompañadas de un número cardinal. Y todas son María porque todas son víctimas de las medidas de la Superintendencia Nacional de Migraciones donde cada una de ellas, sin excepción, han sufrido más de una vez al intentar obtener o renovar su residencia.

María 1

Colombiana, hace 30 años reside en Perú, tuvo 2 hijos con su expareja peruano, uno nacionalizado peruano y otro nacido en Perú, ambos son ahora mayores de edad. Tramitando su residencia María 1 fue inducida a error por los funcionarios y la expulsaron del país sin retorno. Sus hijos hicieron lo que migraciones denomina «llamado de familia», es decir, que los hijos mayores de edad soliciten la residencia para sus padres, pero no funcionó.

El «llamado» fue denegado porque según Migraciones, sólo pueden solicitar la residencia de sus padres los hijos que dependan económicamente de ellos o que tengan alguna discapacidad. Sin embargo, cuando sus hijos eran pequeños y la necesitaban, María 1 tampoco consiguió tener residencia. Gracias al superintendente Boris Potozen, superintendente de Migraciones de 2015 a 2016, María 1 logró obtener el carnet de MERCOSUR. 

Recién con el Decreto Legislativo 1350, publicado en 2017, María 1, por primera vez, pudo tener residencia por familiar y madre de peruanos, antes sus hijos tuvieron que demostrar que se encargarían de su manutención. Cada 2 años debe renovar «la gracia», pero el trámite que se supone «automático» se hizo tarea imposible en 2020 porque el sistema online, único durante la pandemia, es poco o escasamente amable con los usuarios.

María 2

Hace 40 años vive en Perú y no tiene residencia, ella es de Costa Rica. Mujer analfabeta se casó con un peruano que la maltrató y violó a ella y a uno de sus hijos. María 2 es madre de tres peruanos y abuela de 8, sin embargo, ha vivido 36 años sin documentos, su victimario nunca se los tramitó. Durante la gestión del Superintendente, Eduardo Sevilla se creó la Oficina de Poblaciones Vulnerables, por primera vez María 2, por ser víctima de violencia de género, obtuvo «residencia por vulnerabilidad», renovable cada año.

En 2020 María 2 se contagió de COVID y por no tener su residencia vigente, debido a lo complicado de la tramitación online, no tenía asistencia médica, así que su familia tuvo que hacer un llamado en redes pidiendo ayuda; salvado este problema, apareció otro. Cuando esta mujer de 64 años de edad pudo renovar su residencia Migraciones le dijo que como su agresor había muerto, ella ya no era persona vulnerable. En noviembre de este año María 2 debe renovar su residencia, como cada año, y no sabe si la dejarán hacerlo.

«En 2020 las MMM pasamos una odisea para renovar nuestras residencias. La página de Migraciones es hostil con los usuarios, al principio incluso tenía un contador de tiempo, alrededor de media hora, para responder entre 30 y 40 preguntas, lo peor era que en medio del trámite te pedía documentos que debías adjuntar escaneados en determinado formato y claro, cuando ibas a buscarlos y volvías, la página se había cerrado, eso era una carrera de obstáculos, parecía hecha para complicar más que ayudar», asegura Inés Agresott.

A la fundadora de MMM le parece inaudito, además, que le pidan documentos cuando ellos ya tienen acceso a todo. «En el trámite online nos piden desde el carnet de extranjería hasta el acta de matrimonio cuando Migraciones por el tema de la simplificación administrativa ya ya tiene acceso a todo, de verdad que no entiendo porque nos humillan y maltratan. La xenofobia y el machismo están muy presentes en esta institución para la que nosotras sólo sólo un grupo de quejosas», agrega Agresott.

María 3

Otra de las que se encuentra en similar situación es María 3, mujer polaca que reside hace 19 años en Perú, ella llegó con María 4, su hija, quien ahora tiene 28 años de edad. En Ayacucho, María 3 tuvo un hijo con su expareja, un peruano del cual escapó por continuas y brutales agresiones. Ahora vive mudándose por lo menos 3 veces al año, porque su victimario hace grafittis y pega papeles con frases xenófobas allá donde ella va. A María 3 Migraciones debería renovarle la residencia por ser madre de un menor, el colectivo de MMM está atento a ver qué ocurre en este caso..

María 4

Es la hija de María 3, ha crecido, estudiado y ha hecho su carrera en Perú, pero siendo hija de padre boliviano y madre polaca también se encuentra en riesgo de no poder renovar residencia. La primera la obtuvo por su madre, al cumplir los 18 cambio a residencia por estudiante, ahora María 4 ya acabó sus estudios y según el DL Nº 1350, para renovarle la residencia tendría que ser a través de su madre, pero sólo si María 4 tuviese algún tipo de discapacidad, y no es el caso.

María 5

Colombiana, lleva 18 años en Perú. Casada con peruano y con hija peruana de 12 años, fue víctima de maltrato y tuvo que sacar residencia por MERCOSUR para afrontar los procesos de tenencia y violencia. Actualmente tiene residencia por inmigrante aunque sigue formalmente casada.  Cumple con los requisitos para naturalización, que es el nombre que se da en Perú a la nacionalización de personas extranjeras mayores de edad. Sin embargo, como no contará con la firma aval de su aún esposo, porque lo ha denunciado, ella tendrá que confirmar que por gana las dichosas 10 UIT al año.

María 6

Mujer argentina, lleva 15 años en Perú y es madre de un niño peruano que sufre de autismo, asperger y TDAH. María 6 está en trámites de divorcio luego de haber sido víctima de violencia familiar y abandono. Ella tiene diabetes y como casi siempre ha estado indocumentada no ha tenido acceso a la salud y se está quedando ciega. Su aún esposo la tiene amenazada y no paga la manutención de su hijo. Ella vive en el interior y para hacer trámites ante Migraciones debe viajar a Lima, pero no puede.

María 6 es madre y cuidadora exclusiva de su hijo, si viaja debe de hacerlo con él y lamentablemente él sufre ataques frecuentemente. En una oportunidad, por las crisis del niño, los bajaron del autobús en el que iban a Lima para ir a Interpol, donde debe recabar documentos para poder cambiar la calidad de residencia por hijo menor de edad. La situación de María 6 es muy complicada, pues hay que sumar la precariedad en la que vive por el impago de la pensión de alimentos para su hijo y porque no puede trabajar porque es la única que lo cuida.

María 7

Ella es de Costa Rica, hace 15 años vive en Perú, conoció a su pareja, un peruano, online. Él fue a buscarla a su país y la llevó a vivir a Perú con la promesa de darle residencia. Pasaron 10 años de convivencia y él nunca tramitó sus documentos, víctima de incontables golpizas María 7 lo dejo y vivió un tiempo escondida y sin papeles. En 2017 conoció a Inés Agresott, directora del colectivo MMM y comienza su andadura para regularizar su situación.

En esa época el colectivo en pleno tocó las puertas del Congreso de la República y encontraron una aliada en la congresista Indira Huillca, ella realizó varias audiencia en las que pidió la presencia de funcionarios de Migraciones en el parlamento. En una de esas intervenciones, una de las abogadas de la Superintendencia les dijo que se acercarán a las oficinas de Migraciones para que fueran atendidas.

«Todas fuimos tratadas con desprecio, pero con María 7 se cebaron. El entonces gerente de Servicios Migratorios, Henry Paricahua, la humilló, diciéndole que los peruanos no tienen porque regalar residencia a nadie, que se fuera del país, nos quejamos del maltrato, y no pasó nada. Luego tuvimos que hacer un plantón para que no le cobren multa por haber estado indocumentada desde que llegó a vivir a Perú», asegura Inés Agresott.

María 7 obtuvo su primera residencia por vulnerabilildad, ella padece una enfermedad crónica, luego la cambió por trabajo, sin embargo, con la pandemia vuelve a estar desempleada y ahora quiere volver a cambiar su residencia por vulnerabilidad porque su estado se ha deteriorado, ha presentado su certificado médico y espera que le cambien el estatus, de lo contrario volverá a quedar indocumentada y sin atención sanitaria, y por su estado no puede darse ese lujo.

María 8

Es brasileña y también lleva 15 años viviendo en Perú, esposa de peruano, madre de 2 niños peruanos vive en Cusco. Cuando se separó de su esposo obtuvo residencia por trabajo, luego se relacionó con un hombre que estando embarazada, la golpeaba y amenazaba con hacerla abortar, en una de esas golpizas también le pegó a su niña de 8 años. Ella huyó y su exesposo la ayudó.

Sin embargo, según asegura Agresott: «La oficina de Migraciones de Cusco ha puesto trabas a María 8 para otorgarle residencia por vulnerabilidad, ya que es víctima de violencia de género y madre de niños peruanos. Además han intentando que pague por trámites que son gratis para la población vulnerable. Por denunciar la corrupción en Migraciones de Cusco, nuestro colectivo ha sido amenazado por ciudadanos venezolanos de la zona», asegura Agresott.

María 9

Colombiana, vive hace 13 años en Perú, está casada con peruano y tiene hija peruana de 11 años de edad. Ella es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo quien durante años la ha chantajeado con la renovación de su residencia, se ha negado a avalarla para que pueda volver a obtenerla. María 9, aún es esposa de peruano y cumple con todos los requisitos para obtener la naturalización, lo único con lo que no cuenta es con la firma aval del marido maltratador.  

María 10

Argentina, lleva 13 años residiendo en Perú, ella es expareja de peruano con quien tiene una hija de 10 años, que cuenta con doble nacionalidad. María 10 quedó embarazada en Perú, pero regresó a su país y dio a luz allá; el padre de la niña viajó a Argentina y volvieron juntos a Perú. Víctima de maltratos, decide separarse y conciliar judicialmente. En dicha conciliación, según afirma Agresott, se autoriza la salida del país de María 10 con su hija, así como el pago de alimentos de la niña.

«Víctima de maltrato psicológico María 10 se separa, él no cumple con el pago de pensión, mientras tanto, en Argentina su padre es diagnosticado de cáncer, ella intenta llegar a un acuerdo con él para poder viajar con su hija, él se niega y ella decide hacer valer la conciliación firmada al separarse, pero él la denuncia por sustracción internacional de menores según el convenio de la Haya», asegura Agresott. Este es un caso que teleoLeo.com cubrió ampliamente.

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En cumplimiento del Convenio María 10 devolvió su hija a Perú. Luego de diversos procesos, María 10 denuncia a su expareja porque asegura haber sido víctima de actos violentos durante uno de las visitas a su hija y por ello le otorgaron medidas de protección. Finalmente, en Perú ella acabó presa pues desesperada intentó recuperar a su hija mientras su padre tenía la tenencia provisional.

María 10 tiene ahora varios procesos judiciales pendientes, entre ellos una demanda de alimentos que él le ha interpuesto, en primera instancia la jueza se la ha denegado y le ha pasado la liquidación de la deuda que él tiene pendiente con la madre de su hija. Debido al agravamiento del cáncer de su padre, María 10 viajó días antes de la pandemia a Argentina y quedo atrapada allá.

«Ella ahora sólo se comunica con su hija vía internet, pero desde antes de irse de Perú su expareja no le permitía verla. María 10 espera volver en cuanto pueda reunir dinero, para seguir luchando por su hija, pues el acoso judicial al que habría sido sometida le genera gastos, también espera renovar su residencia pues sino no podrá permanecer en Perú y mientras su situación judicial y la de su hija no se resuelvan tendría que abandonar el país separándose otra vez de su hija», afirma Agresott.

María 11

Ella es colombiana, vive hace 12 años en Perú y tuvo pareja peruana con quien vivía en Cajamarca y tuvieron un hijo que ahora tiene 9 años. María 11 fue víctima sistemática de violencia psicológica y física, al punto de llegar a temer por su vida. Su cuerpo lleno de cicatrices es prueba de la saña y violencia del maltrato recibido por parte de su expareja, además su hijo le fue arrebatado cuando sólo tenía tres años, luego de varios años de lucha ella pudo recuperarlo.

María 11 vive actualmente escondida de su agresor y de la familia del mismo, ella teme por su integridad física y por su vida. Ese hombre es una persona influyente en su ciudad y tiene otras denuncias por agresiones en contra de otras mujeres. Desde que María 11 recuperó a su hijo, hace 4 años, su expareja no paga la pensión de alimentos. Ella debe renovar su residencia en Perú, porque aunque la justicia no la ha protegido eficientemente de su agresor, tampoco le permite salir del país con su hijo.

Cada vez que la residencia de María 11 ha vencido, ella como todas la integrantes de MMM esperan, incluso, 6 meses para obtener la renovación de sus documentos. Esto les impide trabajar, acceder a servicios sanitarios y no poder hacer ningún tipo de trámite, bancario o alquilar vivienda, porque están indocumentadas. Además, en el caso de María 11, como el de otras mujeres que se esconden de su agresor y cambian de vivienda constantemente, se suman otras complicaciones.

La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú exige que todas las personas migrantes tengan todos sus datos actualizados en su registro, así que en cada mudanza por la protección de su integridad ellas deben actualizar sus datos pagando una tasa si no tienen la residencia por vulnerabilidad, sin embargo, muchas de ellas no pueden afrontar este gasto, lo cual, les genera una multa que incluso podría llevarlas a perder la residencia en el país.

María 12

Es cubana, lleva 11 años en Perú, es soltera y tiene residencia por migrante; su padre también de origen cubano, cuenta con la naturalización peruana desde hace 30 años, sin embargo, Migraciones no admite la naturalización de María 12 como hija de peruano, a pesar que la ley antigua la consideraba por ser hija soltera. «En Migraciones a su padre le han negado trámites,contraviniendo la ley, le dicen que es ciudadano de segunda por no haber nacido en Perú», asegura Agresott.

María 13

Colombiana, vive hace 10 años en Perú. En Colombia conoció a un peruano, vivieron juntos,y se mudaron a Perú, una vez en su tierra él cambió, se volvió muy agresivo, así que ella decidió terminar la relación. Actualmente vive con su actual pareja peruana y también es otra migrante que sufre retrasos con la actualización de su residencia, con los consiguiente perjuicios que ya hemos detallado.

María 13

Chilena lleva 7 años en Perú. Expareja de peruano es profesora de canto. Llegó al país con sus tres hijas chilenas y conoció a un peruano quien se convirtió en su pareja, pero también en su agresor y el de sus hijas. Aprovechando sus influencias, la dejo desempleada, mientras que Migraciones le negaba la residencia a sus hijas, todas menores de edad, con lo cual las niñas no pudieron acceder a educación primaria, ni secundaria en el sistema estatal y menos a servicios de salud.

Así que en este caso, el interés superior del niño, el derecho universal a la educación y a la salud a favor de los menores de edad, fue flagrantemente ignorado por las autoridades peruanas. Actualmente María 13, que tiene residencia de MERCOSUR, lleva un proceso judicial contra su agresor. «Casi todas estas mujeres tienen entre 4 y 5 procesos judiciales abiertos tanto en contra de sus agresores, como procesos que ellos les han abierto, uno tras otro, configurando acoso judicial», dice Agresott.

María 14, María 15, María 16

Todas hijas de María 13, llegaron hace 7 años a Perú, al no tener residencia quedaron sin derechos en el país lo que conllevó, como ya dijimos, que no pudiesen acceder a servicios estatales como educación y salud. Paula, además fue víctima de agresión física y sexual por parte de ciudadanos peruanos, ahora sigue un proceso judicial por estos casos.

Inés María Agresott Gonzalez

Colombiana, hace 20 años tiene residencia por ser esposa de peruano y tener hija peruana. Casada en primeras nupcias con un cusqueño, tuvo a su hija en esa ciudad; víctima de violencia y de agresión sexual se divorció de su agresor y no pudo volver a su país porque el padre de la niña no lo permitió. Luego se casó con otro peruano y ahora vive en Lima.

«Constantemente soy acosada por migraciones, con supuestas infracciones que me han valido, por lo menos, dos procesos con sustentos arbitrarios. He tenido que recurrir a la justicia ordinaria para defenderme y evitar la expulsión del país. Actualmente tengo un proceso administrativo sancionador, en el cual Migraciones me acusa de no haberles informado en 2014 sobre el cambio de número de mi pasaporte, sin embargo, Defensoría del Pueblo tiene constancia de que sí lo hice y ellos también».

«En todo el mundo, las mujeres refugiadas y migrantes desempeñan un papel central como sostén de las comunidades y economías. Por esta razón, los compromisos mundiales deben incluir el logro de la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y el cumplimiento de sus derechos humanos como principios subyacentes. Asimismo, deben abordar las necesidades propias de las mujeres y las niñas, incluir sus voces, y prever la rendición de cuentas ante ellas».

ONU MUJERES

El MIMP, la Defensoría del Pueblo, el MINJUSH y el Ejecutivo peruanos deberían trabajar articuladamente en la protección de las mujeres migrantes debido a su vulnerabilidad. Todos los testimonios de esta nota son mujeres maltratadas, por sus parejas o por la Superintendencia de Migraciones pues, incluso, cumpliendo con los requisitos, tarda hasta 6 meses en la renovación de sus residencias, o las persigue con procesos administrativos por no actualizar su información cuando sí lo han hecho, como es el caso de Inés Agresott.

Ciudadanas y ciudadanos del mundo

En los tiempos que corren, donde conflictos armados, miseria, cambio climático, determinadas formas de gobierno y relaciones sentimentales hacen que dejemos nuestra tierra, el derecho a la libre circulación debería contemplar el derecho a la migración, es decir que la legislación internacional reconozca el derecho a decidir nuestro lugar de residencia, obviamente previo análisis de nuestros antecedentes. Por ahora las únicas personas con «derecho» a migrar son aquellas con abultada billetera.