Las tierras que la reforma agraria les dio, la municipalidad de Humay se las quita

Escrito por: Leonor Pérez-Durand

«No hay orden judicial para el desalojo porque se dio al amparo del articulo 65 de la ley 30230 que faculta a la procuraduría con apoyo de la PNP a realizar la recuperación de manera extrajudicial» […] «Como autoridad no podemos reaubicar a esas personas porque todas tienen casas aledañas a la plaza, eso no ha sido vivienda, no hemos encontrado a ningún niño».

María Guerrero, Procuradora del distrito de Humay ubicado en la provincia de Pisco

El viernes 3 de septiembre 7 posesionaros del centro poblado Bernales, ubicado en el distrito de Humay, en el provincia de Pisco, fueron desalojados. A las 10 de la mañana, según los testigos, más de 100 policías y una retroexcavadora llegaron la lugar, aplastaron los kioscos y una casa. Supervisando el desalojo sólo estaba la procuradora de la municipalidad de Humay, María Guerrero.

Bernales primero fue hacienda, se llama así por el apellido del dueño. Maíz, algodón y otros productos, cultivaban. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, aplicando aquello de «la tierra es de quien la trabaja», se convirtió en la cooperativa Nueva Fortaleza y los campesinos en posicionaros. Los desplazados del terrorismo incrementaron los habitantes, en 2001 la cooperativa se hizo centro poblado y hoy cuenta con 8.760 habitantes.

Según Guerrero, procuradora de la municipalidad de Humay, lo único que se ha hecho es recuperar terrenos del consistorio. «Este espacio es de 1783.50 mts y esta destinado a parque y jardines» […] «La propiedad del Estado es imprescriptible, nadie puede alegar tener 10 años de posesión y quedarse en espacios públicos a favor del Estado». Sin embargo, por ejemplo, el título de posesión de Guillermo Cari Mamani, una de las personas desalojadas, data de 1982.

Cronología del desalojo

«No nos dieron tiempo de sacar nuestras pertenencias, lo tumbaron todo, le pedimos a la procuradora que nos diera tiempo, pero dijo que ya nos habían avisado 3 semanas antes y comenzaron a tirarlo todo; mi sobrino estaba en casa de mi tía, menos mal que gritó cuando vio que se acercaba la máquina», dijo a a teleoLeo.com Mirla Cari Contreras , hija de Guillermo Cari Mamani.

«Mi padre llegó a Bernales en 1955 y formó familia, siempre hemos vivido aquí y ahora derriban nuestra casa. Sí, nos avisaron del desalojo, pero lo hicieron sin orden judicial, sólo vino la procuradora con la policía y dos hombres de terno que los serenazgos dijeron que eran fiscales, pero eran abogados de la policía. Nosotros no nos oponemos a ser reubicados, pero que no nos arrebaten nuestras tierras», exige Mirla.

«Nos dejaron en la calle, hemos tenido que dormir en la plazuela, intentamos volver a entrar a nuestros terrenos, pero la policía nos ha sacado», dice la madre de Mirla: «Han derrumbado mi casa, antes yo vendía en la entrada, pero ya soy mayor. Los demás tenían aquí sus puestos de venta y varios vivían allí mismo. Los han sin dejado techo y sin fuente de ingresos», agrega.

«Han derrumbado 7 casas negocio, intentamos volver a entrar, pero vinieron como 50 policías, nos golpearon y sacaron de nuevo. El primer día del desalojo quedaron en la calles, más o menos, 15 personas: entre niños y adultos mayores. Nos cortaron el agua, tuvimos que hacer olla común para comer; los vecinos nos dejaban usar sus baños. Ha pasado una semanas y del alcalde no sabemos nada, ni lo hemos encontrado en su casa», dice Mirla Cari.

¿Qué fue primero: la posesión o la propiedad estatal?

La procuradora María Guerrero dice que «la propiedad del Estado es imprescriptible» y que no basta con «alegar 10 años de posesión», sin embargo, se habrían desalojado terrenos entregados en posesión antes de que fuesen propiedad del Estado, así constaría en una acta de la asamblea de la cooperativa de lo que hoy es el centro poblado Bernales.

En febrero de 1999, una nueva directiva de la cooperativa, presidida por Luis Francesco Pillaca Cajamarca, hermano de el entonces alcalde de Humay, Claudio Pillaca Cajamarca, informó a los socios que en 1998 la directiva anterior había donado terrenos a la municipalidad, pero que la donación era irregular pues no había sido aprobada en asamblea.

El presidente le preguntó al alcalde cómo les entregaron los terrenos del centro poblado, porque en el acta de donación dice «están disponibles y libres de reclamos de terceros», cuando 7 familias eran posesionarias. A esa asamblea, asegura Mirla Carli, se convidó al anterior presidente de la cooperativa para que explique la donación, pero no asistió y Luis Pillaca sentencia: «La entrega no tiene validez».

En la asamblea del 2000, el presidente Pillaca, ratifica su extrañeza y dice que la afirmación respecto a que esos terrenos están libres de reclamos de terceros «no es cierta»; además reconoce que donde la municipalidad quiere construir una pista hay posesionaros que tienen sus kioscos. El acta de la asamblea señala que dieron lectura al oficio de la Municipalidad de Humay pidiendo la reubicación de los establecimientos.

La posesión de los terrenos desalojados también se demuestra con los certificados de posesión presentados a COFOPRI-ICA (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) en 2009, cuando los pobladores desalojados pidieron a este organismo la ampliación del área para uso de fuente de trabajo y, para ello, adjuntan sendos certificados de posesión. Firma el documento Leoncio Cabrera, presidente, en ese momento, de la asamblea de la cooperativa. COFOPRI, no contesta

En los terrenos donados había, además, una balanza para la venda de sus cultivos, una losa deportiva y una oficina municipal, todo derruido para hacer la plazuela de Bernales. «El alcalde quiere construir una pista colindante a la plazuela por eso el desalojo y no nos oponemos a las obras, sólo queremos ser reubicados y que reubique las instalaciones destruidas, son necesarias para nuestra localidad», afirma Mirla Cari.

Cronología del derecho a la tierra

• Guillermo Cari ostenta la posesión del terreno del que ha sido desalojado desde 1982.
• En la asamblea de 1999, el nuevo presidente de la asamblea informa que la directiva saliente, habría donado terrenos de Bernales a la municipalidad de Humay en 1998.
• En la asamblea de 2000 el presidente de la cooperativa manifiesta su extrañeza porque en el acta de entrega de terrenos a la municipalidad se afirma que están libres de reclamos de terceros, sin embargo, ya habían sido otorgados en posesión.
• En la asamblea de 2000 se insiste en el pedido de reubicación de los kioscos que se encuentran en la zona donada, sin la aprobación de la asamblea, pedido que ya se había hecho en la asamblea de 1999.
• En 2008 COFOPRI entrega títulos de propiedad a los posisionarios, menos a los propietarios de los kioscos y a Guillermo Cari.
• En 2009 los dueños de los kioscos presentando su certificado de posesión tramitaron ante COFOPRI la «ampliación de área para el uso de fuente de trabajo».
• En 2014, la municipalidad de Humay entrega una nueva constancia de posesión de terreno a Guillermo Cari y reitera que hace usufructo del mismo desde 1982.

Lotizar y titular

«Luego del terremoto de Pisco de 2007 se terminó de lotizar Bernales y se entregaron los certificados de posesión que faltaban para obtener el título de propiedad. Según Mirla Cari los que ya tenían su certificado de posesión también lo entregaron para obtener su título de propiedad. «En 2008 COFROPI entregó títulos, menos a las 7 familias que sido desalojados, entre ellos, mi padre».

«El entonces presidente de la cooperativa, Leoncio Cabrera, solicitó a COFOPRI los títulos de esas familias pero no le contestaron, en ese momento, la municipalidad instaló agua, desagüe y luz, pero igual no ha servido de nada porque el actual alcalde Forfirio Torres no nos hace caso y aunque los posisionarios le han dicho que están dispuestos a ser reubicados y a conciliar igual ha procedido con el desalojo», afirma Cari.

En 2014 COFOPRI entregó 600 títulos más en Bernales. «»¡Hermano, en Bernales y Humay vivimos un acontecimiento histórico. Vale la pena festejar porque es algo que nunca hemos tenido!», explicó eufórico su alcalde, Claudio Pillaca Cajamarca»», así reseñaba una nota de Andina en su día. En ese momento, las 7 familias motivo de esta nota tampoco recibieron título de propiedad y seguían sin ser reubicadas.

«Somos gente de pocos recursos, las construcciones eran de caña, de adobe si nos hubieran dado tiempo de recuperar el material, eso a nosotros nos sirve, pero vinieron y arrasaron con todo. El alcalde dice que quiere hacer obras para el bien del pueblo, pues que cuide la Laguna Morón, es el único atractivo turístico de la zona y él tiene allí a sus cerdos ensuciando todo», añade Mirla Cari indignada e impotente.

«Porfirio Torres es un alcalde prepotente, nunca concilia, yo estuve trabajando fuera algunos años, él aprovechó e instaló un desagüe y un buzón en mi terreno, sin ningún permiso ni justiprecio y dice que tiene derecho a hacerlo, que no tiene que pagarme nada. Si así actúa conmigo y yo tengo título de propiedad, con quienes sólo tienen certificado de posesión hace lo que quiere», concluye la hija de Guillermo Cari.

¿Alguien al timón?

TeleoLeo.com sólo ha podido hablar con la procuradora de la municipalidad de Humay, primero dijo que no habían desalojado ninguna vivienda, que todos eran kioscos, luego rectificó diciendo que «con el paso del tiempo se convirtieron en 4 viviendas y 2 kioscos» y que los desalojados sabían que se habían colocado en la vía pública. El alcalde Porfirio Torres lamentablemente, no nos ha respondido; tampoco la secretaría general de la municipalidad a donde nos dirigió Guerrero.

Los vecinos desalojados han presentado demanda penal contra la municipalidad por como han sido desalojados: sin proceso judicial. También han recurrido a la Defensoría del Pueblo en salvaguarda de sus derechos. «Mi padre dio trabajo al alcalde hace años, cuando llegó a Bernales y ahora lo saca de su casa y ni da la cara, el actual presidente de la comunidad tampoco dice nada», concluye Mirla Cari indignada.

Lee más notas sobre violencia estructural en teleoLeo.com