Texto y video entrevista: Leonor Pérez-Durand
La lectura de resolución del proceso en contra de Alberto Fujimori sus ministros de Salud y funcionarios, por las esterilizaciones forzadas del régimen fujimorista, se alarga cual chicle ya sin gusto de tanto masticar leyes, tratados y jurisprudencia. En Perú, el Estado se atrevió a violentar el cuerpo de mujeres indígenas, quechuahablantes y pobres y 20 años después la justicia las revictimiza dilatando su decisión
Luego de 2 audiencias y de un total de más de 8 horas de lectura el juez Rafael Martín Martínez Vargas sigue manteniendo en la incertidumbre a las mujeres demandantes de justicia por haber sido esterilizadas sin su consentimiento. «Concluimos por hoy porque hay otra audiencia y convocamos la próxima cita para el 29 de septiembre» ha dicho Martínez Vargas sin inmutarse, sin pensar en la angustia, en los nervios y en las ansias de las denunciantes por saber si por fin se hará justicia. Una de esas mujeres es Victoria Vigo.
Testimonio
Victoria Vigo tenía 32 semanas de gestación cuando fue ingresada de emergencia. Cuarenta y cinco minutos después ya le habían hecho una cesárea y se sintió tranquila cuando escuchó el llanto de su hijo, pero la tranquilidad duro sólo unos segundos. «Todos corrían, nadie me decía nada, unas horas después desperté con los pechos llenos de leche, pedí a mi hijo para alimentarlo: «Está delicado, espera» -me dijeron».
«Tu bebé ha muerto» le dijeron unas horas después y ella no lo pudo soportar, como no lo soporta ninguna madre al recibir esa noticia, pervivir a un hijo es el peor dolor, dicen quienes lo han sufrido y así debe haberlo experimentado Victoria Vigo: «Lo único que quería era que me dieran el alta. No podía ver a las otras madres con sus pequeños en brazos y yo con los pechos llenos y sin mi hijito». Pero esa no fue la noticia peor.
Cuando el médico la visitó el desagarro fue mayor. «Estaba muy triste y el médico para consolarme me dijo: «Tranquila, eres una mujer de 30 años, podrás tener más hijos, pero su asistente dijo -«no doctor, la señora ya no puede tener hijos, la han esterilizado». Yo me quedé de piedra, yo nunca autoricé que me hicieran eso, así que perdí a mi hijo y la posibilidad de tener más familia. Yo planifiqué mi familia, yo quería 3 hijos».
Un mes después Victoria Vigo se armó de valor y volvió al hospital y se produjo un careo con el doctor responsable de su esterilización. «Él aceptaba lo que yo le decía, pero por la manera en la que lo hacía me pareció que se burlaba de mí, así que saliendo de allí me fui a la fiscalía, a denunciar la esterilización y la muerte de mi hijo. Tres veces tuve que abrir el caso, cambiaron de fiscales, de jueces, todo el proceso duró 4 años».
Denuncia penal
El proceso se llevó a cabo durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en 1999, cuando el gobierno se debilitaba. La justicia dio la razón a Victoria Vigo, pero los condenados no estuvieron de acuerdo. «Los médicos apelaron y la sentencia subió de sala, la jugada les salió mal, porque el juez que revisó el caso, aumentó la condena por considerarlos culpables de lesiones graves y mutilación».
Por la esterilización forzada de Victoria Vigo sólo fue sentenciado el médico que se la practicó a tres años y medio de prisión suspendida, así como al pago de 2.500 dólares de reparación, que según Vigo le fueron pagados en dos años: «Para mí eso no fue una condena porque ese médico continuó trabajando, es más, creo que ya hasta se jubiló cuando lo que debían de haber hecho era impedirle ejercer».
Esterilización forzada: política de Estado
Victoria Vigo fue la primera en denunciar haber sido víctima de una esterilización forzada y el gobierno de Fujimori en su afán de despercudirse culpas, negó que el invasivo procedimiento haya sido política de Estado. «El exministro de Salud, Alejandro Aguinaga decía que yo no estaba dentro de los casos de «planificación familiar» porque a mí me había esterilizado ESSALUD no el Minsa», asegura Victoria.
En la entrevista concedida a TeleoLeo.com Vigo asegura que a ella el excongresista Rafael Rey Rey le comunicó que según Vladimiro Montesinos los responsables las esterilizaciones forzadas eran Alberto Fujimori y Alejandro Aguinaga.
Luego de la investigación fiscal y de todos los documentos recabados durante estos años ha quedado claro que las esterilizaciones fueron política de Estado, con metas, objetivos e informes periódicos de los ministros de Salud al expresidente Fujimori y no hubiera pasado nada si estas hubiesen sido consentidas, el problema es que para realizarlas no se tomó en cuenta la voluntad de las y los pacientes.
Cuotas y premios
«Las estadísticas de avance en el programa de planificación familiar» a las que se refiere Costa Bauer en este documento se cumplían mediante la entrega de donaciones de alimentos, pero también a través de presión sobre médicos y enfermeras para que cumplieran con «cuotas», asegura Vigo: «Yo conocí una religiosa italiana que llegó al Perú como enfermera voluntaria en una posta de Huaycán y me dijo que a cada enfermera la obligaban a llevar periódicamente a 10 mujeres para ser esterilizadas».
Unidas luchan por justicia para sus vientres
Tras poco más de dos décadas de que sus cuerpos fuesen violentados por el Estado, 2074 mujeres se han organizado y han unido fuerzas para presentar una primera demanda en contra del expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud: Alejandro Aguinaga, hoy congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.
El expresidente y sus ministros han sido acusados penalmente por la fiscalía como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y luego de varias y farragosas audiencias las denunciantes aún esperan que el juez Rafael Martín Martínez Vargas decida si abre juicio. Este martes 21 de septiembre se viene desarrollando la segunda audiencia en la que el juez se encuentra justificando la decisión que tomará al respecto.
La denuncia también incluye a altos funcionarios como: el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio, ya fallecido y la doctora Magda Isabel González Carrillo.
Pero esta no son las únicas mujeres que se han agrupado para demandar justicia por la abusiva aplicación de la política de planificación familiar, también están las mujeres incluidas en el REVIESFO (Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas) iniciado durante el gobierno de Ollanta Humala, pero que no pudo concluir su trabajo pues cuando Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente le retiró los fondos asignados.
Planificación familiar racista
La política de planificación familia fue una política racista y misógina pues se aplicó sobre el cuerpo de mujeres indígenas quechuahablantes; sobre mujeres, en su mayoría, analfabetas, sin voz; mujeres que vivían y viven en el interior del país, en lugares a donde nunca había llegado antes un médico o una enfermera para cuidar de su salud o la de sus hijos, pero para quitarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos: sí llegaron.
Paternalismo colonial
La política de planificación familia fue también colonialista pues desde el gobierno, desde la capital del país, desde la clasista y racista Lima, desde el poder, se decidió sobre el cuerpo de los ningunos; de las y los que nunca habían ostentado posiciones de poder. El gobierno de Alberto Fujimori con una visión paternalista y vertical del poder no quiso hacer pedagogía, sólo pensó en el éxito que tendría mostrando logros en el control del crecimiento poblacional.
El juez se resiste a dar el SÍ
Las esterilizaciones forzadas son aún una herida abierta en un sector de la población peruana y para avanzar es necesario sanar y reparar. No se debe alargar más la agonía de las denunciantes de no saber que decidirá el juez y es que durante las más de 8 horas de exposición de las dos audiencias ya celebradas, Martínez Vargas, se ha dedicado a la mención de leyes, tratados y jurisprudencia, lenguaje sólo para letradas y letrados. Las víctimas sólo necesitan un sí del juez, tanta dilación y argumentación sólo las revictimiza.
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