ONU y Tribunal Supremo condenan al Estado español por no proteger a víctimas de violencia vicaria

Esta nota forma parte de una serie de notas y testimonios sobre violencia vicaria realizadas por teleoLeo.com para evidenciar las distintas formas de esta lacra que tiene como objetivo: controlar, reeducar y castigar a «la desobediente», la que dijo basta a su victimario
Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand

Mientras la violencia vicaria no sea real, efectiva y activamente incluida dentro de los delitos de violencia de género, madres, niñas y niños serán víctimas permanentes de padres abusadores y maltratadores

«Te voy a quitar lo que más quieres». Ángela González Carreño interpuso 51 denuncias contra su expareja por amenazas directas contra su hija, pero no la escucharon; en una visita parental el hombre asesinó a la niña de 7 años y se mató. González Carreño denunció al Estado español y en 2014 la CEDAW lo condenó por no proteger a las madres víctimas al vulnerar sus derechos y los de su hija. En julio de 2018 el Tribunal Supremo español reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato de la niña a manos su padre.

La sentencia del Supremo, primera en reconocer la responsabilidad del Estado español en un caso de violencia vicaria, establece una indemnización y exige el cumplimiento del dictamen del CEDAW, que exige una investigación exhaustiva e imparcial para determinar los fallos en las estructuras y prácticas estatales que desprotegieron a Angela y su hija, según afirma Womenslinkworldwide organización a cargo de su defensa. Además CEDAW también proponía medidas para proteger a las víctimas de violencia de género, incluidas hijas e hijos.

Dictamen CEDAW

  • Que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta para determinar custodia y visita de hijas e hijos y que el ejercicio de derechos no ponga en peligro a las víctimas de la violencia, incluidas sus criaturas.
  • El interés superior del niño y el derecho de niñas y niños a ser escuchados debe prevalecer en las decisiones que se tomen en la materia.
  • Reforzar la aplicación del marco legal para asegurar que las autoridades ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica.
  • Formación obligatoria a jueces y personal administrativo competente en la aplicación del marco legal contra la violencia de género que incluya formación sobre su definición y los estereotipos de género
  • Formación apropiada con respecto a la Convención contra la violencia de género y su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité.

«Te vas a quedar sin ellas, vas a perder a lo que más quieres». En septiembre de 2018 un hombre asesinó a sus hijas de seis y dos años, luego se suicidó. La madre, Itziar Prats, declaró que ella había pedido medidas de protección a la policía y el juzgado para sus hijas pues su expareja las había amenazado, pero -a pesar de la sentencia del Supremo en el caso de Gónzales Carreño- no se las concedieron porque consideraron que las amenazas del padre eran sólo «amenazas veladas».

Este doble crimen fue el verdadero punto de partida para que niñas y niños fuesen contados en la medición de riesgo policial de violencia de género, cosa que se debería haber hecho desde 2015 según la legislación española. La familia denunció al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior por su falta de diligencia y en 2021, el Ministerio de la Presidencia, luego de un dictamen del Consejo de Estado condenó a estos departamentos de gobierno al pago de una indemnización tanto a la madre como a los abuelos maternos de las niñas.

Lo más importante de este dictamen es que «el Estado reconoce que falló en la protección de estas víctimas de violencia de género», señaló el Defensor del Pueblo al dar a conocer el fallo el pasado 24 de diciembre. El Ministerio de Presidencia, por su parte afirmó que «la imputación del daño no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado, sino que se afirma que el funcionamiento general de la Administración fue insuficiente e inadecuado». 

Leer más: DOSSIER: Violencia vicaria, la más cruel de las violencias de género

Estos casos ocurridos en España y las sentencias en contra del Estado son un claro ejemplo de como la falta de coordinación, de formación con enfoque de género y de diligencia en la aplicación de la legislación de violencia de género es responsable del desparpajo con el que siguen actuando los victimarios. Mientras que policía, justicia y Estados, de todo el mundo, no se comprometan efectivamente para acabar con esta lacra, sus omisiones y negligencias seguirán siendo causa de dolor y muerte.

Testimonios

Dolor desde las entrañas

TeleoLeo.com ha recogido el testimonio de madres víctimas de violencia vicaria, ellas han sido separadas de sus hijos y luchan no sólo contra el hombre que un día las maltrató, además luchan contra el sistema judicial que no las ampara, las revictimiza y favorece a su victimario con sus decisiones

Sabrina Rodríguez, es peruana, ella denuncia ser víctima de violencia de género desde 2012. En 2019 denunció a su expareja, padre de su hija -a la que no ha reconocido, ni paga manutención-. En 2020 él la denuncia por violencia psicológica contra su hija. Ella teme que él cumpla su amenaza de quitársela.

«Él está instrumentalizando a mi hija para seguir haciéndome daño. Desde que estaba embarazada me decía que su tía cuidaría mejor a mi hija porque yo estaba loca y que era fea y que mi hija también sería fea»…

Vídeo testimonio completo de Sabrina Rodríguez

Marisol Crauchuk, es argentina, ella no puede ver a su hijo desde julio de 2021, cuando su padre se lo llevó del hospital donde estaba ingresado por una crisis nerviosa. Según afirma, su hijo habrían intentando ahorcarse con la bufanda luego de que su padre lo riñese fuertemente.

«Yo fui a pedir ayuda a las instituciones que en mi país se encargan de la protección de los niños y ellos han permitido que su padre se lo llevé, sin tomar en cuenta que su padre fue el causante de su ingreso».

Vídeo entrevista completa a Marisol Crauchuk

Natalia Breso, es argentina, ella emigró a Perú, tuvo una hija y desde hace 4 años lucha por recuperar su custodia; mientras tanto -afirma- el padre sólo permite conversaciones con la niña, una vez por semana, vía Skype.

«Él me dijo que del Perú no me iría si él no quería y me castigó quitándome a mi hija porque me fui. Me denunció, me quitó a mi hija y los últimos 4 años no ha hecho más que abrirme procesos»…

Vídeo entrevista completa a Natalia Breso….

Maria Fernanda García, es colombiana, desde hace un año lucha por recuperar a sus hijos. En 2019 la pandemia la obligó a quedarse en casa para cuidarlos, en 2020 se separó por ser víctima de violencia de género, cuando tuvo que volver a trabajar permitió que el padre se llevará a los niños para ver a su familia; ya no se los devolvió.

«Denuncié a mi expareja por violencia, luego de ser revictimizada por el sistema, lo imputaron por violencia intrafamiliar agravada por golpearme durante la gestación y el postparto. Ahora él tiene la custodia provisional de mis hijos y en un año sólo he podido estar con ellos un mes»…

Vídeo testimonio completo de Maria Fernanda Garcia….

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