Le quitaron su bebé al nacer y gracias a su lucha y al apoyo de su comunidad podría estar a punto de recuperarlo

Texto: Leonor Pérez-Durand/

En España, alrededor de 50 mil bebés, niñas, niños y adolescentes son tutelados por el Estado, pero el sistema falla, pues tiene a bebés ingresados en centros residenciales, cuando la ley señala que deben ser dados en acogida familiar. Otra crítica al sistema es que trabajadores y trabajadores sociales, sin orden judicial de por medio, pueden apartarlos de sus hogares

«Secuestraron a mi hijo, no pude ni amamantarlo, no dejaron ni que tome un poquito de mi, me lo quitaron a las pocas horas de nacido y sólo podía verlo dos veces al día, 15 minutos; pero sin tocarlo, porque lo metieron en una incubadora diciendo que tenía hipoglucemia, luego ictericia. A mí me echaron del hospital a las 72 horas amenazándome con que si no me iba llamarían a la policía. Y se quedaron con mi hijo».

Nieves Aguilera es una mujer gitana, madre de Miguel nacido el 16 de febrero de este año y de otros dos, una niña y un niño de 5 y 7 años de edad. El día señalado a las 5 de la mañana se puso de parto y fue ingresada al hospital Punta de Europa en Algéciras, provincia de Cádiz, España. El viernes 19, contra su voluntad, fue dada de alta y, amenazada con llamar a la policía si no se iba, marchaba con los pechos llenos y los brazos vacíos, según los servicios sociales del hospital una orden judicial les obligaba a retener a su bebé.

Pero durante el tiempo que estuvo hospitalizada, el hospital Punta de Europa no sólo retuvo al bebé, tampoco permitió que Nieves pudiese cogerlo en brazos amamantarlo como había hecho con sus otros dos hijos, es más, le dieron pastillas para cortarle la leche, «pero no las tomé porque a mi hijo me lo tenían que devolver y tenía que estar preparada para poder alimentarlo».

El martes 22 de febrero Nieves, a través de sus redes, daba gracias a quienes solidarizándose con ella habían publicado su caso o habían protestado con ella a las puertas del hospital. «Aún no tengo a mi niño conmigo, pero al menos ya me dejan verlo y espero ir recuperándolo poquito a poquito», dijo a teleoLeo.com.

Asistentas sociales al habla

Debido a un primer vídeo publicado por Nieves en el que denunciaba que el hospital no le permitía ver a su bebé, dos trabajadoras sociales de la Unidad de Protección del Menor de la Junta de Andalucía se comunicaron con ella para decirle que su bebé estaba retenido, que le habían abierto un expediente por el estado de desprotección de sus hijos y por malos tratos entre ella y su pareja. También le comunicaron que según el informe que tenían posiblemente debían retirarle a sus tres hijos y pasarían a ser tutelados por las servicios sociales de la comunidad.

Nieves contestó que las acusaciones eran falsas: «Desprotección nada, si bien es cierto estábamos en un casa donde no debíamos estar, yo ya me he ido a vivir con mi madre, servicios sociales vinieron a su casa y vieron como ya estábamos viviendo con ella y estábamos preparando la mudanza. Mis hijos no han dejado de ir a la escuela, van limpios y se les recoge a su hora, tienen sus comidas, no tienen problemas médicos, están cuidados y mi bebe ha nacido con 4.460 kilogramos».

El sitio donde no debía vivir era la casa de su expareja, según dice Nieves. «Nosotros nos pelemos un día, vino la policía y nos puso un aviso por amenazas, fuimos a juicio rápido, nos pusimos de acuerdo y cada quien siguió con su vida, él ahora tiene su pareja y yo me fui con mis hijos a casa de mi madre, los de los servicios sociales se inventaron que yo no cuido a mis hijos, yo trabajo en limpieza de casas y locales con mi madre, estudio maquillaje y tatuaje, ni fumo ni bebo ni me drogo, qué es lo que quieren».

Las trabajadoras sociales le contestaron que el informe que tenían no registraba la visita a casa de su madre ni haber hablado con ella, «toda esa información la tiene el equipo que ha trabajado contigo», Y, sin embargo, ordenaron la retención del bebé: «El hospital se comunicó con nosotros para decirnos que habías dado a luz y que el niño estaba ingresado en neonatos por una hipoglucemia; les comunicamos que teníamos tu expediente, que el bebé debía ser retenido y les dijimos que teníamos que hablar con la mamá antes que la den el alta».

Las trabajadoras sociales de la Junta de Andalucía que se comunican con Nieves le dicen que si bien es cierto hay una orden de retención de su bebé, ella puede tener contacto con él y alimentarlo, que hace un par de semanas en el mismo hospital, en un caso similar, la madre no fue separada de su bebé más allá de los cuidados por las medidas COVID. ¿Entonces por qué el hospital Punta de Europa no permitió que Miguel ni siquiera fuese cogido en brazos por su madre y que sólo pudiese verlo dos veces al día, durante 15 minutos?

De alta y con los brazos vacíos

Nieves Aguilera fue dada de alta el viernes 19 de febrero, amenazó con encadenarse al hospital hasta que le dejasen llevarse a su bebé, no se encadenó, pero sí protestó y llamó a la comunidad para que la apoye para llevarse a Miguel a casa, son sus hermanos, además compartió vídeos sobre lo que estaba ocurriendo, sobre su dolor.

TeleoLeo. com habló con Nieves pocas horas después de que volviese a su casa donde sus otros dos niños no entendían porque no llevaba a Miguel consigo, por qué su cochecito estaba vacío, porque la ropita que habían preparado para él estaba allí, sobre la cama de mamá, doblada y mamá triste, contrariada, grabando vídeos explicando que la cuna de Miguel estaba vacía, diciendo que todo estaba allí esperando a su hermanito. Ellos no entendían qué pasaba sólo que mamá había salido con su hermanito en la panza y había vuelto a casa sin él.

Nieves también explicó que dos asistentas sociales fueron al colegio de sus hijos a interrogarlos a solas, sin la presencia de ningún personal de la escuela. «Encerraron a los niños en el despacho del director para preguntarles cosas dándoles golosinas. Los servicios sociales dicen que los niños les dijeron que mami y papi estaban buscando casa para esconderlos. Todo es mentira, yo no tenía porque esconderlos, porque vivo con mi madre desde los 6 meses de embarazo».

Unos le llaman tutela, otros: «secuestro legal»

«Pasado el mediodía del martes 16 de febrero, vía cesárea vaginal, Miguel asomaba al mundo con 4.460 gramos y ese fue el primer problema: «En cuanto nació, le hicieron una prueba, me lo acercaron la pecho, al rato le hicieron otra prueba y se lo llevaron», dice Nieves. Miguel fue puesto en una incubadora, los médicos le dijeron que estaba hipoglucémico y desde ese momento el contacto con su hijo se redujo a dos veces al día, 15 minutos por vez, sin poder alimentarlo, ni tocarlo.

«Tras la segunda prueba, sin pedirme consentimiento, lo comenzaron a alimentar con biberón. Al día siguiente no me dejaron entrar a la sala de recién nacidos, me dijeron que antes debía verlo el pediatra, que espere; luego me dijeron que no podía verlo e incluso me sacaron del piso de neonatos con el personal de seguridad del hospital». Sin embargo, con esta medida se contravenía las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría que en casos de bebes hipoglucémicos recomienda «asegurar la lactancia materna»

A pesar de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, el hospital Punta de Europa, según asegura Nieves, no le permitió dar de mamar a su hijo todo el tiempo que lo tuvieron retenido. «Se lo llevaron, no lo pude alimentar, el día que me obligaron a irme de alta me dieron pastillas para cortarme la leche, pero no las tomé porque yo quería alimentar a mi hijo».

A los dos días de nacido a Miguel le retiraron el medicamento intravenoso para la hipoglucemia pero le dijeron que seguía en la incubadora porque tenía ictericia, una alteración del hígado que pone a los bebes de color amarillo y que hace necesario que los pongan en incubadoras con lamparas de luz las 24 horas y por ictericia tampoco retiran la lactancia, lo digo por experiencia propia, en todo caso lo que se hace es continuar con la lactancia materna y ver si esta ayuda o perjudica a la criatura.

Tutelaje en cuestión

Según cifras publicadas en 2019, en España, casi 600 bebés entre 0 y 3 años de edad (273 niñas y 326 niños) y -contrariamente o lo que ley establece- vivían en acogimiento residencial, cuando debían estar en acogimiento familiar. Si bien es cierto sobre el papel la tutela de un menor de edad por parte del Estado tiene como objetivo su protección y el bien superior del niño, la aplicación del sistema sería cuestionable.

Por un lado falla con los bebés. Según la Ley 26/2015 de Protección del Derecho de la Infancia: «No se acordará acogimiento residencial para menores de tres años» y sin embargo ocurre porque a continuación la ley dice «salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor».

Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, declaró al Diario.es que él como asesor en la redacción de esta ley pidió que esa «salvedad» no fuese incluida: «Es un defecto que viene de la ley por no ser lo suficiente taxativa en cerrar por completo, con siete llaves, las puertas de los cuidados colectivos en edades en las que los cuidados individualizados son fundamentales».

También falla por el lado económico pues, aunque es más caro, las administraciones tienen más niñas, niños y adolescentes ingresados en centro residenciales, siendo el acogimiento familiar mucho más económico y provisto de mayor calidez. Por ejemplo, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, por un niño en acogimiento familiar pagan 424 euros al mes, mientras por uno en residencia 3.370 euros.

Y aquí la pregunta sería: ¿Hablamos, en verdad, del bienestar de niñas, niños y adolescentes? sobre todo cuando sobre el papel todo debería tender al acogimiento familiar. A 2021, más de 50 mil menores de edad son tutelados por el Estado, de ellos, 23.209 se encuentran en centros, mientras que 19.320 conviven con una familia, es decir, 10% más de menores de edad se encuentran institucionalizados.

Europa tutela que tutelarás

El retiro de niños del seno de sus familias no es un hecho aislado en los países europeos. A inicios de año, teleoLeo.com publicó una nota en la que una estudiante de derecho internacional había documentado más de 100 casos de niños extranjeros dados en adopción por Reino Unido. Se trataba de niños tutelados, en su mayoría polacos, sujetos de esta drástica medida sin cumplir con la consulta previa a su país de origen a fin de encontrar familiares que pudiesen hacerse cargo de ellas y ellos.

Leer: Sin familia y sin patria. Reino Unido habría dado en adopción niños extranjeros sin tener jurisdicción [Vídeos]

En Noruega, el servicio de protección infantil Barnevernet también ha recibido duras críticas por separar a niños de sus familias, sobre todo, se trata de niños inmigrantes. Bajo el argumento de «falta de destrezas parentales», las cuales van desde el castigo físico -en Noruega es ilegal golpear a un niño- hasta una reprimenda elevada de tono, ambas son algunas de las causas por las que los trabajadores sociales pongan a niños y niñas bajo custodia del gobierno.

Una nota de la BBC, de 2016, se daba cuenta de diversos casos de niños tutelados por la administración noruega y las quejas sobre su actuación: «En una carta abierta de protesta al ministro de la Infancia firmada por 170 profesionales noruegos dedicados a la protección del niño, entre ellos abogados, psicólogos y expertos en asistencia social, dicen que Barnevernet es una «organización disfuncional que comete grandes errores de juicio con consecuencias graves»».

Entre las familias que han sufrido las acciones de Barnevarnet está la de Alitcia Forsberg-Qaushi, una sueca casada con un albanés, a ellos les quitaron a sus 4 hijos después de, según afirmó ella a un medio italiano: «Acosar a mi familia durante meses». Ella cree que detrás hay un gran negocio a nivel nacional: «Las «familias de acogida» reciben tanto dinero del Estado por quedarse con los niños confiscados que no necesitan ni trabajar. 

Según explicó Alitcia, «todo comenzó con la acusación de «falta de límites y organización» por parte del jardín de infancia donde envió a sus tres primeros hijos». La acusación se suscitó luego de que los padres mostrasen su disconformidad con algunos aspectos del sistema educativo: «Al principio decían que el almuerzo que les ponía era muy pesado, también se enfadaron porque les mandaba yogur, no sabíamos que estaba prohibido: no somos noruegos».

El tutelaje de menores de edad en desprotección y peligro es necesario, pero retirarlos de su familia debe ocurrir luego de una exhaustiva investigación. Si los gobiernos tienen como objetivo el bien superior de niñas y niños, sus casos deben ser tratados con rigurosidad. No puede ser, como en el caso de Nieves Aguilera, que trabajadoras del servicio social le digan que evalúan retirarle a sus hijos y retengan a su bebé recién nacido admitiendo que no han leído todas las diligencias de su caso.