Niñ@s, adolescentes y jóvenes indígenas y amazónic@s se organizan por sus derechos sexuales y reproductivos, y contra la maternidad forzada

Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand/

El embarazo a temprana edad es generalmente producto de una violación y en menor medida de una relación consentida. En Perú, niñas y adolescentes gestantes son condenadas a maternidades forzadas que las sume en la pobreza y acrecienta las brechas de género. Esto se agrava cuando hablamos de niñas y adolescentes de zonas rurales, por eso ellas, pero también ellos, se organizan para adueñarse de su futuro

Más de 249 mil partos de adolescentes entre 15 y 19 años de edad, se produjeron en todo el Perú entre 2017 y 2021, poco más de 60 mil por año. La cifra pertenece al Registro de Nacido Vivo del Ministerio de Salud, pero no es ni mucho menos la cifra real. Según el Centro de Culturas Indígenas de Perú, Chirapaq, en nuestro país, sobre todo, en la Amazonia, aún se producen partos fuera del sistema, la cifra exacta se desconoce por la falta de trabajo del Estado en el tema.

«Es una realidad que vivimos y nos afecta a todos. En la pandemia hemos visto el aumento de casos, pero también veo la falta de comunicación de las niñas con sus padres. El sistema de salud no nos brinda la información adecuada, y los padres de familia no nos brindan la confianza para expresarnos y comunicar lo que nos pasa. Tenemos que proteger a las niñas. Porque tampoco vemos que se haga justicia», dice una joven puneña.

Ella, como otras y otros han participado del proceso de formación en incidencia y vocería sobre derechos sexuales y derechos reproductivos impulsado por Chirapaq iniciado en julio de 2021. El objetivo de este proceso de formación es ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a encontrar su voz para expresar sus necesidades, inquietudes y deseos, y para ver la manera de articular y trabajar en favor de sus derechos sexuales y reproductivos.

También según cifras del MINSA, entre 2012 y 2020 la tasa de crecimiento promedio de maternidad infantil forzada de niñas, de entre 10 y 14 años de edad, fue de 29%: en las zonas rurales fue de 78%. Estas cifras preocupan pues revelan la falta de programas destinados a hacer desaparecer las brechas entre mujeres urbanas y rurales. «Entre el 2012-2020, cada día 3 niñas de 10-14 años se convirtieron en madres y 1 de ellas vive en zonas rurales».

Violaciones y abusos

«Un primo lejano de la familia de mi amiga les visitó en la comunidad. Ella me contó que el señor al principio fue bastante amable para caer bien a todos, para ganarse la confianza, hasta que un día mientras pastaba a sus vacas el sujeto la buscó y abusó de ella». Así explicó Karina Ramos a teleoLeo.com. Producto de la violación, la víctima quedo embarazada, ella es una adolescente de 15 años de edad que vive en el distrito de Uchuraccay, provincia de Huanta, región de Ayacucho.

Karina Ramos es una joven quechua 23 años del distrito de Uchuraccay, provincia de Huanta, Ayacucho, integrante de la Organización de niños(as), adolescentes y jóvenes quechuas de Ayacucho – Ñuqanchik. Ella es otra de las participantes del proceso de formación en incidencia y vocería sobre derechos sexuales y derechos reproductivos impulsado por Chirapaq y a quien teleoLeo.com entrevistó para esta nota.

«Este señor de casi 40 años trataba de acercarse a mi amiga, a quien llamaré Rosa para proteger su identidad. Ella me contó que la acosaba, le compraba cosas para acercarse, cuando abusó de ella la amenazó con matar a sus padres y hermanos, como no había buena comunicación entre Rosa y sus padres, ella no les contó nada hasta que estuvo de 5 meses de embarazo y se le comenzó a notar», explicó la joven a teleoLeo.com

«Un estudio llevado a cabo en la zona rural de Ayacucho, muestra que algunos docentes perciben a las adolescentes y jóvenes como las responsables cuando suceden situaciones de violencia de género o embarazos no deseados; ello debido a que pueden haber “provocado” una respuesta agresiva o se asume que son las únicas responsables del embarazo y la maternidad»

(Soberón 2015: 239, citado en el Reporte Nacional Violencia Sexual sobre Niñas y Jóvenes Indígenas realizado por Chirapaq-2021)

En el proceso de formación de Chirapaq, que aún continúa, participan jóvenes quechuas, aymaras, ashaninkas de la Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka, de la organización Ujia Wayna Wila y de la Federación de Comunidades Nativas Yanesha-Feconaya; todos ellos solicitan la actualización del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente 2013-2021 con la participación de las y los jóvenes de diferentes colectivos indígenas y amazónicos del Perú.

teleoLeo.com entrevistó a Karina Ramos y ella, como representante de Ñuqanchik y como joven indígena que se siente desoída por parte de un Estado centralista y de un gobierno conservador, nos dijo que los jóvenes indígenas y amazónicos exigen que la actualización del Plan Multisectorial y de Prevención del Embarazo Adolescente contemple la variable étnica y la modernización de los métodos anticonceptivos que recomienda.

«Somos diferentes, tenemos nuestra lengua, necesitamos que quienes se encarguen de nuestra salud la hablen». afirmó Karina Ramos en la entrevista, donde nos relató una situación que vivió y que la hizo desistir de informarse justo porque quien la atendió no la entendía. Ella también pide que se aplique la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas del país, sin embargo, eso es ya más complicado; las fuerzas conservadoras y de la ultraderecha del país se han posicionado en contra y van ganando.

Otro joven de la asociación distrital de jóvenes de Vinchos- ADIJOV- Ayacucho coincide con Karina Ramos en la necesidad de ser atendidos en su idioma, en tema tan delicado como la salud sexual y reproductiva: «En mi población hay especialistas con ganas de orientar, pero no manejan el idioma y creo que eso es una gran dificultad que se nos presenta. Por otra parte, a los padres no les interesan estos temas, no orientan a sus hijos y eso ayuda a la existencia de embarazos a temprana edad».

«La ausencia del enfoque intercultural en la práctica profesional del personal de salud y el poco conocimiento sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas imposibilita una atención pertinente y de calidad» […] «Una investigación realizada en Cusco identificó que el personal tenía prácticas sistemáticas de exclusión en la atención a las usuarias, basadas en su origen étnico, su vestimenta y su escaso manejo del castellano».

(Huayhua 2006, citado en el Reporte Nacional Violencia Sexual sobre Niñas y Jóvenes Indígenas realizado por Chirapaq-2021)

Educación sexual integral, el demonio de los conservadores

Un integrante de la organización de Wayna Wila, se queja de lo mismo, de no poder expresarse en su lengua cuando van a un centro de salud a informarse sobre cómo ejercer su sexualidad de manera responsable y segura, pero hace hincapié en la colaboración que debe existir entre el sistema de salud y el sistema educativo: «Los centros de Salud no dan charlas sobre este tema y sería bueno en el inicio de las clases presenciales lo comenzarán a hacer».

Y otra vez, en este pedido aparece la ESI, censurada y petardeada por la ultraderecha peruana. Recordemos que en enero de este año la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del PL904/2020-CR «Materiales y recursos educativos de calidad: Participación activa de los padres de familia”, iniciativa del congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, presidente de la comisión.

Según Medina Minaya su PL es necesario porque: «Los maestros se ciñen a materiales elaborados por un Minedu que se ha enfocado en introducir ‘ideologías cuestionables’ al sistema educativo». Una de esas ideologías es la inexistente ideología de género, término inventado por quienes se oponen al enfoque de género y pretenden confundir y amedrentar a padres y madres, diciéndoles que el objetivo es homosexualizar a sus hijos -como si eso fuese posible- y enseñarles a niñas y niños a masturbarse.

Así entonces este proyecto propone que los padres de familia participen en la elaboración de programas y contenido de los materiales, textos y recursos para la educación básica en las áreas: personal social, desarrollo personal, ciudadanía y educación cívica; ciencias sociales, descubrimiento del mundo y ciencia y tecnología. También señala que los padres podrán impugnar administrativa y judicialmente cualquier contenido elaborado en el cual no hayan participado.

«El acceso a una educación sexual integral (ESI) de calidad y pertinente
es fundamental para que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir de manera segura, saludable e informada su sexualidad, buscando protegerse a sí mismos y, a su vez, respetando los derechos de los demás. En nuestro país, la mayoría de estudiantes no reciben información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Por esta situación suelen iniciar su vida sexual en condiciones no planeadas ni adecuadas e, incluso, de manera violenta».

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 2018

ESI insuficiente

Según el reporte de Chirapaq, denominado «Violencia Sexual contra Niñas y Jóvenes Indígenas«, publicado en 2021, si bien es cierto, la ESI funciona desde 2008, su ejecución ha sido limitada por falta de voluntad política y por la incapacidad estatal de oponerse a los grupos conservadores religiosos: «Una investigación realizada en tres regiones del país (Lima, Ucayali, Ayacucho) identificó que algunos temas que incluyen la educación sexual estaban presentes en las sesiones de clase, pero su contenido no era integral».

Chirapaq asegura que las temáticas priorizadas son: identificación del aparato sexual reproductivo y reproducción; las que menos: anticoncepción, embarazo no deseado y habilidades de comunicación y negociación. Además, «estos aprendizajes son dados desde la restricción al ejercicio de la sexualidad, negando acceso a herramientas para que niñas, niños y adolescentes desarrollen autonomía, autocuidado y tomen decisiones responsables en sus relaciones».

Según Chirapaq, el proceso de formación en incidencia y vocería sobre derechos sexuales y reproductivos permitió la elaboración de una declaración sobre la problemática, necesidades de las y los jóvenes quechuas, aymaras y amazónicos; y en los próximos meses realizarán un encuentro nacional para «fortalecer las demandas y soluciones planteadas por las organizaciones juveniles para contrarrestar las violencias que viven y garantizar el ejercicio de sus derechos». 

Leyes y normativas sólo declarativas

La normativa contempla avances para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y para garantizar una vida libre de violencia de niñas, niños y adolescentes, sin distinción étnica, socio económica o de edad, entre otras; sin embargo, en la práctica esto no ocurre y se debe a que el Estado no cuenta con estadísticas que permitan elaborar planes adecuados y a la injerencia de grupos políticos conservadores y religiosos que obstruyen el libre ejercicio de la sexualidad.

Es por ello que iniciativas como el trabajo de Chirapaq con niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y amazónicos es una gran oportunidad para poner sus necesidades concretas sobre la mesa y para escuchar sus propuestas, porque nadie mejor que ellas y ellos para exponer lo que les afecta y para idear soluciones acordes con su realidad y con sus aspiraciones. Es tiempo de que la voz de estos sectores de la población se alce y sobre todo, es tiempo de que se les escuche.