«Me arrancaba a mi hijo del pecho cuando lo alimentaba, ahora lo ha arrancado de mi vida»

Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand

Esta es otra historia de violencia vicaria. Es la historia de otra de las miles de mujeres que tras separarse de su maltratador siguen siendo violentadas a través de sus hijas e hijos. Sus exparejas las llenan de denuncias y procesos para quitarles la custodia e impedir toda relación con ellas y ellos. Lo peor es que la justicia no las ampara, ampliándose así el círculo de maltrato y de dolor, que culmina con la perdida de relación con sus criaturas y hasta con el asesinato de las mismas o con el desequilibrio y el suicidio de las madres

«Si te rompe un par de costillas a lo mejor te creen, pero si te rompe el alma es más difícil». En el proceso de divorcio ella explicó la violencia psicológica de la que fue objeto y la mandaron a terapia de pareja. Él escribió un diario de «lesiones, asumió de puño y letra algunos de los actos cometidos en su contra, «los blanqueo y se victimizó», dice ella y asegura que la puso como la mala, malísima que rompió la familia.

Ella es otra madre separada de su hijo, otra víctima de violencia vicaria y se queja de las instituciones de su país, España; asegura que en ninguna instancia se le ha hecho justicia ni a ella ni a su hijo. Desde que se separó de su pareja, ha pasado de ser víctima de violencia de género a ser víctima de violencia institucional, asegura. «Hay funcionarios que tienen buenas intenciones, pero la falta de preparación y de presupuesto para atender estos temas nos revictimiza e impide obtener justicia», dice dolida.

En 2013 la psicóloga clínica forense Sonia Vaccaro acuñó el termino violencia vicaria como la violencia ejercida en contra de la mujer a través de sus seres más queridos, en especial hijas e hijos. Según Vaccaro este tipo de violencia «deshumaniza, les quita a los menores de edad la categoría de personas y los reduce a objetos, a instrumentos para infligir dolor y control sobre la madre. Asesinar hijas e hijos es la culminación del proceso de control y maltrato que sufren muchas mujeres». 

A la protagonista de esta nota la llamaremos Carmen, ella ha pedido a teleoLeo.com no aparecer con su nombre real y en la vídeo entrevista que le hemos realizado también ha pedido que su imagen y su voz sean protegidas: «Mi hijo ya tiene 16 años y esta es mi forma de protegerlo, si salgo a explicar mi caso es para visibilizar la violencia vicaria y mostrar el daño que hace a madres e hijos». Carmen es integrante del colectivo Libres de Violencia Vicaria que en España agrupa a madres que han sido alejadas de sus criaturas por sus exparejas.

Denunciada por maltratar a su hijo

En 2019, Carmen fue denunciada por malos tratos contra su hijo, el niño tenía 13 años y acudió a comisaría acompañado de su padre, ella asegura que fue instrumentalizado por su expareja porque quería quedárselo en exclusiva. Y como la justicia tarda en todas partes, recién año y medio más tarde la absolvieron de toda culpa, «pero yo ya había perdido a mi hijo, desde que el niño nació él siempre ha impedido que yo pudiera ejercer mi rol de madre y lo ha logrado», asegura.

«A pesar de que la investigación concluyó que la denuncia no era cierta, que se demostró que yo nunca le he pegado a mi hijo y, a pesar, de que no tengo impedimento legal para verlo, me impiden hacerlo o tener cualquier tipo de contacto con él. Ya no tengo ni su número de teléfono. Su padre no permite ninguna relación conmigo ni con el resto de familia materna. Además, durante todo este tiempo lo ha puesto en mi contra».

Informe desatendido

El informe sobre la situación socio-familiar, realizado a pedido del juzgado a cargo de la denuncia por malos tratos de Carmen a su hijo, concluye que el padre aprovechando posibles errores de la madre en cómo corregir al niño, ha ejercido «cierta instrumentalización», poniéndolo en su contra; deducen esto porque el niño, al ser entrevistado por los especialistas, manifiesta que prefiere estar con su padre porque «ella no le deja hacer lo que quiere», manifiesta también que su padre le ha dicho que «con 12 años ya puede elegir vivir con él».

El informe también recomendaba que «por el interés superior del niño» toda la familia fuese sometida a un examen psicosocial y recomienda terapia familiar para dotar a los padres de recursos y habilidades para atender las necesidades del hijo que los mantiene en conflicto hasta la actualidad. «Yo fui a la terapia, a mi hijo le hicieron escribir un diario con las supuestas agresiones y ahí vi que esto no iba a ninguna parte, porque las lesiones que el niño relataba, luego a mí me las negaba».

Por su parte la sentencia que absuelve a Carmen de los malos tratos denunciados advierte que estos no se han demostrado «fehacientemente» y que con el paso del tiempo el niño no muestra afectación por el maltrato referido, además dice que su relato es inconsistente y que él mismo minimiza los hechos. Por todo esto, Carmen, como ya dijimos, fue absuelta sin imponerle restricción alguna para ver a su hijo.

La expareja de Carmen acompaña la denuncia por maltrato a su hijo con un pedido de suspensión de visitas para la madre, pero esto le fue negado, sin embargo, él -según explica un escrito de la defensa de Carmen- ya había suspendido las visitas entre el niño y la madre de manera arbitraria y unilateral. «Él sigue haciendo lo que le da la gana porque la justicia no hace caso a ningún escrito pidiendo la ejecución efectiva del régimen de visitas ni a la custodia compartida que nunca he perdido», afirma Carmen.

Punto de desencuentro

En 2021 y como las visitas a su hijo eran imposibles, Carmen solicitó poder verlo en un Punto de Encuentro Familiar (PEF) donde las visitas se realizan bajo supervisión profesional, la medida le fue otorgada por 6 meses. Ella pretendía retomar la relación con su hijo de manera paulatina, explicarle que sufre su ausencia, hacerle recordar que nunca le hizo daño; pero tampoco le ha sido posible, porque las visitas no se han cumplido aunque habían sido ordenas «vía proceso judicial de ejecución forzosa».

«A la primera visita mi hijo acude con cascos (audífonos) oyendo música, se coloca de espaldas a mí. En otra de las visitas ni entra a la sala, al final, las visitas dejaron de realizarse. Ahora mi hijo ya tiene 16 años y ya no quiere ni verme por todo lo que le ha dicho el padre de mí y yo no quiero un niño obligado, sólo quisiera poder hablar con él, saber cómo está». dice Carmen.

Las visitas en el PEF debían generar informes, el último es de finales de enero de este año y señala que desde octubre de 2021 a la fecha sólo se realizó la primera visita de las pactadas, porque en la segunda el hijo de Carmen no quiso entrar a la sala donde ella lo esperaba. Según el informe, «se le traslado al padre la responsabilidad de esto pues son los adultos los que en última instancia deben responder», dice el informe.

El informe también señala que el padre contesta en tono retador a los trabajadores sociales diciéndoles que él no puede hacer nada si su hijo no quiere ver a su madre, que si ellos «van empujarlo para entrar o le van a pegar como hacía ella, o si piensan llamar a la policía si no obedece»; dicen que grita al adolescente para que entre, pero que al no hacerle caso, pasados unos minutos, ambos se retiran del lugar.

En la tercera visita vuelven a acudir todos, pero la visita tampoco se realiza pues el hijo de Carmen vuelve a negarse a verla. La siguiente visita tampoco se realiza porque el padre avisa que su hijo está con COVID, a la siguiente visita sólo acude Carmen. A la última cita acuden todos, otra vez el adolescente se niega a ver a su madre, el padre siempre desafiante le dice a los trabajadores que a ver cómo hacen para que su hijo cambie de idea y se va, aunque, le habían advertido que no podía irse dejando allí a su hijo.

Este informe fue remitido al juzgado que ordenó la ejecución forzosa de las visitas para que la justicia se pronuncie y tome medidas respecto no sólo al incumplimiento de la custodia compartida, sino sobre todo porque Carmen y su defensa han pedido la realización de un informe psicológico para evaluar la estabilidad de su expareja y conocer su capacidad para hacerse cargo de su hijo de manera sana y que no comporte un peligro para su desarrollo.

Este 7 abril vía sentencia judicial le han contestado a Carmen, que estando el régimen de custodia compartida vigente no es posible acceder a la petición de realizar a su expareja un examen psicológico, para «determinar su situación mental y el posible riesgo para el menor», también señala que «tampoco se puede obligar a la madre a ir a terapia tal y como pedía el padre» y afirma, además, que como ninguno de los padres ha accedido a demandar una modificación del régimen actual, «el recurso debe ser desestimado», o sea, todo sigue como está.

Carmen dice que pedir la modificación de medidas a estas alturas es absurdo, que su hijo ya tiene 16 años y no hay manera de obligarlo a hacer nada. «La justicia ha perdido 3 años, las instituciones no han cumplido con velar por el tan mentado interés superior del niño, ni por evitar la revictimización de la que he sido objeto. El padre de mi hijo no ha cumplido ninguna sentencia y no le han impuesto ni siquiera una multa. Yo no quiero obligar a mi hijo a estar conmigo, sólo quiero hablar con él, saber cómo está, poder recuperar la relación que teníamos».

Historia de la historia

En 2012 Carmen se separó de su pareja, no podía soportar más el control, los empujones, que la llevase en el auto a gran velocidad para atemorizarla -dice; en ese entonces ella no reconocía maltrato físico en estos hechos, por eso, el motivo para separarse no fue la violencia física y psicológica que refiere haber vivido. Según afirma Carmen, se separó porque su expareja le impedía ejercer su maternidad y desarrollar una relación de apego con su hijo.

«Cuando le daba de mamar a mi hijo a él no le gustaba y casi me lo arrancaba del pecho para ponérselo encima. Llegó a acostumbrarlo a dormir en brazos para dormirlo sólo él. No me permitía salir sola con el niño. Él se apuntó al gimnasio e iba por la noche, mi hijo venía a mi cama a dormir y me decía «mamá cuando venga papá no me encuentre aquí»», explica Carmen.

También refiere que la vida en pareja se torno insoportable porque ella no aceptaba las medidas y el control que él le imponía, pero dice que no podía decirle que se quería separar por miedo: «En cuanto yo insinuaba la ruptura de la relación él cogía un cuchillo, se daba de golpes, cogía al niño, amenazaba con tirarse por la ventana».

A pesar de separarse en 2012, Carmen continúo viviendo en el mismo departamento con su expareja hasta 2014, mientras duraba el proceso legal en el que explicó las violencias de las que había sido y seguía siendo víctima y de como su expareja impedía la relación con su hijo. En un primer momento ella obtuvo la custodia provisional del niño y se alternaban los días para estar con él.

En 2014 a Carmen y su expareja les dieron la custodia compartida de su hijo, a pesar de que el equipo psicosocial del juzgado que participaba en la tramitación de su conflictivo divorcio advirtió que el padre obstaculizaba la relación del niño con la madre. Según refiere ella le dijeron que visto el carácter del padre eso era lo mejor para proteger al niño: «Me dijeron que temían que el padre asesinará a mi hijo, pero lamentablemente no pusieron eso en el informe, así que no pasó nada».

La historia de Carmen lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia, porque la violencia vicaria es una de las peores violencias de género y aunque en España está contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al no estar penada por ley aún es invisible para muchas y muchos operadores de justicia que siguen utilizando el inexistente síndrome de alienación parental (SAP) para justificar arrancar hijos del lado de sus madres.

Defensa indignada

La defensa de Carmen hace notar que su expareja, sin ningún derecho y contraviniendo todas las sentencias, se ha arrogado la patria potestad del hijo de ambos, pues «desde 2019 ella no tiene ningún tipo de información de su hijo, no tiene acceso ni a los informes escolares ni a los de salud ni de nada, a pesar de que la custodia compartida sigue vigente».

También hace notar la disparidad de la justicia española en los procesos de familia dependiendo de cuál de los progenitores sea el que incumple el régimen de visitas: «[…] la cárcel en el caso de la progenitora y permisividad en caso del progenitor». A la cárcel podemos sumar la perdida de custodia de hecho o porque la justicia así lo decide, como es el caso de Carmen y de muchas otras.

Ejemplos al canto:

María Salmerón: se separó en 2001 de su pareja por malos tratos, 8 años después su expareja fue condenado a un año y nueve meses de prisión por maltrato físico, psicológico y sexual, pero la pena fue suspendida. María obtuvo la custodia de su pequeña hija y él visitas, pero ella las suspendió porque un día su hija volvió de casa del padre golpeada. Desde ese momento María ha sido juzgada y condenada a prisión una y otra vez por «desobediencia a la autoridad» al no cumplir el régimen de visitas. Ella ha sido indultada 3 veces, sin embargo, en marzo de este año el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha reclamado nuevamente su ingreso en prisión por el mismo delito.

Juana Rivas: encarcelada por esconder a sus hijos del padre al que denunció por violencia de género y del cual huyó y se mantuvo escondida con sus 2 hijos durante un mes. Ella es española, su expareja italiano, a pesar de la denuncia por violencia, en Italia le dieron la custodia de los niños a él y en España la encarcelaron a ella por huir para protegerse y proteger a sus niños.

Irune Costumero: en 2017 le retiraron la custodia de su hija dándole la custodia exclusiva a su expareja porque un tribunal la condenó por ejercer el inexistente síndrome de alienación parental (SAP), pues la niña no quería ver al padre, decía que la maltrataba. La expareja de Costumero fue denunciado por maltrato, pero el caso fue archivado.

Diana García: perdió la custodia de su hija en favor de su expareja porque fue acusada y condenada por SAP, según la justicia española ella impedía la relación paterno filial, no tomaron en cuenta que el padre había sido denunciado por abuso sexual en contra de su hija. Este caso mereció la condena de la ONU a España por utilizar el falso síndrome y no tomar en cuenta la grave denuncia que terminó siendo archivada.

A estas madres tenemos que sumar las cientos de madres a las que el Estado patriarcal les impide maternar a sus criaturas, porque decreta que no tienen «habilidades parentales» para cuidar de ellas y los servicios sociales españoles y de toda Europa se los arrancan para ponerlos en centros de acogida donde por cada niña, niño y adolescente, las administraciones cobran miles de euros de la UE para «protegerlas y protegerlos». En algunos casos la protección se justifica; en otros, no: ¿Violencia vicaria institucional? Este es un tema que también hemos tratado y seguiremos tratando en este blog

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