Indonesia no es país para personas LGTBIQ+: La muerte de Rodrigo Ventocilla no debe quedar ímpune

«En Indonesia, las personas LGBTI son a menudo objeto de acoso, intimidación, criminalización e incluso homicidios sólo por su orientación sexual, e identidad y expresión de género. En los últimos años, los actos de intimidación, agresión y discriminación contra personas LGBTI en Indonesia han aumentado después de que varias autoridades hicieran declaraciones inexactas o engañosas sobre la base de “defender la moral pública y la seguridad pública del país”». (Amnistía Internacional España)

Texto e investigación: Leonor Pérez-Durand, periodista

Rodrigo Ventocilla y Sebastian Marallano, como ya es de dominio público eran una pareja transgénero peruana, que tuvo que casarse en Chile porque en Perú ser parte de la comunidad LGTBIQ+ es ser ciudadano de segunda clase, sin derecho al matrimonio, ni a la identidad según la identificación de género. También es de dominio público que ambos llegaron a Bali, Indonesia en viaje de bodas y allí, luego de ser detenidos: primero Rodrigo, en el aeropuerto y luego Sebastian, quien habiendo llegado primero en otro vuelo, acudió en su ayuda, ambos fueron víctimas de actos de brutalidad policial, con la consecuente y lamentable muerte de Rodrigo.

Según información de la familia, estando bajo custodia policial, incomunicados y en total desprotección, la pareja sufrió extorsión y ambos fueron vejados física y psicológicamente, además, les hicieron ingerir la medicación que llevaba Rodrigo para el cuidado de su salud mental. A consecuencia de esto, «fueron llevados en estado de inconsciencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Denpasar, en donde, a Sebastián, le brindaron los antídotos para la intoxicación y a Rodrigo lo dejaron agonizar y morir».

Brenda Alvarez y Julio Aribizu, abogados de las familias de Ventocilla y Marallano han presentado denuncia por delito de tortura contra los funcionarios indonesios y peruanos que hayan participado en los atentados contra la integridad física y los derechos humanos de la pareja; además, exigen que las diligencias sean realizadas de manera diligente y eficaz, pero aún están a la espera del cuerpo de Rodrigo para poder peritarlo y determinar la causa exacta de su muerte.

Esta en manos del Estado peruano, a través de la Cancilleria y del embajador en Indonesia, Luis Raúl Tsuboyama Galván, exigir a Indonesia la entrega inmediata del cuerpo de nuestro compatriota. Sobre todo porque este país no sólo es conocido por su homofobia y transfobia además, de por su corrupción, si no también porque demostrado está, que cuando los acusados son agentes policiales o militares, no tienen mayor interés en investigar y castigar a los responsables.

Homicidios ilegítimos y no investigados

El informe de Amnistía Internacional España 2021/22, respecto a Indonesia, señala en Indonesia hubo 11 casos de presuntos homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad, con un total de 15 víctimas: 5 fueron cometidos por militares, 2 fueron atribuidos a la policía y en 4 participaron militares y policías. Las autoridades de ese país afirmaron haber realizado investigaciones sobre 4 de los 11 casos, sin embargo, a finales de 2021, ninguno de los sindicados por estos crímenes había comparecido ante la justicia para esclarecer su participación en los hechos.

El 4 de junio de 2021, un militar disparó contra Denis Tabuni y Eliur Kogoya en un mercado. Denis Tabuni resulto muerto y Eliur Kogoya herido en una pierna. Este caso no fue investigado por un “acuerdo de paz” firmado entre el presunto homicida y las familias. El 16 de agosto de 2021, la policía mató a tiros a Ferianus Asso, que participaba en una protesta exigiendo la la liberación de Victor Yeimo, activista por la independencia de la provincia de Papúa.

Durante 2021 en Indonesia también fueron reprimidos y perseguidos las y los activistas por los derechos humanos, las y los que salieron a manifestarse por sus derechos labores, por los derechos de los indígenas, la libertad de expresión online también fue reprimida y todo este ambiente antiderechos se desarrolla en un país conocido además por la corrupción de su policía.

Sumemos a este clima antiderechos y plagado de corrupción, que en 2020 en su parlamento se presentó un proyecto de ley por el cual se pretende aprobar métodos de «rehabilitación» para las personas LGTBIQ+, que incluyen el exorcismo. Así mismo, en la provincia de Aceh rige la Sharia, ley islámica que en 2017 castigo con sendos 77 latigazos a 2 hombres gays por mantener relaciones sexuales.

Por todas las violaciones señaladas por Amnistía Internacional, Indonesia no es el mejor país del mundo para el turismo, menos para las personas LGTBIQ+ pues, si bien es cierto, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, aún, no son delito en el Código Penal indonesio, «sociedad y estado, influenciados por la religión, humillan y torturan al colectivo LGTBIQ+» señala un hilo de Twitter de De Frente LGTB, ONG por los #derechos #LGTBI en #Andalucia.

En Aceh, una de las 6 provincias de Indonesia, se aplica la Sharia a las personas homosexuales que ejercen su sexualidad, esta ley islámica que se aplica en países musulmanes y estipula que las personas de este colectivo pueden ser latigadas públicamente. El tweet de De Frente LGTB justamente se refiere a un caso en el que -en 2021- dos hombres fueron castigados a recibir 77 latigazos, cada uno, por haber sido descubiertos mientras mantenían relaciones sexuales

Declaraciones familiares

Según declaró a #LaEncerrona, Diana Ventocilla, tía de Rodrigo Ventocilla, el cónsul Julio Tenorio Pereyra le aseguro que ni Rodrigo, ni Sebastian, su esposo, corrían peligro por su orientación sexual, tras haber sido detenidos por la policía. Se supone que las delegaciones diplomáticas están informadas de la situación política y social de los países donde son destacadas: ¿cómo es que el cónsul Tenorio pudo decirle a la familia que la orientación sexual de la pareja no representaba peligro en Indonesia?

El cónsul Tenorio también dijo a Diana Ventocilla que él estaba en Yakarta, ciudad donde está la embajada peruana, y que para viajar a Bali, donde Rodrigo Ventocilla y su esposo habían sido detenidos, debía de pedir permiso a Lima: ¿y el embajador Tsuboyama? ¿Si una de las funciones diplomáticas es proteger a sus concuidadanos en el exterior, siendo esta pareja parte de un colectivo vulnerable y en peligro en Indonesia, por qué no se desplazó él mismo embajador hasta Bali para protegerlos?

Petición al Estado peruano

Apoya la búsqueda de justicia para Rodrigo y Sebastian y con tu firma demanda al Estado peruano que investigue y castigue a los funcionarios peruanos y exija responsabilidades a Indonesia por la tortura y vejámenes sufridos por la pareja y, sobre todo, reclamemos el esclarecimiento de la muerte de Rodrigo Ventocilla cuyo único delito fue vivir y disfrutar de identidad de género y su sexualidad.

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