El Perú NO necesita más balas: necesita consenso NO leyes que militaricen las calles

Leonor Pérez-Durand/Periodista

«Estado de urgencia ciudadana», es el nuevo estado de excepción que pretende incluir en la Constitución el grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), partido político liderado por el César Acuña Peralta, quien ha dado su espaldarazo a Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú y ha declarado que apoyará su gestión en aras de que culmine su mandato en 2026.

La enmienda de APP fue ingresada a la comisión de Constitución y Reglamento, por su vicepresidenta, la congresista Lady Camones Soriano, el 16 de diciembre de 2022, nueve días después de aprobada la vacancia del expresidente Pedro Castillo y de su fallido autogolpe de Estado y de que estallarán las protestas donde se exige desde su retorno al cargo, hasta el cierre del Congreso, nuevas elecciones en 2023 y Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

«Estado de urgencia ciudadana»

El Proyecto de Ley (PL) presentado por Lady Camones es el Nº 03793 y «tiene como objetivo permitir a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de la sociedad», y pretende que las FF.AA. apoyen a la policía, incluso, en la lucha contra la delincuencia común.

Proyecto de Ley 03793 que permite a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad ciudadana

«El Estado de urgencia ciudadana en caso de grave perturbación del orden interno y la seguridad ciudadana por la gravedad de hechos de delincuencia común, crimen organizado, sicariato y acciones de violencia en general, que pongan en zozobra la convivencia de las personas y expongan su seguridad personal y sus propias vidas, las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a la Policía Nacional del Perú, con planificación y ejecución de operaciones conjuntas contra la delincuencia, para restablecer la seguridad ciudadana y el orden interno en una jurisdicción. El ejercicio de los derechos fundamentales no se restringe o suspenden». reza la propuesta de Camones.


Lady Camones: presidenta del Congreso de julio a septiembre de 2022

Fue obligada a dejar el cargo por un audio en el que, entre otras cosas, se escucha a su jefe ordenar a su bancada que apoye uno de los tantos intentos de destitución de Pedro Castillo.

En el mismo audio Acuña también pide a Camones que apoye en el Congreso la aprobación del distrito Alto Trujillo, para ganar puntos en las elecciones a gobernador de su región, celebradas en octubre pasado.

Lady Camones también ha pertenecido al partido fujimorista Fuerza Popular y ahora es la segunda en la comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García.

El PL 03793 propone modificar los artículos 137 y 165 de la Constitución

El artículo 137 que regula el estado de excepción, estipula cuando y cómo, el presidente con acuerdo del Consejo de Ministros puede dictar los estados de excepción considerados hasta el momento en la Constitución, a saber:

  1. Estado de emergencia: que puede ser dictado «en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación» y puede restringir o suspender «el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio».
  2. Estado de sitio: se declara «en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan»; en este caso, no se suspenden los derechos fundamentales.

A estos estados, Lady Camones pretende agregar el estado de urgencia ciudadana y colocarlo primero en la lista que según el PL 03793 se produciría «en caso de grave perturbación del orden interno y de la seguridad ciudadana por la gravedad de hechos de delincuencia común, crimen organizado, sicariato y acciones de violencia en general».

Es decir, si el incremento de la delincuencia se declarase como causa de grave perturbación del orden interno, pasaría a ser también de incumbencia de las FF.AA, pues el PL claramente dice: «[…] las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a la Policía Nacional del Perú».

En otras palabras, las Fuerzas Armadas podrían organizar acciones con la Policía Nacional para perseguir cualquier acto delincuencial que perturbe la seguridad ciudadana y en ellos podría contemplarse «disolver» manifestaciones y protestas si el Ejecutivo considera que estas «ponen en zozobra la convivencia de las personas».

Según este PL, por ejemplo, para luchar contra el robo de carteras o celulares, si el Ejecutivo considerase que estos son actos que generan inseguridad, angustia o «zozobra», decretaría el estado de urgencia y tendríamos a efectivos de las FF. AA. corriendo tras los delincuentes rifle en mano.

Según Camones y su bancada, esto es necesario por el incremento exponencial de la delincuencia en el país y cita cifras registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), de la Policía Nacional del Perú, según las cuales, sólo en el primer trimestre del 2022 ha habido un incremento en 101,5% de casos respecto al mismo periodo de 2021.

El PL también justifica el apoyo de las FF. AA. a la PNP por las carencias de esta última y se refiere expresamente a la falta de unidades móviles de la policía y de comisarías. «Debemos tener en cuenta que en nuestro país existen instituciones como las FF. AA. que cuentan con personal y logística, por ende; pueden brindar apoyo a la Policía Nacional, teniendo en consideración que este apoyo tendrá un plazo determinado».

Según el PL la aplicación de esta medida no excedería los 60 días y su prorroga requeriría de un de nuevo decreto

Es decir, de aprobarse la iniciativa podríamos tener un país en intermitente estado de urgencia ciudadana, cada vez que el Ejecutivo determine que se están realizando «acciones de violencia en general, que pongan en zozobra la convivencia de las personas y expongan su seguridad personal y sus propias vidas». La frase «violencia en general» deja un amplio marco de acción que podría vulnerar los derechos ciudadanos.

El artículo 165, por su parte, actualmente sólo menciona los cuerpos que conforman las FF.AA y señala que tienen como finalidad primordial «garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República y asumir el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución».

Camones propone que al artículo 165 se agregue: «[…] y en aplicación del estado de urgencia ciudadana del citado artículo las Fuerzas Armadas solo prestan apoyo a la Policía Nacional del Perú». ¿Se supone que el agregado es para dejar claro que el control de las calles lo tiene la Policía?, sin embargo, ¿desde cuándo las FF. AA. peruanas han estado relegadas al mando policial?

Política con botas

Esta propuesta no hace más que seguir militarizando la política, tal y como se viene haciendo desde la accidentada llegada al poder de Dina Boluarte quien, con su declaración de estado de emergencia, ha sacado el ejército a la calle y en su primer día contamos 9 muertos más.

Es justo y necesario no olvidar que la «colaboración» policía, ejército nos ha dejado un saldo de alrededor de 30 personas asesinadas, incluso, menores de edad, que han sido tildados de terroristas, por levantar la voz y manifestar su sentir.

Autoridad sin proporcionalidad

Para reprimir las protestas de diciembre, el entonces ministro de Defensa, Alberto Otarola, dijo que durante el estado de emergencia policía y ejército aplicarían el «principio de autoridad en las regiones donde se registran manifestaciones».

También manifestó: «Las instrucciones de la presidenta de la República son claras: el uso proporcionado y regulado de la fuerza, así como recuperar el orden interno del país», sin embargo, o las FF. AA. desobedecieron a Boluarte o no saben lo que es el uso proporcional de la fuerza, pues el primer día que el ejército salió a las calles hubo 9 muertos.

Como actual Premier, Otarola ha vuelto a decir que de reactivarse las manifestaciones volverá a primar el «principio de autoridad». Del principio de proporcionalidad esta vez no ha dicho nada. O sea, los cuerpos de seguridad seguirán respondiendo con armas largas y cortas a los manifestantes si hacen algo que consideren «acciones de violencia en general».

Otarola habla de un principio de autoridad que ni la PNP respeta, pues desobedeciendo la Ley que regula su régimen disciplinario, Ley Nº 30714, que le prohíbe participar en actos políticos o participar y convocar manifestaciones, ha convocado a una «Marcha por la Paz» para el 3 de enero.

Artículo 12. Prohibiciones

El personal de la Policía Nacional del Perú, está prohibido de pertenecer a partidos, agrupaciones u otras organizaciones de carácter político, así como participar en actividades político-partidarias, sindicales, manifestaciones públicas, huelgas o petición en conjunto, así como usar su profesión o conocimientos contra los intereses de la institución policial.

La marcha de la PNP convocada para este 3 de enero se hace en oposición al anuncio de paro general y reinicio de protestas a partir del día 4. Nombrándola «Marcha por la Paz» la PNP contribuye a estigmatizar a quienes no marchen a su lado, alimentando el discurso de violentos y terroristas a reprimir en respeto al «principio de autoridad», que la propia PNP no estaría respetando con su convocatoria.

Ni autoritarismo ni mano dura

No necesitamos más abuso de la violencia institucional ni iniciativas legislativas que caldeen más el ambiente. El Ejército tiene la función de defendernos del enemigo exterior y la Policía, de velar por la seguridad interna. Las y los políticos no deben pedir más armas en las calles, deben trabajar por acabar con las desigualdades e injusticias que atraviesan a sus electores y por lograr consensos sociales y políticos, mal favor hacen al país exacerbando la violencia institucional poniendo a las FF. AA. a hacer el trabajo de la policía.

Ojalá este 2023 el actual Congreso entienda que la labor de legislar por el bien del Perú, debido a sus componendas, discriminaciones y ambiciones, les viene demasiado grande y entiendan que tienen que irse a su casa lo más pronto posible. Acabar con la polarización, reflexionar el país y encontrar vías de solución, esas son las tareas a acometer entre todas y todos. Debemos sanar y la mayoría de congresistas ya han demostrado que sólo sirven a intereses partidarios, por eso también tienen que irse.

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