Ministro de Justicia, José Tello, asegura ante la ONU que en Perú se respetan los DD. HH., entre ellos, el derecho a la protesta

El ministro de Justicia de Perú, en su comparecencia ante el Consejo de DD. HH. de la Onu, este 25 de enero, ha hablado del derecho a manifestarse, pero también de «acciones delictivas»; de voluntad de diálogo, de elecciones presidenciales en abril de 2024 y de establecer una comisión para las familias de las personas asesinadas

Texto: Leonor Pérez-Durand/periodista

El Estado Peruano se examina hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en su intervención el ministro de Justicia, José Andrés Tello Alfaro, ha dicho -sin empacho- que «el gobierno lamenta la pérdida de vidas en las protestas», sin embargo, no ha podido evitar seguir en la línea oficial y ha criminalizado el descontento de la población que mayoritariamente marcha de manera pacífica: «La protesta no puede confundirse con acciones delictivas […] que transgreden la convivencia social afectando derechos fundamentales».

Tello también aseguró que el gobierno garantiza los derechos de 31 millones de personas, «entre ellos el derecho a la protesta de una parte importante de la población que debe actuar pacíficamente de acuerdo con los estándares internacionales», sin embargo, llevamos alrededor de 60 asesinados en menos de 2 meses, entre ellos 7 menores de edad: ¿ellos también participaban en «acciones delictivas»?

Decirle al ministro que con estas declaraciones no hace honor al nombre del ministerio que tiene encargado -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- porque decir que se lamenta la muerte de compatriotas a causa de las protestas o decir que con las acciones de la Policía y del Ejército el gobierno está avocado a la defensa de los Derechos Humanos es mentir y mostrar desconocimiento de la legislación nacional e internacional.

Legislación nacional

Según el Decreto Legislativo 1186 uno de los principios bajo los cuales debe actuar la policía es la proporcionalidad, según el cual: «el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro».

No se puede disparar balas -encima balas ilegales como las dum-dum– ni perdigones a personas que están desactivando bombas lacrimógenas, ni siquiera si están intentando tomar un aeropuerto o tiran piedras; menos a personas que intentan ayudar a las y los heridos. A un delincuente se le reduce, se le arresta y se le lleva ante la justicia, lo mismo vale para alguien que comete algún acto ilegal en el marco de una protesta.

Legislación internacional

La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 34/169, denominada «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley» en su artículo 3 respecto al uso de armas de fuego es muy clara:

«[…]El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas». 

En Perú no se vela por los DD. HH de las y los disidentes

Así que no señor ministro, el gobierno peruano no está velando por el respeto a los DD.HH. de todas y todos los peruanos, porque no está velando por los de aquellas y aquellos que muestran su disconformidad con el gobierno de Dina Boluarte y con el actual Congreso, y que demandan elecciones este 2023 y un referéndum para consultar si la población quiere una Asamblea Constituyente.

El gobierno peruano, no deteniendo la violenta e ilegal forma de reprimir la protesta por parte de las fuerzas de seguridad, criminaliza la disidencia y permite la muerte de las y los ciudadanos. La protesta es un derecho de todas las personas que viven en un país supuestamente democrático y no se la puede acallar con balas y tanquetas ingresando por la fuerza a una universidad y deteniendo arbitrariamente a 200 personas.

¿Diálogo? ¿Con quién?

En su intervención el ministro Tello Alfaro también ha dicho que la única vía para la actual crisis es el diálogo: «El Estado peruano es muy consciente de que cualquier salida a la actual crisis pasa por el establecimiento de un diálogo amplio, guiado por la búsqueda de acuerdos y el respeto al Estado de derecho».

Sin embargo cómo dialogar con quien sostiene el fusil, cómo dialogar con quien ordena que las fuerzas de seguridad golpeen, torturen, vejen, gaseen y maten a quienes levantan la voz, a quienes no creen lo que les cuenta la prensa reconcentrada, amante del poder y defensora a ultranza de sus privilegios y los de sus familias amigas.

Cómo dialogar con un gobierno que no escucha el clamor de su gente en las calles y que les llama vándalos y terroristas por defender sus derechos, por hacerse oír; que los detiene por llegar hasta la capital para presentar sus demandas. El pueblo está harto del racismo y el clasismo consuetudinario y lo demuestra manteniéndose en las calles y reaccionando con manifestaciones más multitudinarias y generalizadas cada vez que el gobierno los violenta.

Según informa el Consejo de Derechos Humanos en sus redes, las y los integrantes de la delegación peruanas están convocados para informar sobre:

  • Derechos de las mujeres y los niños,de las personas con discapacidad y de las personas LGBTI+
  • Discriminación y desigualdad social
  • Derecho a la educación
  • Erradicación de la pobreza
  • Derechos laborales
  • Ambiente saludable
  • Acceso a la justicia
  • Otros asuntos

Ya veremos si el Perú se libra, o no, de la condena por la falta de respeto a los DD. HH, de la cual hace gala con bombos y platillos desde el pasado 7 de diciembre. Le será complicado tanto en ese tema, como en los demás de la lista.

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