Alrededor de 60 muertos y centenares de heridos son causa de repulsa al gobierno de Dina Boluarte. Esta semana un diputado español se pronunció al respecto en sede parlamentaria. Hace 24 horas el parlamento catalán he emitido declaración oficial solidarizándose con la protesta pacífica
Texto: Leonor Pérez-Durand/periodista
«Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú estarían haciendo uso de fuego real directamente contra el cuerpo de los manifestantes, incluyendo perdigones y balas expansivas del tipo Dum Dum, sin ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad que rigen el uso de armamento letal. Además, la declaración del estado de emergencia a múltiples regiones del Perú ha significado la suspensión de derechos constitucionales para la población y el incremento de la represión».
Este texto es parte de la Declaración de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán que este jueves 26 de enero se ha manifestado en defensa de las movilizaciones sociales y por el fin de la represión en el Perú. Y enumeran las vejaciones que en estos momentos estaría cometiendo el gobierno de Dina Boluarte y su premier Alberto Otarola, con la mirada cómplice de la derecha y ultraderecha parlamentaria.
A saber y según cita la declaración catalana:
- Vulneraciones de DD. HH
- Más de 45 personas asesinadas, entre ellos 7 menores de edad y personal médico (aunque ya son alrededor de 60 las personas, las que han perdido la vida en el contexto de las manifestaciones)
- Más de 700 heridos incluyendo prensa internacional y prensa independiente
- Centenares de detenciones ilegales, torturas, intimidación, intento de falsear pruebas para intimidar y acusar de actos delictivos a la población movilizada
«Ante esta situación el Parlament de Catalunya expresa su profunda preocupación por todas las víctimas de la represión y todas las denuncias de violación de los DD. HH. por parte de las fuerzas de seguridad peruanas, la falta de garantías de la población civil para ejercer su legitimo derecho a la protesta reconocido por la Constitución peruana […] los obstáculos y amenazas puestos por las FF.AA. y la PNP a la prensa internacional e independiente que intenta informar sobre las múltiples violaciones de DD. HH. durante las movilizaciones y documentarlas sobre el terreno», continúa la declaración.
La Junta de Portavoces del Parlament también expresó que es necesario cumplir y hacer cumplir la Carta Internacional de DD.HH. y condenó la violencia «venga de donde venga». Además señala que es necesario que «los organismos competentes investiguen todas las denuncias de DD. HH. de manera seria, imparcial y efectiva; en un tiempo razonable» y se compromete a enviar una misión de observadores sobre el terreno, tan pronto como sea posible.
En la declaración catalana también se exige, tal y como ya lo ha hecho Amnistía Internacional, que el Estado español anule los contratos de suministro de material anti disturbios a Perú; además, insta al gobierno a «ampliar los programas de cooperación para la protección de la población víctima de la violación de DD. HH. por medio de proyectos financiados por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo».
También expresa la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica y da soporte a «una resolución pacífica y democrática urgente de las movilizaciones con participación directa de la población y a la instauración de una estabilidad democrática que garantice el respeto de los DD. HH. y dé respuesta a la emergencia social, económica y política». En la lectura de la declaración también se dijo que esta se haría llegar a los ministerios competentes del Estado español y a la embajada del Perú en España.
El PSC, filial catalana del PSOE – el partido del presidente Pedro Sánchez- no firmó la declaración
Esta declaración hecha en el Parlamento catalán ha sido elaborada por iniciativa del Colectivo Contra el indulto y la impunidad-Barcelona, que según dice en su página. «[…] hemos trabajado conjuntamente con las y los diputados de ERC, ECP, CUP y JUNTS del Parlament de Catalunya, integrantes de la Comisión de Acción exterior, transparencia y cooperación, para sacar adelante la Declaración Institucional en defensa de las movilizaciones sociales y para el fin de la represión en el Perú».
Recalcan que el PSC, filial del PSOE en Catalunya, no se ha adherido a la declaración. Recordemos que el PSOE es el partido que gobierna España y, ¿para qué hacerse problemas entre Estados, verdad?: «Agradecemos a las y los diputados de ERC, ECP, CUP y JUNTS por el apoyo a nuestro país. Lamentablemente el PSC le ha dado la espalda al pueblo peruano, negándose a aprobar el texto».
El Colectivo Contra el indulto y la impunidad-Barcelona se declara: «Un Colectivo apartidista creado en diciembre de 2017 a raíz del indulto a Fujimori. Grupo diverso de peruanas y peruanos residentes en Barcelona que realizamos acciones de movilización, denuncia y sensibilización de la realidad social y política de nuestro país».
Y en el Congreso español
El 24 de enero, Gerardo Pisarello, diputado español también se pronunció a favor del fin de la represión asesina instaurada por el gobierno de Dina Boluarte. Pisarello, español de origen argentino, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona habló alto y claro ante la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento español.
Pisarello en su intervención condenó los asesinatos cometidos en brutal represión de la protesta, ejercida por los cuerpos de seguridad peruanos, también denostó la intervención de la PNP en la Universidad de San Marcos, denunció la detención arbitraria de casi 200 personas en esa acción, asó como el pedido del gobierno peruano para que fuerzas militares y navales extranjeras acudan en ayudab del actual gobierno.
El diputado también exigió al gobierno de Dina Boluarte que acabe con la persecución de líderes y líderesas campesinas, y que se respete el derecho a la protesta de las y los peruanos, además, expresó: «Me uno a la solicitud de Amnistía Internacional de que el gobierno de España, principal proveedor de armas al Perú, suspenda el envío de material antidisturbios mientras se dilucidan las responsabilidades de los actos cometidos».
Cada día el actual gobierno peruano tiene menos apoyos en la comunidad internacional, hasta el embajador del Papa le ha dicho a Dina Boluarte -en su cara- que los intereses de algunos no pueden pasar por encima del bienestar de todas y todos, sin embargo, todo sigue igual, la represión continúa a todo vapor, la negación de la realidad también. Adelanto de elecciones ya. El Perú no merece seguir siendo víctima de esta dictadura que se mantiene a punta de bala y se alza sobre más de 60 cadáveres.
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