Dina Boluarte, presidenta del Perú y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, han firmado un Decreto Supremo para destinar dinero a pertrechar a la policía a fin que continúe reprimiendo las manifestaciones. También han hecho oficial el anuncio de premiar económicamente a policías y militares. Esto es muestra clara de que la palabra diálogo en boca de este gobierno carece de significado
Texto: Leonor Pérez-Durand/periodista
Más de 22 millones de soles, exactamente: 22′ 905, 298,00 soles, es la suma que el gobierno del Perú entregará al Ministerio del Interior para la compra de material antidisturbios, viáticos y alimentos del personal policial que se encuentran reprimiendo la protesta ciudadana en Perú, con más brutalidad que proporcionalidad.
La cifra fue aprobada vía decreto supremo 010-2023-EF, publicado este viernes 27 de enero en el diario El Peruano. La categoría presupuestaria según el decreto supremo se denomina: «Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden Publico».
Comprar más material antidisturbios significa que el gobierno se prepara para persistir en la represión violenta e ilegal de las y los ciudadanos haciendo caso de los delirios del premier Alberto Otarola, para quien la solución a la actual crisis, que cuenta ya con alrededor de 60 muertos, es aplicar mano dura, tan dura como una piedra; sin embargo, las piedras también se quiebran, la voluntad del pueblo no.
Bonificaciones
Este 27 de enero el Peruano también publicó el Decreto Supremo 011-2023-EF, que aprueba el pago de bonos por «alto riesgo a la vida». Según el artículo 8 del Decreto Legislativo 1132, el bono es para el personal militar de las FF.AA. y policial de la PNP «que desarrolla de forma real y efectiva una labor por la que está expuesto a sufrir diversas contingencias que puedan dañar su vida y/o salud». Este bono lo reciben, sobre todo, militares y policías destacados en zonas de emergencia.
La publicación del pago de bonificaciones a militares y policías en el diario El Peruano se produce luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticase el anuncio del gobierno respecto a esta retribución, realizada en declaraciones a los medios de comunicación.
Aprobar estas bonificaciones es casi indecente pues la actuación de policías y militares ha sido causa de la mayor cantidad de muertos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha establecido el «uso de de armas prohibidas como fusiles AKM, por parte de los agentes del Estado, lo que niega la versión oficial de que “los manifestantes se mataron entre ellos”».
Antes de bonificar se tendría que investigar, hallar a los responsables que apretaron el gatillo y sancionarlos con todo el peso de la ley, pues su propio ordenamiento sólo les permite asesinar a alguien en defensa propia o en protección de alguna persona. Manifestarse, incluso cometiendo actos vandálicos no justifica la supresión de la vida de nadie.
A mayor represión mayor movilización
A estas alturas el gobierno ya debería de saber que cuanto más golpea, gasea y mata; más coraje infunde en la gente que se mantiene en las calles y hace que más ciudadanos de las zonas siempre ninguneadas y racializadas lleguen a Lima, en camión, en bus y hasta caminando; para plantarle cara a la dictadura cívico militar que afrontamos.
«La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares. Al momento de este informe han fallecido 46 civiles como resultado del uso de la fuerza por policías y militares . A ello se suman 9 víctimas más en el contexto de los bloqueos, y un policía fallecido, lo que hace un total de 56 fallecidos, 9 de ellos menores de edad, por la incapacidad del Estado para construir una salida política a la crisis».
Lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, los altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden, incluso ofreciendo bonos dinerarios para premiar su actuación, a través de los medios de comunicación, lo que evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de estado».
50 DÍAS DE REPRESIÓN EN PERÚ:
VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS DURANTE MOVILIZACIONES
«España principal proveedor de armas y material antidisturbios a Perú»
Según Amnistía Internacional, España es el principal proveedor de armas y de equipamiento antidisturbios de Perú, por ello le ha pedido que dada la coyuntura y con alrededor de 41 muertos (los que habían al momento del pedido) «debido a la ilegal represión policial y militar de las manifestaciones», no venda material bélico a Perú.
«Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno de España que suspenda “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío a Perú de material antidisturbios, armas pequeñas, ligeras y munición, pues existe alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la policía peruana podrían usarlas para cometer graves violaciones de los derechos humanos».
Amnistía Internacional
El pedido de Amnistía Internacional se basa en que según afirma: «desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea». A esta afirmación añaden: «Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal». Estas afirmaciones fueron hechas por el director de la entidad en España, Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional ha enviado una carta, pidiendo la suspensión de la exportación de material bélico a Perú, a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, cuyas decisiones son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
«La carta solicita además que, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, se revoquen la autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, y se mantenga esta medida hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza».
Nota publicada por Amnistía Internacional
Habrá que estar muy atentos a los próximos días y ver si España, como país demócrata, integrante de la ONU y de la UE y firmante de la Carta de Derechos Humanos; respeta el Tratado sobre Comercio de Armas y se niega a suministrar el material antidisturbios que el gobierno peruano pretende comprar.
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