De vuelta a los 90 en un «régimen híbrido» con cara de dictadura, en un país donde racismo y clasismo sobran mientras la movilidad social es escasa

Ya hay 27 sentenciados por actos vandálicos cometidos durante las protestas y 22 con prisión preventiva, pero aún no sabemos de ninguna investigación que se esté llevando a cabo para individualizar a los efectivos policiales y del Ejército responsables de los asesinatos de manifestantes, ni para averiguar quién les ha dado la orden de disparar

Texto: Leonor Pérez-Durand/Periodista

¿Terrucos?¿Terrucas? No. Muertas, muertos; heridos, heridas; insultadas, insultados; vejados, vejadas. Tirados por un puente, perseguidas, detenidos, detenidas. Y que asuman todo en paz: que se manifiesten en paz, que reciban las bombas lacrimógenas en paz, que pongan el pecho para el disparo en paz, que se dejen golpear y escupir en paz; porque no tienen derecho ni razón, porque el derecho y la razón son patrimonio de los mestizos limeños «aspiracionales» que siempre han tenido el poder.

Que no se rebelen, que no ensucien Lima con el polvo de sus zapatos; que nadie los alimente, ni los cobije, que no crean que pueden campar a sus anchas en la gran ciudad. Que se vayan, que los boten y que se lleven consigo sus colores, sus acentos y sus lenguas extrañas. Si las y los detienen es porque se lo buscan, para qué protestan pues, para qué son comunistas. Rojos, putos rojos.

Y sí, la protesta debe de ser pacífica, pero me preguntó cuál fue la primera violencia: ¿marchar, llegar a la ciudad para manifestarse, entonar arengas contra el actual régimen, arrojar piedras frente a fusiles AKM y bombas lacrimógenas; o ningunear, vilipendiar, racializar y desde el Estado y las instituciones no haber puesto al mismo nivel las necesidades de todas y todos los Peruanos?

Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022) en Perú «la movilidad social es muy limitada», a esto se suman las desigualdades que han abierto profundas brechas en la sociedad peruana

De vuelta a los 90

El Ministerio del Interior (MININTER) acaba de habilitadar un correo electrónico para delatar a quienes en redes hagan «apología del terrorismo» y con esto se ha desatado oficialmente la cacería de brujas, el terrorismo de Estado, practicado en los 90, cuando la Dirección General Contra el Terrorismo de la PNP (DIRCOTE) dispuso el número telefónico 424242 para a acusar de terrorista a todo mundo. Grupúsculos como la Resistencia e Integridad estarán aplaudiendo hasta con las orejas.

Y todo pasa en un régimen dizque «híbrido»

«Régimen híbrido», así es como The Economist ha clasificado al Perú en su ranking del estado de las democracias en el mundo, pero: ante los asesinatos por parte de la Policía y el Ejército, ante la militarización del país, ante las detenciones arbitrarias, ante la brutal represión de la protesta, criticada por organismos de DD. HH. nacionales e internacionales; lo único que nos queda de democracia es la supuesta independencia de poderes del Estado.

Por otra parte, The Economist, en su última nota sobre la situación del Perú, compra la teoría difundida por Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, respecto a que hay malévolos titiriteros moviendo los hilos de la protesta.

«Grupos de extrema izquierda, mineros ilegales y narcotraficantes las orquestan para forzar la Asamblea Constituyente. Y esto lo dice The Economist el mismo día que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi contradijo las afirmaciones de Boluarte en ese sentido, en entrevista publicada por The New York Times.

Según el diario norteamericano, en sus declaraciones respecto al financiamiento de las protestas por parte de representantes de algún color político o de grupos delincuenciales, Gervasi dijo textualmente: “No tenemos ninguna evidencia” […] “Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”. Es decir, primero acusó y luego encuentro pruebas de la acusación.

¿Injerencia, izquierdismo populista, Hugo Chávez y el demonio?

The Economist, si bien es cierto, afirma que la solución a la actual crisis pasa por un adelanto de elecciones, «al cual no cede la derecha para seguir cobrando sus sueldos», critica que entre las exigencias de las y los manifestantes esté la creación de una Asamblea Constituyente para parir una nueva Constitución: «Es una táctica familiar y lamentable: Hugo Chávez en Venezuela y otros izquierdistas populistas en América Latina han utilizado tales asambleas para ganar el poder absoluto».

También afirma que la intención de la extrema izquierda para la realización de unos comicios donde se asegure la creación de una Asamblea Constituyente «sería un gran error, quizás irrevocable», pues señala que si bien es cierto la constitución peruana necesita una reforma, «su capítulo económico a favor del mercado, que la izquierda quiere revocar, ha sustentado el rápido crecimiento y la reducción de la pobreza de Perú».

The Economist no dice que el crecimiento macroeconómico de las últimas décadas no ha chorreado a todas y todos los peruanos

Si la gente está en las calles pidiendo nueva Constitución es precisamente para reformar el capítulo económico, para abandonar el modelo neoliberal que ha enriquecido a las y los más ricos, para eliminar los contratos ley que entregan la explotación de nuestros recursos durante 30 años a empresas nacionales y trasnacionales que se han dedicado a sacar el máximo provecho a recursos que deberían beneficiar a todas y todos.

Respecto al crecimiento económico y la reducción de la pobreza que cita el diario, en Perú el crecimiento macro no ha chorreado a las familias más vulnerables. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022) «la movilidad social es muy limitada», lo cual significa que el que nace pobre, generalmente lo seguirá siendo el resto de su vida y esto tiene que ver con la falta de educación y salud públicas de calidad y con la corrupción.

Tenemos un país con una realidad diversamente compleja. Un país racista y clasista, donde lo aspiracional es la regla, donde muchas y muchos se creen por encima de las y los demás, en función de los apellidos que les tocaron en suerte y el momento actual es un punto de quiebre. Las y los indígenas del país, las y los ningunos, las y los racializados, las y los desclasados y descastados, las y los más olvidados de la escala social existen y reclaman su derecho a una vida digna y feliz.

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