Trabajadoras sexuales denuncian a efectivo policial: «Nos amenazó con descuartizarnos» [Vídeo]

Texto: Leonor Pérez-Durand/Periodista

Que efectivos de la Policía Nacional del Perú participan de las amenazas y cobro de cupos a trabajadoras sexuales es un rumor que cada día cobra más fuerza, las afectadas hace mucho que lo dicen. teleoLeo.com ha podido acceder a la denuncia interpuesta por dos trabajadoras sexuales contra un agente, este 24 de febrero. Según ellas fueron amenazadas y no es la primera vez.

Las trabajadoras, dos mujeres trans, se encontraban en el centro de Lima y explican que un hombre que circulaba en una moto sin placa las amenazó con que si seguían trabajando en la zona las descuartizaría. Dicen que el hombre dio un par de vueltas al lugar y volvió a amenazarlas.

La segunda vez que el hombre volvió a amenazarlas pudieron grabarlo y pedir ayuda a una unidad motorizada de policías. En ese momento el hombre fue intervenido, pero negó lo que decían las trabajadoras y se identificó como el S3 PNP Alberto Miranda Joel Anderson. «En un descuido de la policía el tipo se dio a la fuga, en ese momento apareció otro conductor con otra moto sin placa, habló con los policías y se fue», manifestó una de las denunciantes en su declaración.

Vídeo grabado por las trabajadoras sexuales que denuncian haber sido amenazadas por el PNP Alberto Miranda Joel Anderson

En las imágenes grabadas por las trabajadoras se puede ver como uno de los policías aparta a Alberto Miranda, el PNP denunciado, para hablar con él sin que las mujeres puedan grabar la conversación. Luego de que el policía se dio a la fuga, las mujeres fueron llevadas a la comisaría para presentar denuncia, en ese momento Miranda se hizo presente, previo cambio de ropa y volviendo a negar haber amenazado a nadie. Según dijo a los policías el sólo había ido a ver a las trabajadoras sexuales.

Según explicó Angela Villón, del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, a teleoLeo.com, fueron 5 los efectivos que intervinieron a Medina y aún así se pudo escapar con sus pertenencias, una mochila que la policía no le revisó al detenerlo. «El que intervino al tipo era el S2 PNP Kenny Víctor Medina Lanchipa, quien dijo que eran de Ate Vitarte y aunque las mujeres, sospechando que iba armado, le pedían que revise a Miranda , no lo hizo, al contrario, lo dejaron escapar para que luego apareciera en la comisaría por su propio pie y habiéndose cambiado de ropa».

Villón y las denunciantes también señalan que en la denuncia policial los efectivos no quisieron poner sus declaraciones tal como ellas las referían, por el contrario afirman que pusieron las cosas a favor del efectivo que las amenazó y, además, las increpaban por haber grabado su intervención: «Les decían que habían estado transmitiendo en vivo a las redes y que estaban desinformando sobre la intervención», señala Villón.

La denuncia ha sido presentada ante Inspectoría de la PNP para su investigación.

Ya en la comisaria una de las agraviadas explica que le reclamó al policía Medina por no revisar al sospechoso y este le habría respondido: «No lo revisé porque es mi amigo». «Esto no es de ahora, es de siempre, tenemos que lidiar con las mafias de extorsión, cobro de cupos y sicariato y también con las mafias de los malos policías que vienen a amenazarnos para también cobrarnos cupos», concluye Villón.

Según un comunicado de la oficina regional de Onusida, con sede en Panamá, en lo que va del año 2023, más de diez mujeres trans y cisgénero han sido asesinadas en Perú, todas «en ataques relacionados con el cobro de cuotas de trabajo sexual por parte de mafias de proxenetas». Onusida también ha señalado que tanto en Perú como en otros países de la región, todas las trabajadoras sexuales «son víctimas de discriminación, acoso y son criminalizadas por parte de diferentes autoridades, a pesar de que el trabajo sexual no está criminalizado».

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Estigma

Normalmente las denuncias de las trabajadoras sexuales no son registradas, así lo han manifestado varias de ellas a teleoLeo.com y es que son un colectivo estigmatizado por instituciones como la policía o la justicia, es más, muchas son intervenidas ilegalmente cuando están trabajando, cuando según el Código Penal la prostitución no es delito, sí lo es el proxenetismo.

Esperemos que se haga justicia y que esta denuncia sirva para que el Ministerio del Interior ordene una investigación seria y contundente para encontrar y castigar a los efectivos responsables de cometer estos graves delitos y que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo de manera célere y efectiva. Hay vidas en juego.

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