7:13 minutos, es el tiempo que dura el pedido de Ana, es así como desde teleoLeo.com la hemos identificado. Ana esta harta de ser amenazada y extorsionada por las mafias que cobran cupos a punta de bala a las trabajadoras sexuales cis y trans en el Perú
«No nos ayuda nadie, la policía también está metida en el negocio de estos malditos. En la zona en la que yo estoy hay un policía que va y nos dice que mejor paguemos para que no nos pase nada. No deberían de ser así, tienen madre, hermanas, sobrinas, no es justo».
Ana tiene 50 años de edad y sigue trabajando en las calles del distrito de La Victoria, en Lima, porque eses es su sustento. Ana no tiene estudios, no tiene dinero para comenzar ningún emprendimiento, el Estado tampoco no ha creado algún programa para que las mujeres que quieran dejar de ejercer el trabajo sexual puedan hacerlo y por su edad le es complicado encontrar trabajo.
«Yo no puedo dejar de estar en la calle, porque si no, qué como, cómo vivo».
A Ana ya la han encañonado con un arma en dos oportunidades, pero ni por eso puede pensar en dejar la calle. La primera vez le dijeron que si no comenzaba a pagar la matarían y que ni se le ocurriese dejar de ir a trabajar porque sabían donde vivía y la irían a buscar.
«La segunda vez me dijeron que me deje de tonterías y les pague ya porque si no en 24 horas me mataban. Y tuve que pagar, pero me duele, porque soy yo la que trabaja y ellos se llevan mi plata, yo con las justas gano para mantenerme», dice indignada.
Ana ya paga, pero constantemente recibe recordatorios de lo que le pasaría si no ingresa los 40 soles diarios que le exigen. «Yo pago, pero hay chicas que no quieren pagar y si no lo hacen esta semana las matan, así nos ha dicho la pareja del sicario que se mueve en nuestra zona».
En un rapto de desesperación Ana dice que algunas de sus compañeras ha intentado suicidarse porque no pueden más con esta situación, «una de las chicas, a la que han amenazado con matar si no paga esta semana, dice que ella prefiere matarse a pagar».
Ana confiesa que ella misma no aguanta más y si todo sigue igual prefiere desaparecer: «Yo no puedo más, prefiero matarme, porque no importa si un día no he hecho nada, igual tengo que ingresarle al sicario sus 40 soles, en mi zona somos como 50 mujeres, imagínese todo lo que gana y quieren más y más».
7:13 minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de Ana y de sus compañeras
Lento avance de la denuncia
Por las amenazas a mano armada Ana presentó denuncia ante la policía el día 6 de febrero, teleoLeo.com publicó un nota al respecto y se comunicó con la fiscal a cargo del caso y ante la gravedad del mismo es incomprensible que recién este 18 de febrero la fiscalía haya dispuesto la apertura de diligencias preliminares en sede policial.
La notificación fiscal califica las amenazas sufridas por Ana como delito de extorsión agravada, condenada con entre 15 y 25 años de prisión, según el artículo 200 del Código Penal. La investigación preliminar contempla el pedido a OSIPTEL para ubicar al o a los propietarios de los números de teléfono desde donde Ana ha sido y es constantemente amenazada.
Artículo 200.- Extorsión
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:
a) A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.
b) Participando dos o más personas
Reserva y protección
Además de las diligencias de investigación, la fiscalía ha dictaminado mantener la identidad de Ana en reservada, integrándola al programa de asistencia de víctimas y testigos, con lo cual también le ha otorgado las medidas de protección correspondientes, así como, atención integral que comprende asistencia legal, psicológica y social.
Desde teleoLeo.com seguiremos el caso de Ana con especial atención por el peligro que le comporta haberse decidido a denunciar formalmente lo que muchas de las trabajadoras sexuales cis y trans sufren en Perú. La justicia tienen que llegar hasta el final y estaremos pendientes de que así lo haga.
El Perú ostenta cifras alarmantes de homicidios, desapariciones y secuestros de trabajadoras sexuales. Solo este año se reportaron 11 asesinatos a trabajadoras sexuales, aparentemente relacionados con el cobro de cupos y una mujer trans permanece desaparecida.
Por otro lado es crucial tomar acción para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las trabajadoras sexuales. Para ello se requiere considerar la identidad de género y la nacionalidad de las víctimas con el fin de desenmascarar posibles motivos discriminatorios. La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República son las entidades competentes para liderar estos esfuerzos.
Acción por la vida y derechos de las mujeres (ONU)
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