El trato que se da a las y los migrantes también fue tema del EPU, el Examen Periódico Universal de la ONU realizado en febrero pasado. Cada año millones de personas migran a causa de guerras, miseria, situaciones políticas e, incluso, de cuestiones climáticas; y su condición de migrantes no debe significar perdida de dignidad
Texto: Leonor Pérez-Durand/ Periodista
El EPU, en donde cada 4 años y medio se evalúa la situación de los derechos humanos de los países integrantes de la ONU, por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Perú fue evaluado y, claramente, leyendo las conclusiones de los 62 Estados que le presentaron sus recomendaciones: reprobó el examen.
Uno de los temas sobre los cuales el Perú recibió sugerencias fue en el de la migración donde le recomendaron la adopción de medidas para real acceso a servicios de salud y educación de personas en movilidad humana, es decir, mejoras en la atención de las necesidades de personas inmigradas. Y es que las y los migrantes en Perú enfrentan problemas para regularizar su situación documental y esa situación las y los deja en posición extremadamente vulnerable, sobre todo, a quienes han migrado al Perú por precariedad económica y a las mujeres.
Según el Informe anual de resultados 2021 del trabajo de la ONU en el Perú, en ese periodo nuestro país era «el segundo país receptor de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela: más de un millón (y hasta 1.4 millones según algunas declaraciones oficiales). Asimismo, con más de 500,000, las y los venezolanos son la segunda nacionalidad con más solicitudes de condición de refugio en todo el mundo».
Pero las personas venezolanas no son las únicas migrantes en Perú, sin embargo, al haber llegado en masa, debido a la hégira por las condiciones políticas y sociales de su país, se han convertido en un problema social y por ello la ONU otorga a Perú ayudas económicas que sirven para hacer seminarios e informes sobre su situación, pero no están siendo invertidos en real ayuda para ellas y ellos, con lo cual están cayendo en actividades ilícitas que provocan la repulsa de las y los peruanos.
Residencia, sólo al alcance algunas y algunos
Para obtener la residencia en Perú se puede hacer como inversionista, trabajador o ministro religioso y esto da derecho a tres años de residencia, también se puede acceder a través de una visa Mercosur, aplicable para los nacionales de los países integrantes del convenio, que si optan a la residencia permanente deben demostrar solvencia económica. También se puede obtener residencia a través de pareja peruana.
¿Y qué pasa con las y los inmigrantes sin recursos económicos?
Obtener la residencia por ser pareja de persona peruana es arma de doble filo, pues si la pareja se separa, la persona extranjera sin recursos económicos no podrá renovar su residencia por ella misma, incluso si tiene hijos peruanos; por ello muchas mujeres migrantes se ven obligadas a continuar con sus agresores para no ser expulsadas del país y perder contacto con sus hijos, a quienes no se pueden llevar porque podrían ser denunciadas por sustracción internacional de menores.
Al respecto, el colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas durante mucho tiempo ha hecho campaña pidiendo que las mujeres extranjeras que se separan de sus parejas y que tienen hijos con ellos, puedan obtener residencia y nacionalidad sin necesidad del aval de la expareja, máxime si el motivo de la separación es la violencia sufrida durante la relación y la gracia les ha sido concedida, pero con tremenda y revictimizante trampa.
Este 15 de febrero el diario oficial El Peruano publicó la Ley 31685 que incorpora el numeral 11.3 al artículo 11 del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones. La incorporación, dice la ley, tiene como objetivo «garantizar protección a las mujeres migrantes con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad».
Ley 31685“Artículo 11.- Personas extranjeras en situación de vulnerabilidad
11.3 Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, no expulsa ni obliga la salida del territorio a la mujer migrante con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad.
Y he ahí la trampa, considerar que la víctima de maltrato pueda ser responsable de su situación de vulnerabilidad, deberíamos preguntarle al legislador: ¿cuándo una mujer es responsable de la violencia familiar o sexual que vive? Así que el numeral añadido al artículo 11 es un mero saludo a la bandera y el pretexto para decir que se protege a las mujeres migrantes, cuando no existe voluntad real de hacerlo, pues se pone en tela de juicio su comportamiento para darle amparo.
Nacionalidad sólo por matrimonio o abultada billetera
Para obtener la nacionalidad peruana está la vía del matrimonio con persona peruana o demostrar ingresos mínimos de 10 UIT, es decir, S/ 49,500.00, al año, lo cual significa un sueldo promedio de 4,125.00 soles, en un país donde el sueldo mínimo, según la subida de sueldos de mayo de 2022, es de S/ 1,025. Esto también afecta en su mayoría a las mujeres pues las que se dedican al cuidado de hijas e hijos carecen de ingresos.
A esto es suma la ley 31689 que también modifica artículos del DL 1350 para impedir que las y los extranjeros indocumentados puedan alquilar vivienda y obliga a las personas arrendatarias a que las y los denuncien ante la Superintendencia Nacional de Migraciones
Migrantes en manifestaciones, no, no y no
Esta ley también limitaría la participación de inmigrantes en protestas y manifestaciones pues señala que es deber de los extranjeros respetar el marco normativo vigente, así como el orden público y la seguridad ciudadana. Si las y los peruanos están siendo terruqueados por sacar su descontento a la calle, esta ley estaría avalando que cualquier persona extranjera que participe en una marcha o acto en contra del gobierno, como a los que asistimos por estos días, puedan ser expulsados del país.
Migración venezolana
En los últimos años Perú ha vivido la migración masiva de ciudadanas y ciudadanos venezolanos. El informe «La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes de nacionalidad venezolana en el Perú», publicado en 2022 por la Defensoria del Pueblo asegura que 793, 169 ciudadanos venezolanos han ingresado al país; de ellas y ellos, 156, 713 son menores de 18 años de edad. Las y los menores de edad son especialmente vulnerables, pues en muchos casos carecen de autorizaciones de viaje por parte de sus progenitores y/o representante legal, con lo cual también sufren la falta de regularización documental, viéndose dificultado su acceso a servicios como educación y salud, ambos vitales para su desarrollo.
Y aunque el estatus de las y los venezolanos que han abandonado su país es el de refugiados -según la Declaración de Cartagena- «pues han migrado debido a la emergencia humanitaria y de las masivas violaciones de derechos humanos» este no se respeta, señala Amnistía Internacional. Según «estimaciones publicadas entre 2021 y 2022 en Colombia, Perú y Ecuador, principales países de recepción de esta población, más del 50% de las personas venezolanas no contaba con un estatus regular».
Según las aportaciones de Amnistía Internacional al Informe del Relator Especial de la ONU sobre DD.HH., en el marco del EPU realizado este mes de febrero, respecto al tema de la posibilidad de diversificar los mecanismos de regularización de inmigrantes en Perú, a diciembre de 2022, la Superintencia Nacional de Migraciones había otorgado 153,753 Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que reemplazo al Carnet de Permiso Temporal de Permanencia del cual se entregaron 233,411.
Amnistía Internacional señala que Perú tiene un sistema migratorio muy complejo «por la multiplicidad de permisos y calidades migratorias que contempla»
Desde el 2020 las personas extranjeras pueden solicitar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que vino a reemplazar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Para mayo de 2022, la Superintendencia Nacional de Migraciones había otorgado 153,753 PTP y 233,411 CPP para diciembre de 2022.
El CPP tiene ahora una vigencia de dos años y no es renovable. después de este permiso, las personas migrantes deben tramitar otro tipo de permiso. «Además, existen varias otras calidades migratorias de residencia que pueden solicitar en función de su situación». Sin embargo, Amnistía Internacional señala que Perú tiene un sistema migratorio muy complejo por la multiplicidad de permisos y calidades migratorias que contempla.
Complejidad que dificulta la labor tanto de las y los funcionarios, como que las personas migrantes puedan informarse de las opciones a su alcance. «Amnistía Internacional destaca la existencia de la calidad migratoria especial por vulnerabilidad, a la cual pueden aplicar por ejemplo las mujeres sobrevivientes de violencia de género».
Sin embargo, según Amnistía Internacional, además de la nueva consideración del DL 1350, según la cual las mujeres deben demostrar no ser causantes de la vulnerabilidad en la que se encuentran, existen una serie de obstáculos que también limitan su aplicación efectiva,
- La duración del proceso de tramitación
- La discrecionalidad de las autoridades respecto de la exigencia o no de denuncia penal para iniciar el trámite
- El desconocimiento del personal que atiende a las mujeres respecto de esta calidad
- La necesidad de someterse a evaluaciones periódicas acreditando que se mantiene la vulnerabilidad, que pueden resultar revictimizantes
Así que, la vulnerabilidad no es exclusiva de las y los inmigrantes venezolanos
Si bien es cierto, las personas venezolanas debido a las circunstancias particulares de su país están sufriendo las inclemencias del éxodo que han emprendido, en Perú la situación de las y los migrantes maś vulnerables de otras nacionalidades también es preocupante, pues a la burocracia en los trámites se suma la corrupción que atraviesan las instituciones públicas y el autoritarismo e ignorancia en la aplicación de las normas por parte del funcionariado. No olvidar tampoco, la xenofobia, el machismo y las misoginia, lacras de las cuales no está exento el sistema.
Esta nota es parte del Dossier que teleoLeo.com está elaborado sobre las recomendaciones hechas a Perú por 62 países durante el #EPU42
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