Esta nota no es defensa del presidente ruso, las y los menores de edad deben estar con su familia a menos que se demuestre el grave riesgo que corren a su lado. Esta nota sí es denuncia a la falta de fiscalización y sanción cuando son los países de la UE los que tutelan niñas y niños sin respetar las leyes y convenios internacionales en la materia
Texto, investigación y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand/ Periodista
Dictar orden de captura contra Vladimir Putin sería un acto de una gran inutilidad e hipocresía. La orden emitida por estos días por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) por crímenes de guerra contra Ucrania, debido al traslado a Rusia de más de 16.000 niñas y niños ucranianos, podría ser sólo un acto de demostración de fuerza en una guerra que se está intentando ganar en todos los frentes, también en el del relato.
Desafiando la orden internacional este fin de semana Putin estuvo en Mariúpol, ciudad ucraniana de la región ocupada del Donetsk y este lunes y martes se reunió en Rusia con el presidente chino Xi Jinping, a quien llamó su amigo y fue correspondido con el mismo aprecio. Recordemos además que Rusia, Estados Unidos y China no reconocen jurisdicción a la CPI; lo irónico es que si un día Putin se hiciese amigo de USA podría aterrizar en ese país sin ningún problema.
Ahora bien, si la orden internacional de captura emitida contra Putin no es sólo un gesto político, si no realmente un acto de justicia, estaríamos ante un hecho que miles de familias esperan desde hace mucho alrededor de toda Europa: que la justicia europea se ocupe de una buena vez de la protección de las y los menores de edad y vele porque no sean desarraigados de su medio familiar ni de su cultura, tal y como lo estipula la Convención de los Derechos del Niño.
Los niños no serán separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades competentes, sujetas a revisión judicial, determinen que esto es necesario para el interés superior del niño
Artículo 9 Convención de los derechos del niño
Es necesario aclarar que las y los menores de edad ucranianos trasladados provienen de instituciones ubicadas en los territorios ocupados por Rusia desde 2014, por tanto, son descendientes de familias filo rusas o directamente rusas colocadas en el territorio para afianzar su ocupación y han sido criados en su idioma y sus costumbres.
También han sido traslados niñas y niños de territorios ocupados desde febrero de 2022 quienes tendrían progenitores o familia en Ucrania, con derecho a recuperarlos, pero no sólo de manos de Rusia: familias de refugiados de esta guerra llegados a países como España, Bélgica, Francia, Austria, Alemania o Portugal; también han perdido a sus criaturas que les han sido tuteladas so pretexto de protegerlos de la precariedad.
Unos son separados de sus padres o su tierra por el Ejército y otros por la administración o la justicia
Mientras el gobierno de Vladimir Putin se ha llevado menores de edad y los ha dado o planea dar en adopción, cosa que no debe hacer pues pueden tener familia en Ucrania; en el resto de Europa, incumpliendo el Convenio de La Haya de 1996, referente a la tutela internacional de menores de edad y Bruselas II bis, mecanismo sobre el mismo tema para los países de la UE, miles de menores de edad están siendo tutelados y dados en adopción ilegalmente.
Putin, pero no sólo Putin
Desde el inicio de la guerra las y los ucranianos intentando proteger a sus criaturas se desplazaron hasta la frontera con Polonia para trasladarse a cualquier país europeo en busca de refugio. España organizó caravanas para ayudar al desplazamiento, una de ellas evacuó a 87 niñas, niños y adolescentes de un orfanato, es decir, menores de edad tutelados directamente por el gobierno ucraniano.
La caravana llegó a Castilla y León en abril de 2022 acompañada de la tutora designada por el orfanato. En julio de 2022, setenta y siete de estas chicas y chicos -los que aún eran menores de edad- fueron declarados en desamparo y tutelados por la administración española. Entre las razones que la administración que Castilla y León dio para tutelarlos fue que no tenían tutor legal, lo cual no era cierto, porque ellos estaban directamente tutelados por la administración de su país.
Consultada la cónsul ucraniana, por teleoLeo.com para una nota donde denuncié este tutela irregular en exclusiva, declaró que si España había procedido de esa manera seguro era por el bien de las niñas y niños, y que Ucrania seguía teniendo su tutela legal; sin embargo, en la resolución de desamparo la administración española claramente se arrogaba la tutela y patria potestad de estos menores de edad quienes continúan tutelados en un centro de protección en Valladolid.
Y este no fue el único caso de niñas y niños refugiados ucranianos que han sido tutelados por los servicios sociales españoles sin tener jurisdicción para hacerlo
Yuri de 7 años de edad llego a España con su familia y fue separado de sus padres porque, según la resolución de desamparo: «[…] la madre realiza amenazas verbales y gestos intimidatorios[…]». «La barrera idiomática dificulta conocer el contenido exacto del mensaje, no obstante es perceptible la repercusión que tiene sobre el menor, mostrando estado de alerta permanente».
Que levanté la mano la primera madre o padre que nunca ha gritado a sus retoños: ¿pero subir los decibelios denota que somos un riesgo para nuestras criaturas? Otra vez: que levante la mano el progenitor que no ha «amenazado» nunca a su prole con, por ejemplo, no ver la tele o dejarle sin aparatitos electrónicos. Y si en el caso de Yuri, «el idioma era una barrera», cómo sabían si la supuesta «amenaza» de la madre meritaba separar al niño de sus padres. teleoLeo.com también denunció este caso.
A Antonina la convencieron para firmar una guarda voluntaria de su hija y terminaron tutelándola a ella y a su bebé recién nacido
En diciembre de 2021, dos meses antes de que estallase el conflicto, Antonina mujer ucraniana de 23 años de edad llegó a Valencia, España, con su hija de casi años de edad y embarazada de 33 semanas; ella huía de la guerra que ya se avizoraba, sin embargo, se vio envuelta en otra, en la que la metió la Conselleria de Políticas Inclusivas valenciana que tuteló a su hija y a su hijo por nacer, por su «precaria situación económica y estar en situación de calle», cuando -por ley- la pobreza no es motivo para separar una familia.
Antonina tuvo que esconderse y vivir un tiempo en la clandestinidad para que no le arrancasen a su bebé. Tras la denuncia publicada en un diario valenciano ella recuperó la tutela del recién nacido, sin embargo, su niña siguió en manos de la comunidad y sólo podía verla cada dos días.
¿Protección o negocio?
Cada vez que los servicios sociales europeos tutelan a un o una menor de edad, la administración territorial recibe una cantidad de dinero que se supone es para la manutención y cuidado de las y los tutelados. En España esa cantidad puede ir de 4 a 9 mil euros por niña o niño al mes. Así que cuantos más se tutelan, mas dinero para la administración.
El pago de estas atractivas cantidades ha hecho que tutelar menores de edad se haya convertido en un negocio lucrativo, porque, además, los centros donde los ingresan no son hoteles 5 estrellas; tampoco es que se les dé todo lo que necesitan, porque visten con ropa usada y los que requieren terapias o educadores especiales no siempre las reciben.
Incumplimiento de convenios internacionales
La administración en general, tal y como lo he comprobado en los casos sobre tutelas con elemento internacional sobre los que he dado cuenta, incumple el artículo 37 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que obliga a notificar a los consulados correspondientes si una o uno de sus nacionales es tutelado.
El incumplimiento del artículo 37 genera el desarraigo de las y los menores de edad y la imposibilidad de aplicar los convenios internacionales sobre tutela de menores de edad. En caso de riesgo flagrante, la administración puede separar a niñas, niños y adolescentes extranjeros de sus progenitores o de quien tengan su tutela, pero el caso ha de ser comunicado de inmediato a su país de origen o el de sus padres a fin de averiguar si allí tiene familia extensa que lo pueda acoger.
Hace dos años publiqué una nota exponiendo que Reino Unido, siendo aún parte de la UE, habría tutelado y dado en adopción a por lo menos 100 niños polacos sin comunicarlo a las autoridades de ese país, lo mismo habría hecho con niñas y niños de otras nacionalidades. Quien reveló esto y lo llevó hasta la Corte Suprema de Inglaterra fue Joanna Pachwicewicz, experta en derecho privado de familia que se interesó en el tema porque ella misma es polaca y le indignó ver lo que estaba pasando en UK con sus compatriotas.
Cuando Pachwicewicz presentó ante la autoridad polaca competente todos los expedientes que reunió para su denuncia, Polonia emitió un decreto según el cual permitía que los países donde residían los menores de edad fuesen autónomos para decidir sobre sus tutelas e incluso, bajo su único criterio, darlos en adopción. ¿A esto cómo le llamaríamos? ¿La CPI también condenará a Polonia por entregar a sus niñas y niños a manos extranjeras sin mayor recaudo?
Refugiados revictimizados
En Europa tampoco se estaría respetando el estatus de refugiado, ejemplo de esto son las 77 niñas y niños tutelados por la comunidad de Castilla y León en España, pero no sólo en España, ni sólo ucranianos. En Reino Unido, a una refugiada afgana la separaron de sus 5 hijos: uno de los pequeños cayó por las escaleras, la madre lo llevó al centro de salud para que lo revisen y, aduciendo negligencia, los servicios sociales le quitaron a los 3 hijos que tenía en ese momento. Posteriormente tuvo otros dos niños de los que también la privaron.
Carne de tutela: hijos de madres y familias vulnerables, y más vulnerables si son inmigrantes
En Bélgica hace 10 años Maria Torres, mujer venezolana, perdió la custodia de sus 5 hijos, la razón: una denuncia interpuesta en su contra por su esposo del cual se estaba separando por malos tratos. Los hijos de María han sido dados en adopción y en este caso el consulado venezolano tampoco fue avisado por la administración belga.
A comienzos de este año María junto con otras mujeres salieron en caminata forzada desde Bélgica con destino a la Corte de La Haya, en Holanda -la misma que ha dado orden de captura contra el presidente ruso- para presentar su caso y el de otras mujeres también separadas de sus hijos; tras una semana caminando en pleno invierno europeo, bajo lluvia y frío, no fueron recibidas y les dijeron que deben enviar sus documentos por correo físico o email.
Y el problema no es sólo que el país que tutela no cumpla con dar aviso a las autoridades del país de origen de las y los menores de edad o de sus padres, si no que, además, en la mayoría de casos, cuando los progenitores piden ayuda a sus consulados estos no responden a la altura. En España: Argentina, Marruecos y Holanda son ejemplo.
Argentina
En 2022 los servicios sociales de Valencia tutelaron 3 niños argentinos que no tenían ni un año de residencia en España, ellos y sus padres llegaron a este país como parte del programa «Pueblos Vaciados», que pretende repoblar territorios abandonados, pero dejaron el programa pues la casa que les daban no era habitable.
Enzo y Luciana también solicitaban asilo político y cuando se les acabó el dinero y sin empleo terminaron en un centro para refugiados, allí perdieron la tutela de sus hijos de manera provisional. Aconsejados por Joanna Pachwicewicz, la pareja recurrió al consulado argentino para solicitar su intervención en aplicación del Convenio de La Haya.
Ante la insistencia de los padres y familiares en Argentina, el cónsul pidió información a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pero se la negaron por «protección de datos»; el cónsul tuvo que presentarse en persona en la consejería valenciana para enterarse de la situación, allí le dijeron, «que si decidían darlos en adopción le avisarían». Y allí terminó la intervención consular, asegura la madre de los niños.
Según la resolución por la cual desamparan a estos pequeños, los padres los tenían encerrados, no tenían higiene adecuada y tenían ordenadores que no se podían permitir, lo que no tomaron en cuenta es que los niños tenían discapacidades que les impiden llevar vida normal y que el padre es publicista de profesión y los ordenadores eran su equipo de trabajo.
Finalmente los niños han sido devueltos a sus padres y en la resolución de fin de desamparo se justifica el haberlos tutelado porque el Convenio de La Haya 1996 dice que ante grave riesgo procede que la administración se haga cargo y eso es cierto, sin embargo, son las autoridades del país de origen el foro más conveniente para tomar decisiones drásticas sobre la situación legal de cualquier menor de edad. Encima, en este caso, Argentina seguía siendo el país de residencia habitual de estos niños pues en España no llevaban ni un año al momento de ser tutelados.
Entrevista que teleoLeo.com realizo a Enzo y Lucía cuando reclamaban que sus hijos les sean devueltos
Marruecos
El 9 de agosto de 2022 una bebé de padres magrebíes nació en Barcelona, 7 meses después no ha pasado un sólo día en casa, en cuanto nació, la administración catalana la declaró en desamparo aduciendo que la madre había sido víctima de violencia de género por su anterior pareja, que no había recibido tratamiento psicológico y necesitaba ayuda psiquiátrica; además, que no había acudido a todos los controles prenatales, y que su actual pareja y padre de su hija consumía cannabis.
Luego de haberles retirado a la bebé y de que los padres dijesen que todo lo señalado en su expediente era mentira, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) pidió a los padres una serie de documentos para desmontar sus propias afirmaciones, cuando investigar era el paso previo a retirar la tutela de la pequeña. La pareja recurrió a su consulado para pedir ayuda, sin embargo, les dijeron que estaban en España y España decidía.
Holanda
Holanda tampoco reclamó a uno de sus nacionales cuando en julio de 2022 los servicios sociales de Zaragoza, provincia de la comunidad autónoma de Aragón, tutelaron a Lucca, niño holandés de 11 años de edad al que separaron de su familia porque no asistía a la escuela, los padres dijeron que hacía homeschooling, pero no les creyeron. El 12 de julio trabajadores de los servicios sociales y una patrulla policial llegaron, muy temprano por la mañana a casa de Lucca y se lo llevaron.
La familia desesperada no entendía nada, porque ni siquiera fueron notificados en su idioma, tal y como lo estipula el Convenio de Viena, y en este caso también gracias a la intervención de Pachwicewicz y a su tenacidad, en un mes, Lucca volvió al lado de sus padres, pero ya había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un adolescente tutelado en el mismo centro.
Al dovelver a Lucca, los servicios sociales dijeron a los padres que debían irse de España de inmediato, obligándolos así a dejar las hectáreas de terreno que tenían en propiedad, donde alquilaban caravanas o espacio para turistas que quisieran disfrutar de la vida rural, propiedad que a día de hoy ha sido saqueada varias veces porque ellos ni siquiera pudieron alquilarla o dejar al cuidado de alguien antes de marchar. En este caso, el consulado holandés tampoco fue notificado por la administración española y cuando los padres solicitaron su ayuda, no se la dieron.
Y Rusia sí reclamó
Estos son sólo algunos de los casos de tutelas con elemento internacional sobre los que he escrito y, en todos, los consulados han tenido una actuación, más bien, pobre en la defensa de sus niñas y niños; sin embargo, el gran demonio de la humanidad, el malo entre los malos, Rusia, sí que le plantó cara a España y en diciembre pasado recuperó la tutela de dos de sus niñas.
Las pequeñas fueron tuteladas porque el colegio donde estaban denunció que estaban en riesgo. Según le escuela que las niñas tuviesen cuenta en Instagram era peligroso, además el padre había sido denunciado por tocamientos indebidos a una de ellas, también afirmaron que la madre las exponía a diferentes hombres que entraban en su casa y además, creían que se podría tratar de niñas ucranianas raptadas por una rusa.
En este caso, avisado el consulado ruso en Barcelona, ciudad donde vivían las niñas, pidió información a la DGAIA y le comunicó que en Rusia las niñas tenían a familia materna que podía hacerse cargo de ellas. En diciembre de 2022 la DGAIA, a través de resolución, dio por finalizado el desamparo y en cumplimiento del Convenio de La Haya dio la tutela de las niñas a su abuela en Rusia.
Sin respuesta ni del Parlamento Europeo ni del Tribunal de La Haya
A finales del año pasado Teodoro González, de la Congregación Católica Fe y Esperanza, fue al Parlamento Europeo y a la Corte de La Haya para denunciar que debido al funcionamiento del sistema de tutelas en España más de 60 mil menores de edad nacionales extranjeros se encuentran tutelados por el Estado. Y es que en este país los servicios sociales actúan como autoridad y pueden retirar menores de edad de sus hogares si consideran que se encuentran en riesgo, sin mediar decisión judicial al respecto.
En ambos lugares recogieron la denuncia de Gónzalez Conde, pero aún no le dan respuesta. La Asociación Nacional del menor tutelado, de Andalucía, también acudió al Parlamento Europeo, en diciembre del año pasado, allí fueron escuchados y recién hace unos días les han contestado que en cuanto tengan un respuesta para ‘responder’, sobre los casos presentados, se la comunicarán.
Denuncia para unos, pero no para todos
La Europa defensora de los Derechos Humanos conoce la problemática de la tutela de menores en los países que la integran, pero hasta ahora no ha denunciado, perseguido y/o condenado a ningún gobierno ni gobernante por esto. En septiembre de 2022 el Parlamento Europeo emitió un informe sobre la prostitución de niñas tuteladas por la administración de Mallorca, en España, y pidió «que las menores de edad sean objeto de la mayor atención posible para protegerlas de los abusadores», pero no condenó a nadie por esto.
Todo esto reafirmaría que la orden de captura contra Vladimir Putin podrías ser sólo un acto de cara a la galería, porque lo de tutelar menores de edad y darlos en acogimiento o adopción de manera irregular se da a lo largo y ancho del continente. Trasladar a niñas, niños y adolescentes ucranianos y darlos en adopción es delito, sí, pero no es sólo Putin y esta práctica no ha comenzado con la guerra de Rusia contra Ucrania.
Si la UE, en verdad, quiere proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir con su familia y a ser educados en su cultura, tal y como lo estipula de Convención de los Derechos del Niño, debe someter a revisión y fiscalización el sistema de tutelas europeo y debe condenar las malas prácticas permitidas por los Estados. De no hacerlo sólo se confirma que la orden contra Putin es un acto de absoluta venganza política y no de justicia y protección hacia las y los menores de edad.
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