En esta segunda nota sobre la tutela de 4 niños búlgaros, por parte de la administración española, denunciamos el incumplimiento de la «Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia», según la cual, la violencia de género no es motivo para separar a una madre de sus hijos, en este caso lo ha sido y en muchos otros, también lo es
Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand, periodista especialista en violencia de género y violencia institucional
Historia de un desamparo: ¿Protección o desprotección de niñas, niños y adolescentes?
Galina y Ángel, ambos búlgaros, llegaron a España en 2010 con sus 3 hijos y tras una breve intervención del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) retornaron a su país. En 2012 la pareja volvió a España, esta vez con 4 hijos y se instalaron en casa de la abuela paterna, pero como la convivencia no era buena se mudaron y el ETF volvió a sus vidas y retomó el seguimiento de su familia en supuesta protección de sus hijos.
El ETF, está conformado por un psicólogo, un trabajador social y un educador y se encargan de aplicar el programa creado para dar apoyo a las familias que se encuentran en riesgo y cuya situación puede afectar directa o indirectamente el bienestar de los menores de edad y dependen de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas
En 2018 la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Granada, emitió una resolución de desamparo sobre las 3 niñas y el niño de la pareja, es decir, pasó a tutelarlos y los ingresó en un centro residencial. Según el estudio social, desde 2014 un ETF trabajó con esta familia y «su situación parecía mejorar», pero en octubre de 2017 Galina denunció a su pareja y padre de sus hijos por la violación sexual de su hija mayor, que tenía 12 años de edad y a la que llamaremos Sara.
Ángel fue detenido inmediatamente y Galina y sus hijos, viéndose fuera de peligro, manifestaron que él también maltrataba a toda la familia, tanto física como psicológicamente. En septiembre de 2018, Ángel fue condenado y Galina obtuvo la patria potestad exclusiva de sus hijos, él también perdió el derecho a visitas y se estableció la pensión que debía abonar.
En ese momento dos de los hijos de Galina ya se encontraban en una residencia escolar donde estaban internos de lunes a viernes, el motivo: el único hijo hombre de Galina, que tenía 8 años de edad, insultaba a su hermana mayor por la denuncia contra su padre; así que el ETF le propuso que para evitar conflictos entre los niños, lo mejor era separarlos y como tenían una plaza más, le propusieron que ingresase con otra de sus hijas.
El 8 de octubre de 2018, un mes después de que Ángel fuese sentenciado, la abuela paterna de los niños acudió al Servicio de Protección de Menores (SPM) y habría explicado que un amigo de Galina y de su familia, David -quien también los había ayudado a mudarse, y la ayudaba en el cuidado de sus hijos- habría abusado de Sara.
El origen de la acusación son unas capturas de pantalla que el hijo de Galina le había enviado a la exnovia de David diciéndole que su hermana mayor estaba con él. Según la resolución de desamparo, el niño también le habría explicado a una educadora del centro residencial escolar que había visto a su hermana «hacer cosas» a David, sin embargo, luego, se retractó.
Según la resolución de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Granada, emitida el 15 de octubre de 2018, «la madre, cuidadora principal de los niños delega en demasiadas ocasiones esta tarea en otras personas, nada recomendables», entre las que menciona a la abuela paterna y a «otro amigo», que sería David; además, señala que corrían «rumores» sobre la reputación de la madre y la abuela paterna.
«La evolución del caso no ha sido la esperada. A pesar de trabajar con la madre intensamente para que asumiera las responsabilidades del cuidado de los menores, estos han ido presentando cada vez más indicadores de riesgo, entre ellos maltrato emocional, instrumentalización del conflicto, exposición a situaciones de violencia, negligencia hacia condiciones de seguridad, supervisión. El rechazo y la alarma social que existen en el municipio es preocupante. Existe el rumor generalizado que la madre ejerce la prostitución».
Resolución de desamparo
Según la madre aunque en la resolución se refieren a ciertos «rumores»· el psicólogo del ETF que seguía su caso le dijo que si fuera cierto que ella ejerciese la prostitución, ese no era motivo para tutelar a sus hijos y que los habían tutelado porque ella no podía controlarlos y por la denuncia en contra de David.
Que una madre joven, víctima de violencia de género, migrante, sin arraigo familiar; no tenga todo bajo control teniendo que cuidar 4 hijos, no puede ser motivo para que la administración se los retire.
Si una madre no está centrada, porque ella misma está rota debido a su experiencia de vida, debido a que ha sufrido maltrato, tanto ella como sus hijos; lo que necesita es ayuda, no que le quiten a sus hijos y para eso están los «servicios sociales», para servir, para dar apoyo, no para revictimizar.
La resolución también señala que debido a la violencia y maltrato, los hijos de Galina están en riesgo y por eso deben tutelarlos; sin embargo, quien ejercía el maltrato era el padre, quien estaba preso un año antes de declararse el desamparo y lo más importante: la LOPIVI señala que la violencia de género no es motivo para separar a una madre de sus hijos.
Según la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) el maltrato sufrido en contexto de violencia de género y violencia familiar no es motivo para separar a una madre de sus hijos:
«Partiendo de su consideración de víctimas de la violencia de género, se prevé que las actuaciones de las administraciones públicas deben contemplar conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre se garantizará el apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior
Guía sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia
Vivir en familia es un derecho fundamental para niñas y niños sin distinción y está protegido por diversos instrumentos jurídicos internacionales y europeos. España, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de garantizar este derecho.
Denuncia en contra de David: archivada
En diciembre de 2018 se adjunto, al expediente de desamparo provisional, el informe de evaluación realizado a Sara por la Fundación Márgenes y Vínculos, según el cual la adolescente «ha manifestado haber sufrido supuestos episodios de violencia sexual por parte de su padre durante los últimos 2 años, además dice que presenta síntomas relacionados con los abusos que cuenta y que también ha confirmado el maltrato físico y psicológico infligido también por su padre».
Las conclusiones de este informe citadas en la ratificación de la declaración de desamparo de 2019, no afirman en ningún momento que Sara hubiese estado afectada por la supuesta violación sexual de la cual se acusó a David.
Y en 2019 la situación se enquistó
En marzo de 2019 el desamparo de los hijos de Galina fue ratificado y reafirmó los motivos de la resolución de 2018, en el documento se repite que los niños están afectados por los maltratos de los que eran víctimas en el hogar y, sobre todo, que Sara, por los abusos sexuales sufridos por parte de su padre, necesitaba un tratamiento de larga duración.
La ratificación también vuelve a mencionar que quien ejercía los maltratos era el padre, quien continúa en prisión, así que, cuál es la lógica de mantener a las y los hijos de Galina apartados de su madre cuando quien los maltrataba y abusaba ni siquiera puede acercarse a ellas y ellos porque está preso.
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