Tercera nota sobre la tutela de 4 niños búlgaros por parte de la administración española. Aquí el testimonio de la mayor de ellos, quien explicó a teleoLeo.com la violencia vivida a manos de su padre y como el que la administración la haya tutelado, para protegerla del supuesto riesgo en el que se encontraba en su hogar, no la ha protegido de nada
Texto y vídeo entrevista: Leonor Pérez-Durand, periodista especialista en violencia de género y violencia institucional
«Un día estaba en el colegio y el ETF y un policía me sacaron de clase para hacerme preguntas y me dijeron que si quería ir a dar un paseo. Me subieron en el coche y me llevaron a un centro de menores de Granada. Mientras conducían llamaron a mi madre diciéndole que me llevaban allí y no le dijeron nada más». «Allí» es el centro Bermudez de Castro de Andalucía.
A Sara, el 11 de octubre de 2018, la sacaron de clase, le dijeron si quería ir a dar un paseo y la llevaron a un centro para menores tutelados. Ella no entendía qué pasaba, sólo quería volver con su madre.
Sara y sus tres hermanos, dos niñas más y un niño, todos entre los 5 a los 12 años de edad acabaron en el mismo lugar y el día 24 de octubre los fueron ingresados, de manera definitiva, en el centro «Aldeas Infantiles SOS» de Granada y, según la adolescente, sólo después de unos meses tuvieron visitas con su madre.
«A mi hermana más pequeña, que en ese entonces tenía 5 años, la colocaron con una familia de acogida, ahora tiene 9 años». Pero la niña fue devuelta al centro, porque según Sara; «La familia tenía animales y dijeron que mi hermana los maltrataba».
Sara con 12 años no entendía nada, no sabía como un paseo se había transformado en encierro, apartada de su madre, sólo quería volver a casa y por eso, aseguró a teleoLeo.com que ratificó la denuncia por supuesta violación sexual de la cual se acusaba a David, amigo de sus padres y quien los ayudó a instalarse luego de la denuncia que llevó al padre de Sara a prisión por haberla violado.
Según Sara, los educadores le dijeron que si denunciaba a David, ella y sus hermanos volverían a casa. «Mi abuela dijo que David, era pareja de mi madre y que me había violado y eso era mentira. Él nos había ayudado a mudarnos de casa y nos cuidaba cuando mi madre se iba a trabajar. Cuando estuve en el centro, me dijeron que si lo denunciaba volveríamos con nuestra madre».
La adolescente aseguró a teleoLeo.com que días después de haber sido tutelada la llevaron a explicarle al psicólogo que había sido abusada por David. «A los 15 días me llevaron al psicólogo y lo denuncié. Yo sólo dije lo que ellos querían, repetí los rumores del pueblo, de mi abuela, que sólo quería que volviésemos a casa, con mi madre. A David lo detuvieron, pero vieron que todo era mentira y archivaron el caso».
Los centros de tutela no son garantía de buen cuidado ni protección de niñas, niños y adolescentes
«Me han violado varias veces, desde que me metieron a Aldeas Infantiles. Yo me escapaba de allí con amigos y con 12 y 13 años bebía alcohol, porque ellos también lo hacían. Cuando estaba bebida me violaban desconocidos; tres o cuatro veces me ha pasado. Luego volvía al centro o me encontraban y me llevaban a denunciar y al médico. Desde los 14 años me pusieron el implante para no salir embarazada».
En el testimonio de Sara, brindado a teleoLeo.com ella explicó todo lo que ha vivido desde que fue tutelada por la Junta de Andalucía y enviada al centro Aldeas Infantiles SOS de Granada. Hace más de 9 nueves se fugó del centro y asegura que allí ha vivido maltrato físico, psicológico y tocamientos indebidos por parte de un educador, además, de haber sufrido varias violaciones sexuales cuando se escapaba.
«He estado casi 5 años en el centro. Mi vida allí ha sido fatal, todo con gritos, regaños. Eso es una mafia. Estando allí a mi me han vuelto otra persona, ya no soy la misma, de pequeña yo era más bondadosa, daba cariño a todo mundo, ahora cuando la gente me habla saltó con gritos y de todo. Por eso no quiero volver».
Sara ahora tiene 17 años de edad y en diciembre de este año cumplirá los 18, edad en la que se supone dejaría de estar tutelada, sin embargo, ella asegura le han dicho que al cumplir la mayoría de edad la enviarán a un centro de salud mental donde seguiría tutelada.
Libre, sola y sin autonomía legal
Sara dijo a teleoLeo.com que por ahora vive con unos amigos, que no le falta nada, que son personas jóvenes de 18 y 19 años de edad, que fuera del centro está mejor y que no quiere volver a estar tutelada. «Y si estoy con amigos es porque no puedo volver a casa, de hacerlo, mi madre podría ser denunciada por sustracción».
Sara agrega que su hermana de 13 años, a la que llamaremos Ana, también comenzó a escaparse y ahora está en un centro de conducta en Cadiz. En estos centros son ingresados niñas, niños y adolescentes con problemas conductuales, entre los que se encuentran menores de edad que han cometido actos delictivos y que por su edad no pueden ser enviados a prisión.
La situación de los centros de conducta para menores ha generado un informe del Defensor del Pueblo en el que se aborda el tema con preocupación
«[…] hemos recibido quejas de algunos educadores que trabajan o trabajaron en centros para menores con problemas de conducta denunciando irregularidades, e incluso vulneraciones de derechos, que presuntamente se estaban cometiendo en algunos de esos establecimientos, tales como prohibir a los menores la asistencia a un centro educativo, administrarles medicación contra su voluntad y sin la debida prescripción médica, o imponerles como castigo medidas de contención o de aislamiento.
Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social
Pobreza castigada
Sara dice que una vez preguntó a los educadores por qué ella y sus hermanos estaban siendo tutelados, «me contestaron que porque mi madre no tenía dinero y no podía cuidarnos y eso no es cierto, mi madre siempre nos ha cuidado bien, hemos tenido problemas como todos, pero mi madre siempre nos cuidó».
Esta afirmación de Sara es muy grave porque la pobreza no puede ser ni es motivo para separar a los padres de sus hijos y así lo establece la Convención sobre los derechos del Niño, de la cual España es país firmante.
Según el documento, aunque reconoce que es obligación de los padres proveer para sus hijos, también señala que el Estado debe ayudarlos cuando ellos solos no se basten para hacerlo.
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