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Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Publicado: 2023-12-16 17:05:19
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-António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
Con 56 guerras activas que afectan a más de 1.100 millones de personas, que sólo en 2023 se han cobrado la vida de más de 100.000 personas, es imposible afirmar que vivamos bajo el imperio de los Derechos Humanos (DD.HH.). Desde los gobiernos y organismos internacionales, que velan por el bienestar de la humanidad, se hacen conmemoraciones y se leen pomposos panegíricos, pero en la práctica, lo único que importa es la geopolítica y la satisfacción de los intereses de los que ostentan el poder.
Actualmente, asistimos al genocidio del pueblo palestino por parte de Israel que, en dos meses, según Save The Children, cuenta ya con aproximadamente 6.000 niños y niñas palestinos muertos a manos del sionismo que quiere apoderarse de sus tierras y para ganar, cuenta con el apoyo de Estados Unidos, así como el de una Europa tibia en su condena, cuando condena.
Otro genocidio es el de la República Democrática del Congo (RDC), donde en las últimas 3 décadas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, alrededor de 6,9 millones de congoleños han sido forzados a abandonar sus hogares y otros tanto han sido asesinados, debido a los conflictos por la explotación de sus riquezas y a la creciente violencia que esto genera.
La RDC es un país rico en coltán, litio y también es el mayor productor de cobalto del mundo. Y todo esto ha hecho que Estados Unidos, Reino Unido y Francia, países firmantes de la DUDH, hayan estado dando ayuda financiera a Uganda y Ruanda para invadir la RDC con el objetivo de que mineras trasnacionales pueden extraer los minerales, fundamentales para la cuarta revolución industrial.
Vivo dividida entre dos países, Perú donde nací, donde aún tengo afectos y España, donde he formado familia y tengo a mi hija, la persona más importante de mi vida; y en ambos territorios veo y denuncio, como mujeres e infancias son las más afectadas en sus derechos debido a la corrupción y al sistema injusto de justicia que perenniza desigualdades y vulneraciones.
Y justamente en el Perú mío, que me duele cada día, asistimos a un nuevo abuso y violación a los DD. HH., la liberación del sátrapa, exdictador y criminal condenado por delitos contra la humanidad, Alberto Kenya Fujimori Fujimori. La excarcelación ilegal del hombre que inició una de las dinastías políticas más nefastas ha ocurrido justamente al conmemorarse un año del asesinato de 50 peruanas y peruanos, a manos de las “fuerzas del orden y la seguridad”.
Fujimori, ha sido liberado so pretexto de su mal estado de salud, su avanzada edad, sin embargo, su estado no puede prevalecer sobre el daño que hizo, para las víctimas de sus actos no es humanitario que él esté en casa, gozando de las comodidades que le proporciona el dinero que robó al país, cuando ni siquiera ha pedido perdón por sus delitos.
Lo que es peor es que haya ciudadanas y ciudadanos que defiendan y apoyen el indulto que el Tribunal Constitucional ha otorgado a Fujimori, asumiendo, en la resolución que cometen una ilegalidad.
Por eso, para todas y todos los que sufren de despiste ‘fujiexistencial’, y dicen que el Perú es un país soberano y que un fallo internacional no pesa más que uno interno, decirles que leer no cuesta, que el saber no ocupa lugar y que, antes de vociferar sandeces, o de creer en las mentiras de medios de comunicación que se revuelcan con el fujimorismo y la ultraderecha peruana, que para el caos han demostrado ser lo mismo, por lo menos, consulten San Google.
Liberar al dictador condenado por crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, tal y como se le denomina desde el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es contravenir un fallo de la CIDH y eso en el ámbito internacional pasará factura, pues con esto se está demostrando que en el Perú no hay seguridad jurídica y que los fallos sobre DD. HH. no se respetan y esto, abona en la responsabilidad del actual régimen de las matanzas ocurridas en las protestas a la toma de mando de Dina Ercilia.
Desde el fujimorismo, siempre se ha alentado la denuncia del Pacto de San José, ergo la salida de la Corte y de la Convención Interamericana de DD. HH., sin embargo, los fallos ya emitidos son ley y son vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento. Y vista la reacción de los organismos internacionales defensores de los DD. HH. ante el indulto de Fujimori, esto escalará y el Perú será llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Otro duro golpe a los DD. HH., ha sido retrotraer el caso de las esterilizaciones forzadas a la etapa de la investigación fiscal, anulando todo lo actuado; ahora la Fiscalía deberá presentar una nueva denuncia penal, en la que puede incluir nuevos hechos y nuevas víctimas. Y todo porque en este caso, también está imputado Fujimori. Alargar, aún más, este proceso revictimiza a las denunciantes. quienes esperan justicia hace más de 20 años.
La investigación fiscal imputa a Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga y el asesor Ulises Jorge Aguilar, por la muerte de cinco mujeres y lesiones a otras 1.315 y en su acusación el Ministerio Público afirma que "estas esterilizaciones fueron realizadas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos".
Gloria Basilio es una de las 300.000 mil mujeres esterilizadas a la fuerza, en teleoLeo.com la entrevistamos hace dos años en el marco de una serie de entrevistas que realizamos a estas mujeres. Las intervenciones se perpetraron, en su gran mayoría, en el cuerpo de mujeres vulnerables, cuasi analfabetas y quechua hablantes, a las que se las hizo firmar la autorización de la intervención en castellano. El médico que operó a Gloria olvidó anestesiarla antes de la operación. Estas mujeres fueron tratadas como trozos de carne, sin albedrío ni sentimientos.
El actual mandato comandado desde el Congreso, que se encuentra cooptado por la alianza fujicerronista, se ha dedicado a beneficiarse del dinero público y al recorte de derechos a mujeres y poblaciones vulnerables. Tampoco no han dado la talla en la lucha contra la violencia de género, es más, algunos congresistas cuentan con denuncias por este concepto y hace unas horas también hemos visto como un congresista hablaba sin empacho del tamaño de los pechos de su compañeras.
Unas de las perlas del actual parlamento ha sido aprobar la Ley Nº 785, que reconoce al concebido como sujeto de derecho, es decir, proteger al cigoto y no a la gestante; perpetuando el riesgo a la salud y a la vida de las mujeres sin recursos, quienes seguirán abortando en condiciones insalubres e indignas.
Desde 1924 existe la figura del aborto terapeútico que es el que se realiza cuando es el único medio para salvar la vida de la mujer gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, pero las y los profesionales de la salud son reticentes a aplicarlo, incluso cuando se trata de una niña violada, pues o no son informadas al respecto y/o cuando lo solicitan, se lo deniegan.
Y, en el caso de las niñas, esto ocurre, a pesar que desde 2016 el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM, reconoció el embarazo infantil como tortura, con lo cual, se violan los DD. HH de las menores de edad pues al obligarlas a parir se pone en riesgo de su salud mental y física, y se trastoca sus proyectos de vida.
"El embarazo tiene consecuencias inmediatas y a la vez duraderas para las niñas. [...] El riesgo de muerte materna para las madres menores de 15 años en países de bajos y medianos ingresos es el doble que el de las mujeres de más edad; y se enfrenta a mayores tasas de fístula obstétrica que sus compañeras de más edad.
Asimismo, en relación a la salud mental, una proporción importante de niñas y adolescentes que dieron a luz informaron síntomas de depresión, ansiedad y, en particular las que fueron atacadas sexualmente, de estrés post-traumático. Tanto en Perú como en Nicaragua, el 7-14% de las participantes informaron haber contemplado el suicidio durante el embarazo".
Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Resumen Ejecutivo, 2016)
La tasa de feminicidios tampoco ha descendido, según la Defensoría del Pueblo, a octubre de 2023 se contaban 128 casos, y hasta el 23 de noviembre, se produjeron 13 asesinatos más de mujeres por su condición de tal; así tenemos 141 feminicidios, cometidos en un 60% por la pareja o la expareja. Quitar la vida a las mujeres es el correctivo para castigar a las desobedientes y así aleccionar a las demás sobre lo que pasa cuando no se someten al poder machuno.
A este ritmo podríamos superar los 147 feminicidios registrados en 2022, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL).
“La violencia contra la mujer se sigue perpetuando gracias a las desigualdades de género”, afirma CEPAL en su informe denominado: "Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe, Propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo", elaborado para la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de dicha Conferencia, realizada el 14 y 15 de noviembre de 2023 en Chile.
Según la últimas cifras consignadas en el informe, en Abya Yala y el Caribe la tasa de violencia física o sexual en contra de las mujeres desde los 15 años de edad, es del 7,0%; y es infligida por la pareja actual o la expareja. Esa cifra en Perú se eleva al 9%. Así, ocupamos el cuarto lugar como país que ejerce más violencia contra sus mujeres, adolescentes y niñas. Sólo nos superan Bolivia con 15%; y Haití y Colombia con 10%.
La violencia de género se manifiesta y perenniza a través de la impunidad de los agresores, la falta de acceso a la justicia para las víctimas y la discriminación estructural contra las mujeres y niñas.
En Brasil el 2021, se cometieron 1900 feminicidios y en 2022, 1437; le sigue México que en 2021 registró 1015 feminicidios y 976 en 2022. Sin embargo Honduras es el lugar de la región más peligroso para las mujeres pues matan a 9 de cada 100 mil, mientras en Perú a una.
En Perú, por más de que tengamos un cuerpo legal interesante para el combate de la violencia de género, tal como lo reconoce CEPAL en su indicador que determina si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, esto no beneficia a las mujeres. Se confirma así, entonces, que no es la ley, si no los operadores de justicia los que fallan pues no aplican enfoque de género ni de DD. HH. durante los procesos.
La violencia contra la mujer no desaparecerá mientras no se tome conciencia de que se trata de una grave violación de los DD. HH de niñas y mujeres, mientras no se acabe con las desigualdades de género y no se opte por ofrecer, desde temprana edad, la tan indispensable educación sexual integral, cuyo objetivo no es enseñar a masturbarse a las criaturas ni enseñarles a poner un preservativo, sino enseñarles a valorarse y a valorar y respetar a quienes les rodean.
Las y los gobernantes y sus ministros, congresistas y adlateres deben grabarse a fuego, lo que ya reconocieron en la Convención de Belem Do Para, firmada en 1998, que la violencia de género es un problema de DD. HH. porque no afecta sólo a la mujer o a la niña violada, maltratada o asesinada, afecta también a su familia, a su círculo y a la sociedad en su conjunto.
En Perú, respecto a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas hay otro tema que debe ser enfocado como otra nefasta violación de DD. HH., se trata de las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), hasta octubre de este año, se han registrado 15.117 denuncias por desaparición de personas de las cuales el 60% son mujeres y las más afectadas son las niñas de entre 12 y 17 años de edad, otro dato revelador es que la mayoría de denuncias fueron presentadas en Lima.
Desde 2020, año en que se creó el RENIPED, la policía peruana ha registrado 72.601 denuncias por desaparición. Más del 60% corresponde a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Los rangos de edad en el que se presentaron más denuncias es entre los 12 y los 17 y los 18 y los 29. Casi el 75% de denuncias corresponde a adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad.
También somos terriblemente racistas y discriminadores, los asesinatos cometidos a la asunción del poder de Dina Ercilia son el ejemplo más claro de ellos, las matanzas ocurrieron, en su mayoría, en lugares habitados por personas indígenas y quechuahablantes. Y esto ocurre en un país, donde, según cifras del Ministerio de Cultura, cerca de 7 millones de personas, es decir, más del 20% de la población, se autoidentifican como parte de un pueblo indígena u originario y como afroperuanos.
De acuerdo con un estudio de 2020, elaborado por la Unidad de Estudios Económicos-MC, el Perú es el quinto país de Abya Yala con el mayor porcentaje de ciudadanos que ha sufrido discriminación.
Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación Racial, realizada en 2018, también por el Ministerio de Cultura: "más del 50 % de peruanos percibe que los más discriminados por vestimenta, color de piel o forma de hablar, son los ciudadanas y ciudadanos de pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana".
Para aquellas y aquellos que deben desplazarse en silla de ruedas las ciudades peruanas no son amables, los edificios e instalaciones gubernamentales y comerciales no están adecuadamente acondicionados para que puede acceder a ellos de manera digna.
El día a día de las personas con movilidad reducida es una gincana de obstáculos debido a los obstáculos arquitectónicos y las obras en curso con las que deben lidiar en su recorrido por la ciudad. El transporte público tampoco está totalmente acondicionado para su acceso. Y esto también es un problema de DD. HH. porque afecta el desarrollo laboral, social y profesional de estas y estos ciudadanos.
Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a 2023, en Perú viven un total de 409,737 personas con discapacidad: 7,880 niños y niñas de 0 a 5 años de edad.
Todas estas vulneraciones de derechos no cesarán mientras nos gobiernen asesinos, corruptos, racistas, discriminadores, abusivos, violentos y ladrones. Por eso, todas y todos los que están en el poder deben irse ya y el partido fujimorista debería ser inhabilitado, por ser un partido corrupto y corruptor, y porque desde los años 90 lo único que ha hecho es alienar el sistema político peruano; sin embargo, esta es ardua tarea, pues el fujimorismo se ha dedicado, con ahínco, a tejer la telaraña que los blinda.
En España, según las últimas cifras publicadas, a diciembre de 2022 la Administración tenía bajo su tutela a más de 51.203 mil niñas, niños y adolescentes, dizque para cuidarlos, sin embargo, no los cuida desde el momento en que el 60% de estas tutelas no son dictadas por un juez y desde el momento en que se rompen familias, separando a las criaturas de sus hogares.
La mayoría de estas tutelas son arbitrarias pues sólo deberían darse en caso de que las y los progenitores sean un peligro probado para niñas, niños y adolescentes, es decir, en casos de violencia y por resolución judicial. Según el último boletín estadístico sobre medidas de protección a la infancia, las tutelas judiciales sólo representan el 1%.
Por estas tierras, un o una menor de edad puede ser puesto bajo guarda y custodia de las diferentes Administraciones por la denuncia de un vecino, por rumores, por denunciar violencia de género o pedir ayuda a Servicios Sociales. Trabajadores sociales con apoyo de cuadrilla policial pueden aparecer en casa o en la escuela y llevarse a las criaturas ante cualquiera de estas "causas".
La salud mental de madres y padres, en lugar de ser atendida por el sistema de salud con los cuidados correspondientes, es también motivo para separar a las criaturas de sus progenitores; también lo es la sarna, la obesidad mórbida, haber denunciado a tu expareja por violencia de género o, incluso, un intento de suicidio durante la adolescencia. Todos estos motivos dieron paso a la tutela de la bebé de Houda.
España, al tutelar bebés vulnera el derecho a la lactancia, reconocido como Derecho Humano por la ONU en 2016
Houda y el padre de su hijos, además, son ciudadanos marroquíes y la Administración, tuteló a su bebé sin aplicar las normas de protección internacional de menores de edad, pues no cumplió con dar aviso del procedimiento a su consulado y esto vulnera los derechos de esta familia reconocidos en la Convención de Derechos del niño que señala que las y los niños tienen derecho a crecer en familia, dentro de su cultura, su idioma y sus costumbres.
Cuando se retira a un niño nacional del lado de su madre y padre, la Administración puede darlo en acogida a sus parientes cercanos, con lo cual, se le mantiene en su círculo, en su ‘familia extensa’, por ello, según estipula el Derecho Civil Internacional, cuando se tutela a un niño extranjero o hijo de extranjeros, la Administración debe comunicarlo a su consulado para que se encargue de buscar a su "familia extensa".
España, generalmente, no cumple con dar aviso a las autoridades consulares. En teleoLeo.com se han publicado casos como el de Galina o el de Angela, la primera es una mujer búlgara a la que la Administración tuteló a sus 4 hijos en 2018, y aunque en la orden de desamparo decían que avisarían a su consulado inmediatamente, recién fue avisado en 2023.
Angela es una mujer China que denunció violencia de género y sin hablar castellano los Servicios Sociales a los que acudió a pedir ayuda, para cuidar a sus hijos mientras ella trabajaba, la hicieron firmar una guarda voluntaria en castellano y tuteló a sus hijos y los dio a dos familias de acogida; sin respetar, la Ley de Protección de menores de Edad española que dice que los hermanos no deben ser separados.
En España, la Administración tiene derecho a investigarte sin comunicártelo y en caso de detectar algún "riesgo", sus trabajadores sociales pueden entrar en los hogares para auscultar la vida familiar y encontrar "motivos" para denunciar la incapacidad maternal o paternal y llevarse hijas e hijos, asumir su tutela y colocarlos en centros residenciales, donde permanecen, en su mayoría, bajo la custodia de una entidad privada “sin fines de lucro”.
Las y los menores de edad también pueden ser colocados en régimen de acogida familiar, con su familia extensa -en el mejor de los casos- o con una totalmente desconocida, pero como se puede ver en el gráfico, la mayoría de acogimientos son residenciales, es decir en centros.
Se supone que todo esto se hace por el “interés superior” del niño, sin embargo, el problema es que muchas y muchos de los tutelados, han sido víctimas de trata, de consumo de sustancias ilegales, de violaciones sexuales, de embarazos no deseados o han caído en la delincuencia y cuando, tras cumplir la mayoría de edad, con poca preparación educativa, son “liberados”, muchos acusan problemas de salud mental.
Los extutelados, además, no se liberan de la sombra de la Administración y cuando forman familia y tienen hijos, su prole también es tutelada, aduciendo que no saben cómo cuidar una familia, porque no crecieron en una. Y así el negocio sigue. Por cada menor de edad tutelado las diferentes Administraciones recibirían un pago inicial de 68 mil euros, para “gastos de instalación” y entre 4 mil y 9 mil euros mensuales para su manutención.
El dinero proviene en un 70% de la UE y el 30% restante del propio gobierno, este dinero sale del presupuesto destinado al bienestar de las familias, a evitar la pobreza infantil y aquí el problema no es solamente que la Administración está usando este dinero para separar familias, sino que además esas cantidades no revierten en el bienestar de las y los menores de edad.
«En el centro me daban ropa usada». «La comida no era buena». «No se preocupaban de si estudiábamos o no». «Cuando quería quedarme en el centro a hacer los deberes, me hacían salir igual porque teníamos 3 horas por la tarde para salir». «Si nos escapábamos no avisaban a nuestras familias». Estas frases son parte de los testimonios de algunas y algunos extutelados que teleoLeo.com ha podido recoger.
Según la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley española de Protección del Menor, la pobreza no es motivo para separar a una o un menor de edad del lado de sus padres, el único motivo es la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, y eso no se está respetando. Además, la Constitución española garantiza la protección de las familias, pero nada de eso se cumple, cada vez que un niño es separado de su familia sin necesidad.
Algunos de estos casos se han resuelto a favor de los padres en tribunales, sin embargo las diferentes Administraciones ponen trabas para devolver a las y los menores a sus hogares, y no hay quien que las obligue a hacerlo. Es el caso de Estefanía Moreno y Julio Mendoza, madre y padre de 5, a a quienes la Administración de Alicante en Valencia, les quitó la tutela de su hijo pequeño, por una denuncia sin corroborar. Aquí tampoco se respetó que el padre del niño es extranjero y no se dio aviso de la medida a su consulado.
Algunos de estos casos han llegado al Tribunal Europeo de DD. HH. España ya cuenta con unas pocas condenas al respecto, pero lo único que han logrado algunas madres y padres es cobrar una indemnización por el vínculo roto, recuperar a sus hijas e hijos ha sido mucho más complicado porque cuando se llega a este tribunal las criaturas han sido dadas en adopción y el fallo ha tardado años en llegar, con lo cual niñas y niños se encuentran ya enraizados en una familia que no es la suya.
Las tutelas arbitrarias de las y los menores de edad se repiten además en la mayoría de países integrantes de la UE y por eso que la Corte Penal Internacional de La Haya dictase orden de captura contra Vladimir Putin por el traslado de niños ucranianos a Rusia, es, además de inútil, hipócrita porque en los países de la Unión, en época de paz las Administraciones tutelan menores de edad por las causas más injustificadas.
Cabe señalar, además, que en países de la UE a muchas de las madres ucranianas que se han trasladado con sus hijas e hijos huyendo de la guerra, se les ha quitado la tutela de los mismos alegando precariedad, cuando, según ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, estos menores de edad tienen estatus de refugiados y ningún país puede tomar medidas unilaterales sobre ellos.
En España también se tutela a las criaturas de las mujeres que, provenientes del continente africano que llegan en patera con un bebé en brazos, supuestamente, en salvaguarda de que pueda tratarse de una criatura robada, algunas son separadas de sus bebés, cuando lo que procedería es la realización inmediata de un test de ADN para despejar la duda. También están las que sin saber castellano, se las hace firmar una guarda voluntaria que Servicios Sociales, luego convierte en tutela y hasta en instrumento para dar en adopción a sus hijos.
La Carta de los Derechos Humanos es más relevante que nunca en un mundo que, desencantado con las promesas incumplidas de la izquierda, vira hacia la ultraderecha. Este giro hacia el autoritarismo sólo empeora el panorama, por ello es fundamental que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea lectura obligatoria en todas las escuelas, desde la primera infancia.
El contenido de este importante documento debe ser asimilado hasta la concientización y los que ostentan el poder deben reflexionar sobre él a diario. Solo así haremos del mundo un lugar más habitable para todas y todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la luz que nos guíe en la oscuridad de un mundo cada vez más violento. Y como dijo John Lennon: "Hagamos el amor y no la guerra".
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