Tras la presión mediática, las justicia peruana ha tenido que corregir el fallo que dejó en libertad a un potencial peligro para la sociedad, pues ha sido denunciado por 7 periodistas por acosarlas sexualmente, enviarles contenido pornográfico y amenazarlas de muerte con frases que describen actos de violencia extrema contra ellas y sus familiares [Vídeo, declaración del condenado]

«El Poder Judicial ha revocado la sentencia de prisión suspendida para nuestro acosador Hialmar Laynes Sánchez y ha ordenado su internamiento inmediato en el penal que decida el INPE» Este viernes 16 de agosto, emocionada hasta el llanto, la periodista Manuela Camacho, anunció en sus redes el cambio de criterio de la justicia y la consecuente prisión efectiva del hombre que la viene acosando a ella y a otras seis periodistas .

Manuela Camacho informó que el Poder Judicial no permitió a su abogada estar presente en la audiencia. porque en este caso el agraviado era el Estado, ya que lo se juzgaba era la sentencia contra Hialmar Laynes, por el delito de desobediencia al incumplir las medidas de protección otorgadas a la periodista. «Pedimos participar y nos dijeron despectivamente que viéramos la audiencia en el canal del Poder Judicial, en Justicia TV, pero no transmitieron nada».

Manuela Camacho también dijo a teleoLeo.com que se ha enterado del resultado de la audiencia por un post en X del Poder Judicial: «Mi abogada y yo nos hemos enterado de la revocación de la prisión suspendida por el tuit que publicó el Poder Judicial, ni siquiera se han comunicado con nosotras», si bien es cierto, como el Estado es el agraviado cuando se violan unas medidas de protección, la revictimización institucional sufrida por la periodista a falta de una sentencia justa, podría haber hecho que el Poder Judicial tuviese un trato más amable.

«Espero poder volver pronto a Perú», acababa diciendo Camacho en su directo, en el que también habló de las sin voz, empatizando con ellas desde posición de víctima, con la gran diferencia de que ella, teniendo una voz, teniendo pantalla y recursos; también ha sufrido no sólo violencia de género sino también violencia institucional, pues desde el sistema de justicia se la ha criticado por quejarse del fallo de la jueza que dejó en libertad a Hialmar Laynes, la misma que -según ha declarado- tras su sentencia también ha experimentado en sus carnes, el acoso de Laynes.

La audiencia de revocación de sentencia fue llevada a cabo por el Cuarto Juzgado de investigación Preparatoria de Lima y la dirigió la jueza Martha Carranza.

«Soy inocente»

«Yo soy inocente, si me van a acusar van a meter a un hombre inocente (a prisión). Lo que están haciendo conmigo es una injusticia, no he estado bien asesorado, desde la comisaría de La Molina ya estaba siendo presionado por la abogada de la Camacho... de la señorita Camacho», estas palabras han sido parte de la declaración de Hialmar Laynes Sánchez en la audiencia de revocación de la prisión suspendida.

Antes de la declaración de Laynes, su abogado, Danny Duran, afirmó que no es ilógico que su defendido, haya incumplido las reglas de conducta si sabía que de hacerlo sería ingresado a prisión, según él la cuenta de Instagram de su cliente ha sido usurpada y su identidad suplantada por alguien de su entorno familiar, dijo que a su turno su cliente lo revelaría y que está dispuesto a que se allane su domicilio y se analicen los equipo electrónicos que encuentren para que determinen el culpable de los hechos. Durante su intervención en la audiencia, Laynes no reveló al supuesto usurpador de su identidad, sólo aseguro que era inocente.

Duran también sustenta que no se puede corroborar que los mensajes presentados por Camacho como prueba del desacato de la sentencia por parte de Laynes, no cuentan con la fecha y que las fotos pornográficas que Manuela Camacho dice que Laynes le habría enviado, estaban en la galería de fotos de su teléfono. Además asegura que su cliente ha sido suplantado, porque su teléfono está incautado desde el 2 de agosto por la comisaría de La Molina y dice que si acepto los cargo que le imputaron, fue porque estuvo mal asesorado por la defensa pública, y que van a demostrar su inocencia.

...Un día antes

«Aquí me ve señora jueza, lejos de las personas que amo, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo; teniendo que ser yo la que huye. Yo no he salido a criticar el fallo para por dañar su honra, lo he hecho porque es mi derecho y porque las consecuencias de este son de este nivel, para mí y para mi familia». Así respondió la periodista Manuela Camacho a la jueza Emma Tambini Monge, quien le envió una carta notarial conminando a la periodista a que se retracte por criticar públicamente el fallo que permitió que su acosador confeso este libre y haya vuelto a amenazarla, con violarla y con matarla.

Condenado y buscado

Este 2 de agosto Laynes fue condenado a 5 años de prisión suspendida por "desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado", porque el 29 de julio, violando las medidas de protección otorgadas a la periodista quien lo había denunciado por acoso sexual y amenazas de violación y muerte, le envió mensajes de una virulencia perturbadora. La condena lo obligaba a cumplir una serie de normas, entre las que no se le imponía tratamiento alguno para rehabilitarse y no seguir perturbando la vida de nadie.

Fallo fallado

Según dijo la jueza Emma Tambini Monge, en la carta notarial enviada a Camacho y en los medios en los que ha salido a declarar, ella condenó a Hialmar Laynes Sánchez con prisión suspendida, porque el fiscal a cargo de la acusación sólo pidió comparecencia restringida y porque no tenía antecedentes penales; sin embargo, Laynes está denunciado penalmente por otras tres periodistas también por acoso sexual y amenazas -sólo una de esas denuncias ha sido archivada- y si aún no ha sido condenado por los casos denunciados desde 2022, es porque la justicia peruana va en carreta y con las ruedas rotas.

«Mi caso es el más avanzado, aunque algunas de mis compañeras denunciaron a Laynes en 2022. Ahora sólo espero que lo cojan para estar más tranquila y continuar con el proceso por acoso», comentó Camacho a teleoLeo.com

Por otro lado, aunque sólo Camacho y otras tres periodistas hayan denunciado a Laynes Sánchez, son siete las periodistas -todas mujeres jóvenes- quienes desde 2022 habrían sido acosadas por este sujeto de 55 años de edad, con mensajes sexuales, imágenes pornográficas y amenazas explícitas de violación y muerte. Viendo y sabiendo de la revictimización del sistema, no es de extrañar que no todas las afectadas hayan presentado denuncia formal.

Ellas huidas para protegerse, él suelto en plaza gracias a la revictimización de la justicia peruana

Las tres periodistas con proceso abierto contra este acosador, temiendo por su seguridad y su integridad, y viendo la desprotección en la que las sume el sistema, se han visto obligadas a dejarlo todo y salir del país para protegerse. Esto es lo que pasa cuando la violencia de género no es atendida en tiempo y formam por el sistema de justicia: la vida de las víctimas se ve alterada; cuando no, cegada.

Así como tenemos el iceberg de la violencia machista, donde en la cima tenemos al feminicidio, la justicia peruana y el engranaje a cargo de proteger a las mujeres podría tener su propio iceberg, coronado por la victimización institucional que daña y permite que se altere el proyecto de vida de las denunciantes y que también se las suprima. Con el agregado de que acosar a una periodista también tiene como objetivo amedrentarla para acallarla.

Según cita el documento Ficha de Defensa #PeriodistasASalvo, los Estados han asumido obligaciones y compromisos respecto a la seguridad de los y las periodistas conforme al derecho internacional de los derechos humanos que deben cumplir. Y entre otros señalan:

3. a) Adoptar un enfoque sensible al género para la seguridad de periodistas
Como ha señalado la Relatora Especial de las Naciones Unidas Irene Khan, las mujeres periodistas «son sometidas particularmente a actos y amenazas de violencia física y psicológica, incluidas amenazas de muerte y violación, por expresarse o simplemente por ser mujeres que desempeñan un papel de liderazgo».
Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, A/76/258.

Los Estados tienen la obligación no solo de proteger a las mujeres periodistas sino también de prevenir la violencia contra ellas, y dentro de ese contexto, los Estados se han comprometido a establecer “medidas preventivas y procedimientos de investigación seguros que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de alentar a las periodistas a denunciar las agresiones de que sean objeto tanto en
línea como en los demás medios, y prestar un apoyo adecuado, en particular apoyo psicosocial, a las víctimas
y las supervivientes”.

Resolución 74/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Honor mancillado?

La jueza Emma Tambini Monge, acusó a la periodista de haber mancillado su honor y el de su familia, porque la responsabiliza de que Laynes cumpla su pena en libertad, por ello, la jueza le envió exigió a la periodista, en su carta notarial, que se rectifique. La jueza también salió en medios defendiendo su postura, «intentando hacerme quedar como mentirosa», dijo Camacho en sus redes.

Según afirma Tambini Monge, en su carta notarial, Camacho, al decir que a pesar de la pruebas aportadas por la fiscalía, dejo libre a su acosador: «[...] ha mancillado mi imagen honor y buena reputación, y ha afectado mi paz y tranquilidad así como la de menor hija y mi familia», porque asegura que tras haberse rebelado su nombre como la jueza a cargo del fallo, ha recibido «mensajes y amenazas de odio», también ha dicho en medios que, ahora, ella también está viviendo el acoso de Laynes.

El acoso de Laynes a la jueza, siendo malo para ella, podría ser bueno para las víctimas, porque esto permitirá, esperamos, despejar las dudas que siempre se ciernen sobre las declaraciones de las denunciantes

... como la fiscalía no pidió prisión...

En la carta, la jueza justifica que dictó prisión suspendida contra Laynes Sánchez porque la fiscalía sólo pedía su comparecencia restringida, pero según el artículo 447 del Código Procesal Penal, sobre el desarrollo de la audiencia única del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, en su último párrafo dice que el juez debe pronunciarse: d. Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal.” Es decir, debe decidir si es correcta o no.

Juan Pablo Mamani Arapa es el fiscal provincial del 2º despacho de la primera fiscalía provincial penal de La Molina a cargo del caso y al pedir comparecencia restringida para Laynes no tomó en cuenta lo que él mismo decía en su acusación, que este sujeto no contaba con arraigo demostrable y con eso subestimó el riesgo de fuga.

Tras el cuestionamiento a su fallo Tambini ha declarado: «Si el Ministerio Público hubiera presentado un requerimiento de prisión preventiva, yo hubiera declarado fundada la demanda debido a que el entonces imputado no acreditaba ningún tipo de arraigo; los elementos de convicción, respecto a su responsabilidad, estaban acreditados, así como la pena que superaba los cinco años de prisión». Pero justamente para eso está la figura del juez, para controlar si la acusación y el pedido de pena por parte de la fiscalía son correctos.

Proceso inmediato y contradicciones del denunciado

La sentencia contra Laynes es consecuencia de un "proceso inmediato por flagrancia delictiva", porque Laynes fue capturado dentro de las 24 horas de haber incumplido las medidas de protección a favor de Camacho, así que el fiscal llegó a un acuerdo con él, mediante el cual aceptó los cargos y fue condenado con la pena mínima para este delito: 5 años de prisión.

Pero antes de aceptar los cargos, Hialmar Laynes cayó en algunas contradicciones en su declaración fiscal, primero dijo que no tenía denuncias en su contra, que no sabía quien era Manuela Camacho, que no sabía que tenía una orden de protección en su contra que le impedía ponerse en contacto con ella, pero como las mentiras tienen las patas cortas, se enredó en su propia telaraña.

Otra cosa que no se tomó en cuenta ni en la acusación fiscal ni en el fallo de Tambini, fue que aunque se tratase de un proceso abreviado o inmediato, según la la sentencia Hialmar Laynes Sánchez estaba siendo condenado por delito contra la administración pública -desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado «[...] delito previsto y sancionado con el artículo 368º tercer párrafo del Código Penal; y como tal le IMPONGO CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, SUSPENDIDA EN EJECUCIÓN POR EL MISMO TÉRMINO».

Si vamos al Código Penal este artículo y párrafo dicen: «Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años». Y en ningún lugar leemos prisión suspendida y es que en Perú las condenas de 4 años a más, por delitos dolosos, como lo son los delitos de violencia de género, son de prisión efectiva, es decir, se cumplen en reclusión.

En la sentencia Tambini también dice que condenó a Laynes con la pena más baja, porque no tenía antecedentes penales, pero en la misma sentencia se consigna que tiene otras 2 denuncias activas por acoso sexual y amenazas a otra mujeres, y eso no fue suficiente ni para el fiscal ni para ella, para considerar el riesgo potencial que eso significaba; tampoco tomó en cuenta que Laynes haya aceptado que los mensajes enviados a Camacho eran suyos y que si aún no ha sido condenado por las denuncias previas que tiene es debido a la lentitud de la justicia.

Historia previa del fiscal y de la jueza

Fiscal

Juan Pablo Mamani Arapa, el fiscal que pidió sólo comparecencia restrictiva con condiciones para Hialmar Laynes, tiene cuestionamientos previos por su participación en casos donde tampoco pidió prisión para responsables de otros delitos, también detenidos en flagrancia: en 2018 habría dejado en libertad a un detenido por robar casas y en 2015 tampoco pidió prisión para un chófer que bajo los efectos de las drogas condujo con un policía sobre el capot del auto.

Jueza

En una nota periodística de 2017 se cuestionó que Emma Tambini Monge figurase en la planilla del Ministerio Público, en la procuraduría de lavado de activos, donde en esos momentos la procuradora era Julia Príncipe; según esa nota, la contratación de Tambini Monge, en esa dependencia, no era ilegal, pero sí era "antiética y antiestética", porque es hija de Ruth Monge, ex jueza, quien renunció a su cargo tras abrirse una investigación de la entonces Oficina de Control de la Magistratura, en la que era una de las investigadas.

Ruth Monge, fue asesora legal de Aero Continente, la empresa  fundada por Fernando Zevallos, condenado por narcotráfico y lavado de activos; Monge también fue jueza y fue sindicada de ser el nexo entre Zevallos y los jueces del Poder Judicial que le brindaban "ayuda" a cambio de pasajes aéreos.

“En el 2006 ella fue investigada por la Oficina de Control de la Magistratura por ser el nexo entre Zevallos y la judicatura. Esto ocurrió luego de que El Comercio revelara que Monge, siendo jueza y aprovechando sus vínculos con Aerocontinente, facilitaba pasajes aéreos a jueces para que lo ayuden “en cualquier momento”, como lo revelaron los correos electrónicos hallados por la policía en la computadora de la secretaria de Lupe Zevallos. Finalmente, la investigación de la OCMA halló varios culpables y los castigó, pero nada pudo hacerlo con Monge pues ella dejó el Poder Judicial”.

https://revistagente.pe/2017/02/23/publican-antecedentes-irrefutables-contra-julia-principe/

Revictimización

La sentencia de prisión suspendida de Laynes, emitida por Tambini, es una raya más en la lista de revictimizaciones sufridas por Manuela Camacho y por las demás compañeras periodistas acosadas y amenazadas por este sujeto, la corrección de la misma haciéndola efectiva y el acoso que ahora dice sufrir la jueza por parte del condenado, no hace sino demostrar que haberlo dejado en libertad no era lo más "adecuado".

La manera en la que se ha llevado este caso, es otro fallo de la justicia peruana en delitos relacionados con la violencia de género que sufrimos las mujeres, pues cuando un hombre es condenado en ausencia o libertad otorgada por el propio PJ -como en este caso- o se le impone prisión preventiva, sólo le hace falta encerrarse en su casa y de allí no lo saca nadie. Esperemos que por la relevancia del caso, ya que hasta la jueza ha sido acosada, la PNP ejecute el mandato de detención de manera efectiva.

Corroboro esta revictimización con varias casos que he publicado en los que aún estando denunciados por violencia sexual contra niñas y habiendo prisión preventiva dictada, los investigados se presentan a las audiencias virtuales y al ser preguntados por su paradero tienen la frescura de decir que están "a buen recaudo", y la o el juez no le obliga a entregarse.

Manuela Camacho también ha sido revictimizada por el Poder Judicial, y por el portal LP Derecho, pues en cuanto se emitió la sentencia en contra de Hialmar Sánchez, ambos compartieron la sentencia del caso integra, sin proteger los datos privados de la periodista, como la dirección de su domicilio o su número de celular, con lo cual se la expusó a mayor riesgo; estas publicaciones ya ha sido retiradas, una de ellas estuvo colgada desde el día 2 de agosto hasta este semana.

Por otro lado incumpliéndose el protocolo de protección a las víctimas que debería observar la PNP, cada vez que Manuela Camacho, ha ido a denunciar a Laynes, afirma, le han pedido que deje constancia de la dirección de su domicilio; ella, sabiendo sus derechos y aconsejada por su abogada siempre consignó su dirección procesal, es decir la dirección de su abogada, salvó la vez que fue a denunciar el incumplimiento de sus medidas de protección, porque así se lo pidieron so pretexto de protegerla.

Papel mojado

¿De que sirven las medidas de protección si luego, cuando el caso se judicializa, incluso los delincuentes confesos quedan luego en libertad? Aún hay mucho por hacer en el combate contra la violencia de género, pero si la justicia no actúa con enfoque de género y no castiga debidamente estos delitos, las mujeres seguiremos siendo afectadas en nuestra integridad y seguiremos siendo presas fáciles de delincuentes como Hialmar Laynes, quien esperemos pronto esté entre rejas pagando por atacar la paz mental y haber alterado la vida de las mujeres a las que acosa y pronto sea también condenado por los actos de acoso por los que ha sido denunciado.