Texto: Leonor Pérez-Durand/ Periodista/

Madres Protectoras de Barcelona es un colectivo de mujeres organizadas bajo un sólo objetivo, denunciar las violencias que afirman sufrir por parte de una jueza. Ellas exigen justicia y protección para vivir tranquilas con sus criaturas y les preocupa que desde el gobierno catalán se diga que no tienen conocimiento de sus denuncias

«Nosotros no hemos tenido ninguna queja sobre unas declaraciones en relación a una jueza de violencia de género, al departamento no nos ha llegado ninguna queja, cuando nos llegan lo que hacemos es tramitarlas delante del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y del Consejo General del Poder Judicial, que es nuestra responsabilidad»

Así respondía ante el Parlament catalán el Consejero de Justicia de Ramon Espadaler, respecto a las quejas presentadas contra Francisca Verdejo Torralba, la jueza a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Barcelona. Espadaler, hizo la afirmación este 20 de febrero de 2025 ante la Comisión de Justicia y Calidad Democrática, .

Presentación del Consejero de Justicia ante el Parlament catalán (20 de febrero de 2025)...Pero las quejas existen

Las quejas contra la jueza Verdejo, aunque no se han dirigido directamente a la consejería de Justicia del gobierno catalán, se han presentado oficialmente ante el Poder Judicial español, antes y después de la comparecencia del consejero en el Parlament catalán.

Desde el colectivo Madres Protectoras de Barcelona, creado para denunciar la supuesta falta de atención adecuada de sus casos por parte de la jueza Verdejo, aseguran haber presentado más de 50 quejas en su contra, «pero a esas hay que agregar las presentadas por otros colectivos que nos están apoyando», dijeron a teleoLeo.com

Testimonios

En diciembre de 2024, teleoLeo.com publicó testimonios anónimos de madres que denunciaban un «trato despectivo» de la jueza Francisca Verdejo. A pesar de las pruebas presentadas respecto a la violencia de sus exparejas hacia ellas y sus hijos, afirmaron que la jueza no les otorgó medidas de protección y mantuvo las visitas parentales. «No le importó que nuestros hijos estuviesen en riesgo», dijeron.

Sólo poniendo en el buscador de Google "Francisca Verdejo quejas" encontramos una larga lista de links

Plantones ante la sede del gobierno catalán

Desde finales de enero de este año, las madres organizadas en el colectivo #MadresProtectorasDeBarcelona también han realizado plantones en la Plaça Sant Jaume, ante de la sede del gobierno catalán; por lo tanto, llama la atención que el consejero de Justicia no haya tenido conocimiento de estas denuncias, de manera formal o informal.

Plantón de madres y familiares protestando contra la jueza del juzgado Nro 2 de viogen de Barcelona en la Plaça Sant Jaume, a las puertas de la sede del Gobierno catalánCifras de desprotección

En una nota de la página de la Oficina por la NO Discriminación del ayuntamiento de Barcelona, publicada el 13 de febrero de este año, también se pueden leer las cifras del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), que desde 2023 ha recogido 149 quejas de todo el estado y donde se menciona al Juzgado a cargo de la jueza Francisca Verdejo.

«Entre las quejas constan, según la portavoz de la entidad (OVIM), Marina Oliva, quejas que apuntan al enjuiciado número 2 de violencia contra la mujer, la titular del cual es la jueza Francisca Verdejo». La portavoz dice además, que el sector judicial es el que más quejas genera: «[...] concentra el mayor número de denuncias públicas tanto por parte de particulares como de profesionales».

Según las cifras del Observatorio, el año 2023 se denegaron el 51,4% de las órdenes de protección en Barcelona y desde el 2005 hasta el 2022 se llegaron a denegar hasta el 70%. Además, dos de las mujeres a las que se les negó esta protección fueron víctimas de feminicidio, así lo afirman las integrantes del colectivo #MadresProtectorasDeBarcelona.

Con todas estas publicaciones y cifras es complicado que el día 20 de febrero de 2025, alguna autoridad del gobierno catalán no estuviese al tanto de las denuncias contra la jueza del juzgado nº 2 de violencia de género de Barcelona, menos tratándose del consejero de Justicia.

La violencia institucional revictimiza a las denunciantes de violencia machista y a sus hij@s

Catalunya, hasta el momento, es la única Comunidad Autónoma que tiene ley contra la violencia institucional y la define como «las acciones y omisiones de las autoridades, el personal público y los agentes de cualquier organismo o institución pública que tengan por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de los derechos que reconoce la presente ley para asegurar una vida libre de violencia machista, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación sectorial aplicable».

Otra novedad es la regulación de la violencia institucional como ámbito, con la definición de la diligencia debida y la especificación de que dicha violencia puede causarse tanto por acción como por omisión.

Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

La ley dice, además, que la falta de diligencia en el abordaje de la violencia machista, «si es conocida o promovida por las administraciones o deviene un patrón de discriminación reiterado y estructural, constituye una manifestación de violencia institucional». Y asegura que esta incluye leyes, la interpretación de las mismas y la aplicación del derecho que den como resultado la revictimización de las denunciantes y agrega que «la utilización del síndrome de alienación parental también es violencia institucional».

A pesar de que la ley contra la violencia institucional es un gran avance, la portavoz del OVIM, Marina Oliva, destaca que «no existen canales efectivos para denunciar, por ello la creación del Observatorio». Oliva menciona que la obligación de incluir en la denuncia el número del proceso judicial y los datos de las profesionales y víctimas, asusta a las mujeres por las posibles represalias: «¿Cómo podrán denunciar al abogado o al juez que lleva su caso?».

Una judicatura formada en enfoque de género y de infancias es imprescindible

La ley contra la violencia institucional catalana también contempla «la formación obligatoria y periódica sobre perspectiva de género, de infancia y de diversidad de los profesionales que atienden directa o indirectamente a las mujeres en situaciones de violencia, para trabajar prejuicios y estereotipos, así como la evaluación continuada de esta a partir de espacios de supervisión y reciclaje profesional. En el caso de las plazas públicas, debe garantizarse su especialización»

El alto índice de denegación de medidas de protección del juzgado nº 2 de violencia de género de Barcelona, solicitadas tanto para el cuidado de las mujeres víctimas, como de sus hij@s, así como el supuesto «trato despectivo» de la jueza Francisca Verdejo, reportado en sendas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, sugeriría una falta de supervisión efectiva sobre la formación obligatoria en perspectiva de género y de infancia en la administración de justicia.

Renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin violencia institucional

Este 26 de febrero se aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que de 290 medidas ha pasado a tener 462, y representa un gran avance sobre todo en el reconocimiento del
proxenetismo, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, la violencia digital, la violencia económica y la violencia vicaria, como formas de violencias machistas, sin embargo, un punto en contra es que entre estas no se haya incluido la violencia institucional, fuente de revictmización para las denunciantes y sus criaturas.

'The game is over'

«Sin violencia institucional, la violencia de género acabaría», afirma una madre que compartió su testimonio en teleoLeo.com. Ella denunció a su expareja por violencia sexual, pero el convenio de custodia le otorgó visitas. Aunque no es uno de los casos de la jueza Verdejo, su comentario es relevante: si fiscales y jueces aplicaran enfoque de género, de derechos humanos y de infancia, habría menos mujeres y menores de edad dañados y más agresores para los que el juego se acabó.