Leonor Pérez-Durand/ Periodista

@teleoLeo

Cuatro meses de prisión suspendida, condicionada a no cometer delito en dos años y a mantener las medidas de alejamiento, es la condena que ha recibido el hombre detenido este fin de semana en Lleida, Catalunya, por mantener relaciones sexuales en la vía pública con su hija de 20 años y en presencia de su hijo de 8 años de edad.

Tras ser detenido y puesto a disposición judicial, el hombre fue liberado con la prohibición de acercarse ni comunicarse con su hija. Sin embargo, unas horas después violó la prohibición y volvió a ser detenido. Este martes, en un juicio rápido por la violación de las medidas, vía una "sentencia de conformidad", que se produce cuando el imputado acepta los hechos para obtener una reducción de la pena, volvió a salir por la puerta del juzgado con la renovación de la exigencia de cumplir unas medidas que antes no cumplió.

¿La condena de este caso minimiza la violencia de género?

La respuesta de la justicia a este caso nos obliga a reflexionar sobre la verdadera protección de mujeres e infancias por parte de las instituciones. Si bien es cierto, aún hay abierta una investigación por agresión sexual, el caso se habría tratado al principio como un posible caso de "incesto entre adultos". Esta calificación legal es la única que justifica que el condenado quedase en libertad tras haber sido detenido, minimizando de facto la gravedad de los hechos.

En España, el incesto no es delito, el parentesco se considera simplemente como una agravante en casos de abuso sexual. Sin embargo, esto debería estar delimitado en concordancia con el Código Civil, que establece la prohibición de casarse entre padres e hijos, porque obviamente, estaríamos ante una relación de desigualdad y de poder en la que el progenitor tiene la sartén por el mango y sus hijas e hijos son los objetos a poseer.

Si hablamos de incesto entre padres e hij@s, lo más adecuado es hablar de abuso sexual, porque los progenitores tienen acceso a sus víctimas desde pequeñas y lo más probable es que hayan comenzado a "acceder" a ellas desde temprana edad, lo cual hace que muchas veces las víctimas normalicen el abuso, porque si me lo hace papá no debe ser tan malo, y que desarrollen indefensión aprendida, es decir, aprender a vivir con la agresión y el agresor en armonía, por temor a sus amenazas o para evitar mayor sufrimiento, para sí o sus familiares más cercanos: madre, hermanos.

Si la joven declaró que esta no era la primera vez que su padre abusaba de ella, lo maś probable es que haya estado haciéndolo desde que ella era menor de edad. Además, la declaración de que la alcoholiza para minar su resistencia podría ser otro agravante que confirme la agresión sexual. Por ello este caso no parece ser uno donde el consentimiento haya existido ni que pueda tratarse de "incesto entre adultos".

La presencia del hijo de 8 años del denunciado es otro agravante que nos ratifica no sólo la violencia machista si no además la violencia del derecho a la indemindad sexual de las infancias y nada de esto debería en ningún momento del proceso estar relacionado con una "sentencia de conformidad", porque estamos ante un caso de violación de Derechos Humanos y estos no son negociables.

Recordemos que organismos como la ONU y la OMS establecen que la violencia de género atenta contra los DD.HH. al ser una expresión de desigualdad de poder que vulnera la vida, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la autonomía de las víctimas."

Y aquí es necesario insistir en:

• La justicia sin perspectiva de género ni de infancias no protege los DD.HH de las y los ciudadanos, sólo revictimiza ejerciendo violencia institucional sobre quienes denuncian con la esperanza de obtener justicia.
• La educación sexual efectiva debe ser una asignatura obligatoria en todas las escuelas desde temprana edad. Niñas y niños deben de tener la información necesaria para saber reconocer el abuso y se les debe dar las herramientas y la confianza para que puedan expresar lo que les pueda estar ocurriendo, hemos de educar en prevención, en formación y en desarrollo de una autoestima positiva, así como en respeto por la diversidad y habilidades para la toma de decisiones conscientes.

Reflexionemos herman@s

Este caso, más allá de verse bajo la lupa de la legalidad, debe ser un llamado de atención para cuestionarnos: ¿cómo en un país con leyes progresistas sobre violencia de género, abogados, fiscales y jueces pueden tener un atisbo de duda entre una joven que denuncia abuso continuado y alcoholización, y una supuesta relación sexual consentida entre adultos de la misma familia? ¿Y cómo el sistema judicial no pondera todos los elementos para sentenciar de inmediato un caso en el que se ha detenido al "supuesto agresor en flagrancia"?

Este martes por la tarde, horas después de que el imputado fuese detenido por violar las medidas de alejamiento, la madre de la joven también lo denunció por violencia de género; esta denuncia posterior a la detención podría indicar el ambiente de temor y coacción en el que ha estado viviendo esta familia, donde incluso la madre, siendo una mujer adulta, recién ha levantado la voz cuando ha visto entre ella y él, que se abrían las rejas de la prisión. Sin embargo, hoy, él campa libre y ellas desprotegidas.