Leonor Pérez-Durand/Periodista

@teleoLeo

La protección de la infancia en España no goza de buena salud. Mientras la administración se felicita por nuevos decretos de acogimiento, miles de familias denuncian una "industria de la tutela" que, lejos de proteger, revictimiza y traumatiza a los menores. En este vacío de protección real, la extrema derecha populista ha encontrado una grieta para infiltrar discursos misóginos y agenciarse adeptos, instrumentalizando el dolor de las familias.

El reciente anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre el impulso al acogimiento familiar frente al residencial, parece una solución superficial para un problema estructural. España cuenta con más de 30,000 menores bajo tutela estatal, la ministra espera que la medida, que va en la línea de que la acogida familiar prevalezca sobe la residencial, beneficie a los 1200 niñas y niños de 0 a 6 años de edad ingresados en centros tras haber sido declarados en desamparo por las diferente administraciones españolas.

El espejismo de la protección: metástasis en el sistema

Sin embargo, priorizar el acogimiento familiar es poner compresas a un enfermo con metástasis, pues madres y padres acusan procedimientos injustos en las tutelas de sus hijas e hijos, ya que no es la última medida a tomar ni obedece estrictamente a maltrato o abuso sexual, tal y como lo estípula la Convención de Los Derechos del Niño y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

"Priorizar el acogimiento familiar es poner compresas a un enfermo con metástasis si el sistema persiste en la 'cultura de los arrancamientos' y el sesgo patriarcal".

Radiografía del despojo: ¿por qué se rompen las familias?

La lectura de los expedientes de tutela revela que muchas veces se separa a los niños de sus familias por:

• Vulnerabilidad económica: la falta de recursos económicos de algunas familias genera tutelas no contempladas por ley.
• Discapacidad de los progenitores: el capacitismo de los agentes de la administración hace que madres y padres con alguna condición física o mental sean sospechosos de negligencia parental.
• Sesgos de género: madres solteras o mujeres que han denunciado violencia de género son declaradas "emocionalmente inestables" por el propio maltrato recibido y como consecuencia sufren el arrancamiento de sus hijas e hijos.
• Incumplimiento del régimen de visitas: esto ocurre porque hijas e hijos se niegan a ver a sus padres debido a que han visto y sufrido la violencia ejercida contra sus madres y la justicia condena a las madres apartándolas de sus criaturas a través de su tutela o de su entrega al maltratador.
• Origen migrante: la crianza de las familias extranjeras genera sospecha. El 45,16% de menores de edad en centros residenciales son nacidos en el extranjero o sus padres son personas migrantes.

Antes que beneficiar el acogimiento de menores de edad en familias de acogida, es imprescindible y urgente la revisión de los expediente del sistema de protección, porque la ruptura de familias está generando daño en la salud mental y física de las y los afectados quienes, incluso, se están suicidando a causa de la frustrante lucha contra el muro infranqueable de la administración y/o que se aferren a discursos extremistas y polarizadores que culpa al gobierno estatal de todo y prometen la devolución de sus criaturas.

La grieta: donde el progresismo calla, la extrema derecha grita

La tutela de menores de edad es un tema que la extrema derecha ha logrado convertir en capital político y eso sólo ha ocurrido porque la izquierda que nos gobierna no ha tomado al toro por las astas y no ha enfocado el tema de manera integral ni parece haberlo asumido como prioritario y mientras eso no ocurra las niñas y niños que pretenden proteger continuarán siendo revictimizados:

• Los bebés siguirán siendo arrancados de la teta de sus madres en los hospitales públicos;
• niñas, niños y adolescentes seguirán siendo extraídos de las escuelas o de sus domicilios con cuadrillas policiales, sin tomar en cuenta el trauma que esto les produce;
• se seguirá apartando a criaturas de sus hogares en casos no urgentes, es decir, sin riesgo inminente, y muchas veces sin un estudio previo contundente.

La "Cultura de los Arrancamientos": Un fallo de origen

Según el Colectivo Madres y Maestras, «un sector de diputadas y diputados de la izquierda institucional, muchos de ellos con perfiles de trabajadores sociales, persisten en la "cultura de los arrancamientos". A pesar de su ideología política, sus visiones están deformadas por el machismo, el racismo, el capacitismo y el patriarcado».

Además señala: «Estos perfiles niegan la evidencia científica demostrada por asociaciones especializadas en salud mental materna e infantil. No reconocen la importancia que tienen los programas preventivos para evitar la separación innecesaria de familias» Al respecto podemos mencionar el Manifiesto de Conecta Perinatal, Propuestas y Recursos Esenciales para un nuevo modelo cuidador en la atención universal de la salud mental perinatal y de las familias en dificultad»

La otra izquierda: de la inacción política al activismo social

Y si bien es cierto la izquierda desde los puestos de mando no está dando la talla en este tema, denunciando el incumplimiento del espíritu de las leyes de protección, desde los movimientos sociales y cívicos la cosa ha sido diferente. Cabe mencionar esfuerzos como el de Marea Turquesa, movimiento formado por madres, que junto con Infancia Libre, investigadoras víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, Madres Protectoras, y otros grupos más pequeños, se organizaron y organizan para denunciar los abusos, sobre todo, contra madres e infancias y para denunciar lo que consideraron la "industria de la tutela de menores" y acabar con lo que llamaron "el negocio del dolor".

También debemos contar el caso icónico de No a O'Belen, colectivo que denunció las malas prácticas de la Fundación O'Belen, pionera en la creación de centros terapéuticos para menores en régimen de protección, la fundación también se dedicó a investigar sobre trastornos del comportamiento, «para justificar su negocio, ampliarlo y de paso darle cobertura científica a las atrocidades cometidas», afirmaba el colectivo en su página mientras luchaba para que O’Belen fuese apartada de la gestión de estos centros por denuncias de malos tratos y la muerte de varios menores de edad a su cargo, lo cual motivó que el Comité contra la Tortura de la ONU transmitiera su “preocupación” al Estado español. En 2017, tras 13 años de lucha, lograron que O’Belen fuese cerrada.

«Al principio nos unimos desde diferentes activismos de izquierda para luchar contra el maltrato a la infancia, la pederastia, la violencia vicaria y las tutelas arbitrarias; hicimos investigación, sin embargo, al final la extrema derecha abrió brecha por el tema de tutelas, se apoderaron del discurso y de los grupos anti tutelas, pasando de ser padres que en un inicio luchaban por recuperar la custodia de sus hijos, a instrumentalizar la retirada de menores por parte de la administración, se apropiaron del trabajo epistemológico que habíamos hecho y comenzaron a hablar del derecho de los niños a mantener el vínculo con ambos progenitores», afirma una activista anti pederastia que estuvo en los inicios de estos movimientos y que prefiere mantenerse en el anonimato.

Hipocresía de la extrema derecha y la machosfera

Y si bien es cierto, la izquierda en el poder no lo está haciendo del todo bien, virar hacia posiciones radicales como las que representa la extrema derecha es peor, porque aunque desde sus enfervorizados voceros, vendedores de bulos en whatsapp, tiktok y demás redes, digan que lucharán por devolver a las y los menores de edad a sus familias; en las comunidades autónomas donde VOX gobernó y gobierna por años al lado del PP, la administración continúa con las retiradas masivas de menores de edad, sin cumplir con que el arrancar a menores de edad de sus hogares sea la última opción tal y como lo estipula la Convención de Derechos del Niño, de obligado cumpliento para los países firmantes, entre ellos, España.

"La extrema derecha instrumentaliza el dolor de las familias para captar votos, mientras su 'machoesfera' recomienda a maltratadores usar la tutela pública como herramienta de venganza vicaria".

Ante la inacción o negligencia de la administración, figuras como Alvise Pérez eurodiputado, creador del partido de extrema derecha populista Se Acabó la Fiesta y partidos como Vox han capitalizado el descontento. Para difundir su mensaje polarizador, la extrema derecha está utilizando a individuos que se infiltran en grupos formados por familias afectadas, pero también se vale de asociaciones dirigidas por misóginos que defienden:

• Narrativas Negacionistas: Promueven asociaciones que defienden la existencia de "denuncias falsas" y exigen la custodia compartida incluso en casos de maltrato.
• Anulación de la violencia de género: utilizan el concepto de violencia doméstica para diluir la violencia que se comete contra las mujeres en el ámbito familiar;
• Instrumentalización: Recomiendan a maltratadores pedir que sus hijos sean entregados a servicios sociales solo para castigar a las madres, ejerciendo así una violencia vicaria bajo el amparo de la ley.

Feminicidio preventivo

Las asociaciones a través de las cuales actúa la extrema derecha han llegado a pedir el “feminicidio preventivo” . Es el caso de ACSIM, asociación contra el secuestro de menores, que propusó esta idea cuando Suiza, en el marco del Convenio de Sustracción de Menores de La Haya falló a favor de Verónica Saldaña, denunciada por la sustracción internacional de sus hijos. Esta madre salió de España con sus pequeños tras denunciar al padre de sus hijos por violencia sexual contra los niños y violencia contra ella misma. ANAVID otra asociación cercana a VOX republicó este comunicado de ACSIM dándole todo su respaldo.

Tutelar para proteger, no para castigar

La tutela de menores sólo debería proceder en casos de violencia extrema en contra de las criaturas y mediante previa orden judicial. La vulnerabilidad económica de los progenitores, la discapacidad, el haber tenido consumos durante la juventud, haber intentado suicidarse en el pasado o el haber sido personas ex tuteladas, no pueden seguir siendo motivos por los cuales las criaturas están siendo separadas de sus progenitores; cuando por otro lado, además, mediante sentencias judiciales o dictámenes administrativos se les relaciona con padres denunciados y hasta condenados por violencia de género, incluso, con padres denunciados por violencia física y sexual contra su propia prole.

Según el artículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado por España:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Del mismo modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16.3 establece que:

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

La tutela de niñas, niños y adolescentes y el consecuente arrancamiento del lado de sus familias, no se puede decidir en base a factores ambientales, que no comporten poner en riesgo la vida y la integridad de las criaturas, y debería ser dictaminada por la justicia a consecuencia de una investigación sólida de servicios sociales que demuestre fehacientemente que es la única alternativa y no sobre presunciones.

Es imprescindible, además, que juezas y jueces actúen con perspectiva de infancia, de género y de derechos humanos, y, sobre todo, que escuchen a las y los menores de edad. Lamentablemente, la judicatura española ha dado ejemplos recientes de carecer de estos atributos. El caso más notorio es el de Juana Rivas, donde, a pesar de que los hijos relataron maltratos y existen audios que verificarían sus afirmaciones, y de que el padre ha sido imputado por la justicia italiana por esos maltratos, los tribunales españoles devolvieron al hijo menor con su padre mientras se emite la sentencia.

Una criatura sólo debería ser separada de su familia sin una orden judicial para protegerla de un peligro inminente. En Inglaterra, por ejemplo, cada vez que se retira a un menor de edad de su hogar de manera estrictamente urgente, la administración tiene 72 horas para pasar el caso ante un juez a fin que determine qué hacer; en Francia también es un juez quien decide la tutela de un menor de edad, mientras que en España, servicios sociales decide si se retira a un menor de edad de su hogar y lo hace con cuadrillas de policías armados hasta los dientes dando “apoyo”.

Según el último Boletín de datos estadísticos de protección a la infancia y la adolescencia de 2023, elaborado con datos del Ministerio de la Juventud y la Infancia, el 58% de tutelas de menores de edad son originadas por una orden administrativa que, en la mayoría de los casos luego será refrendada por un juez o jueza, porque servicios sociales tiene presunción de veracidad y lo que digan los progenitores siempre será puesto en tela de juicio.

El ingreso de menores de edad en centros residenciales o entregados a familia extensa o familia extraña mediante una resolución judicial sólo arriba al 0,6% y se denomina guarda judicial: «[…] acordada cuando se presentan situaciones de conflicto grave y concurre violencia en el ámbito familiar, en las que no procede declarar la situación de desamparo de la niña, niño o adolescente puesto que uno de los progenitores o tutores puede seguir asumiendo sus responsabilidades de protección».

Y este es otro melón por abrir, porque la frase «situaciones de conflicto grave» y «violencia en el ámbito familiar», son eufemismos que ocultan la violencia vicaria, pues estas «guardas» generalmente se dan cuando el padre ha sido denunciado y hasta condenado por violencia de género e hijas e hijos se niegan a tener visitas con él; cuando esto ocurre las madres son acusadas de ejercer el falso síndrome de alienación parental, a través de frases que podemos leer en las sentencias, tales como: «La madre obstruye el vínculo con el padre» y otras; y en consecuencia, la justicia dictamina el ingreso de las y los menores de edad en un centro residencial para garantizar el vínculo con el progenitor.

"No habrá un buen futuro sin un buen presente: tutelar para castigar la pobreza o la discapacidad, y no para proteger de la violencia real, es una vulneración flagrante de los Derechos Humanos".

Casos de incumplimiento flagrante

Mientras quienes luchan por la igualdad, la diversidad y la transversalidad de las políticas no tengan como prioridad el bienestar de niñas, niños y adolescentes, nada cambiara, pues ya no se trata de crear más leyes, que también; se trata, sobre todo, de hacer que las que tenemos sean cumplidas por la administración y por el sistema de justicia español.

Según los casos consultados y las propias leyes españolas, las administraciones y la justicia están cometiendo una serie de incumplimientos flagrantes que perjudican el bienestar de los menores y sus familias:

• Violencia de género: se están tutelando hijas e hijos de madres víctimas contraviniendo la Ley de Protección de la Infancia contra la Violencia de 2021 que en su artículo 29.2 ordena a las administraciones públicas contemplar «[…] la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior».
• Separación de bebés: cuando una madre recién parida necesita apoyo, en lugar de ingresar a la madre y al bebé en un hogar especializado para mantener el apego, la lactancia y la exterogestación, en muchos casos, se opta por separarlos. Además, se han reportado casos en hospitales donde se administran medicamentos a las madres para cortar la lactancia.
• Ignorar a la familia extensa: La Ley de 2015 establece que la primera opción para un bebé separado de sus padres debe ser la familia extensa. Sin embargo, en muchos casos, la administración prefiere enviarlos a familias de acogida extrañas o a centros de menores, a pesar de que la ley dice que los niños sólo pueden ser colocados en centros residenciales a partir de los 3 años.
• Separación de hermanos: se ha documentado la entrega de hermanos a familias de acogida distintas, a pesar de que la Ley de 2015 prohíbe explícitamente su separación.
• Infancias migrantes: no se cumplen los convenios internacionales a pesar de que la Ley de 2015, en su preámbulo, señala que España está obligada a cumplir las leyes supranacionales de protección a la infancia. En la mayoría de casos, las administraciones no cumplen con avisar a los consulados para localizar a la familia extensa.
• Desarraigo cultural: al no buscar la familia extensa de las y los menores de edad de origen migrante y colocarlos en centros residenciales o familias de acogida extrañas se contraviene el artículo 20 de la Convención de los Derechos del niño: «Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar [...] tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado [...] se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico».

La evidencia científica ignorada: exterogestación y salud mental

Cuando un bebé humano nace, lo hace con sólo «un 25% de su cerebro desarrollado, para poder pasar por el cana del parto, por lo tanto, no están preparados, como otros mamíferos, para la independencia», lo cual lo hace absolutamente dependiente de su madre para ser alimentado y cuidado, ya que sólo nos comunican sus necesidades a través del llanto; este periodo dura otros nueve meses, por ello, tutelar a un bebé, arrancarlo de los brazos y de la teta de su madre genera estrés y percepción de peligro en la criatura y, a largo plazo, afecta su neurodesarrollo; mientras que para la madre puede significar un incremento de riesgo de sufrir depresión postparto.

No habrá buen futuro sin un buen presente

Mientras no integremos que para moldear adecuadamente la salud mental de los adultos del futuro, necesitamos cuidar con amor y respeto de las infancias del presente, no avanzaremos en la dirección correcta y lo único que estaremos haciendo es "fabricando" seres sin pertenencia, sin empatía, desarraigados, empastillados, Otro ladrillo en la pared, como dice la gran canción de Pink Floyd, expuestos a todo tipo de consumos nocivos y/o de explotación.

Repetimos cual mantra aquello de que niñas y niños son el mañana, son el futuro, pero los adultos de hoy qué futuro les estamos deparando si no son nuestra lucha prioritaria, si no nos comprometemos con cuidarles desde todos los ámbitos y con todas nuestras capacidades; y para ello una de las acciones vitales es no ceder terreno a las y los intolerantes machistoides patriarcales que se están colando por las grietas que el progresismo deja.

Un frente común: transversalidad o barbarie

Mientras el feminismo, el antirracismo y el anticapitalismo no se unan en la lucha por el real "interés superior" de la infancia, seguiremos dejando la puerta abierta para que la extrema derecha continúe metiendo sus sucias manos en tema tan delicado, disfrazándose de activistas apolíticos y de lucha por la familia, cuando su único interés es hacerse con los votos de las miles de personas afectadas con el tema, y no defender el derecho de las infancias que se podría resumir en: garantizar el desarrollo integral de las criaturas rodeadas del amor de sus familias, cuidando de su salud mental y emocional.

Es hora de preguntarnos, de verdad, si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como sociedad para proteger a las y los menores de edad. Es imprescindible que quienes elegimos la igualdad, el respeto y el amor, aunemos nuestras luchas y hagamos un frente común en favor de la infancia, de las madres que protegen y de las familias que tienen derecho a desarrollar sus proyectos de vida. Solo así avanzaremos como sociedad, porque la lucha será transversal, o no será.