Leonor Pérez-Durand/Periodista

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«Se valora más el derecho del padre a ser padre que el derecho del menor a ser protegido». Con esta frase, Celso García García, abogado colaborador de la Asociación M.A.M.I, que ayuda a mujeres víctimas de violencia vicaria y a sus hijos, resume la falta de protección real a las víctimas. García señala que esto ocurre a pesar de contar con una de las legislaciones más progresistas y avanzadas de Europa respecto a violencia de género y violencia contra las infancias.

La violencia vicaria, sabemos, es aquella que ejerce el agresor cuando la mujer, poniendo un alto al maltrato decide separarse y si tienen hijos en común, es en ese momento, en el que él -sabiendo que pierde el poder sobre su víctima - objetiva a sus hijos y los convierte en el instrumento para seguir maltratándola, y es en esas circunstancias que ella escucha frases como: "Voy a acabar con lo que más quieres". Esta amenaza, desde 2013, año en que se comenzó a contar este tipo de violencia, hasta hoy, son ya 65 los menores de edad asesinados por sus padres.

Pero siendo la supresión de la vida de un hijo o una hija, un dolor irremediable, la violencia vicaria también se expresa mediante interminables procesos legales entablados por los agresores para quedarse con las custodias de sus hijos o a través de maltrato directo a las criaturas, o de violencia económica, no pagando la pensión de alimentos o exigiendo custodias compartidas para no tener que pagar, con el objetivo de llevar a las madres a la vulnerabilidad económica para precarizarlas tanto como les sea posible.

Y tras la violencia de género aparece la violencia institucional.

En la entrevista concedida por Celso García a teleoLeo.com, el abogado denuncia la "ignorancia" de algunos jueces y fiscales sobre la normativa nacional e internacional de protección de mujeres e infancias. El letrado expone, además, cómo el sistema judicial español, utiliza eufemismos para aplicar el prohibido e inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) para condenar a las madres porque asumen que si hijas e hijos no quieren ver a su padre es porque ella los "manipula", y como consecuencia se le retira la custodia de sus hijos para entregárselos al padre o ponerlos bajo tutela estatal en un centro residencial para menores de edad.

El doble rasero de los Puntos de Encuentro

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista es la asimetría en la obediencia judicial. Según explica García, cuando un adolescente se niega a ver a su madre estando con el padre, la justicia suele respetar la "voluntad del menor". Sin embargo, si la situación es inversa y el menor de edad se niega a ver a un padre, quien muchas veces cuenta con antecedentes de violencia incluso de violencia sexual hacia sus hijos, la justicia amenaza a la madre con el cambio de custodia o incluso con penas de prisión si no "obliga" al niño o a la niña a cumplir con las visitas.

"Esa es la diferencia fundamental. Ahí se resume todo: quién obliga y quién no obliga", señala Celso García.

Custodias compartidas para maltratadores: el triunfo de la violencia vicaria aupado por la violencia institucional

La entrevista pone el foco en una realidad alarmante, la concesión de custodias compartidas a padres condenados por violencia de género. García relata casos donde informes psicosociales califican a la mujer de "madre perfecta", pero recomiendan la compartida porque la madre "no se fía del padre", por agresor, interpretando este miedo legítimo como un rasgo de "agresividad" o falta de colaboración.

«Nos da igual lo que digan los informes, nos dan igual las condenas. Se prima la figura del padre por encima de la seguridad del niño», denuncia García. El letrado recuerda la máxima de la experta Sonia Vaccaro, quien acuño el término violencia vicaria: «Quien no es buena pareja y es un maltratador, jamás puede ser un buen padre».

El laberinto de la violencia sexual infantil

El relato del abogado se vuelve especialmente crudo al hablar de las denuncias por abuso sexual infantil, García describe una estrategia judicial de deslegitimación del testimonio:

• El relato contaminado: si un niño cuenta el abuso a varios médicos, el sistema alega que el relato está "contaminado" por repetición. Si no lo cuenta igual, con pelos y señales cada vez que le hacen repetirlo, dicen que es "incoherente".
• La prueba preconstituida o Cámara Gesell: aunque es obligatoria por ley para evitar la revictimización, García denuncia que muchos jueces, fiscales y abogados, ni siquiera saben qué es o se niegan a solicitarla.
• Barnahus: Es modelo europeo de "casa de los niños" para una atención integral y amigable en casos de abuso y de agresión sexual, es un ambiente amable para el menor de edad y es donde se obtiene la pureba de la denuncia, sin embargo, en España, muchos jueces aún preguntan "eso qué es".
• Archivos sistemáticos: García relata un caso escalofriante donde, a pesar de existir seis informes médicos de urgencias y pediatría social confirmando sospechas de agresión sexual en una niña de 4 años, la jueza archivó el caso y amenazó a la madre con quitarle la custodia por "inquina judicial" contra el padre.

SAP: el fantasma que cambia de nombre

A pesar de estar prohibido por la ley y de que la ONU ha condenado a España por su uso, el Síndrome de Alienación Parental sigue vivo bajo otros nombres. «Los abogados y psicólogos del sistema regatean la ley usando sinónimos: 'manipulación materna', 'instrumentalización' u 'obstrucción marental'. Es lo mismo y es igual de ilegal», afirma Celso García, quien incluso denuncia la existencia de abogados que enseñan en redes sociales trucos para saltarse esta prohibición legal, perpetuando el castigo contra las denominadas "madres protectoras".

Violencia Institucional: el "Franco judicial" no ha muerto

Para el abogado colaborador de M.A.M.I, España es una "sociedad distópica", pues a pesar de los avances políticos, la judicatura sigue siendo un estamento machista y patriarcal que se resiste a aplicar tratados internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, o el Convenio de Estambul, tratado pionero del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar en todas sus formas, obligando a los Estados firmantes a proteger a las víctimas, perseguir a los agresores y promover la igualdad de género.

«He tenido fiscales diciéndome en sala que un padre pegue a un niño o a una madre entra dentro de su derecho de corrección», revela García con indignación.

¿Qué esperanza queda?

El pronóstico de Celso García respecto al recorrido que hacen las madres en el sistema de justicia no es auspicioso, él asegura que si en primera instancia se obtiene un mal fallo, corregirlo es tarea harto complicada y más porque las mujeres, debido a su economía le es más complicado llegar con una buena defensa ante el Tribunal Supremo que a menudo no admite recursos por "falta de motivo casacional" y, además, condena a las madres a costas judiciales impagables.

El abogado recomienda la alianza entre mujeres y la búsqueda incesante de pruebas periféricas que puedan ayudar a la corrección de fallos revictimizantes: «Sumar pruebas con psicólogos, pediatras y colegios. Darle al niño la confianza para que, cuando tenga 12 o 14 años, tenga la fuerza de decir -'no vuelvo más con este señor y cuando llegue la mayoría de edad, el arma son ellos».

La conclusión es amarga pero combativa: en un sistema que no cree a las madres, la única salida es la organización colectiva y la resistencia legal frente a un Estado que, en lugar de proteger, a menudo se convierte en el brazo ejecutor del maltratador.

«Estamos en un país controlado por instituciones que no quieren creer a las madres ni a los niños», sentencia Celso García García en esta reveladora entrevista. A continuación, el experto legal de la Asociación Mami desgrana para teleoLeo.com los mecanismos internos de una justicia que califica de "distópica", donde hay fiscales que aún defienden el "derecho de corrección" del padre a través del maltrato y donde se persigue penalmente a las mujeres que intentan salvar a sus hijos del abuso. Les invitamos a escuchar las imprescindible declaraciones de García, para entender porqué la ley en España ha avanzado, pero la judicatura sigue atrapada en un sistema arcaico y patriarcal que desprotege a las víctimas más vulnerables.

Entrevista completa a Celso Garcia García/ Abogado colaborador de la Asociación M.A.M.I
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