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Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Juan es el nombre que daremos a este niño tutelado por la ex DGAIA en 2020, tras denunciar abuso sexual por parte de la pareja de su madre. Separado de su padre porque este tiene una discapacidad, en agosto de 2024 abandonó el centro donde estaba recluído y después de 7 meses los Mossos d'Esquadra irrumpieron en casa de su abuela paterna y lo reintegraon al sistema. Hace 11 meses que su padre no ve ni sabe nada de Juan, mientras que, según su abogado, a pesar de que la jueza dijo que el niño no vería a ninguno de los progenitores hasta que no se pronunciase, la madre y su pareja -el denunciado- ven al niño sin supervisión 2 horas a la semana.
Publicado: 2026-02-07 13:16:00
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«No sabemos dónde está ni en las condiciones en las que está ni si está vivo o muerto, desde que se lo llevaron no hemos vuelto a saber nada de él, se supone que la jueza debía pronunciarse sobre su situación, pero dentro de poco se cumplirá un año y no tenermos ninguna información. Hace un par de semanas mi hijo intentó acabar con su vida, no sé qué quieren de nosotros, mi marido ya se fue con el dolor de no haberse podido despedir de su nieto, desde que se lo llevaron no volvió a ser el mismo y su corazón terminó fallando. Nos están torturando», dice esta Encarna, abuela de un niño tutelado al que llamaremos Juan.
La injusticia en el trato es flagrante y documentada. Mientras la jueza, le aseguró al padre de Juan, mediante correo electrónico al que ha tenido acceso teleoLeo.com, que ninguno de los progenitores vería al menor hasta que emitiera una resolución firme, según afirma el padre del niño, su abogado la ha dicho que desde el primer momento, la madre del pequeño disfruta de dos horas semanales de visita, sin ningún tipo de supervisión. Este régimen incluye a la pareja de la madre, denunciado por Juan por abusos sexuales. La madre del niño también fue denunciada por maltrato. Cuando fueron hechas estas denuncias, el juez emitió un auto judicial del Juzgado número 8 de Rubí que prohibía el acercamiento del niño con ambos, porque consideró que eran un grave peligro para su integridad física, psíquica y moral.
El 27 de marzo de 2025 por la noche una cuadrilla de los Mossos d'Esquadra irrumpió en casa de Encarna y se llevó a su nieto de 8 años de edad. «La policía todo el día estuvo rodeando la casa con furgones y por la noche tocaron la puerta diciendo que si no abríamos tirarían la puerta abajo, que tenían una orden judicial, mi nuera les pidió el número de placa y la orden, y la cogieron de los pelos y la arrastraron hasta sacarla al jardín a rastras, se golpeó la espalda y el pecho -meses después le diagnósticaron un cáncer de mama y no sabemos si el golpe recibido haya tenido que ver-; con todo el ruido el niño bajo de su habitación y dijo que dejaran a su familia en paz que él estaba bien y que quería que lo escuchase un juez y le contó a los mossos todo lo que le había pasado», explica Encarna a teleoLeo.com.
El caso de Juan es el relato de un niño que denunció supuesto abuso sexual por parte de la pareja de su madre y al que las instituciones que debían protegerlo no han escuchado y encima han separado de su familia paterna donde nunca sufrió maltrato ni ningún tipo de agresión. La historia de este pequeño es el reflejo de lo que pasa a muchas víctimas cuando denuncian abuso o agresión sexual, pues al tratarse de delitos íntimos sus versiones son siempre puestas en duda, máxime cuando se trata de niñas y niños pues desde una visión adultocentrista, incluso, se les acusa de fabular; a pesar, de que como en este caso el relato de Juan cuenta con un informe de Barnahus que certifica su afectación emocional por los hechos que denuncia.
Durante los siete meses que Juan logró estar con su familia paterna les reveló la realidad que vivió bajo tutela de la EX DGAIA actual DGPPIA: «Mi nieto me relataba que cada noche uno de los de la habitación se quedaba despierto para vigilar que los monitores de turno no los toqueteasen. Nos comentó que pasaban hambre y que vestían fatal; la ropa y juguetes que les llevábamos desaparecían, ellos no los disfrutaban». Juan, afirma su abuela, salió del centro en agosto de 2024 y permaneció con su familia paterna durante 7 meses, hasta el día en que la policía irrumpió en casa de Encarna y se lo llevó. Durante ese tiempo Juan habría ganado peso y tranquilidad: «Mi nieto salió del centro pesando 23 kilos, cuando se lo llevaron pesaba 35, además superó los tics nerviosos que tenía».
La DGPPIA nunca consideró apto al padre de Juan para su custodia, porque al momento de tutelar al niño, él mismo -debido a una incapacidad total desde su adolescencia por una enfermedad crónica- se encontraba bajo la tutela legal de sus propios padres, los abuelos de Juan. Tras una evaluación judicial, en septiembre de 2022, la incapacidad total fue modificada y el padre pasó a necesitar sólo medidas de apoyo para realizar trámites, recuperando su autonomía y capacidad legal para el cuidado del niño. Pese a que la administración fue informada reiteradamente del cambio nunca contestó y mantiene un silencio administrativo absoluto, cuando por ley tenía 6 meses para responder.
Ante esta falta de respuesta, el 24 de agosto de 2024, en una visita del padre, Juan, que siempre le pedía que lo saque del centro y volver a casa, según afirma Encarna: «Mi nieto salió corriendo por la puerta y se subió al coche, su padre se quedo firmando unos papeles que le dieron y explicando el silencio administrativo del que era victima, luego nos fuimos a casa». Durante ese tiempo, Juan recuperó su vida de familia, jugó con sus primos, estudió por internet en casa, siguió la curricula escolar correspondiente a su edad, la de tercero de primaria y, según su abuela, realizó sus tareas diariamente bajo el cuidado de su padre y de su pareja. Pero en marzo de 2025, el uso de la fuerza policial lo reintegró al sistema, cortando desde entoncestodo vínculo con su entorno protector.
La cronología de la tutela de Juan se remonta al 20 de diciembre de 2016, cuando una de las oficinas de Servicios Sociales de Tarragona abrieron un expediente de riesgo «por maltrato familiar crónico» ejercido por su madre, contra el niño y su pareja, el padre del niño. En 2017, el Servicio Especializado de Atención a la Infancia y la Adolescencia, el SEAIA correspondiente, emitió el informe formal de riesgo.
Tras esto, la madre abandonó el domicilio familiar con el niño sin consentimiento del padre, trasladándose a Martorell. Allí presuntamente usurpó la identidad del padre para poder inscribir a Juan en la escuela, hecho que fue denunciado por el padre. Tras ser localizado el niño, por un detective privado contratado por los abuelos paternos, un convenio regulador otorgó la custodia a la madre, estableciendo visitas para el padre que transcurrieron sin incidentes hasta que el menor rompió el silencio.
El 1 de mayo de 2020, durante una visita, el niño explicó a su abuela que su madre le pegaba y que la nueva pareja de esta, le realizaba y obligaba a realizar actos sexuales. De esto existen audios del relato del niño, fotos de las marcas de maltrato y un examen pediátrico que confirmaría los abusos.
Un juicio rápido determinó «indicios suficientes de la comisión del delito de abuso sexual a menor», según el Art. 183 CP, ordenando el alejamiento de la madre y de su pareja a una distancia de mil metros. La madre apeló y le dieron visitas en un Punto de Encuentro Familiar (PEF). El niño fue derivado a Barnahus para investigar los abusos denunciados y en un informe se constato el daño emocional del niño por los hechos denunciados y se dejo constancia que había dicho que su madre lo amenazaba con un cuchillo y que su pareja utilizaba una pistola para, según detalló el niño, realizar actos que constiturían abusó sexual.
A pesar de que en noviembre de 2020 la madre de Juan y tres familiares fueron condenados por intentar secuestrarlo de casa de los abuelos y por un delito de amenazas leves, la entonces DGAIA, asumió la tutela definitiva del niño en diciembre de 2021 y nombró a sus abuelos como sus acogedores provisionales. La situación cambió cuando la administración dictaminó que el acogimiento había "fracasado", según la abuela esto se debió a su queja porque tras una de las visitas en le punto de encuentro con la madre, el niño le dijo que esta lo había grabado en vídeo para mostrarle a su pareja -el denunciado por el niño- como estaba: «Dejamos de ser los mejores abuelos para DGAIA y nos quitaron al niño y se lo entregaron a unos tíos maternos».
Desde ese momento, el sistema criminalizó a los abuelos, pero la estancia del niño con los tíos tampoco no duró mucho tiempo, pues en febrero de 2022, Juan fue ingresado en un Centro Residencial de Acción Educativa, conocido como CRAE. Los últimos informes técnicos conocidos por el padre, evaluaban el retorno del niño con su madre, alegando que ella "colabora", a pesar de que sigue conviviendo con el presunto abusador y de que el proceso por abusos solo estaba suspendido provisionalmente. «A mí y a mi hijo en los pasillos del juzgado, la pareja de la madre me dijo que mi nieto seguiría siendo su juguete sexual hasta que él quisiera, no entiendo qué quiere la administración, ¿legalizar la pederastia?, porque no entiendo cómo podían ver normal que el niño se relacionase con ese hombre», afirma Encarna indignada.
En abril de 2022 los abuelos paternos se opusieron a la tutela del niño ante la administración y pedían recuperar al niño. En octubre de 2022 la DGAIA contestó la demanda negando la solicitud. En noviembre de 2022 los servicios territoriales de Tarragona recibieron el pedido de la justicia para realizar un informe técnico sobre los abuelos paternos, en febrero de 2023 se emitió el informe, según el cual: «[...] aunque los abuelos se muestran colaboradores, tienen una buena situación económica y un buen estado físico, se encuentran emocionalmente afectados por la separación de su nieto, por ello manifiestan ir a terapia para sobrellevar la situación»; y terminan declarando que los abuelos no son aptos para recuperar la guarda del pequeño.
La razón expuesta por el equipo técnico es que como los abuelos se oponían a que el niño fuese revinculado con su madre y su pareja por los maltratos y abusos denunciados, no eran aptos para recuperar su guarda: «De su narrativa se desprende su carencias para entender las necesidades del niño y adaptarse a ellas, así como para entender la complejidad de la realidad familiar y las dificultades propias». El informe afirma que los abuelos «instrumentalizan, influencian y dirigen la conducta del menor de edad a favor suyo» y por eso no les permitían visitas con el niño. Respecto al padre no contemplaban ni siquiera ampliar las visitas porque: «[...] el progenitor cuenta con pocos recursos para gestionar las visitas y transmite mensajes poco favorables al niño».
Según el informe, además, «el niño no presenta deseo de ampliar las visitas con su padre ni tampoco contactar con los abuelos», lo cual se contradice totalmente con lo expresado por el niño a teleoLeo.com durante el periodo que se encontró fuera del centro: «Lo que no quiero es volver a casa de mi madre porque es un infierno y tampoco quiero volver a la residencia porque también es un infierno, lo que quiero es estar con mi padre».
Respecto a la madre, en ese mismo informe, el equipo técnico era favorable a reintegrarle al niño con un plan de trabajo, pero decían también que esperaban la sentencia del proceso abierto por maltrato donde ella estaba denunciada, para evitar problemas pues seguiría vigente el convenio regulador por el cual ella tenía la custodia del niño. Sin embargo la madre ha sido absuelta de las denuncias de maltrato a pesar de las fotos y de las pruebas presentadas por la familia paterna, así que ahora que el niño ha sido reingresado en un centro residencial, la madre, que sigue conviviendo con la pareja denunciada por abuso por parte del niño, tiene el camino abierto para recuperar su custodia.
El informe, además, describe a la madre como colaboradora, «valora positivamente el soporte de los profesionales y pone en práctica las orientaciones», con ello justifica que ella tuviese en ese momento un régimen de visitas más amplio que el padre del niño, no denunciado nunca por nada: «Respecto a la madre, las visitas se realizan semanalmente, fuera del centro. Cada quince días a las visitas se incorpora su pareja y el hermano pequeño de Juan. De estas visitas se hace una valoración positiva y se valora una posible ampliación».
Durante su estancia en el centro, el menor fue diagnosticado con “trastorno del vínculo” y medicado con Risperidona y Rubifén (antipsicóticos y derivados de anfetaminas), cosa que el mismo niño ratificó a teleoLeo.com. La abuela denuncia que según el niño la medicación se la había dado el «médico de los hongos de los pies» y según ella esto se debe a un lucro institucional: «La administración recibe 4000 € por la manutención mensual de un niño sano, sin embargo, paga 9.000 € por niños con una patología, así que les conviene demostrar la existencia de alguna enfermedad crónica o discapacidad para cobrar más».
Hoy, la familia paterna sigue sin acceso al expediente completo actualizado del niño y teme por su integridad y su vida: «Mi nieto me dijo que si lo vovían a meter en un centro se mataría. No sabemos nada de él desde hace 11 meses no sabemos nada de él, la jueza nos dijo que hablaría con él para que le contase su versión, pero no sabemos si lo ha hecho ya o no, yo misma le traslade el vídeo que grabaste de mi nieto cuando estuvo con nosotros y por el cual la entonces DGAIA te amenazó con un procedimiento administrativo y penal si no lo retirabas y en el cual Juan contaba el maltrato físico sufrido a manos de su madre y de su pareja y las cosas que le hacía ese hombre. Todo esto se está cobrando vidas, mi marido ya se fue porque su corazón no soportó tanto dolor y mi hijo está desesperado, ya intentó acabar con su vida, sólo pido que esta tortura acabe, que sepamos dónde y cómo está el niño, somos su familia y nunca le hemos hecho daño».
Sobre este caso y otros, teleoLeo.com ha solicitado la versión de la ex DGAIA, en reiteradas oportunidades, sin embargo, la institución ha declinado sistemáticamente dar explicaciones escudándose en la imposibilidad de hablar de "casos concretos". También han contestado que sólo responden a periodistas avalados por un medio de comunicación, sin embargo, incluso haciéndoles la consulta a través de un medio la administración ha mantenido su política de silencio. Desde teleoLeo.com consideramos que restringir la información y negarse a responder a investigaciones periodísticas documentadas constituye una vulneración del derecho a la información y una traba deliberada al escrutinio público de una gestión que afecta la vida de los menores de edad más vulnerables.
Categoría:
Violencia Institucional
Etiquetas:
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