Leonor Pérez Durand/ periodista

@teleoLeo

«Se supone que el embarazo de mi bebé tendría que ser alegre, viene un niño, pero tengo ese miedo, que en cualquier momento ni me dé tiempo de cargarlo». Guillermo Rojas Pérez, es un joven peruano que vive en España, en unos días será padre por primera vez, pero cada noche pierde el sueño por el aviso de la Administración catalana de que tutelará a su bebé en cuanto nazca.

La pareja de Guillermo, Gisela, es una mujer española a la que en mayo de 2023 la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), tuteló a sus 4 hijos, de 9, 6, 5 y 3 años de edad, producto de la unión con su expareja a quien denunció por violencia de género.

«Todo empieza cuando comencé a sufrir maltrato por parte de mi ex pareja y padre de mis hijos, primero comenzó a maltratar al único niño que tenemos, con insultos, amenazas y golpes. Luego pasó a agredir a las niñas. Nos agredía a todos constantemente», manifiesta Gisela a través de un escrito que ha hecho llegar a teleoLeo.com, donde cuenta su historia y relata cómo esta se convirtió en un expediente más de los servicios de protección, ella prefiere no hablar personalmente porque se encuentra en los últimos días de gestación y no debe alterarse.

Cuando Gisela denuncia a su expareja no tenía empleo y vivían en casa de su madre, pidió ayuda para que echasen al agresor, pero él sufrió una infección cerebral y estuvo dos meses ingresado en el hospital, ella estuvo cuidándolo. La historia de esta mujer no es extraña, muchas mujeres que no cuentan con recursos para independizarse económicamente y mantener a sus hijos solas, tras denunciar el maltrato y acudir a servicios sociales a pedir ayuda, terminan siendo también víctimas de violencia institucional.

Las razones citadas en la resolución administrativa para dictaminar el desamparo de los hijos de Gisela son:

• Ejercicio inadecuado de las funciones de guarda que comportan un peligro grave para el infante o el adolescente: falta de seguimiento pediátrico, ausentismo escolar, no se fomenta la vinculación a la red social del territorio e insalubridad del domicilio;
• Transtorno o alteración psíquica o la drogodependencia de los progenitores, o quienes ostenten su tutela y guarda, que repercute gravemente en el desarrollo de los infantes o adolescentes;
• discapacidad de la madre y de la abuela de los niños.

En el escrito de Gisela envíado a teleoLeo.comella manifiesta que no es drogodependiente y que puede demostrar que sus hijos sí que tenían seguimiento pediátrico, respecto al ausentismo escolar, ella refiere que cuando decidió separarse por los maltratos su agresor tuvo un accidente y estuvo ingresado durante dos meses en el hospital y que ella tuvo que hacerse cargo de su cuidado y el de los niños y que en varias oportunidades no pudo llevarlos al colegio, pero que justificó las faltas.

«A la semana de que el padre de mis hijos fuese dado de alta las de la EAIA nos citaron para decirnos que tutelarían a mis hijos porque no estaban bien con nosotros, él se alteró, comenzó a insultarme delante de ellas y amenazó con matarlas si se llevaban a los niños».

Dos semanas después, cuando Gisela estaba con sus hijos en un parque, según cuenta, 7 patrulleros de los mossos d'esquadra cerraron el lugar y se llevaron a sus hijos. «Me rodearon a mí, a mi madre y a mis hijos y veo que de una furgoneta blanca bajan 3 señoritas, se acercaron y me dijeron, "Gisela venimos por los niños", no traían ninguna orden sólo una hoja donde decía el centro que iban mis hijos en tarragona; les pregunte, porque tantos policías y dijeron que ellas actúan asi, yo no sabia que hacer mis hijos lloraban y yo igual, solo quería que me ayuden, era una mujer maltratada y me dañaron mas».

Después de llevarse a los niños la policía habría seguido rodeando a Gisela y a su madre: «Subieron a mis hijos a la furgoneta, ellos sólo lloraban, yo no pude ni correr tras ellos, no pude hacer nada porque los policías se quedaron 30 minutos vigilando de que no hiciéramos nada. Cuando se fueron, yo destrozada me puse a llamar abogados y ninguno me ayudaba o cobraban demasiado. En ese momento se me cayó el mundo encima».

Tras eso Gisela fue citada, afirma que le dijeron que para recuperar a sus hijos tenía que separarse de su pareja, conseguir trabajo y otra casa donde vivir, además le dieron visitas con los niños 1 hora dos veces por semana. «Conseguí trabajo y comencé a buscar piso». Luego la volvieron a citar y las visitas se redujeron a 1 por semana y sus hijos fueron cambiados a dos centros diferentes, yendo en contra de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. que estipula que los hermanos no deben ser separados.

Artículo 172 ter:

Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona para que permanezcan unidos.

En 2024 le comunicaron que ella iba cumpliendo con los objetivos: «Me dijeron que me darían visitas en las cuales podría salir con sus hijos acompañada de un tutor y que pronto me los devolverían, yo estaba feliz, me preguntaron si estaba bien, yo les dije que sí, que estaba rehaciendo mi vida con mi nueva pareja y que me estaba ayudando para recuperar a mis hijos; todo iba bien hasta que volvieron a citarme para decirme que no estaba capacitada para ser madre, que jamás los iba a recuperar a mis hijos. Además dijeron que mi pareja era un golpeador y un drogadicto, lo cual no es cierto».

Luego le comunicaron mediante llamada telefónica que a partir del 6 de junio de 2025 las visitas con sus hijos pasarían a ser 1 vez cada 15 días porque serían puesto en preadopción: «Y me dijeron también que cuando encontrasen una familia los vería solo una vez al mes y que luego ya no los vería más. Colgaron la llamada y me citaron para la semana siguiente, en esa cita me volvieron a decir que era una incapaz y que en un mes me enviarían una notificación y que contrate un abogado, pero que no iba recuperar a mis hijos jamás, Salí llorando devastada».

Con esta madre según la legislación vigente, la Administración habría cometido varias violencias:

• No le han dado las protecciones por su condición de víctima de violencia de género;
• Le han retirado la tutela de sus hijos a pesar de que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que en su artículo 29.2 dice que salvo que la madre sea un peligro para sus hijos, estos no le deben ser arrancados. Artículo 29. Situación de violencia de género en el ámbito familiar. 2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su interés superior.
• No le han dado el apoyo que le correspondía como persona con una discapacidad tal como indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 23, que obliga a España a garantizar que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones en todo lo relativo a la maternidad, la paternidad y la custodia. 2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. Nada de eso ocurrió con Gisela, al contrario, su condición es citada como uno de los elementos causantes del desamparo de sus 4 hijos.
• No le han proporcionado una vivienda adecuada para dejar de vivir en la que servicios sociales señalaba como una casa insalubre y como un entorno de riesgo para sus hijos, cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cuenta con un programa para dotar de solución habitacional para víctimas de violencia de género que en su página web manifiesta que tiene como objetivo: «Proporcionar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables».

En la actualidad la situación de Gisela es otra, tiene como pareja a Guillermo, viven en la casa de la madre de este, sólos con sus dos gatos, porque su madre vive en otro lugar, sin embargo, las técnicas de la DGPPIA han transmitido a la pareja, sin aportar denuncia ni prueba alguna, que "les han dicho" que Guillermo es alcohólico, drogadicto y que tiene denuncias, entre ellas una por maltratar a una mujer, que él era un padre ausente porque se había ido de España y por último les dijeron que no eran pareja.

En entrevista concedida a teleoLeo.com, Guillermo, junto con Rosa Casas, trabajadora social y antrópologa de la Asociación DHIDES que se dedica, como dice en su página al "empoderamiento comunitario con enfoque de género" y que asesora a familias en problemas con la administración, desminitieron estas acusaciones: «Yo no soy ni alcohólico ni drogadicto, y no tengo ninguna sentencia por maltrato, lo único cierto es que estaba fuera de España, pero me fuí por trabajo, porque aquí no me iba bien y encontré un puesto administrativo en el consulado de Perú en Ginebra, cargo que ya perdí porque me he quedado aquí para que no nos quiten a mi hijo».

Rosa Casas, que está acompañando a esta familia, por su parte, dice haber ido a ver las posibles denuncias en contra de Guillermo y asegura que se trata de multas y que sí hay una de maltrato pero que salió absuelto: «Ellas hablan de que él tiene antecedentes y antecedentes no tiene, lo que tiene son de infracciones de tránsito y la de maltrato fue porque un tiempo estuvo trabajando de camarero en un bar y una de las clientas lo agredió y luego lo denunció ni siquiera estamos hablando de una denuncia de violencia de género, pero de la manera en la que ellas lo dicen desvirtúan la verdad».

A Guillermo y a Gisela les parece inverosimil que les digan que no son pareja cuando tienen pruebas para demostrarlo, como por ejemplo esta foto que han envíado a teleoLeo.com, en ella podemos ver a ambos en Ginebra, en un viaje a esa ciudad cuando él aún trabajaba para el Consulado Peruano en Suiza.

Guillermo y Gisela en Ginebra cuando él trabajaba allí para el Consulado Peruano
(Pulsa la imagen para ampliarla)

La medida cautelar y la espera: ¿alguien parará este despojo?

Gisela y Guillermo esperan a su hijo para dentro de unos días. Han presentado una medida cautelar para intentar que el bebé no sea separado de ellos nada más nacer. Mientras tanto, la administración avanza en el proceso de pre-adopción de sus cuatro hermanos mayores. Lo que está en juego no es solo una familia. Es la pregunta de hasta dónde puede llegar la Administración cuando decide que una madre, por el hecho de ser víctima, vulnerable económicamente y con discapacidad, no es digna de criar a sus hijos. Y si las leyes que dicen protegerlas servirán para algo más que para ser citadas en un expediente y ser victimizadas por las instituciones que deberían protegarlas a ellas y a sus criaturas.

La conversación completa entre Guillermo y Rosa Casas puede verse en nuestras redes. Allí profundizan en cada una de las acusaciones, en el proceso de pre-adopción de los cuatro hijos de Gisela y en la medida cautelar presentada para proteger al bebé.

Vídeo entrevista a Guillermo y Rosa Casas
(Pulsa la imagen para acceder al contenido)