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Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
No es lo mismo un padre que sustrae a sus hijos porque la justicia le restringe el vínculo tras acreditar violencia de género, que una madre que huye con ellos porque el sistema no la protege a ella ni a sus criaturas. Los motivos no son equivalentes. Tampoco lo son sus consecuencias. Esta asimetría estructural atraviesa el caso de Athina Isern Castro, una niña de 7 años sustraída desde el 10 de noviembre de 2025, cuando su padre -denunciado por amenazas y coacciones para quedarse con su custodia- incumplió una orden judicial que le exigía entregarla a su madre en custodia exclusiva. Con acceso a resoluciones judiciales, mensajes del agresor y la entrevista en vídeo con Abigail Castro, este reportaje expone las grietas de un sistema que, cuando tarda, siempre beneficia al agresor.
Publicado: 2026-03-26 17:30:00
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En la desaparición de Athina Isern Castro, una niña de 7 años, convergen varias violencias que tienen un mismo origen: la violencia de género. Por eso, en primer lugar, hablamos de violencia vicaria: el padre, Albert Isern Álvarez, habría sustraído a la niña tras emitirse unas medidas de protección que otorgaban la custodia exclusiva de la pequeña a su madre y le retiraban las visitas. La resolución judicial lo justificaba con una frase que resume decenas de casos y décadas de evidencia acumulada: «la niña se encuentra afectada por los episodios de violencia protagonizados por el padre».
En julio de 2024, el esposo de Ana Gaivao —mujer portuguesa, él de nacionalidad peruana— viajó a Madrid. Ella residía allí con sus dos hijos, según las pruebas que presentó en el pedido de restitución de sus hijos según el Convenio de La Haya: contrato de alquiler firmado por la pareja, empadronamiento, registro escolar de su hijo mayor, cartillas de salud y contrato de trabajo. Además, Ana Gaivao contaba en Madrid con la ayuda de la persona que había trabajado en su casa en Perú para las labores domésticas y el cuidado de los niños. Sin previo aviso, sin autorización judicial y, al parecer, con una estrategia legal ya diseñada en Perú, su entonces pareja se llevó a los niños. De retorno a su país él pidió una medida cautelar y argumentó que había «asumido unilateralmente la tenencia» de sus hijos porque su esposa era «un riesgo» para los niños y, además, porque ella le había dicho que quería separarse.
Esta semana, en España, una madre estadounidense, Yewel Lazaro, podría ingresar en prisión por 3 años y medio. Su delito: haber escapado a su país con su hija por haber sido víctima de violencia de género en España. La niña fue devuelta bajo el Convenio de Sustracción Internacional de Menores de La Haya. Yewel volvió con su hija y, a pesar de que el padre de la niña firmó órdenes judiciales estadounidenses en las que decía que no abriría ningún proceso contra ella, lo hizo. Según se lee en una carta en la que Lazaro pide el indulto presidencial, «no se le ha concedido el derecho a apelar ante el Tribunal Supremo ni a que su caso sea reexaminado», y esto a pesar de la gravedad de sus circunstancias. De ingresar en prisión, Yewel Lazaro sería separada de su hija mayor y de su bebé, a quien aún amamanta y del que es única cuidadora.
Otra madre, conocida en Instagram como @Anastasiach.24, tiene una orden de arresto porque huyó de España con su hijo tras denunciar supuesta violencia sexual del padre contra el niño y ver cómo, a pesar de los protocolos abiertos en hospitales y de que el padre nunca se sometió a ningún peritaje, la justicia le otorgó a él la custodia completa del pequeño. Una madre holandesa también prefirió permanecer en su país cuando, en un viaje para ver a la familia, su hija pequeña le contó que el abuelo paterno y el padre la tocaban. Ella también ha visto cómo el relato de su hija no ha sido tomado en cuenta; para ella también se pidió prisión por intentar proteger a su niña.
El caso de Juana Rivas, ampliamente conocido en España, es quizá el más ejemplificador. Ella, mujer española, huyó de Italia con sus hijos porque denunció violencia de género por parte de su entonces pareja, Francesco Arcuri. No solo no obtuvo justicia, sino que fue criminalizada tanto en Italia como en España, se la desprestigió en los medios y fue condenada a prisión. Recuperó su libertad tras un indulto presidencial. Pero la historia no terminó ahí: al alcanzar la mayoría de edad, uno de sus hijos denunció al padre por la violencia sufrida. El menor de los hijos continúa viviendo con Arcuri, cumpliendo la custodia que le fue otorgada tras la condena a Rivas. En estos momentos, Arcuri enfrenta un juicio por la denuncia de su hijo mayor. La verdad, cuando se la deja crecer, termina imponiéndose.
Esta suma de casos grafica una realidad que ningún juzgado debería ignorar: las madres huyen para proteger a sus hijos e hijas de la violencia cuando el sistema de justicia no lo hace. Huyen porque no encuentran protección institucional. Huyen porque, tras denunciar, las medidas de alejamiento y las condenas por la violencia sufrida —si llegan— llegan tarde, las visitas con el denunciado no se suspenden y con ello el riesgo persiste. Y cuando son atrapadas, aparece la violencia institucional condenándolas a prisión, sin que se tome en cuenta su motivación: proteger, proteger y proteger.
Los padres, en cambio, sustraen por razones opuestas. Lo hacen cuando la justicia —tras encontrar indicios plausibles de violencia de género— les impide o restringe el vínculo con su descendencia. También lo hacen cuando ellas deciden poner fin a la relación y ellos, viendo desmoronarse su poder, ejercen una última violencia: convertir a sus criaturas en objeto de castigo, arrebatándoselas a ellas o, en los casos más extremos, suprimiendo sus vidas.
A simple vista, podría hablarse de «sustracciones parentales» en ambos lados. Pero los motivos, el contexto y el desenlace judicial revelan una asimetría estructural que responde a un solo nombre: violencia de género que se fortifica con el apoyo de la violencia institucional cada vez que el sistema decide sin perspectiva de género ni de infancia. Athina: la justicia falló en contra del vínculo paterno y el padre huyó
El caso de Athina es otra de las expresiones de esta asimetría y de cómo la violencia institucional es una de las patas fundamentales que sostiene la violencia de género. La justicia tardó 5 días para emitir unas medidas de protección cuando por ley se deben emitir, máximo, en 72 horas y al momento de ejecutarlas no tomó las previsiones necesarias para impedir que el agresor huyera con la niña. Sobre todo, porque la misma resolución menciona que, según informes de servicios sociales, en 2024 Abigail estaba recibiendo apoyo por una denuncia previa de violencia de género en contra de Isern y porque había pendiente un nuevo fallo por las amenazas y coacciones sufridas en las que él exigía la entrega de custodia de su hija.
«Nunca te he abandonado y te estoy buscando y no voy a parar. Yo no quiero que crezcas en una violencia normalizada por eso mamá se separó de papá, porque si papá es tan bueno yo estaría con él pero como me hizo daño psicológicamente y físicamente y yo no le voy a permitir eso». Asegura Abigail Castro, madre de Athina a teleoLeo.com, cuando en la vídeo entrevista concedida a este medio se dirige a su hija, por si por casualidad llegase a escucharla y verla.
La búsqueda de Athina lleva ya 4 meses: «Los Mossos D'Esquadra han emitido una orden de búsqueda de mi hija, pero no del padre y me dicen que están haciendo gestiones. Lo único seguro es que mi hija ya no debe de estar en el país, porque si estuviera aquí ya la habrían encontrado». Lo que resulta incomprensible es que la policía no haya ejecutado con celeridad la orden de búsqueda y captura del padre, tomando en cuenta que la niña no ha desaparecido sola y que en febrero de este año Albert Isern Álvarez ha sido condenado por violencia de género, por amenazas y coacciones contra Abigail Castro.
Vídeo entrevista a Abigail Castro, madre de Athina
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El 4 de noviembre de 2025 Albert Isern amenazó a Abigail con agredirla a ella y a su familia: «Él me había enviado un PDF en el que me exigía que le entregase la custodia exclusiva de la niña, así como el cambio de empadronamiento y de colegio. Como me negué me estuvo llamando y llamando hasta que me envió un chat privado de Telegram, chats que si se abren de inmediato se borran, por eso lo grabé en vídeo y al abrirlo salió un vídeo en el que se ve la foto de un hombre golpeado y sangrando, era su tío. La imagen iba acompañada de un mensaje de texto que decía: "así terminó él por alguien que contraté, así terminará tu familia si no se llega a nada"», asegura Abigail.
Presa del miedo, pero entendiendo que la amenaza era demasiado seria, Abigail fue a servicios sociales para saber qué hacer y le dijeron que denunciase, así lo hizo y eso motivó un juicio rápido para darle medidas de protección. A pesar de las pruebas presentadas, entre ellas la propia declaración del tío asegurando que su sobrino había encargado que lo apalizaran, de la gravedad de las amenazas, y de que este tipo de medidas se deben entregar en un máximo de 72 horas (3 días), la audiencia se llevó a cabo 5 días después, el 9 de noviembre, y concluyó con la entrega de la custodia exclusiva de la niña a su madre, sin visitas para el padre, prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y una manutención de 250 euros.
La resolución judicial contempla el enfoque de género y de infancias porque no solo emite medidas a favor de la madre, sino también, como contempla el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en protección de la niña, y dice textualmente que el padre no tendrá visitas por la violencia que ha ejercido en el hogar, porque ella ha sido testigo de episodios de violencia del padre y se encuentra afectada por ello.
El 10 de noviembre Albert Isern debía entregar la niña a su madre a la salida del colegio, a las 17:00 horas, pero nunca apareció. Abigail esperó una hora en el colegio. Intentó comunicarse con el padre por WhatsApp, Telegram, email y llamadas. Todo estaba bloqueado o apagado. El padre no entregó a la niña, incumpliendo la resolución que ordenaba la custodia exclusiva para la madre. La ley para proteger existe, pero si no se aplica rápido, de manera estratégica y lógica, casos como el de Athina se seguirán repitiendo. Lo que el juzgador y la administración deben entender es que los padres inmersos en un proceso por violencia con pruebas que demuestran su responsabilidad no deben tener contacto con sus hijas e hijos.
La violencia no comenzó en noviembre de 2025. Entre 2021 y 2022, durante la relación de pareja, Abigail Castro denunció a Albert Isern por violencia física, pero la denuncia fue archivada porque, según refiere ella, tras golpearla la encerró en el baño y ella temía dejar a su hija con él si salía a hacer la denuncia, y cuando lo hizo no tenía parte de lesiones con el que avalar su relato, solo fotografías en las que se mostraba el daño sufrido, pero eso no fue suficiente para la justicia. Abigail cuenta, sin embargo, con un mensaje de texto posterior al juicio en el que su expareja reconoce haberla maltratado y haber mentido en el juicio al negar los hechos.
El propio Isern reconocería por mensaje privado haber mentido en aquel juicio: «Solamente quería aclarar esto por chat privado, porque a veces me ha tocado mentir porque la verdad es que tengo miedo a dejar de ver a la nena». Miedo a perder el contacto con su hija. Un temor que utilizó para mentir bajo juramento. Y la justicia, en ese momento, no lo supo ver.
En abril de 2025, Albert Isern denunció a Abigail por sarna. A pesar de que los análisis descartaron el diagnóstico en el entorno materno, un juzgado le otorgó la custodia temporal exclusiva de Athina, porque la madre no reconocía que su hija tuviese sarna, dice la resolución judicial: «De la documental aportada a los autos se deduce que a Athina se le diagnostica sarna en el informe médico de 26.11.24. Igualmente, en la aplicación "La meva salut" se lee: "diagnòstics actius: actiu desde 13.3.2025, escabiosi" [...]. En consecuencia, la niña tiene sarna [...] y este diagnóstico se encuentra activo el mes pasado, por lo que procede otorgar la facultad de decisión en el ámbito médico-sanitario al padre, ya que la madre niega esta enfermedad».
Lo que el tribunal no valoró entonces es que el propio Albert Isern había comunicado por escrito a Abigail, en noviembre de 2024, que el brote de sarna se originó en su «unidad de convivencia». Abigail conserva este mensaje que contradice el relato que el padre sostuvo ante los tribunales: «Nos han indicado que debido a la sarna debemos evitar el contacto con personas fuera de nuestra unidad convivencia por riesgo de contagio». Entonces, la sarna estaba en casa del padre y la custodia se le otorgó a él.
Desde abril hasta noviembre de 2025, Athina permaneció con su padre. En ese periodo, Abigail solo pudo ver a su hija en tres ocasiones. El 24 de septiembre de 2025, Athina escapó sola de la casa de su padre. Cogió su tarjeta de transporte público, se subió a un autobús y fue encontrada por los Mossos d'Esquadra acompañada de dos chicas. Quería ir al colegio: «Ella quería volver a conmigo, porque su colegio está a tres minutos de casa, caminando», dice Abigail.
En febrero de 2026, el Juzgado de lo Penal dictó sentencia condenatoria contra Albert Isern por violencia de género. La sentencia estableció: prisión de 6 meses por delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, custodia exclusiva para la madre, sin régimen de visitas para el padre, orden de alejamiento de 1.000 metros respecto de la madre y de la niña, y una pensión de alimentos de 250 euros mensuales. Esta sentencia penal confirmó y amplió las medidas de protección dictadas el 9 de noviembre de 2025. Pero para entonces, el padre ya había incumplido la orden de entrega y llevaba meses desaparecido con Athina.
La familia paterna guarda silencio. La madre del agresor, quien solía comunicarse con Abigail para preguntarle si sabía algo de la niña, ya no le dice nada desde hace un tiempo. La hermana del padre asegura que «hace semanas que no habla con él».
En su declaración ante este medio, Abigail dirige un mensaje a la actual pareja del padre de su hija, quien también es madre de un hijo de un año fruto de esa relación: «No lo entiendo. Tiene que mirar en su alrededor. Si esto me está pasando a mí, le pasará lo mismo a ella. Se discuten, se pelean, y un día se despierta y su hijo no está a su lado».
La advertencia de Abigail no es una especulación. Es la constatación de un patrón: la violencia de género no cesa con una nueva pareja. Se traslada. Se reproduce. Y cuando hay menores implicados, el riesgo se multiplica. «Si estás con un maltratador, te va a maltratar también a ti», sentencia esta madre desesperada por recuperar a su hija.
La sentencia condenatoria de febrero de 2026 confirmó que Abigail era víctima de la violencia de su expareja y que Athina, la hija de ambos, también lo era por haber presenciado episodios de violencia por parte de su padre. Pero ese reconocimiento tardó en llegar y cuando lo hizo ya era tarde. Hoy, Athina sigue sustraída y, con ello, Abigail es una víctima más de violencia vicaria: Isern le ha arrancado a su hija y ni siquiera sabe dónde están.
«Nunca te he abandonado. Te estoy buscando y no voy a parar. No quiero que crezcas en una violencia normalizada. Por eso mamá se separó de papá. Porque si papá es tan bueno, yo estaría con él. Pero como me hizo daño psicológica y físicamente, no le voy a permitir eso a mi hija. Jamás te he abandonado. Pienso en ti cada día, cada minuto, sin parar».
Nota de la redacción: teleoLeo.com ha tenido acceso a la resolución de medidas de protección del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Barcelona (9 de noviembre de 2025), a la sentencia penal condenatoria (febrero de 2026), así como a las capturas de pantalla, grabaciones de audio y mensajes de texto que obran en poder de la denunciante. La entrevista completa puede verse en teleoLeo.com.
Categoría:
Violencia Vicaria
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