Leonor Pérez-Durand / Periodista

@teleoLeo

Hay imágenes que deberían bastar para detener una maquinaria. La de Jessica sosteniendo a su bebé recién nacido, con la sonrisa exhausta y plena de quien acaba de atravesar el umbral de la maternidad, se esfumó en veinte días, cuando el sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía decidió que esa mujer francesa, migrante, sola y sin dominio del castellano, no merecía criar a su hijo.

Lo que siguió a esa fotografía es un caso de manual: el manual de la violencia institucional que se ceba con los cuerpos que considera prescindibles, entre ellos, el de las madres extranjeras. Con ellas, el entramado administrativo convierte la protección en desposesión. Y si la madre es soltera, vulnerable económicamente o víctima de violencia de género, el maltrato del sistema está asegurado.

Este lunes 13 de abril, tras seis años de lucha infructuosa, Jessica podría haber comenzado el camino correcto para recuperar a su hijo. A las diez de la mañana ha sido citada por su consulado por orden del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia.

Cuando el caso de Jessica salió en un diario hace seis años, teleoLeo.com intentó ponerse en contacto con ella para informarle de que el caso de su hijo no debía ser sometido a la jurisdicción española, porque ella era una madre soltera francesa y, por ello, su hijo debía ser protegido al amparo de los convenios internacionales de tutela. En su caso, por ser ciudadanos de la Unión Europea, el adecuado en ese momento era el Reglamento Bruselas II Bis, vigente hasta el 1 de agosto de 2022. Sin embargo, no hubo manera de dar con ella.

Hace una semana su caso volvió a ser noticia, esta vez sí establecimos contacto y pude informarle lo que hace seis años quería haberle dicho: que su país tenía que defenderlos, que había una normativa de obligado cumplimiento por parte de la administración y de la justicia española, y que su hijo era tan francés como ella. La primera reacción de Jessica fue de asombro. Todo el mundo le había dicho que su hijo al haber sido inscrito por Servicios Sociales, España debía resolver. Sin embargo, sobre cualquier inscripción prevalece el 'ius sanguinis', el derecho de sangre que estipula que toda persona conserva la nacionalidad de sus padres hasta los dieciocho años de edad.

En la página del Ministerio de la Presidencia y Justicia español se señala que para que un niño tenga la nacionalidad por lo menos uno de sus padres debe ser español.

Nacionalidad española
(Pulsa la imagen para ampliarla)

Con esta revelación, además, le proporcioné los correos electrónicos de funcionarios del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, a quienes debía dirigirse explicando su caso, y un teléfono al cual llamar. Jessica, esperanzada pero incrédula, escribió inmediatamente explicándoles su historia. Al día siguiente, el 8 de abril, llamó y, casi a punto de colgar, porque no le contestaban, oyó al otro lado de la línea una funcionaria le decía "Bonjour" y se disculpaba por la tardanza en contestar.

«Le volví a explicar todo. Ella se quedó alucinada, no podía creer nada. Me dijo que habían leído mi correo y que estaban por llamarme. Me pidió los documentos del caso y me dijo que hablarían con las autoridades españolas y que me llamarían», relata Jessica.

Los casos de tutela internacional deben ser tratados según los convenios internacionales firmados por España, tal y como dice el propio preámbulo de la Ley de Protección del Menor de julio de 2015. La administración andaluza, al no dar aviso a Francia incumplio el artículo 10 del Reglamento Bruselas II Ter, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental entre los países de la Unión Europea, aplicable -según la web oficial de la UE- a todos los procesos que se inicien después del 1 de agosto de 2022.

Reglamento Bruselas II TER
(Pulsa la imagen para ampliarla)

Esta no es la primera vez que teleoLeo.com interviene en un caso de tutela internacional y logra que un bebé sea devuelto a su familia. Casualmente, el último caso también ha sido un bebé francés. Se trata de Elior, hijo de Poliana y Benoist. Ellos ya tienen a su pequeño consigo, y esto se consiguió apenas 4 meses después de que teleoLeo.com también les informara a ellos y a su defensa del mecanismo legal a aplicar.

También leer: Madrid vs. Francia: el bloqueo institucional que separa al pequeño Elior de sus padres

Este 9 de abril, Jessica tuvo una audiencia en la cual la jueza quería preguntarle si estaba dispuesta a dar en adopción a su hijo. Y ella volvió a decir que no. Según relata, cuando se mencionó la tutela internacional en la audiencia, la jueza reaccionó con enfado.

«No sé por qué nadie me dijo antes lo que me has dicho tú. Siento que me han robado a mi bebé», dijo Jessica a teleoLeo.com. Y sí, con ella se ha violado no solo el Reglamento mencionado, también se han violado artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

• Artículo 6: que garantiza que toda persona tiene derecho a ser notificada en una lengua que comprenda para poder ejercer su defensa;
• Artículo 8, que protege el derecho a la vida privada y familiar.

También se ha vulnerado la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula que la separación de un niño o niña del lado de sus padres debe ser la última opción y solo por riesgo probado. Y los dichos de una persona sin pruebas no son prueba de nada.

El vía crucis que dura ya seis años: una denuncia falsa que tuvo más valor que la verdad

El expediente de desamparo del hijo de Jessica, al que teleoLeo.com ha tenido acceso, se sostiene sobre un único pilar: la denuncia de su compañera de piso. Una mujer que, según consta en el folio posterior a la justificación oficial de la tutela —firmado por la misma profesional que "recomienda" declarar la medida— padece una enfermedad mental grave y tiene un hijo tutelado desde 2012 por maltrato prenatal por consumo de drogas durante el embarazo.

La administración andaluza decidió creer a esta mujer cuando afirmó que Jessica zarandeaba al bebé, que lo descuidaba, que amenazaba con quitarle la vida. No hubo testigos adicionales. No hubo periciales médicas que acreditaran maltrato. No hubo seguimiento previo. Hubo, simplemente, la palabra de una persona cuyo testimonio, en cualquier procedimiento garantista, habría sido sometido a un escrutinio riguroso dada su patología psiquiátrica y sus consumos documentados.

Confió en una desconocida y perdió lo que más quería

En 2020, Jessica viajó a España por vacaciones. Llegó embarazada, estuvo primero en Barcelona y quiso pasar unos días en Andalucía, donde el 7 de marzo parió. Debido al cierre de fronteras por la pandemia, quedó atrapada en Almería y se fue a vivir con una mujer que estaba buscando a alguien con quien compartir vivienda.

«Al principio todo iba bien, pero cuando tuve a mi hijo ella comenzó a cambiar. Se enfadaba por el llanto del bebé, y yo no podía hacer mucho porque con el embarazo perdí diecisiete kilos y quedé anémica. Estaba casi postrada, pero cada tres horas alimentaba a mi hijo y lo cuidaba. Dormía con él y eso también le molestaba», relata Jessica.

Según Jessica, un día su compañera de piso fue más explícita y ella entendió el porqué de su cambio de actitud: «Ella me dijo que si ella no tenía a su hijo, yo tampoco tendría al mío». Y puso todo su empeño en que así fuera. Tras una fuerte discusión, hizo la llamada decisiva.

«Ella llamó por teléfono medio llorando. Yo no sabía ni a quién ni lo que decía. No hablaba castellano y con ella me comunicaba por el traductor del teléfono. Solo veía que hablaba, hacía como que lloraba, me miraba y sonreía. Al rato llegó la policía, me pidieron identificarme. Ella me arrancó a mi bebé de los brazos y me dijo que al día siguiente teníamos que ir a Servicios Sociales para registrar a mi hijo».

El desconocimiento del idioma y su condición de madre soltera migrante situaron a Jessica en una posición de extrema vulnerabilidad.

«Fuimos a Servicios Sociales. En la puerta había policía. En la oficina, un hombre y una mujer detrás de una mesa. Me dieron un montón de papeles para firmar. Yo les dije que no entendía castellano, que no firmaría. Mi compañera insistía en que lo hiciera, pero yo dije que no, que no firmo. La mujer se levantó, cogió a mi hijo. Yo quise quitárselo, pero un policía me sentó con violencia en una silla. No pude hacer nada. Solo vi que una furgoneta se llevaba a mi hijo».

Al salir de la oficina, Jessica buscó respuestas a lo que decían unos papeles en un idioma que le era completamente ajeno.

«Al subir al coche comencé a traducir lo que decían los papeles con el traductor. Allí me llamaban madre maltratadora, que si había zarandeado a mi hijo, que si le había pegado, gritado. Luego leí que decía que mi compañera de piso tenía a su hijo tutelado desde 2012 y que consumía droga. Le dije lo que decían de ella y se puso histérica. Al volver a casa yo solo lloraba. Le pedí que llamara a Servicios Sociales y que preguntara cómo recuperar a mi hijo. Le dijeron que tenía que conseguir un abogado».

La trampa burocrática: sin papeles, sin trabajo, sin hijo

Sin trabajo, sin casa y sin dinero —solo el de una pensión francesa por paro laboral—, Jessica se trasladó a Barcelona para poder recuperar a su hijo. «Estábamos en pandemia y en Almería no iba a encontrar trabajo. En cambio, en Barcelona tenía mayores posibilidades y alojamiento».

Lamentablemente, como tantas personas migrantes indocumentadas, tardó siete meses en poder tener una fuente de ingresos. «Para tener papeles tenía que tener trabajo y para tener trabajo tenía que tener papeles». Esta es, para miles de personas, la pescadilla que se muerde la cola y que condena a quienes están en situación irregular a aceptar empleos con sueldos por debajo de convenio y sin derecho a seguridad social ni vacaciones.

Cinco visitas en nueve meses. Luego, el silencio

Jessica volvió a ver a su bebé tres meses después de que fuera tutelado. Solo tuvo cinco visitas con él. Luego le dijeron que no volviera más.

«Tenía una visita al mes con mi hijo. Como estábamos en pandemia, para mí era muy difícil verlo porque los billetes de avión podían llegar a costar hasta trescientos euros. Una vez tuve que ir a ver a mi hijo en autobús. El viaje duró quince horas, para verlo solo una hora. La última vez que lo vi tenía nueve meses. Los de la Junta de Andalucía me trataron de mala madre y me dijeron que no volviera más, que mi hijo sería dado en adopción. Esa vez sí tenían una traductora. Le dije que dijera que yo no quería dar a mi hijo en adopción, que estaba haciendo todo para recuperarlo. Me dio un papel para que escribiera lo que quería decir, pero igual cancelaron todas las visitas. Nunca más lo he vuelto a ver».

El agujero negro de la Tutela Internacional

El caso de Jessica trasciende lo personal para convertirse en un escándalo de Estado que debería avergonzar tanto a la administración como a la justicia españolas, pues no se han respetado los convenios de tutela internacional firmados por España.

El Convenio de La Haya de 1996 y el Reglamento Bruselas II Ter establecen una obligación inequívoca: una de las circunstancias que generan la tutela de una persona menor de edad es que se encuentre en riesgo inminente. Sin embargo, cuando sus padres son extranjeros, la administración actuante debe notificar de inmediato a las autoridades consulares del país de origen, y estas, a su vez, poner el caso en conocimiento de su Autoridad Central de Protección de la Infancia. El objetivo es doble: garantizar la defensa diplomática del nacional y explorar alternativas de acogida en su propia red familiar extensa.

En el caso de Jessica, la Junta de Andalucía no notificó a Francia. Y el Consulado francés, cuando Jessica acudió desesperada, le dijo que «no podían hacer nada». Según Yessica, su abogada también le recomendó ir al consulado, pero ella ya había acudido y le habían contestado que no podían hacer nada. Así, la Tutela Internacional fue vulnerada de manera activa, deliberada y sostenida durante seis años. El resultado es: un niño francés arrancado de los brazos de su madre y atrapado en un limbo legal español, con una familia de acogida que quiere adoptarlo.

Fallo consular

Según el convenio de Viena de Relaciones consulares, todo ciudadano tiene derecho a que cuando esté en el extranjero su cónsul lo asista ante los problemas que se le puedan presentar frente al Estado donde se encuentre.

Artículo 5.- Funciones consulares Las funciones consulares consistirán en: a) proteger en el Estado receptor los interesas del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional.

El resultado del abuso de poder y del fallo consular, es una madre biológica a la que se le exigió demostrar su inocencia cuando la administración no tenía una sola prueba para demostrar su culpabilidad. Una madre a la que se le negó una defensa efectiva porque siempre ha sido notificada en un idioma que no era el suyo y no se cumplió con hacer intervenir a su país. Por todo esto podemos decir, sin temor al error, que el desamparo del hijo de Jessica se decidió en base a prejuicios y creencias, abusando de una mujer vulnerable por su calidad de migrante; y violando el derecho fundamental al apego y la lactancia del pequeño, así como el derecho a su lengua materna y su cultura.

La sentencia que le dio la razón... y se la quitaron

En diciembre de 2022, Jessica ganó el juicio en el que se discutía la adopción de su hijo. La sentencia de la Audiencia Provincial calificó el proceso de «inquisitorial», reconoció que el desamparo se basó exclusivamente en una denuncia falsa. En ese proceso, además, la ex compañera de piso de Jessica, mediante carta presentada al juzgado, dijo que su denuncia era falsa, que todo lo que había dicho contra Jessica y su maternidad, era mentira.

«Estaba feliz. Antes de Navidad, para mí era el mejor regalo del mundo», recuerda Jessica.

Pero la familia de acogida apeló. Y la justicia española, en una pirueta argumental que debería estudiarse en las facultades de Derecho como ejemplo de violencia institucional normalizada, revocó el fallo con este argumento: el niño ya ha pasado demasiado tiempo con la familia de acogida como para separarlo.

Este es el bucle perfecto. La administración tutela a un niño sin pruebas. La justicia tarda años en darte la razón. Y cuando te la dan, te dicen que ya es tarde porque el niño sólo conoce como madre y padre a la familia en la que lleva desde los 9 meses de edad y que sacarlo de allí sería romper su mundo. Es la creación deliberada de un arraigo forzoso que sirve como coartada legal para una adopción que no comenzó cumpliendo la legalidad.

En enero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la revocación. El niño, que hoy tiene seis años, sigue con la familia de acogida. Jessica ha acudido al Tribunal Constitucional para evitar la adopción de su hijo y esta a la espera de su respuesta.

Lo que está en juego este lunes

Este lunes 13 de abril, a las diez de la mañana, Jessica cruzará la puerta de su consulado. No sabe qué le dirán. Lo único que sabe es que la ley está de su parte y que Francia ha comenzado a ejercer, por fin, la defensa diplomática que un funcionario le negó hace seis años. Ella sabe algo que hace una semana ignoraba: que su hijo es francés, que la Tutela Internacional fue vulnerada, y que ya no está sola frente a una maquinaria que la trituró sin pruebas.

«Siento que me han robado a mi bebé, no entiendo como antes nadie me dijo lo que me has dicho tú de la tutela internacional, no entiendo nada, si no hubieses llegado a mi vida seguiría pensando que es España quien tiene que decidir sobre mi hijo. Si pudiese recuperarlo sería perfecto», dijo a teleoLeo.com. Y el verbo es exacto. Robar es tomar lo ajeno con violencia y sin derecho.

«Si pudiera recuperar a mi hijo, sería un milagro», dice Jessica. «He perdido sus primeros pasos, sus primeros dientes, su primer día de escuela. Lo he perdido todo. Por dentro estoy destrozada».

Este lunes puede ser el principio del fin de ese robo. No puede ser una decepción más. Pero por primera vez en seis años, Jessica no espera sentada en el banquillo de los acusados. Espera en la antesala de su embajada, en una reunión pactada desde el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Y esto, en un caso donde todo le fue arrebatado, es ya una victoria.

🎥

VÍDEO ENTREVISTA COMPLETA | 19:39 minutos

Antes de que Francia la citara en su consulado, Jessica se sentó frente a la cámara de teleoLeo.com. En esta conversación —la primera que concede sabiendo que la tutela internacional fue vulnerada— relata, con su propia voz, los veinte días que sostuvo a su bebé, los seis años que lleva sin él y la llamada que, por fin, ha puesto a su país de su lado.

Entrevista completa a Jessica
(Pulsa la imagen para acceder al contenido)

COLABORA CON teleoLeo.com

Este reportaje es posible gracias al periodismo independiente. Si crees que las voces de madres como Jessica merecen ser escuchadas frente a la opacidad institucional, apoya nuestro trabajo. La violencia contra las infancias y sus madres no siempre lleva moretones visibles. A veces, lleva el membrete de una administración y la firma de un juez.