Leonor Pérez Durand / Periodista

@teleoLeo

Indira Cayupán llegó a Mallorca en 2024 con sus dos hijas. Un año después, los servicios sociales tutelaron a las niñas y las ingresaron en un centro residencial separándolas de su madre. Indira sostiene: «No me quitaron a mis hijas ni por maltrato ni negligencia, me las quitaron por denunciar».

En el centro del debate sobre los límites de la protección infantil, la intervención de los servicios sociales y los derechos de las madres migrantes, emerge el caso de esta mujer chilena que hoy se enfrenta a la tutela administrativa de sus hijas y a lo que ella describe como un posible intento de repatriación, así como a una serie de denuncias en las que se señalan posibles situaciones de violencia institucional en actuaciones vinculadas al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y del centro de acogida donde residió Indira con sus hijas. Los motivos consignados en las denuncias, revela Indira, son: «coacciones, agresión y discriminación».

En una entrevista con teleoLeo.com, Indira relata con crudeza lo que define como un calvario burocrático y judicial. Su testimonio, respaldado por audios, vídeos y testigos, apunta a posibles irregularidades en el funcionamiento del sistema. Indira, consciente de su vulnerabilidad, se dedicó a grabar cada una de las interacciones que hoy denuncia, un material que expondría una trama de discriminación hacia mujeres migrantes y madres en situación de precariedad.

Las "posibles irregularidades" también estarían señaladas en un documento firmado por trabajadores del IMAS en 2025, en el marco de una protesta laboral, apuntarían a determinadas dinámicas internas de la institución. El documento señala textualmente: «Existe un patrón de actuación en el que EL IMAS PREMIA A QUIEN ACOSA Y CASTIGA A QUIEN DENUNCIA, porque los trabajadores que tenemos vocación no podemos soportar la violencia que ejerce el IMAS sobre algunos niños y familias. Y por ello, callamos hasta que abandonamos o sufrimos las represalias de aquellos jefes o trabajadores más sumisos».

¿Repatriación exprés?

Mientras Indira documentaba lo que ocurría, el IMAS se comunicaba con servicios sociales de Chile y con su expareja. «Estaban asesorando al padre de mis hijas para que me denunciara por sustracción internacional y así poder repatriarlas», asegura Cayupán.

En el expediente de tutela se consigna un documento del Consulado de Chile en Barcelona, donde responden al IMAS informándole de la localización del padre de las niñas, de su disposición para asumir su cuidado en Chile, y de las coordinaciones con los servicios de protección a la infancia de ese país: «Se comunica lo anterior para efectos de continuidad de procedimiento que estableció el desamparo [...] y comenzar las respectivas coordinaciones para la reunificación familiar con su progenitor en Chile».

Cayupán ha aportado a teleoLeo.com una declaración jurada de su expareja, redactada ante notario, en la que declara que, si bien es cierto, desde el IMAS no lo contactaron directamente, sí lo contactó una psicóloga de la Oficina Local de la Niñez de Chile (OLN) y le recomendaron denunciar a la madre de sus hijas por sustracción internacional para que las niñas fuesen devueltas a Chile. En la carta él desmiente que haya tenido la intención de denunciar a Indira y que es ella la responsable de tomar cualquier decisión sobre sus hijas.

Declaración jurada del padre de las hijas de Indira
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Indira también ha facilitado a teleoLeo.com una grabación con una trabajadora social chilena en la que le informa, que el IMAS se habría puesto en contacto con autoridades de ese país para explorar la repatriación de las menores. El documento del consulado dirigido al IMAS confirmaría esto.

«La deportación de las niñas no es el objetivo en este momento, pero no se descarta a futuro», se puede leer en una de las últimas páginas del expediente de tutela.

En una conversación vía whatsapp, la madre de Cayupán también le comunica que desde el IMAS podrían estar gestionando el regreso de sus hijas a Chile

Conversación en la que la madre de Indira le comunica que el IMAS está intentando repatriar a sus nietas
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Hechos

Lo que comenzó en 2024 como una solicitud de ayuda habitacional terminó, el 10 de enero de 2025, con la tutela por parte de la administración mallorquí de las dos hijas de Indiria Cayupán —12 y 6 años de edad—. Según el expediente, el IMAS declara el desamparo de las hijas de Indira y consecuente tutela, entre otras causas: por la ausencia del padre en el país, porque «la madre instrumentaliza a las niñas para no coloborar en los recursos de ayuda», por las expone «física y emocionalmente a situaciones de estrés y de naturaleza hóstil», pero la acusación más importante es: «sospechas de problemática de salud mental de la madre», esta afirmación la hacen sin consignar ningún examen psiquiátrico que la avale. Indira sostiene que esos argumentos no se ajustan a la realidad.

Respecto al plan de trabajo, entre las pruebas remitidas por Indira a teleoLeo.com hay un par de mails que hablan de su cumplimiento, en uno Indira pregunta a la trabajadora social, a cargo del mismo, si ya había remitido al IMAS el informe que acreditaba su cumplimiento, la respuesta de la trabajadora fue: «Sí, ya lo hice».

Respecto a las afirmaciones de que ella no buscaba empleo, Indira contesta: «Estando en el centro de acogida yo trabajaba cuidando a los niños de otras madres que también estaban allí, los trabajadores de la institución lo sabían y me permitían hacerlo, aunque en el expediente se afirma que eso no estaba permitido y que yo alteraba el orden al estar rodeada de niños, luego también encontré trabajo como limpiadora fuera del centro», afirma Indira.

Declaración escrita de dos madres a las que Indira cuidaba a sus hijos dentro del centro de acogida
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El “perfil” de la resistencia

Según el relato de Indira, el conflicto no nace de una falta de cuidados hacia sus hijas, sino de su negativa a guardar silencio ante lo que considera irregularidades dentro del centro de acogida, cometidas contra ella y contra otras madres.

«Hicieron el retiro de mis hijas después de 12 denuncias que interpuse por lo que pasaba en el centro y por los procedimientos del IMAS. Algunas son denuncias directas y en otras aparezco como testigo de otras madres», explica.

Describe, entre otros hechos, el caso de una madre marroquí a la que, según afirma, se le habría intentado hacer firmar documentación sin traductor para que aceptase que sus hijos fuesen tutelados y el intento de desalojo de otra madre española: «Querían echarla a la calle y tutelar a su hijo. Yo grabé cuando la obligaban a sacar sus cosas de la habitación y una trabajadora intentó quitarme el teléfono de forma violenta. También denuncié esto».

Entre las pruebas aportadas, Cayupán también incluye testimonios escritos de otras madres que residían en el centro y que describen situaciones similares. Una de ellas denuncia restricciones en servicios básicos: «Me han sacado a empujones de la lavandería por querer usar dos lavadoras en mi día libre, lo cual está permitido […] aquí nos tratan con discriminación. Me he sentido muy humillada».

Otra madre describe un clima de presión constante: «¿De verdad creen que así se saldrán con la suya? Amenazando a las madres con quitarles a sus hijos […] lo que he observado aquí durante meses es un absoluto infierno».

También hay quejas sobre la alimentación en el centro: «La manera de proporcionar alimentos es precaria […] ver cómo hacer comer a nuestros hijos es un sufrimiento […] la comida es de mala calidad y con exceso de azúcar».

Estos testimonios, que coinciden en el tiempo con la estancia de Indira, refuerzan la percepción, compartida por varias residentes, de un entorno que califican como hostil, y contradicen lo que el IMAS estípula respecto al servicio de primera acogida para personas sin hogar: «Este programa aglutina a todas las actuaciones dirigidas a cubrir las necesidades básicas propias de las personas usuarias durante su permanencia en el servicio, como son un lugar donde dormir y descansar, servicio de higiene personal, de lavanderia [...] alimentación».

Desalojada sin orden judicial

Antes de cumplirse el periodo de estancia en el centro de acogida donde se encontraba Indira con sus hijas, según su relato, se intentó su desalojo sin orden judicial, extremo que, según el material audiovisual al que ha tenido acceso teleoLeo.com, correspondería con lo ocurrido en ese momento. Criterio que contrasta con el sostenido por el Defensor del Pueblo en casos similares, donde se ha señalado la necesidad de contar con autorización judicial, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la de una madre sola, migrante y sin red familiar, con dos niñas a cargo. El desalojo no llegó a ejecutarse, ya que la policía impidió que se llevara a cabo en ese momento.

En 2019, el defensor del pueblo, ante una situación similar -una familia sin hogar y sin redes debido a su calidad de migrantes- acogiéndose a la Constitución recomendó la paralización del desalojo de una familia marroquí en Madrid que se encontraba acogida en un centro: «El artículo 39 de la Constitución española dispone que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Asimismo, señala que los niños gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

La sugerencia del Defensor del Pueblo decía expresamente: «Paralizar el desalojo de la familia formada por D.ª ....., D. ..... y sus dos hijos menores, ..... y ....., previsto para el día 31 de mayo de 2019 en el Centro de acogida para familias inmigrantes ....., en tanto en cuanto no dispongan de una alternativa habitacional adecuada, que tenga en cuenta el interés superior de los menores».

La trampa de la invisibilidad administrativa

A la complejidad del caso se suma la denuncia de Indira sobre un supuesto bloqueo administrativo. Según la madre ni el centro donde estaba acogida con sus hijas ni el IMAS no le habrían facilitado el poder empadronarse. Esto está en flagrante contradicción con las instrucciones técnicas del BOE (Resolución de 17 de febrero de 2020), que obliga a los ayuntamientos a empadronar a cualquier vecino independientemente de sus circunstancias habitacionales:

3.3 EMPADRONAMIENTO EN INFRAVIVIENDAS Y DE PERSONAS SIN DOMICILIO

«[...] el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio. [...] La dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc».

El empadronamiento no es un mero trámite: es la llave de acceso a derechos básicos como la salud y la educación. Al negárselo, lo que la habría situado en una situación de exclusión administrativa. Además, Cayupán denuncia que se le ha denegado el certificado de vulnerabilidad, documento indispensable para acogerse a la última medida de regularización adoptada por el Gobierno.

Según la documentación aportada, se produce una aparente contradicción al señalar en el expediente la falta de seguimiento médico y la no escolarización de las niñas, cuando, Cayupán afirma que en reiteradas oportunidades le habrían negado empadronarla, con lo cual se habría limitado de facto su acceso a la tarjeta sanitaria y al trámite para la inscripción escolar.

Más trabas administrativas

Indira Cayupán también denuncia la demora en la entrega del expediente de tutela de sus hijas por parte del IMAS al juzgado, lo que, según el Tribunal de Instancia de Mallorca, ha retrasado el proceso y señala -respondiendo a una queja de Cayupán-: «Del informe emitido por la Letrada de la Administración de Justicia resulta que el procedimiento ha venido siendo objeto de tramitación continuada desde su incoación, [...] habiendo quedado su avance condicionado principalmente por la necesidad de recabar documentación e informes técnicos de organismos externos, en particular del Instituto de Medicina Legal y del IMAS, imprescindibles para la adecuada resolución del proceso».

El 10 de abril de 2025 el juzgado pidió al IMAS que le entregasen el expediente del caso y le dió 10 días para que lo entregase, sin embargo, el documento ha sido entregado recién este mes de marzo, luego de que desde teleoLeo.com consultasemos al IMAS el porqué de la demora.

teleoLeo.com solicitó al IMAS una explicación sobre la demora en la entrega del expediente actualizado al juzgado. La respuesta del IMAS fue escueta y blindada en el secreto administrativo: «La información que solicita es reservada y confidencial, no se puede facilitar a terceros en ningún caso». Añadieron que «las resoluciones administrativas son susceptibles de recurso y que las medidas son revisadas por el Juzgado correspondiente».

Lo que el IMAS no explica es por qué, si todo estaba siendo revisado por el juzgado, tardaron en remitir el expediente que el juzgado les había requerido en reiteradas ocasiones. Lo que plantea interrogantes sobre si sobre si se trata de un error administrativo o de una actuación que podría haber afectado negativamente a la situación procesal de la madre.

¿Protección o repatriación?

Tras conocer que el IMAS pretendía la repatriación de sus hijas a Chile, Cayupán interpuso una medida cautelar en contra de la salida de las menores del país. El IMAS respondió manifestando: «En España las menores no tienen arraigo alguno […] y esta entidad tiene el deber de reintegrar a las menores en su familia de origen».

Este argumento plantea interrogantes sobre el uso de la dimensión internacional. Si bien las administraciones están obligadas a comunicar la tutela al país de origen, teleoLeo.com ha publicado diversos casos donde esta obligación no siempre se cumple, salvo cuando resulta conveniente para justificar la repatriación.

El expediente bajo la lupa

El expediente recoge informes sobre supuestas negligencias que Indira rechaza con pruebas: «Dicen que yo no iba a las reuniones del colegio, pero tengo un mail de la escuela cancelando la cita y reagendándola. También tengo el audio de un profesor felicitándome por ayudar a mi hija mayor a integrarse». teleoLeo.com ha tenido acceso al audio citado, en el que el tutor de su hija afirma estar muy contento con su progreso y con cómo la está apoyando como madre.

Asimismo, se consigna una “sospecha” de inestabilidad psicológica de Cayupán sin presentar documento médico previo a la tutela: «Dicen que no estoy bien, pero no hay pruebas. Ahora quieren que me evalúe con ellos, después de haberme quitado a mis hijas y de haber mentido sobre mí. Yo ya no confío en ellos».

El régimen de visitas: Una hora para no olvidar

Actualmente, Indira vive la fragmentación del vínculo materno-filial de forma extrema. Las visitas con sus hijas fueron anuladas el 26 de febrero de 2026. Ella no ve a sus hijas desde hace dos meses: «La última vez que las vi, la más pequeña lloraba mucho, quería irse conmigo. Las dos siempre me dicen que quieren estar conmigo, que cuándo las van a dejar salir de allí, y ellos luego me dijeron que no hago lo que debiera hacer en las visitas y que perjudico a mis hijas diciéndoles que pronto vamos a estar juntas», manifiesta Indira.

Antes del cese de las visitas estas eran de apenas una hora, dos veces al mes, esto a pesar de que la madre siempre ha pedido el incremento de las mismas. La respuesta que se consigna en el expediente siempre ha sido: «no». Además, tampoco la dejaban hacer fotos ni vídeos de sus hijas, ni se los enviaban, a diferencia de otros casos publicados por teleoLeo.com en los que los equipos de atención sí envían imágenes a las familias.

Indira denuncia que el IMAS ha intentado controlar incluso el flujo de comunicación y afecto: «Al principio ni les decían que yo llamaba ni les entregaban mis cartas. Un día les llevé una Biblia y nunca se la entregaron. Solo lo hicieron cuando reclamé y como mis hijas me lo cuentan todo, comenzaron a darles las cosas».

El impacto psicológico queda resumido en una frase devastadora: «Mi hija mayor me dijo por llamada que ella sabía que estaba en condición de secuestro». A esto se suma que, según Cayupán, las necesidades básicas no estarían siendo cubiertas plenamente y el cuidado tampoco: «Un día hicieron esperar a mi hija dos horas a la salida del colegio, una vez no me contestaron a una llamada donde yo preguntaba cómo estában mis hija...................... Esta madre relata encuentros donde la más pequeña acudía con zapatos que ya le quedaban pequeños o descuidada en su aseo, una paradoja para un sistema que justificó la intervención por, entre otras cosas: "falta de cuidados".

Tras la suspensión de las visitas, Indira Cayupán fue citada para acudir al IMAS el día 4 de marzo y le impidieron entrar a la reunión con su teléfono: «Yo siempre he grabado todo con mi teléfono y ellos lo saben, pero esa vez la policía en la entrada me dijo que tenía la orden de que no entrara con mi teléfono. Eso no es justo porque yo tengo derecho a grabar la conversación si deseo hacerlo». En esa reunión, asegura Indira: «Me dijeron que tengo que hacerme un examen de mi salud mental con ellos, yo les dije que no, que el juzgado ya ha hecho un examen forense. Yo no quiero que ellos me examinen con sus psicólogos, ya no confío en ellos después de todo lo que me han hecho y han dicho de mí».

Respecto a la grabación de las conversaciones es preciso puntualizar que Indira tiene razón. El Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia (STS 167/2020, de 19 de mayo, y STS 1689/2023, de 2 de mayo) sentando doctrina que quien participa en una conversación puede grabarla sin necesidad de informar a la otra parte, siempre que no exista abuso de posición jerárquica o institucional y no se capten elementos del núcleo más íntimo de la vida privada. Así que no hay nada que impida que un ciudadano grave su interacción con un funcionario de la administración. De hecho, muchas de las personas inmersas en procesos de tutela de sus hijos graban todas las interacciones que tienen con los equipos a cargo de sus casos, para protegerse y -en caso de ser necesario- presentar esas conversaciones como pruebas en sus procesos judiciales.

Una cuestión de fondo

El contraste es inevitable. Mientras en el caso de Indira —madre chilena— la administración mallorquina activa mecanismos internacionales para justificar la posible repatriación de sus hijas, en otros casos, como el de Jessica —madre francesa cuyo bebé fue tutelado por una denuncia falsa—, esa misma dimensión internacional fue ignorada durante años por la Junta de Andalucía, lo cual podría concluir con la entrega en adopción de su hijo.

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No es un error aislado. No es una mala praxis local, es violencia institucional ejercida sobre familias vulnerables. Es un patrón donde la cooperación internacional se activaría de forma discrecional, y la pregunta es: ¿Si el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes tiene como misión velar por su "interés superior", por qué se usa para separarlos de su entorno, pero no para proteger sus vínculos originarios?

La pregunta de fondo no es jurídica, es estructural: qué criterios determinan qué menores son objeto de protección y en qué casos se prioriza la repatriación, sin que, en algunos casos, quede clara la consideración de la voluntad de sus padres o directamente, sin informarles.

A la espera de juicio

A la espera de una decisión judicial, el caso de Indira Cayupán no solo determinará el futuro de sus hijas. También pone a prueba la integridad de un sistema que debe garantizar los mismos derechos a todos los niños y niñas, independientemente de su origen, raza y/o religión; y que no debería generar, a través de sus propios procedimientos, la indefensión que luego utiliza para intervenir.

Indira Cayupán asegura que hoy cuenta con trabajo y vivienda, cumpliendo con los requisitos que el sistema le exigía mientras, paradójicamente, le bloqueaba los cauces legales para obtenerlos.

Entrevista a Indira Cayupán

Indira Cayupán, mujer y madre migrante sin apoyo familiar ni social, se enfrenta desde 2024 al sistema de protección de Mallorca. A la espera de un juicio justo, sufre la cancelación de las visitas con sus hijas impuesta por el IMAS en febrero de 2026. Según el expediente, estos encuentros no beneficiarían a las menores; sin embargo, los propios registros de los trabajadores que vigilan las visitas contradicen esa tesis: en cada encuentro, las niñas no han dejado de preguntarle cuándo volverán a estar juntas.

Indira Cayupán explica para teleoLeo.com su recorrido dentro del sistema de protección de Mallorca
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