Leonor Pérez Durand/ Periodista

@teleoLeo

En septiembre de 2024, la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (DGDIA) afirmó a teleoLeo.com que trabajaba para acabar con la opacidad de las bajas de menores de edad, del sistema de protección consignado en el epígrafe "otras causas", del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia.

Aunque la DGDIA prometió luz, el Boletín n.º 27, con cifras de 2024 es un mapa de sombras:

• Muertes sin explicación: 7 niñas, niños y adolescentes fallecieron en centros residenciales y 5 en acogida familiar. Doce vidas perdidas sin que el Estado explique las causas;
• 8 comunidades autónomas (CC.AA.) en silencio: casi media España no ha entregado información sobre las bajas del sistema por "otras causas";
• 5.201 ingresos opacos: el sistema asume la tutela del 25% de los nuevos ingresos en centros bajo el epígrafe 'otras causas', es decir, sin especificar el motivo;
• 17.683 menores en el limbo: se mantiene el epígrafe de "otras causas", en los casos de medidas de apoyo previo a dictarse medida protectora.

Comencemos con las bajas

Lo prometido era deuda. En septiembre de 2024, la DGDIA respondió a teleoLeo.com que trabajaba con las comunidades autónomas (CC.AA.) para reducir la enorme casuística que se escondía en las bajas de menores tutelados, bajo el epígrafe "otras causas". El Boletín número 27, con datos de 2024, ha cumplido parcialmente. Si bien es cierto, ha desglosado ese cajón de sastre en cuatro nuevos epígrafes: adopción o guarda con finas de adopción, ausencia voluntaria, traslado a otra comunidad autónoma y fallecimiento; el resultado no otorga auténtica transparencia. Porque las cifras no cuadran. Y si no cuadran, eso es grave porque hablamos del destino de niñas, niños y adolescentes separados de sus familias biológicas con el objetivo declarado de protegerlos.

Desde 2014, en el Boletín nº 17, cuando la elaboración de esta información correspondía al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, en el propio boletín ya se advertía: "Cerca de la mitad de las bajas se producen bajo el epígrafe de “Por otras causas”, lo que puede señalar la necesidad de revisar la clasificación de motivos de baja que contiene este apartado para hacerlo más operativo". Doce años ha tardado el Estado en intentar clarificar este dato opaco, sin embargo, aún no lo logra.

El espejismo estadístico

En el Boletín nº 26, elaborado con cifras de 2023, el sistema registró 8.781 bajas por "otras causas": 6.692 procedían de centros residenciales y 1.819 de familias de acogida. Un año después, en el Boletín nº 27, con datos de 2024, esa cifra se desploma a 2.223 bajas por "otras causas": 1.601 de centros residenciales y 622 de familias de acogida.

Sobre el papel, la reducción de bajas por "otras causas" es del 70%, pero la realidad es tozuda: esa reducción se produce sin la información de 8 de las 17 comunidades autónomas de todo el país. Los niños no han dejado de salir del sistema sin razón justificable, lo que ha ocurrido es que han dejado de contarse las bajas por "otras causas" de casi medio país y esto incumpliría la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que en su preámbulo dice:

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Si se revisa el desglose por CC.AA., la primera explicación a este desplome aparece clara: las ocho comunidades que no han proporcionado cifras sobre las bajas de menores en 2024 son: Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja. Entre todas ellas, en 2023, en el apartado de "otras causas", sumaron 3.790 bajas. El silencio de estos territorios convierte la anunciada mejora en un agujero informativo.

Boletín 27: Motivos de bajas de menores de edad de centros residenciales durante 2024
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Mención aparte merece el nuevo dato que introduce el Boletín nº 27 en el desagregado de las "otras causas". Por primera vez se incorpora el fallecimiento: 7 niñas, niños y adolescentes fallecieron en centros residenciales y 5 en acogida familiar. Es decir, sólo durante 2024, doce menores de edad han perdido la vida bajo la tutela del Estado. Ahora bien, la pregunta de rigor es: ¿cuántas vidas de niñas, niños y adolescentes se han perdido y por qué causas, desde 2013, fecha del primer Boletín que podemos encontrar en la página del Ministerio de Juventud e Infancia?

La misma opacidad en la puerta de entrada

Si el desglose de las bajas ya resultaba insuficiente, el problema se agrava al mirar los ingresos. En 2024, 5.201 menores de edad ingresaron en centros de protección por "otras causas". Es decir, el sistema asume su tutela o su guarda sin especificar por qué motivo. No hay desglose. No hay categorías. Solo otro cajón de sastre que engulle el 25% del total de ingresos del año: 20.165 menores de edad. Y aquí otra pregunta: ¿por qué la información oficial no trasparenta las causas de la tutela de más de 5 mil menores de edad?

Boletín 27: Motivos de Ingresos de menores de edad en centros residenciales durante 2024
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El caso Andalucía: un aviso dentro del propio boletín

Pero hay más. El propio Boletín 27, en un pie de página, deja escapar una confesión reveladora. Refiriéndose a Andalucía, se afirma textualmente:

"Señalan que no serían 1.624 el total de bajas en su Comunidad, sino de 3.058 porque faltan motivos de baja."

Es decir: la propia comunidad autónoma admite que faltan por contabilizar 1.434 bajas que no aparecen en los nuevos epígrafes ni en ninguna otra parte. Esas bajas, simplemente, han desaparecido de las estadísticas. No es un error, es una confesión. Si el sistema permite que un territorio ofrezca cifras distorsionadas, ¿qué crédito tiene el total nacional?

Lo que revela un pie de página sobre las bajas de menores de edad de la Junta de Andalucía
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El cálculo que LA DGDIA no hace

Si tomamos como referencia las cifras de 2023 para intentar aproximarnos a un dato más certero y sumamos lo que se ha contado, lo que no se ha contado y lo que falta contabilizar, el resultado de 2024 de las bajas "por otras causas" no sería muy diferente:

• Nuevos epígrafes declarados (centros residenciales): 1.601
• Cifra de 2023 de "otras causas" solo de las 8 CCAA que ahora callan: 3.790
• Lo que "falta por contar" solo en Andalucía: 1.434

Total estimado de bajas "por otras causas" en 2024, si todas las comunidades hubieran reportado sus cifras: 6.825 bajas solo en centros residenciales.

Es decir, la foto real del sistema se parece peligrosamente a la de 2023 (6.692). Y el mismo ejercicio habría que hacer con las bajas de menores en familias de acogida que en 2024, en los epígrafes que desglosan la antigua "otras causas", repotan 5 menores de edad fallecidos.

Conclusión preliminar

Se han cambiado las etiquetas, pero no se ha resuelto el problema de fondo. La opacidad no ha desaparecido: se ha fragmentado y, en ocho comunidades, se ha convertido directamente en silencio. Mientras tanto, miles de niños, niñas y adolescentes siguen siendo dados de baja del sistema de protección sin que sepamos por qué, sin que sepamos a dónde. Y eso, tratándose del cuidado del Estado hacia las infancias, deja de ser un grave fallo técnico para convertirse en una decisión política. Una decisión que se ha mantenido durante años y que al parecer se comenzó a cambiar cuando teleoLeo.com puso el foco en la falta de información, pues ya lo habían advertido en 2014 y el cambio no se habia producido. Además: el problema no se limita a las bajas. La misma lógica se reproduce en la puerta de entrada del sistema.

17.683 con medidas previas a dictarse medida de protección sin motivo especificado

La opacidad se repite en el cuadro comparativo de menores de edad atendidos por el sistema de protección durante 2024, donde el epígrafe "otras causas" sigue apareciendo sin ningún desgloce y, en ese caso, son 17.683 niños, niñas y adolescentes atendidos y cuyos casos están en estudio sin especificarse el porqué.

Estos 17.683 menores de edad no tienen una tutela "ex lege", es decir, una tutela administrativa, ni una guarda formalizada. No se encuentran en familia extensa ni en acogimiento familiar. Están en un limbo administrativo y jurídico. Están bajo la atenta mirada del sistema, pero el sistema no dice por qué.

Y lo más grave: el Ministerio de Juventud e Infancia, creado espercíficamente para la protección de las y los menores de edad, no ha advertido la importancia de también desglosar esta categoría. No hay epígrafes específicos. No hay desagregación por motivos. No hay plazos. No hay nada.

17.683 casos donde se estudian las medidas de protección por 'otras causas'
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No informar con total transparencia sobre el motivo de las medidas de protección sobre niñas, niños y adolescentes, impide que se fiscalice si estas se toman en estricto cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, documento marco para la defensa de los DD.HH. de la infancia y la adolescencia, del cual España es país firmante.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

La promesa incumplida

En septiembre de 2024, antes de la publicación del boletín 27, cuando teleoLeo.com preguntó a la DGDIA por la escandalosa cifra de 6.992 menores dados de baja de los centros residenciales por "otras causas" (los datos aún eran de 2023). La respuesta fue:

"En el Boletín de Medidas de Protección a la Infancia y Adolescencia, en el apartado Glosario, se recogen las diferentes causas que motivan la baja de un menor de edad en un centro de protección, encontrándose entre las mismas: [...] “Por otras causas”, definiéndose éstas como “las producidas en el período, debido a alguna causa o intervención diferente a las especificadas anteriormente”, lo que da lugar a una multiplicidad de situaciones que no podemos delimitar a unos ejemplos concretos. [...] se está trabajando con las Comunidades Autónomas a través de las Comisiones Sectoriales de Infancia y Adolescencia para que ese apartado respecto a las causas de baja de menores [...] puedan aumentarse para reducir la enorme casuística que pueda establecerse bajo el epígrafe “otras causas”. La competencia en materia de protección a la infancia está atribuida a las Comunidades Autónomas y son los técnicos de infancia de éstas las que, a través de un formulario online, completan los formularios del Boletín, cuyo contenido es acordado con dichas CCAA para reflejar lo más fielmente posible la imagen de la infancia y adolescencia en el sistema de protección."

La DGDIA reconocía entonces el problema de la "enorme casuística" sin explicación. Prometía soluciones para las bajas y las cumplió, pero parcialmente: se crearon nuevos epígrafes, sin embargo, sin la información de casi la mitad del país la realidad no queda reflejada. Además no se ha trabajado para desaparecer el epígrafe "otras causas" del resto de la información y sigue apareciendo en los casos atendidos y en los casos de estudio de medidas a tomar. El boletín de 2024 sigue padeciendo de falta de información.

Violencia institucional

Lo más grave es que la desinformación no responde a la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Tenerlos dentro de epígrafes opacos es violencia institucional.

• No informar por qué un menor de edad fallece bajo la tutela del Estado es violencia institucional;
• no saber por qué un menor desaparece de un centro no es un problema técnico, es violencia institucional;
• no informar sobre el destino y la situación jurídica de miles de menores es violencia institucional.

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Por todo lo dicho, es necesario:

• Que se desglosen las "otras causas" respecto a las medidas de protección que afectan a los 17.683 menores atendidos durante 2024, con los mismos criterios de transparencia que se han aplicado (al menos formalmente) a las bajas del sistema.
• Que se consigen los datos de las ocho comunidades faltantes sobre las bajas en los nuevos epígrafes: Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja.
• Que se establezcan sanciones para las administraciones que incumplan sus obligaciones de reporte estadístico en materia de protección a la infancia.

El factor género y la patologización y discriminación de las madres más vulnerables

Tras el anonimato de las "otras causas" o el limbo de los menores "en estudio", se escondería una realidad que en teleoLeo.comhemos denunciado de forma sistemática: la criminalización de las madres más vulnerables. El sistema de protección, lejos de actuar como un soporte, a menudo opera como un tribunal que castiga a las mujeres por origen, salud, precariedad económica e incluso por haber sido víctimas de violencia de género.

La falta de desglose estadístico permite que la violencia institucional sea invisible. Si no sabemos cuántas madres pierden a sus hijos por causas estrictamente vinculadas a la falta de recursos o a enfermedades crónicas, o a su situación administrativa, familiar y socioeconómica, no se pueden plantear políticas que protejan eficazmente a la infancia. Y mientras tanto de desmatelan familias que solo necesitaban apoyo, no castigo ni tampoco la mirada prejuiciosa de un sistema que aplica sesgos racistas, xenófobos y aporófobicos en sus decisiones.

El caso de Melani, madre peruana, es la prueba de este engranaje. Su maternidad fue intervenida no por una falta de capacidad afectiva, sino por una patologización de su situación: se utilizó su diagnóstico de VIH y las secuelas de una medicación necesaria para arrebatarle a su hija y a su hijo recién nacido. Cuando el sistema utiliza etiquetas opacas, impide que se fiscalice cuántas tutelas responden a prejuicios de género o a una visión punitiva de la maternidad de mujeres a las que el sistema considera menos válidas y a las que el Estado, en lugar de facilitar recursos para que sus hijas e hijos no sean institucionalizados, antepone la ruptura del vínculo.

Entrevista a Melani sobre la tutela de sus hijos
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Conclusión

Se ha intentado dar muestras de un avance hacia la transparencia en los datos del sistema de protección de menores de edad, sin embargo, esto no se logra porque la opacidad en la información continúa. Se han creado nuevos epígrafes para las bajas, sí; pero al no tener los datos de bajas de todas las comunidades, al mantener las "otras causas" en el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros residenciales, y la falta de informació sobre la causa por la cual se estudia las medidas a tomar sobre 17.683 menores de edad y, sobre todo -por ser gravemente irreparable- al no señalar la causa de la muerte de 12 menores de edad, estamos ante una foto muy borrosa de la situación.

Y esto es sumamente grave porque hablamos de la vida de miles de niñas, niños y adolescentes supuestamente cobijados y amparados por la administración porque sus familias son malas, malísimas y, al final, resulta que quienes los habían de proteger les pierden la pista y no pasa nada. Además, la opacidad en los motivos para la atención de miles de menores de edad en el sistema de protección tampoco ayuda a la prevención.

El sistema ha cambiado las etiquetas, pero ha mantenido las jaulas de cristal. Dejar de contar no es un fallo técnico de un técnico de comunidad autónoma frente a un ordenador; es una decisión política de mantener la invisibilidad de las madres y las infancias más vulnerables. Mientras el Ministerio de Juventud e Infancia no fiscalice y exija el desglose total, por parte de las CC.AA. cada cifra en blanco significa una niña, niño y adolescente desprotegido por quien tiene el compromiso institucional de cuidarlo.