Leonor Pérez-Durand

@teleoLeo

En 2015, María de la Paz Venturo se subió a un avión privado con su hijo de 3 años de edad, para salir de Ibiza y desaparecer. Huía de un sistema judicial que acababa de decretar la custodia compartida del niño con su expareja, el tatuador Edgardo Milessi. María había denunciado al padre de su hijo por abuso sexual infantil, pero los tribunales archivaron la causa sin practicar las pruebas que ella presentó. Once años después, durante los cuales su hijo creció sano y protegido, el tiempo le ha dado la razón: su expareja acumula hoy dos condenas por abusos sexuales a clientas de su estudio de tatuajes, una de ellas, una persona menor de edad de 15 años.

María cuenta su historia en teleoLeo.com, narra cómo la desprotección hacia su hijo la empujó a la clandestinidad y revela, una vez más, cómo la falta de perspectiva de género y de infancia, del sistema de justicia son causa directa de una violencia institucional que está llevando a algunas madres a tomar resoluciones desesperadas. María explica haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su expareja, una violencia que, afirma, se intensificó tras el nacimiento de su hijo:

«Yo quería divorciarme pero él me amenazaba con quitarme a mi hijo, por eso aguanté. Los últimos dos años yo dormía con el niño en una habitación y Edgardo hacía cosas muy raras. Recuerdo, por ejemplo, que me despertaba en mitad de la noche y él estaba de pie mirándonos».

Esto reafirma un patrón claro de violencia vicaria, es decir, aquella que se ejerce contra las mujeres cuando deciden romper con el maltrato y los agresores utilizan a los menores de edad para castigarlas bajo la premisa de «si te vas, te quito a los niños». Y esa es la antesala de la peor amenaza que se puede hacer a una madre: «si te vas, te voy a dar donde más te duele», chantaje cruel que casi siempre termina con el asesinato de niñas y niños. En España, según cifras del Ministerio de Igualdad, desde 2013 —año en que se comenzaron a contar los crímenes por violencia vicaria— hasta febrero de 2026, son 68 las personas menores de edad asesinadas por sus progenitores en contexto de violencia de género, es decir, para castigar a sus madres.

El quiebre de la infancia

Cuando María pudo separarse, estableció con el padre de su hijo un régimen de visitas de mutuo acuerdo, por el cual Milessi lo veía cada día unas horas. «No dormía con él, porque aún lo amamantaba. Al principio el niño iba tranquilo, pero comenzó a no querer irse con el padre. Un día, cuando Edgardo me lo devolvió, me dijo que el niño estaba un poco mal. Él se fue, pero yo veía bien a mi hijo, hasta que al quedarse dormido noté una señal en su cuerpo que no me pareció normal. Llamé a mi madre y se lo comenté; me dijo que lo llevara al pediatra».

María llevó a su hijo al pediatra y, según recuerda, la médica concluyó que el menor de edad había sido «tocado». María denunció esperando que se investigara, que se esclareciera qué era lo que había ocurrido. Ella confiaba en que la justicia protegería a su hijo, pero tuvo una gran decepción cuando el caso fue archivado sin tomar en cuenta sus pruebas. A la señal que vio María en el cuerpo de su hijo se sumaron otros hechos que la preocuparon aún más y la pusieron en total alerta.

«Un día mi hijo, mientras veía dibujos animados, me pidió que le hiciera un masaje en sus genitales. Le pregunté que quién le hacía eso y me dijo que el padre». María dice haber visto varios comportamientos sexualizados de su hijo y llegó a hacerle grabaciones donde le explicaba lo que le hacía el padre. María aportó todo eso al juicio, pero asegura que nada de eso se tomó en cuenta, ni siquiera aceptaron las grabaciones hechas por ella diciéndole: «El padre no está en esos vídeos».

En cuanto el niño comenzó a tener conductas sexuales impropias de su edad, María recordó que Milessi le había dicho que cuando le diera masajes a su hijo también le masajeara los genitales: «Yo le dije que no y, cuando mi hijo me contó lo de los masajes del padre, entendí que él me estaba preparando para que normalizase eso, y a mi hijo también, porque él veía esos tocamientos como parte del cariño entre padre e hijo, no los veía como algo malo».

Antecedentes

A partir de ese instante, María ató cabos y recordó que en 2006 y 2008 Milessi ya había enfrentado dos denuncias por presuntos tocamientos a menores de edad. Se trataba de dos turistas menores de 16 años de edad que habían ido a hacerse un tatuaje con él. Ambas referían que les había tocado la vagina mientras hacía su trabajo. Ambas causas fueron archivadas.

María atestiguó a favor de Milessi en la primera y recibió una advertencia; cuando supo lo de su hijo, la recordó claramente: «En el ascensor del juzgado la madre de la adolescente me dijo, "ya verás cuando un día le haga lo mismo a un hijo tuyo"». Además, cuando María denunció al padre de su hijo, su propia prima le dijo que Milessi le había hecho lo mismo mientras le hacía un tatuaje. El patrón conductual estaba allí, el hijo de Milessi no era la única persona que lo señalaba como su abusador, pero el sistema prefirió ignorarlo.

El trauma del hijo de María comenzó a somatizarse con rapidez: regresión en el control de esfínteres, conductas violentas con los animales y crisis de pánico: «Pasé de tener un bebé sano a una persona menor de edad que manifestaba un profundo sufrimiento psicológico», afirma María. Todas estas conductas no hicieron más que reafirmar en ella que su hijo había sido una víctima menor de edad más y que no podía someterlo a tener que vivir con el padre, cuando además el niño ya le había manifestado en reiteradas oportunidades que no quería ir con él.

Según el Manual para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas sobrevivientes de agresiones sexuales de UNICEF, la regresión y la conducta del hijo de María están estrechamente relacionadas con las secuelas que presentan los niños víctimas de abusos:

«[...] la mayoría experimentan síntomas importantes. Estos síntomas pueden incluir aspectos físicos, conductuales, emocionales, sexuales y sociales[...]. Mientras que en las niñas se observan reacciones como la ansiedad y depresión, los varones exteriorizan las consecuencias del abuso sexual a través de problemas de comportamiento como por ejemplo conductas agresivas. Dentro de las consecuencias físicas podemos observar pesadillas, problemas de sueño, cambios en los hábitos alimenticios y pérdida de control de esfínteres».

¿Cómo desde una denuncia de abuso sexual infantil se llega a una custodia compartida?

Desesperada y sin información previa sobre abuso sexual infantil, María acudió a la justicia confiando en que protegería a su hijo y a ella. Sin embargo, la maquinaria institucional se activó en su contra. Tras interponer la denuncia penal aportando informes médicos y psicológicos que sugerían indicios de abuso sexual, y grabaciones del menor de edad donde explicaba lo que afirmaba que el padre le hacía, el juzgado de instrucción archivó la causa en apenas 24 horas, dice María.

Tras el archivo, Milessi pidió medidas provisionales para poder tener a su hijo, en ellas pedía que se le quitase la custodia a la madre. La jueza de familia, basándose en que la denuncia penal fue archivada y en que, según dijo en su auto, «no hay evidencias o manifestaciones por parte del menor de que sea así» —es decir, de que haya sido abusado por el padre—, dictaminó una custodia compartida que debía cumplirse por semanas alternas.

La jueza también dejó sentado que la insistencia de María en repetir que su hijo había sido abusado por el padre era causa para quitarle la custodia, pero que no iba a hacerlo solo porque el niño estaba muy apegado a ella y por eso dictaminaba la custodia compartida; es decir, se castigaba la insistencia de una madre que pedía una investigación a fondo y se la advertía explícitamente de que, si seguía denunciando, le retirarían la custodia total de su pequeño.

«Tenemos serias dudas de que la madre deba mantener la guarda y custodia de su hijo. También somos conscientes de que el menor tiene un fuerte apego a la madre, de modo que un cambio de guarda repentino podría perjudicarle aún más», se puede leer en el auto de la jueza al que teleoLeo.com ha tenido acceso.

A partir de ahí, la perspectiva de género y de infancia brilló por su ausencia. La decisión de la jueza se sustentó en el informe de servicios sociales que revictimizaba a María. Los técnicos la acusaron de que el retraso en el lenguaje de su hijo se debía a una "mala estimulación" por parte de ella y criticaron que aún le diera el pecho: «La madre sigue amamantando al niño con tres años de edad, hecho que no es habitual y que puede influir negativamente en el desarrollo emocional del menor». Además, decían que entre María y el menor de edad había un "apego obsesivo".

Recordemos que hablamos de un niño que en ese momento tenía 3 años de edad y que a esa edad los pequeños tienen un "apego obsesivo" con su madre, excepto que esta los maltrate.

Justifican la afirmación de supuesto "apego obsesivo" diciendo que el psicólogo no había podido evaluar al niño porque no se quería separar de la madre; sin embargo, la versión de María es otra: «Eso es falso, mi hijo sí que habló con el psicólogo, pero el psicólogo solo lo vio media hora». Y en una evaluación de apenas media hora, el psicólogo forense desestimó los informes de la psicóloga privada de María que sí alertaban del abuso.

«Yo fui a reclamar a servicios sociales por ese informe y les dije que habían mentido, y se rieron de mí y me dijeron que "la verdad no le importa a nadie, lo que importa es lo que está en el informe"», afirma María.

«A este, sacrifícalo»: la propuesta de la infamia

En un intento desesperado por encontrar una red de seguridad estatal, María acudió a una psicóloga que ejercía tanto en el sector público como en el privado. La respuesta que obtuvo retrata de cuerpo entero la violencia institucional. La profesional le aseguró que el centro ya sabía que Milessi había abusado de su hijo, pero que «no lo volvería a hacer». Acto seguido, afirma que le soltó una frase lapidaria: «Eres joven, todavía puedes tener más hijos. A este, sacrifícalo».

María no es la única madre a la que a lo largo y ancho del territorio español se le ha dicho que "sacrifique" a sus hijos; otras madres también han escuchado esta frase infame de boca de profesionales de la administración especializados en la protección infantil. La justicia, en los procesos de separación y divorcio —debido a la insistencia de las madres para proteger a sus criaturas de sus agresores— muchas veces también decide otorgar custodias compartidas o totales al padre, bajo el argumento del "bien superior del niño", dicen.

Al comprobar que ni la administración ni la justicia le tendían la mano que tanto necesitaba, María realizó un último movimiento desesperado. Llamó a Milessi simulando sumisión: le pidió perdón, sugirió que quizás "había malinterpretado las cosas" y le rogó que permitiera visitas acompañadas —es decir, donde ella pudiera estar presente— para no traumatizar al niño, que no lo veía hace meses porque no quería verlo.

La respuesta de él terminó por confirmar los peores temores de la madre. Milessi rechazó cualquier mediación, terapia o acompañamiento y le espetó, según afirma María, que lo que le pasara al niño no le importaba. Con esto podríamos deducir que él no quería paternar, quería el control; quería demostrar que, a pesar de que ella hubiese logrado su independencia, él seguía al mando y hacía lo que quisiera con la persona que ella más quería y quiere en el mundo, su hijo.

La huida: salvar la integridad y la vida de su hijo al precio de perderlo todo

El auto de la jueza de familia dictaminando la custodia compartida fue el detonante para que María decidiese escapar con el niño, y es que esta madre se vio ante una encrucijada letal: entregar a su hijo de tres años, dos semanas al mes, al hombre que él decía que lo estaba abusando, o convertirse en una prófuga de la justicia. Ella lo tuvo claro, aunque elegir la protección de su hijo significaba su muerte en vida, porque ambos tendrían que pasar a la claustrofobia de la clandestinidad para no ser encontrados.

En una semana, María de la Paz Venturo organizó el exilio. Limpió minuciosamente su casa de alquiler para devolverla en perfecto estado, vendió su coche a mitad de precio y contrató un vuelo privado para salir de la isla hacia Barcelona con el menor de edad, sin dejar rastro inmediato en los registros comerciales, ganando un tiempo precioso. Le entregó su teléfono móvil a un amigo que viajaba a Argentina, donde vive la familia de María, para que enviara mensajes desde allá y despistara el rastreo policial; de hecho así lo hizo: en cuanto se enteró de que la estaban buscando, hizo que enviaran un mensaje desde su teléfono diciendo que el niño estaba con su madre y que estaba bien.

Al llegar a Barcelona y, a través de una red de contactos solidarios, pagó 1000 euros a un conductor para que la trasladara a ella y a su hijo por tierra hasta Italia, un país donde había estado a los 21 años y donde no conocía a casi nadie. Con apenas recursos y sabiendo que el próximo paso del padre sería denunciar su desaparición —lo que abriría un caso de sustracción de menores en su contra y activaría una orden de búsqueda y captura—, María comenzó la dura batalla por la supervivencia y por la sanación de su hijo.

El precio de la protección: empezar de cero y en la sombra

Los primeros meses en Italia fueron una extensión de la pesadilla, pero esta vez con el peso de la ilegalidad sobre los hombros. María, una mujer que hasta entonces había tenido una vida profesional y civil normal y cómoda, se vio obligda a adoptar estrategias de supervivencia extremas.

Sin documentos válidos —puesto que renovarlos o utilizarlos habría encendido las alertas de la Interpol—, el acceso a servicios básicos para su hijo se convirtió en un laberinto lleno de obstáculos. Cada patrulla de policía en la calle representaba la amenaza latente de la separación definitiva de su hijo y la cárcel para ella. La ayuda de redes solidarias y trabajos informales fueron el único sostén para mantener un techo sobre sus cabezas.

A pesar de la clandestinidad y la precariedad económica, que los hizo pasar frío y que a ella incluso la llevó a pasar hambre con tal de alimentar a su hijo, el objetivo principal se estaba cumpliendo. Ella se sentía, según manifiesta, satisfecha de haber puesto a salvo al niño de un entorno de abusos. Sin embargo, el daño psicológico ya estaba hecho, y sanar a un niño de tres años en un país desconocido, sin soporte médico oficial y con el trauma a flor de piel, iba a requerir una resistencia descomunal. El Estado español había catalogado a María como una criminal, pero el tiempo y los hechos estaban a punto de dar un vuelco drástico a la "verdad oficial".

Cronología: el laberinto legal que criminalizó a una madre

Cuando Edgardo Milessi se percató de que María y su hijo no estaban en su vivienda, la denunció por sustracción parental. Comenzaba así la persecución judicial contra una madre que, antes de desaparecer, había intentado por todas las vías cumplir con las visitas pactadas, siempre que fueran en su presencia; una condición que el padre jamás aceptó.

• Diciembre de 2015 | Se activa la alerta policial: Se inician las diligencias previas y se prohíbe legalmente la salida del país de María y del niño. Milessi declara ante los cuerpos de seguridad que cree que ella ha huido a Argentina con su familia por la "frustración" tras el archivo de su denuncia por abusos y el decreto de custodia compartida;
• febrero de 2017 | Orden de detención europea: Ante la imposibilidad de localizar a María, la justicia española emite una orden europea de detención en su contra;
• marzo de 2017 | Persecución internacional: El juzgado de instrucción de Ibiza eleva la presión y extiende la orden de búsqueda y captura a nivel internacional a través de la Interpol.
• abril de 2018 | Prórroga por "causa compleja": El juzgado declara el caso de especial complejidad jurídica y prorroga la investigación penal durante 18 meses más (finalizando en septiembre de 2018, sin que conste resolución de reapertura del proceso).
• enero de 2019 | El caso se congela: La justicia decreta el sobreseimiento provisional de la causa penal al no encontrar el paradero de María, notificándoselo a Milessi. Su defensa se opone de inmediato y presenta un recurso de reforma exigiendo que se siga buscando al menor de edad;
• enero de 2023 | El giro de guion: Tras salir a la luz los casos contra Milessi por presuntos abusos a dos clientas en su estudio de tatuajes, una de ellas menor de edad, el abogado de María hace su aparición en escena. Solicita formalmente el expediente completo en un intento definitivo de reabrir la denuncia original por el abuso denunciado por su hijo;
• junio de 2023 | Petición de libertad: La defensa de María solicita formalmente que se levante la orden de búsqueda internacional para que pueda defenderse en libertad;
• septiembre de 2023 | La trampa de la comparecencia: El juzgado de Ibiza reconoce al abogado de María, pero le exige entregar la ubicación exacta de la madre en un plazo de 5 días para tomarle declaración. La defensa solicita suspender la declaración porque aún no les han trasladado las copias del expediente y recuerdan que, si se presenta con la orden de captura activa, corre el riesgo de ser detenida de inmediato. En sus escritos, el letrado recuerda al juez el flagrante error inicial: el caso de abusos contra la persona menor de edad se cerró «sin haberse practicado diligencia alguna, a pesar de que la madre aportó un informe forense que hablaba de indicadores de abuso».

Estado actual del caso: el fin de la sombra

Finalmente, el 4 de marzo de 2026, la Audiencia Provincial de Palma levantó de forma definitiva la orden de búsqueda y captura contra María. Después de una década, madre e hijo han salido de la clandestinidad y ella ya tramita sus documentos de identidad:

«Por fin ya puedo comprar un abono de transporte público y no tengo que pagar un dineral para moverme; por fin puedo estar tranquila y salir por la calle sin temor».

En la actualidad, su equipo legal pelea por reabrir el proceso por las denuncias de su hijo. La respuesta actual de la jueza a cargo del juzgado de instrucción de Ibiza ha vuelto a desatar la polémica al comunicar a la Fiscalía que el delito ha prescrito; un argumento incongruente con la legislación española actual, donde la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad empieza a contar desde que la víctima cumple los 35 años (a lo que se le suman los años fijados para cada tipo de abuso).

Condenas por abusos a clientas

En enero de 2024, la justicia falló en contra de Milessi por abusar en 2021 de una clienta menor de edad. Él aceptó los hechos y fue condenado a dos años de prisión, se le prohibió aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 7 años y al pago de 5 mil euros en concepto de reparación. También se le inhabilitó para el ejercicio de cualquier profesión u oficio en que pudiese tener contacto con menores de edad, y se le prohibió ejercer su profesión de tatuador, también por 7 años. Se le impuso, además, la medida de libertad vigilada por 8 años con posterioridad a la pena de prisión.

El ingreso en prisión de Milessi se suspendió durante 4 años bajo la condición de que no volviese a delinquir en ese periodo; de lo contrario, la prisión sería efectiva.

En 2025, un año después, Milessi fue condenado por otro abuso cometido en 2022 contra una joven de 21 años de edad. En este caso no aceptó haber cometido ningún delito, pero para el tribunal a cargo de juzgarlo el relato de la víctima era plenamente creíble.

"Tenía una mano en la pistola para hacerme el tatuaje y la otra en los genitales". Con estas palabras, la joven escocesa víctima de presuntos abusos sexuales a manos de un tatuador de Ibiza relató el calvario que padeció al acudir a su estudio. Así titulaba un diario de Ibiza la noticia sobre la denuncia.

En este caso el tatuador fue condenado a 5 años de prisión, más 7 años de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima de 300 metros y se le reiteró la prohibición de ejercer su profesión y de realizar cualquier trabajo que tuviese que ver con menores de edad por 11 años. Milessi ha apelado esta condena y continúa en libertad. Lo significativo de esta condena es que en su preámbulo dice que cuenta con "antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia", cuando es claramente reincidente.

«A este, sacrifícalo». Con esa brutal frase, la psicología pública despachó a María de la Paz Venturo cuando denunció que el padre de su hijo de tres años estaba abusando de él. En lugar de proteger al menor, el sistema judicial archivó la causa, decretó la custodia compartida y acabó emitiendo una orden de búsqueda y captura internacional contra la madre por sustracción parental. Once años después, tras una década huyendo en la clandestinidad, el tiempo le ha dado una razón devastadora: su expareja ya acumula dos condenas por abusos sexuales a menores.

«Huí para salvar a mi hijo». Con estas palabras arranca el desgarrador relato de María de la Paz Venturo. A continuación, ofrecemos la primera parte de la entrevista en la que detalla los primeros pasos de su exilio forzado, el quiebre de la justicia y la dolorosa encrucijada que la empujó a la clandestinidad para proteger la vida de su pequeño Bruno

Primera parte de la entrevista a Maria Venturo sobre su exilio forzado, de más de una década,para proteger a su hijo
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El tiempo le da la razón a las madres que protegen

El exilio forzado de María no fue un acto de desacato caprichoso; fue una carrera desesperada por la vida de su hijo. En la segunda parte de este reportaje de teleoLeo.com, hablaremos: del proceso de sanación en Italia, de cómo María crio a su hijo en la clandestinidad. Ella pone en palabras el horror vivido.

El derrumbe de la impunidad: el momento en que la justicia penal finalmente alcanzó a Edgardo Milessi, sumando dos condenas por abusos sexuales a una persona menor de edad y a otra clienta de 21 años de edad, que ponen en tela de juicio el proceso que se siguió contra él por la denuncia de abuso sexual contra su hijo. Once años de revictimización y de violencia institucional han marcado a María, que según explicó a teleoLeo.com solo ha vivido todo este tiempo para sanar y proteger a su hijo.

«Viví muerta durante años... yo perdí mi negocio, mi libertad y la posibilidad de ver a mis hermanos, pero mi hijo tuvo una infancia feliz y libre». Tras una década en la clandestinidad, María de la Paz Venturo relata el asombroso y durísimo periplo de supervivencia en Italia: once años sin redes de apoyo, sin documentos y recurriendo a la escuela parental autogestionada para que su hijo socializara y se educara sin levantar sospechas.

Este es el testimonio en primera persona sobre el altísimo precio que paga una madre protectora al verse obligada a elegir entre la legalidad institucional o la seguridad física y emocional de su hijo. La historia de María y de su hijo, es una historia de resistencia que cuestiona los pilares y los simientos del sistema judicial español y su poco frecuente perspectiva de género y de infancias en sus sentencias.

Segunda parte de la entrevista a María Venturo, donde nos explica cómo sanó a su hijo, cómo fueron sus vidas escondidos durante más de 10 años y el estado actual del caso
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