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Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Denuncias y testimonios de violencia de género, violencia machista y violencia estructural
Juan tiene 10 años, está tutelado por la Generalitat y ha sido abusado sexualmente bajo la tutela de la DGPPIA. Su abuela, Encarna, lo denuncia: "Lo que estamos viviendo es una tortura institucional". Mientras se le niega información a su familia, el niño sigue desaparecido para quienes nunca le han hecho daño: su padre y su abuela. Este reportaje expone un patrón documentado de abusos a menores tutelados, negligencia y violencia institucional.
Publicado: 2026-06-27 15:10:00
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Otro niño ha sido abusado sexualmente bajo la tutela de la DGPPIA, ex DGAIA. En 2025 conocimos el caso de una niña de 12 años que, bajo la guarda de este organismo, fue violada y explotada sexualmente durante más de un año por un hombre que también está acusado de explotar a más de 25 menores de edad, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. En 2024 supimos de un adolescente de 16 años agredido sexualmente por un hombre que le proporcionaba drogas valiéndose de su adicción. También tenemos el caso de Tortosa, donde más de 100 menores de edad habrían sido víctimas de una red de distribución de pornografía infantil, que los sometía a abusos sexuales. Algunos de ellos estaban tutelados por la DGAIA
Juan es el nombre ficticio del nieto de Encarna Viñeglas, ella se dirige una vez más a teleoLeo.com pidiendo ayuda para salvarlo. Juan tiene 10 años de edad y se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) desde que tenía 4, tras denunciar a la pareja de su madre por abuso sexual.
Este 2 de junio Encarna recibió una llamada telefónica que la dejó absolutamente angustiada, pues le comunicaron que Juan había sido abusado nuevamente.
«El 2 de junio recibí una llamada, me dijeron que me llamaban de Pediatría Social del hospital La Vall d'Hebrón, me preguntaron si era la madre de Juan, les dije que no, que era su abuela, me dijeron que el niño había sido vuelto a abusar y que lo enviarían a Barnahus para la investigación del caso. Lo que estamos viviendo es una tortura institucional».
— Encarna Viñeglas, abuela de Juan
Barnahus (Casa de los niños y las niñas) es el lugar donde se proporciona atención integral, en un entorno seguro, a menores de edad víctimas de violencia o abuso sexual. El objetivo de Barnahus es evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes, reuniendo a todos los profesionales necesarios bajo un mismo techo para que testifiquen una sola vez.
«Que los niños crezcan en una institución es un riesgo altísimo. Cuantos más niños hay en instituciones, más alto es el riesgo».
— Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya (2025)
«Los centros no son el lugar más idóneo actualmente para que los niños y niñas crezcan. Son niños altamente vulnerables. Hay personas que se aprovechan de estas necesidades emocionales de los niños y se producen estos casos».
— Noemí Pereda, catedrática de Victimología (2025)
El caso de Juan no es una sorpresa para la administración. En febrero de 2025, 500 técnicos de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) ya habían firmado un informe alertando de negligencias en el seno de la ex DGAIA, aseguraban que la atención a la infancia y adolescencia «se había ido deteriorando progresivamente», también daban cuenta de dificultades en el ejercicio de su actividad.
En julio de 2025, el Parlament catalán aprobó por unanimidad una comisión de investigación sobre la DGAIA a raíz de las irregularidades económicas y de gestión señaladas por el Sindic de Comptes, así como por los casos de violencia sexual contra la infancia tutelada. Recién el 19 de enero de 2026, los representantes de los EAIA fueron recibidos en la comisión de investigación del Parlament
La Síndica de Greuges también documentó "falta de escucha" y "resistencia" por parte del Govern a investigar las irregularidades en el servicio de atención a menores y ex tutelados. No fue hasta la destitución de los dos máximos responsables de la DGAIA, en marzo de 2025, cuando los expedientes pudieron ser revisados.Juan es uno más en esta lista de niños y niñas que el Estado debía proteger y no lo hizo. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos casos más tienen que salir a la luz para que el sistema proteja de verdad a las y los menores de edad que tutela para que, realmente, vivan lejos de cualquier situación que atente contra su integridad?
De no haber sido por la llamada errada de La Vall d'Hebrón, Encarna y su familia no se habría enterado que Juan había sido abusado nuevamente, sin embargo, cuando el padre del niño se presentó en el hospital les dijeron que el niño «no consta en el sistema».
La familia paterna desconoce el paradero de Juan, desde marzo de 2025, cuando los Mossos d'Esquadra entraron en casa de su abuela para llevárselo:
«Vinieron armados como si fuesen a intervenir a delincuentes, asustando a mi marido que estaba mal del corazón y a mi nieto que se entregó para que no nos hicieran nada a nosotros».
El abogado de la familia ha acudido a la DGPPIA para solicitar información sobre lo ocurrido a Juan y sobre su estado y su paradero, pero tampoco le han brindado información, solo le han dicho que enviarán el expediente de tutela del pequeño a la nueva ciudad de residencia del padre, pero sin precisar dónde se encuentra el niño ni cómo está. Encarna y su familia sufren por no saber nada de Juan y por no poder ayudarlo en momentos en que necesita, más que nunca, el calor de quienes nunca le han hecho daño.
«Estamos desesperados, temo que hayan desaparecido a mi nieto, necesitamos una prueba de vida, necesitamos saber de él, verlo, cuidarlo. No me imagino cómo se debe estar sintiendo, le prometimos que nunca más le pasaría nada malo y no hemos podido cumplir».
— Encarna Viñeglas, abuela de Juan
El día 18 de junio Encarna logró -después de llamar durante varios días- ponerse en contacto con el EFI (Equipo Funcional de Infancia) a cargo del caso de su nieto y le confirmaron que el niño había sido abusado nuevamente. Sin embargo, según explica Encarna, le dijeron:
«Él está bien porque lo estamos cuidando».
Encarna les contestó que nadie que haya pasado por un abuso sexual -y encima, varias veces- puede estar bien, menos un niño que a los 4 años denunció a la pareja de su madre por estos hechos y nadie le creyó y que, incluso, tras la denuncia, la madre continuó viviendo con su pareja, con quien tiene otro hijo.
En esa llamada, aunque la abuela preguntó, si era la pareja de su madre quien supuestamente había atentado otra vez contra Juan, le dijeron que no podían decírselo.
La falta de transparencia de la administración es una forma de revictimización institucional que agrava el daño causado a Juan y a su familia. Esta actitud podría responder al castigo que sufren por haber escuchado al niño, hace 2 años, cuando viendo la oportunidad, salió por la puerta del centro y le pidió a su padre y a su abuela que no lo volvieran a ingresar porque si lo hacían se mataría.
Durante los siete meses que Juan permaneció con su familia paterna, su salud mejoró de forma notable. Según Encarna, el niño había salido del centro pesando 23 kilos; cuando se lo llevaron los Mossos, en marzo de 2025, pesaba 35. También había superado los tics nerviosos que arrastraba desde su estancia en la residencia. Sin embargo, la administración no valoró esta mejoría y ordenó, sin siquiera hablar con él, reintegrarlo al sistema.
El derecho de Juan a ser escuchado está consagrado en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificado por la LOPIVI. Este artículo establece que los menores de edad tienen derecho a ser oídos en cualquier procedimiento que les afecte, que su opinión debe ser tenida en cuenta y que la denegación de su audiencia debe ser motivada en el interés superior del menor. Sin embargo, en el caso de Juan, su voz siempre ha sido ignorada: pidió no volver al centro, denunció los abusos y maltrato, y suplicó vivir con su padre, pero la administración no lo escuchó.Antes de que Juan saliera del centro donde estaba recluido, mantenía visitas con su madre y la pareja de esta, a pesar de que la denuncia por abuso sexual solo estaba archivada provisionalmente, es decir, no se había dado por inocente al denunciado y, a pesar de eso, la administración consideraba que esta revinculación era lo más adecuado para el niño. En el expediente manifestaban, además, que la madre había evolucionado favorablemente al trabajo con ellos y que eso les hacía pensar que pronto podrían entregarle el niño. El padre nunca fue considerado.
El padre de Juan ha sido excluido del expediente, presumiblemente por su discapacidad, pues nunca ha sido denunciado por maltrato o abuso contra el niño. Hasta 2022, estuvo tutelado por sus padres, en ese año la justicia modificó su situación y pasó a solo necesitar ayuda para realizar trámites. Juan, además, ha manifestado en diversas oportunidades que quiere vivir con su padre. Sin embargo, la administración ha preferido revincularlo con su madre, de quien el niño ha dicho que lo maltrata y que convive con su presunto agresor.
No considerar el ejercicio de la paternidad de una persona con discapacidad constituye una violación de sus derechos fundamentales, reconocidos tanto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) como por la legislación española que la desarrolla.
El artículo 23 de la Convención establece que los Estados deben «garantizar el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia» y que «en ningún caso se separará a un hijo o hija de sus padres contra su voluntad», salvo que una autoridad judicial lo determine por el interés superior del menor y en este caso no ha habido autoridad judicial que se haya pronunciado en contra del ejercicio de la paternidad del padre de Juan.
En sintonía con este mandato, la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, supuso un cambio de paradigma pues eliminó la discapacidad como causa automática para limitar la patria potestad y sustituyó el modelo de sustitución en la toma de decisiones por uno de apoyos que respetan la voluntad y preferencias de la persona. Es decir, la ley obliga a la administración a valorar las capacidades reales del padre y, si las necesita, a proporcionarle los apoyos adecuados para ejercer su paternidad, no a excluirlo por su diagnóstico.
Juan fue tutelado por la entonces DGAIA en diciembre de 2021, tras denunciar abusos sexuales por parte de la pareja de su madre. El niño, que entonces tenía 4 años, según Encarna, había sido víctima de maltrato incluso antes de nacer: «Su madre se golpeaba el vientre llamándolo desgraciado».
La denuncia por abuso sexual de la que Juan es víctima cuenta con dos informes clave que no impidieron su archivo provisional:
A pesar de estas evidencias, el caso fue archivado provisionalmente. La Fiscalía, que se presentaba como acusación particular al tratarse de un niño tutelado por la Generalitat, no apeló el archivo. Como resultado, el presunto agresor no ha perdido la libertad ni un solo día, mientras Juan fue ingresado en un centro residencial y ha sido separado de su familia paterna con la cual siempre ha manifestado querer estar.
Casos atendidos
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Casos atendidos por sexo
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Ámbito de ocurrencia
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El 27 de marzo de 2025, una cuadrilla de Mossos d'Esquadra irrumpió en casa de Encarna y se llevó a su nieto, que entonces tenía 9 años. El despliegue, como en otros casos de tutela de menores de edad, fue desproporcionado:
«Rodearon mi casa, entraron, rompieron un armario, arrastraron a mi nuera por los pelos hasta el jardín... Mi nieto bajó de su habitación y dijo que dejaran a su familia en paz, que él estaba bien y que quería que lo escuchase un juez».
Desde entonces, la familia paterna no ha vuelto a tener contacto con Juan. Llevan casi 15 meses sin información sobre su paradero, saben que por orden judicial fue cambiado de centro, pero no saben en cual está ni su estado de salud, o las condiciones en las que se encuentra. Lo único que han sabido y por casualidad, es que ha sido nuevamente abusado.
Sin embargo, según el abogado del padre, la madre del niño disfruta desde el primer momento de dos horas semanales de visita sin supervisión, régimen que incluye a su pareja, el hombre denunciado por abusos sexuales por el propio Juan.
Uno de los puntos más graves del caso ha sido la contradicción entre la orden judicial y la práctica real:
Cuando fueron denunciados los supuestos maltratos de la madre y el supuesto abuso sexual de su pareja hacia Juan, la jueza del Juzgado número 8 de Rubí emitió un auto que prohibía el acercamiento del niño a ambos por considerarlos "un grave peligro para su integridad física, psíquica y moral".
La madre apeló y las medidas en su contra fueron suprimidas y tenía visitas con el niño, sin embargo, este se quejó ante su abuela, porque le grababa vídeos y le decía que eran para enseñarle cómo había crecido, a su pareja. En un primer momento las visitas fueron dentro del centro y luego externalizadas, unas horas los fines de esta semana. La abuela, que en ese momento tenía la guarda del niño se quejó de que la madre lo grabase y, asegura que por eso le quitaron al niño y se lo dieron primero a una prima de la madre y luego lo ingresaron en un centro.
En febrero de 2023, los servicios territoriales de Tarragona emitieron un informe técnico que declaró a los abuelos paternos «no aptos» para recuperar la guarda del niño. La razón expuesta fue que estos se oponían a que el niño fuese revinculado con su madre y su pareja debido a los maltratos y abusos denunciados.
El informe afirmaba que los abuelos «instrumentalizan, influencian y dirigen la conducta del menor de edad a favor suyo». Sin embargo, esta valoración contrasta con la realidad: durante el tiempo que tuvieron la guarda provisional, no hubo quejas del niño ni de la administración.
Durante su estancia en el centro residencial, Juan fue diagnosticado con «trastorno del vínculo» y medicado con Risperidona y Rubifén (antipsicóticos y derivados de anfetaminas). La abuela denuncia que según el niño, la medicación se la había dado el «médico de los hongos de los pies» y señala un posible lucro institucional, sin embargo, en el expediente dice que las pastillas fueron prescritas por un psiquiatra.
«La administración recibe 4.000 € por la manutención mensual de un niño sano, sin embargo, paga 9.000 € por niños con una patología, así que les conviene demostrar la existencia de alguna enfermedad crónica o discapacidad para cobrar más», afirma Encarna.
Juan relató a su abuela que, durante su estancia en el centro, cada noche uno de los niños de la habitación se quedaba despierto para vigilar que los monitores no los «toqueteasen». También denunció que pasaban hambre y que la ropa y juguetes que la familia les llevaba desaparecían.
A Juan se le han conculcado varios derechos estipulados en la legislación nacional e internacional. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) establece la obligación de los centros y administraciones de prevenir, detectar y reaccionar ante cualquier indicio de violencia contra menores tutelados. Además, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, consagra el derecho de los menores a no ser separados de su familia salvo que sea necesario para su interés superior, y a ser oídos en todos los procedimientos que les afecten.
La jurisprudencia europea es clara al exigir que cualquier separación de un menor de edad de su familia sea proporcionada, necesaria y basada en motivos suficientes. En una resolución de septiembre de 2023 que analizó 21 casos de tutela, el TEDH declaró en 9 de ellos que la separación fue arbitraria y vulneró el artículo 8, el que garantiza el derecho a vivir en familia.
El drama familiar ha cobrado ya víctimas. El abuelo paterno falleció sin poder despedirse de Juan. El padre del niño, desesperado por la falta de información y por la separación forzada, ha intentado acabar con su vida en dos ocasiones.
Durante el periodo que Juan, estuvo fuera del centro, habló con teleoLeo.com y se ratificó en su denuncia tanto de malos tratos por parte de su madre y de su pareja, como del abuso sexual que denunció y fue contundente.«Lo que no quiero es volver a casa de mi madre porque es un infierno y tampoco quiero volver a la residencia porque también es un infierno, lo que quiero es estar con mi padre».
Y añadió una advertencia que hoy resuena con especial gravedad:
«Si me vuelven a meter en un centro, me mato».
teleoLeo.com ha solicitado en reiteradas ocasiones la versión de la DGAIA (actual DGPPIA) sobre este caso. La institución ha declinado sistemáticamente dar explicaciones, escudándose en la imposibilidad de hablar de "casos concretos". Incluso cuando las consultas se han realizado a través de un medio de comunicación, la administración ha mantenido su política de silencio.
«Necesito toda la ayuda del mundo para salvar a mi Nieto. No pido tanto. No pido dinero, pido justicia. Pido que alguien con corazón, con medios y con inteligencia y humanidad, que esté preparado para esto, me ayude. Lo suplico».
El caso de Juan no es un hecho aislado. Es la expresión más cruda de un sistema de protección de menores que, en demasiadas ocasiones, se convierte en un mecanismo de separación, silencio y castigo para familias vulnerables o con problemas que acuden a servicios sociales en busca de ayuda, incluso para familias que denuncian que sus hijas e hijos son víctimas de acoso escolar.
La historia de Encarna y su familia revela una paradoja insoportable: un niño tutelado por el Estado para ser protegido ha sido abusado, por lo menos, dos veces y la última estando bajo esa misma tutela. Los informes técnicos que debían garantizar su bienestar han servido para criminalizar a su padre y sus abuelos, el único entorno afectivo que el menor reconoce como seguro. El padre discriminado por su discapacidad, ha sido borrado del expediente, mientras la madre —denunciada por maltrato y conviviente del presunto agresor— disfruta de visitas sin supervisión.
La falta de transparencia de la DGPPIA no es un descuido: es un patrón que siguen todas las administraciones, se trata de una estrategia de desgaste. Negar información y retirar las visitas a las familias para aislar a la niña, niño o adolescente, es revictimización, es violencia institucional que logra romper el vínculo y expone a mayor peligro a las personas menores de edad que dicen proteger. No es un fallo del sistema: es el sistema funcionando en su versión más perversa.
La familia de Juan ha perdido a un abuelo, ha visto al padre al borde del suicidio y ha soportado un asalto policial desproporcionado mientras la administración guarda silencio. ¿De qué sirve un Barnahus que certifica el daño si luego la Fiscalía archiva y el denunciado sigue en libertad? ¿De qué sirve un expediente de tutela si el niño sigue siendo abusado mientras está bajo la "protección" de la administración?
Esta no es la historia de una familia. Es la historia de miles de niños y niñas tutelados que, como Juan, son silenciados, medicados, recluidos y olvidados. Es la historia de familias separadas, rotas, por informes técnicos que confunden la defensa del menor con la obediencia a la administración. Es la historia de un Estado, de una administración que tutela para "proteger", pero que muchas veces termina protegiéndose y protegiendo al agresor.
Mientras Encarna suplica ayuda, el sistema sigue su curso: expedientes cerrados, menores de edad desaparecidos de los centros sin dar aviso inmediato a sus familias, jueces que se pronuncian dando veracidad a funcionarias y funcionarios de servicios sociales, sin escuchar a las familias ni a las criaturas. Y una administración que se escuda en la "confidencialidad" para no rendir cuentas. La confidencialidad no puede ser un manto para la negligencia.
El silencio institucional es cómplice de la impunidad. Cada día que pasa sin que sepamos dónde está Juan, sin que su familia pueda abrazarlo, sin que su voz sea escuchada, es un día en el que el sistema le falla. Y no solo a él. A todas las niñas, niños y adolescentes que, como él, esperan que el Estado que los tutela los proteja de verdad.
Juan no es un número en un expediente. Es un niño de 10 años que ha pedido ayuda, que ha denunciado, que ha huido de un centro y ha suplicado no volver. Es un niño que, como tantos otros, merece crecer en un entorno seguro, con su padre y su familia, lejos del agresor y lejos de un sistema que ni lo escucha ni lo protege.
La pregunta que queda en el aire, y que ninguna institución ha respondido, es sencilla y desgarradora: ¿cuántos niños más tendrán que ser abusados bajo tutela del Estado para que este sistema cambie?
Porque el sistema no está fallando: está funcionando como fue diseñado. Y es hora de rediseñarlo.
En teleoLeo.com seguimos investigando la realidad de los menores tutelados en España. Si tienes información o vives una situación parecida, puedes contactarnos a través de info@teleoleo.com. Tu testimonio es seguro y confidencial.
La voz de las familias no puede ser silenciada. La infancia no puede esperar.
Categoría:
Violencia Institucional
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