Catalunya ya tiene president: autonomía o independencia, he ahí el dilema

Quim Torra es el 131 president de la Generalitat. A pesar de ser un candidato del independentismo no ha sido elegido con el voto de todos los independentistas

El color amarillo ya no está proscrito en Catalunya y es que desde este mediodía Catalunya ya tiene nuevo president. Después de 5 meses, desde las elecciones del 21 de diciembre en las que la opción independentista refrendó su fuerza en las urnas, y después de 3 investiduras fallidas, este mediodía Quim Torra, el candidato designado por el expresident Carles Puigdemont es el nuevo president de Catalunya.

“Gracias por la votación, gracias al president Carles Puigdemont por su generosidad y por su acto de responsabilidad y porque lo investiremos, porque es uno de los objetivos de mi mandato, y gracias al pueblo de Catalunya con quien quiero compartir el grito de Visca Catalunya lliure. Estas han sido las primeras palabras de Quim Torra luego del resultado de la votación del Parlament.

Este lunes el candidato de Puigdemont ha sido investido president con 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. Los votos a favor son los de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los de Junts per Catalunya (JxCat), los votos en contra son los de Ciutadans (Cs), el Partido Socialista Catalán (PSC) y el Partido Popular (PP), los mismos que apoyaron la destitución del gobierno catalán por parte del gobierno central.

Las abstenciones son de la CUP, el partido de extrema izquierda que desde este momento ha pasado a la oposición, ellos consideran que el gobierno de Torra se vuelve a alinear con el autonomismo y aparca la independencia de Catalunya“Somos y estaremos en la oposición por la lealtad al 1 de octubre, fidelidad que no quiere dar un paso atrás en el camino hacia la República”.

Pero en su discurso en esta segunda sesión de investidura, Torra no sólo se ha reafirmado en que Carles Puigdemont es el president y que él sólo estará en cargo de forma provisional, también ha manifestado que su gobierno será leal al mandato de la las urnas del 1 de octubre y que trabajará para “construir un Estado independiente en forma de República”.

Torra también ha dicho que trabajará por hacer de Catalunya una República para todos, en la que la educación y la cultura tengan gran relevancia. Ha hablado también de una Catalunya más moderna, tecnológica, solidaria y sostenible. Ha manifestado que se invertirá en salud y que se mantendrá la atención sanitaria universal, que hace unas semanas estuvo amenazada por el gobierno español.

El nuevo president se ha comprometido a luchar por la igualdad de los 7,5 millones de catalanes y por el progreso de todos. Especial énfasis ha hecho en las políticas de igualdad social y laboral entre mujeres y hombres, “pondremos acento en las políticas de de diversidad de orientación sexual, así como en las políticas de género y en las de la lucha contra la violencia machista” […] “crearemos un nuevo modelo de intervención en el ámbito de la violencia sexual”.

En cuanto a inmigración ha mencionado la gestión de políticas para garantizar la igualdad de todos, “queremos ser país de acogida, lograr la inclusión e interacción intercultural para profundizar en la construcción de un solo pueblo cohesionado y diverso que apuesta por una convivencia real que permita a todos su inclusión en garantía”.

El nuevo president no ha olvidado hablar de la promoción del trabajo y de la industria a través de sendos pactos sociales, también se ha referido a los ahora menoscabados Mossos de Esquadra, que con la aplicación del 155 han dejado de recibir las partidas necesarias para la lucha antiterrorista, así lo denunció hace unas semanas un Mosso de Esquadra en un programa de televisión.

“Debemos revertir de manera inmediata el daño que el 155 ha hecho en los Mossos de Esquadra y retornar a la normalidad, al ejercicio de su responsabilidad y a defender la honorabilidad de todos sus miembros y sus comandos. Haremos que el cuerpo de los Mossos ejerza como la policía integral de Catalunya y en el pleno ejercicio de las competencias en el ámbito de seguridad de nuestro país”.

Torra afirma que es hora de que los Mossos tengan presencia permanente en los organismos de coordinación policial internacional, es decir, que la policía catalana participe de la oficina de la policía europea que centraliza la información de la seguridad en la lucha antiterrorista. Todos los cuerpos policiales españoles tienen silla en esa mesa, menos la policía catalana, de haber sido así, los atentados de agosto de 2017 de Barcelona y Cambrils podrían haber sido evitados.

Y todos estos planes de Torra, se llevarán a cabo mediante tres ejes que vertebrarán el gobierno catalán, el primero es el espacio libre de Europa con el Concejo de la República presidido por Carles Puigdemont, el segundo es el gobierno de la Generalitat, el Parlament, los municipios, la asamblea de cargos electos; y el tercero es la ciudadanía empoderada e involucrada en el proceso constituyente que culminará con la elaboración de una Constitución.

Una de las primeras acciones del gobierno será la creación de un comisionado para evaluar los daños del 155 tanto en la administración pública como en la ciudadanía, así como recuperar las 16 leyes que aprobó el Parlament y que el Tribunal Constitucional derogó. Entre estas leyes está la de la lucha contra el cambio climático, la de la pobreza energética y la de igualdad real entre hombres y mujeres.

Pero ni todo el plan de gobierno expuesto, ni todos los anuncios de que trabajará para los 7.5 millones de catalanes, ni el pedido de gobernar juntos, ni el tercer pedido público de perdón por todos los tuits y comentarios hechos en el pasado, en contra de los españoles, nada, de nada ha convencido a la oposición de la investidura de Quim Torra.

Al contrario, Cs, PP i PSC, le han dicho que aunque se arrepienta de sus comentarios, no se arrepiente de como piensa, y que su provisionalidad y su mención reiterada a la implantación de la República no les convence. De una forma o de otra, los partidos del 155 le han vuelto a decir que es un racista y un xenófobo, Inés Arrimadas (Cs) le ha dicho incluso que debido a sus expresiones del pasado, el independentismo pierde toda posibilidad de tener la aprobación de Europa.

Esta mañana, en la habitual rueda de prensa de los lunes de la Comisión Europea (CE), su portavoz en jefe, Margarits Shinas, preguntado sobre si la UE mediará en el conflicto entre España y Catalunya respondió: “nuestra posición sobre una posible mediación ha sido muy clara, la ha expresado el pdte Juncker y el vicepresident Timmermans”. Ambos han dicho que la mediación sólo sería posible si la piden las dos partes en conflicto, y España no la ha pedido.

Preguntado sobre los tuits del pasado y artículos de Torra en el que dice que los españoles son ladrones o bestias, o que el Catalán es el idioma que se debe de hablar en Catalunya, o que las calles de ahora ya no son las de sus abuelos, Shinas ha contestado literalmente: “no dignificaré esos comentarios con un comentario mío”.

El gobierno quería un gobierno limpio de polvo y paja, sin denuncias ni procesos judiciales, un president impoluto, y ya lo tiene, pero tampoco le agrada. En cuanto Torra ha sido elegido, Mariano Rajoy ha dicho: “no me agrada nada lo que he escuchado en las últimas horas, a mi no me ha gustado, pero juzgare los hechos. De cara al futuro apostaremos por el entendimiento y la concordia, pero garantizo que la ley y la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir”.

Albert Rivera, presidente de Cs, que compite por ser el que más duro le da a Catalunya porque eso le da votos en el resto de España y está en la etapa de matar al padre, o sea al PP, dice que Torra es un presidente que insulta a los catalanes y que amenaza por segunda vez con crear la República catalana, “por eso le pido al presidente Rajoy que rectifique y que reconozca que esto no puede ser y que nos sentemos a ver cómo extender la aplicación del 155 en Catalunya”.

Pero los sueños de Rivera, podrían quedarse en sueños y punto, el PP parece no tener intención de extender el artículo de marras, algunos parlamentarios del grupo político con más de 700 imputados por corrupción, han dicho que el Senado aprobó la aplicación del 155 hasta que Catalunya tuviese nuevo gobierno. Ahora bien, la intervención económica continuará en forma de supervisión.

Según fuentes de la Moncloa, a partir de que se instaure el nuevo gobierno, el Ministerio de Hacienda dejará de pagar directamente las facturas de la Generalitat -como venía haciendo desde septiembre pasado, cuando intervinó las cuentas catalanas para evitar el gasto de dinero público en la realización del referéndum de autodeterminación- y pasará a requerir un informe mensual del gobierno catalán para saber los pagos que realiza.

Para este martes se anuncia una comparecencia a dos, Quim Torra y Carles Puigdemont desde Berlín, antes se reunirán para trazar las próximas acciones, entre ellas la toma de posesión del cargo este miércoles, el nombramiento de sus Consellers, entre los cuales estarán varios de los que formaron parte del gobierno de Puigdemont que se encuentran en prisión.

La independencia no ha llegado a Catalunya, Torra en su discurso ha dicho que todos han cometido errores y que el independentismo no está exento. La calle no está contenta sobretodo porque muchos coinciden con la CUP en que este será un gobierno autonomista, sin embargo, ampliar la base es necesario, y esa es una de las tareas a las que deberá avocarse el nuevo gobierno. No será fácil, el gobierno central está en guardia y actuará con todo el peso de la ley según M. Rajoy.

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España, en ridículo una vez más

Alemania ha liberado a Carles Puigdemont porque, en ausencia de violencia, no ve delito de rebelión. Y en el mismo sentido podrían pronunciarse Bélgica, Reino Unido y Suiza

España ha quedado en ridículo una vez más. Minutos antes de las 14 horas de este viernes 6 de abril la justicia alemana ha dejado en libertad a Carles Puigdemont. No lo ve culpable del delito de rebelión del cual lo acusa el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena. Lo primero que ha hecho el expresident es exigir la liberación de los presos políticos pues su existencia, ha dicho, “es una vergüenza para Europa”. Puigdemont también ha vuelto a pedir diálogo al gobierno español. “La época del diálogo ha llegado y lo pedimos como lo hemos hecho en anteriores oportunidades en las que sólo hemos recibido una respuesta violenta y represiva”.

Un portavoz de la cancillera alemana Angela Merkel y desde el Ministerio de Exteriores de ese país, se ha urgido al Parlament a formar gobierno para encontrar una solución política. Esta es la primera vez que el gobierno alemán y su alta diplomacia intervienen de manera explícita en el conflicto catalán. Esta es la corroboración de que el procés ya no es un asunto interno como se ha cansado de repetir -y al día de hoy continúa repitiendo- la UE.

Y dirán ahora todos aquellos que aún viviendo lejos de España se llenan la boca diciendo que Puigdemont tenía la prisión bien merecida por haber cometido uno de los delitos más terribles del Código Penal español, el de rebelión. Y qué dirán todos aquellos que me leen e increpan lo que he venido escribiendo sobre el procés catalán. Déjame decirte una vez más, ciudadano del mundo, y esta vez con el respaldo de la justicia alemana, que tanto en España como en los países europeos donde se contempla el delito de rebelión, para ser tipificado se requiere el uso de: VIOLENCIA. Y en Catalunya, la única violencia ha sido la ejercida por los cuerpos de seguridad españoles que aporrearon a los pacíficos, inermes e indefensos votantes catalanes el 1 de octubre.

Este jueves 5 de abril, mientras en Lima, la ciudad en la que nací, se recordaba el autoritarismo de Alberto Fujimori, cuando hace 26 años dió un golpe de Estado; España, que desde el referéndum de autodeterminación de Catalunya está mostrando su cara más prepotente y cercana a las prácticas fascistas de la época del franquismo, recibía palos por todos lados. La justicia poética aún existe.

Violencia: no habida

Este 5 de abril, la justicia alemana le ha dado una bofetada con la mano abierta a España, ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia por rebelión en contra del expresident de Catalunya. Según el juez de Schleswig-Holstein sólo tramitará la euroorden por el delito de malversación pues dice que “en Catalunya no hubo violencia”. Así las cosas, si Puigdemont es extraditado, en España sólo podría ser juzgado por delito de malversación. Pero la malversación tampoco está clara, no por lo menos para el juez alemán pues -según ha explicado mediante un comunicado- “hace falta aclarar otros hechos y obtener información adicional para esgrimir si ha habido malversación”.

Respecto a la acusación de malversación de la euroorden, es necesario recordar que tanto el presidente Mariano Rajoy, como el ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro -el primero en sede parlamentaria y el segundo mediante informe entregado al propio juez del Tribunal Supremo- “en la realización del referéndum catalán NO se utilizó ni un sólo euro de la administración pública”. Por otro lado, si Puigdemont es extraditado por malversación, tampoco iría a prisión preventiva pues -según diversos juristas- mientras dura el proceso judicial podría consignar el 1.600.000 euros que -según afirma la justicia española- costó el referéndum.

Por todos los motivos expuestos en el comunicado de la justicia alemana, Carles Puigdemont ha sido excarcelado previo pago de una fianza de 75.000 euros, que ha sido ingresada por la Caja de la Solidaridad de OMMIUM y la ANC. La Caja de la Solidaridad se alimenta con donaciones de los propios ciudadanos catalanes y hasta el momento ha destinado casi 4.000.000 de euros en el pago de fianzas originadas por el procés.

Rebelión: no habida

Pero no sólo Alemania no ve el delito de rebelión por ningún lado, Bélgica iría por el mismo camino. Los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han quedado en libertad y sin fianza luego de declarar este jueves ante la justicia flamenca. A espera de tomar una decisión sobre la euroorden, la justicia Belga ha impuesto a los exconsellers medidas cautelares como “la prohibición de la salida del país, estar localizables en un domicilio y atender a las peticiones que les haga la justicia belga”Otro de los países que tampoco vería rebelión es el Reino Unido donde la exconsellera Clara Ponsatí también ha sido dejada en libertad con medidas cautelares.

Y de Suiza ya no hablemos, ellos dicen que de haber una orden de extradición en contra de Marta Rovira, también acusada por rebelión, no la entregarían porque consideran que la acusación de la justicia española es por razones políticas. Por Anna Gabriel el juez Llarena no ha emitido ninguna orden porque a ella sólo se la acusa de desobediencia. España y su sistema judicial están en entredicho en cuatro países de la UE, es como cuando tu ves una cosa que nadie más ve y eso quiere significa que eres un visionario o que estás totalmente equivocado. Quienes conocen al juez Pablo Llarena no lo sitúan en la primera categoría.

Una de cal y otra de arena

Este 5 de abril, comenzábamos el día con una mala noticia, el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, que cometió el pecado de ubicar y abatir a la célula terrorista que perpetró sendos atentados en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, ha sido acusado de “pertenencia a organización criminal y de 2 delitos de sedición”. Según la jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, el exjefe de los mossos es acusado de sedición por “los hechos que tuvieron lugar en el Departamento de Economía el 20 y 21 de septiembre, así como por el referéndum del 1 de octubre”.  Junto con Trapero, otros altos cargos del cuerpo policial catalán también han sido acusados.

En un primer momento Lamela pretendía acusar de rebelión al jefe de los mossos, sin embargo, viendo que en diciembre el juez Llarena retiró la euroorden enviada a Bélgica en contra de Carles Puigdemont -un soplo de la fiscalía belga le hizo saber que el juez de ese país no veía la mentada rebelión por ningún lado- la jueza ha preferido bajarse del tan temible delito y se ha parapetado en el de sedición, abandonando así a Llarena, que continuaría viendo rebelión donde NO la hay. Sin embargo, según el artículo 544 del Código Penal españolpara que exista el delito de sedición también se requiere el uso de: VIOLENCIA.

Mentiras sólo mentiras…

Otro de los palos que este jueves ha recibido España, ha llegado desde Suiza que le ha dicho que miente, miente y miente. Este miércoles, Hervé Falciani, exbanquero de la filial suiza del banco británico HSBC, autor de la llamada ‘lista Falciani’, por la cual denunció la evasión fiscal de alrededor de 130.000 ciudadanos en todo Europa, fue detenido en España. Según las primeras informaciones del gobierno español, Falciani había sido detenido en virtud de una orden internacional de extradición emitida por Suiza el pasado mes de marzo.

De inmediato todo mundo dijo, “cambio de figuritas”. Ana Gabriel, exdiputada de la CUP y Marta Rovira, secretaria general de ERC y ex diputada catalana se encuentran en Suiza y aunque este país ya ha dicho que no las devuelve porque se las está juzgando por delitos políticos, todo hacía sospechar que Suiza no había sido sincera y que mediante una buena jugada de ajedrez pretendía recuperar al hombre que les ha llevado a reformar su política de secreto bancario. Sin embargo, como decían en mi casa, las mentiras tienen las patas cortas.

Veinticuatro horas después del anuncio de la orden de extradición y de su ingreso en prisión, Falciani ha sido liberado, la justicia helvética informó que esa orden de extradición había sido enviada a España a inicios de 2017. El propio portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli ha declarado a la televisión pública suiza (RTS) que “el exbanquero no será moneda de cambio por Anna Gabriel o Marta Rovira”, y agregó que “la cooperación jurídica se rige únicamente por tratados y leyes, de manera que no hay ningún margen para el intercambio”. Así que ahora la diplomacia española tiene otro problema entre manos.

Falciani luego de ser detenido en España el año 2012 por “vulneración del secreto bancario”, debido a una orden internacional emitida por Suiza, no fue extraditado porque la Audiencia Nacional española dijo que “en el derecho español no existe una protección penal específica del secreto bancario”. Inmediatamente Falciani se convirtió en colaborador de la Hacienda española y fue decisivo en la recuperación de 300.000.000 de euros de evasores fiscales ibéricos.

Con la detención de Falciani, España demuestra que no le importa hacer lo que sea con tal de salirse con la suya: penalizar y acabar con el independentismo catalán, y para ello es capaz de traicionar, incluso, a quien colabora con ella. Y Falciani colaboró y mucho, recuperar 300.000.000 de euros para las arcas del Estado no es poca cosa.

La cereza del pastel

Otra de las bofetadas recibidas por España este 5 de abril es de la policía belga que ha iniciado una investigación para determinar el origen del geolocalizador colocado en el auto que transportaba a Puigdemont en su viaje de Finlandia a Bélgica. La investigación se produce porque -aunque es requisito indispensable- ni la justicia, ni la policía belga habrían tenido conocimiento de la colocación del dispositivo. El geolocalizador permitió el seguimiento y la posterior detención del expresident. Según algunas fuentes, doce agentes del Centro de Inteligencia Nacional español siguieron todos los movimientos de Carles Puigdemont durante su estancia en Helsinky.

La policía belga tendrá que deslindar si la colocación de este instrumento fue autorizado por la justicia española y comunicado a su homóloga en Bélgica. Según el artículo 588 del código penal español -reformado en 2016- “durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo (interceptación de comunicaciones y la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento) siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad”.

Y este podría ser otro gol de Puigdemont, porque el principio básico del derecho según el cual nadie puede ser condenado a partir de una prueba obtenida ilícitamente jugaría a su favor, y agregaría una cuenta más al rosario de ‘problemas’ que viene acumulando España.

Investidura

¿Este nuevo escenario reabre la posibilidad de la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat?

Esta semana el Parlament puso otra vez sobre la mesa la investidura de Jordi Sànchez, la proposición vino nuevamente de la mano de un Carles Puigdemont que no sospechaba ser liberado de manera tan inminente. La idea se sustenta en la resolución del consejo de Derechos Humanos de la ONU que hace unas semanas instó a la justicia española a que respetará los derechos políticos de Sànchez y, de manera extraordinaria, emitió medidas cautelares para tal fin.

Si España no respeta esta resolución vulneraría el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según el cual, “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción ni restricción del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.Y eso precisamente es lo que ocurrió el 21 de diciembre, en unas elecciones excepcionalmente convocadas en Catalunya por el gobierno español, lo que ocurre es que el tiro le salió por la culata pues los comicios ratificaron el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Y algunos dirán, y de hecho ya han dicho, que la resolución de la ONU no es de obligado cumplimiento, sin embargo, el artículo 50 del mencionado pacto señala explícitamente: “las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna”. Y España es uno de los Estados firmantes de este pacto.

Puigdemont president

Una vez conocida la liberación del expresident, la CUP ha vuelto a ratificar su voluntad de investirlo president. “Carles Puigdemont es el único candidato que significa un golpe democrático al  Estado que no sólo responde a la soberanía popular expresada en las urnas el 21 de diciembre sino que responde a la reivindicación básica de soberanía de nuestro Parlament delante del Estado español y delante de sus tribunales. Hoy ningún otro candidato representa esa embestida”, pero no sólo la CUP se ha manifestado en este sentido. Este 3 de abril a través de un manifiesto, más de 600 personalidades catalanas defendieron la investidura del expresident.

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Puigdemont president!

La mayoría parlamentaria independentista estudia unirse para proponer la investidura presidencial del expresident.  

“Si Carles Puigdemont hoy no es president es porque nosotros pusimos en solitario un recurso ante el Tribunal Constitucional y éste dictó unas medidas cautelares para que no pudiera ser investido y esas medidas están en vigencia”. Esto lo ha dicho esta mañana la vicepresidenta de España, pero se equívoca, la resolución emitida el viernes pasado por la ONU en relación a la investidura de Jordi Sánchez lo CAMBIA TODO.

Primero, el Tribunal Constitucional NUNCA se ha pronunciado respecto a si Carles Puigdemont podía ser investido, antes de hacerlo, el Tribunal Supremo había manifestado que para tal hecho, el expresident tenía que presentarse en el Parlament, y recordaba que en cuanto llegase al país sería encarcelado. Luego ya decidirían si le permitían acudir a la investidura, o no.

Ante la respuesta del Tribunal Supremo, Carles Puigdemont dió un paso al lado en favor del segundo de su lista, Jordi Sánchez, preso desde hace 5 meses. En este caso, el Tribunal Supremo manifestó que NO, que no dejaba acudir al Parlament al nuevo candidato para que pudiera someterse a la votación parlamentaria.

La defensa de Sànchez elevó la consulta al Tribunal Constitucional y éste dijo que considerando que había un nuevo candidato -al cual tampoco permitía investir- ya NO ERA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LA INVESTIDURA DE CARLES PUIGDEMONT.

Así que NO Soraya, el Tribunal Constitucional NO le ha impedido a Puigdemont ser investido president, pero de haberlo hecho tampoco tendría mucha importancia y eso es porque la defensa de Sànchez, luego del rechazo de su pedido por parte del Tribunal Constitucional, acudió a la ONU y esta ha “instado” a España a que garantice los derechos políticos de Sànchez, eso quiere decir, que se le permita ser investido.

La resolución de la ONU es de obligado cumplimiento en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y del convenio Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo firmados por España. Y si es válida para la investidura de Sànchez, lo es para la de Puigdemont, porque ambos se encontraban y se encuentran en la misma situación.

Así que SÍ Soraya, dado que en estos momentos Carles Puigdemont podría contar con la mayoría parlamentaria para ser investido pues los tres grupos independentistas -luego de toda la presión, represión y encarcelamientos estarían poniéndose de acuerdo- pues así será. Y NO, no nos importa si está en prisión o no, esa es la voluntad del pueblo y se ha de cumplir, porque elegir a nuestros gobernantes es un derecho fundamental al que no queremos renunciar.

Carles Puigdemont es detenido en Alemania a pedido de España y en Catalunya las protestas no cesan

Los independentistas catalanes están indignados, no soportan más la presión de España y se organizan para mantener la protesta hasta que Europa escuche su clamor. La justicia Alemana ha entrado al juego

“La revolución de las sonrisas ha acabado, la primavera catalana comienza”. Carles Puigdemont ha sido detenido esta mañana en Alemania, cerca a la frontera con Dinamarca cuando volvía por tierra de Finlandia a Bruselas. Y Catalunya se indigna, sale a las calles, protesta, y dice que luchará con todas sus fuerza por la República y esas mismas fuerzas le hacen gritar: “Puigdemont president”.

Las manifestaciones realizadas este domingo desde el mediodía en todo Catalunya han dejado como saldo, hasta el momento, noventa y ocho heridos, veintidós de los cuales son Mossos d’Esquadra, y tres detenidos. El objetivo de las manifestaciones ha sido protestar por los presos políticos y por la detención de Carles Puigdemont. Durante la jornada, los manifestantes ha intentado tomar las delegaciones de gobierno español. En la de Girona han bajado la bandera de España y la de Europa y además han hecho pintadas en la fachada. En Barcelona, Lleida y Tarragona es donde se han producido algunos enfrentamientos con la policía que incluso ha disparado salvas al aire para controlar la situación. También se han producido cierres de carreteras y autopistas. El president del Parlament en un mensaje televisado y los dirigentes de la ANC y Omnium, las entidades civiles soberanistas, han pedido a la gente que se calme, que no caiga en provocaciones porque eso sólo le da pretexto a España para justificar la acusación de rebelión.

Indignación ciudadana

Catalunya ya no quiere paños calientes, sabe que nada de lo que haga calmará la rabia de España. Y cuando digo España, hablo del gobierno, del Estado, de la monarquía, de la justicia, NO de la gente, pues muchos españoles también están indignados con la actuación de la justicia y del gobierno de la península. Y cuando hablo de rabia, me refiero a que el reino jamás perdonará el ‘atrevimiento’ de una comunidad súbdita de querer decidir su futuro en libertad.

Dos de las personalidades españolas que han levantado su voz de protesta por los presos políticos catalanes son: el expresidente Felipe González y el veterano cantante de rock Miguel Ríos. Ninguno de los dos es independentista, es más en varias oportunidades han criticado el procés, sin embargo, esta semana, cuando otros cinco políticos catalanes fueron encarcelados, los dos se pronunciaron en contra.

El expresidente socialista dijo este jueves “Ojalá no se le ocurra meter en la cárcel a ninguno de ellos“, aludiendo a Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Marta Rovira y Turull, al saber que habían sido citados por el juez Llarena. “Hemos judicializado la política porque como políticos somos inútiles e intentamos que nos lo resuelva alguien, y cuando entregamos la responsabilidad a los jueces, estamos recibiendo la inevitable politización de la justicia”, agregaba González.

Miguel Ríos se pronunciaba en un programa de televisión español y decía que no estaba de acuerdo con la independencia, pero que una democracia no se puede permitir tener presos políticos. “Nadie tiene que estar en la cárcel por sus ideas. Se ha hecho un flaco favor a la democracia cuando ha intervenido la Justicia de esta forma; ha sido muy evidente que se han trabajado los tiempos que eran favorables o desfavorables a la causa (contra el independentismo)”

¿Qué pasará con Puigdemont?

Carles Puigdemont ha sido detenido en plena carretera cuando acababa de entrar a territorio alemán. El Centro Nacional de Inteligencia español le seguía los pasos desde Finlandia donde estuvo la semana pasada convidado a un debate sobre la situación de Catalunya. En horas de la tarde el expresident fue trasladado a una prisión y allí permanecerá hasta este lunes cuando comparecerá delante del juez de guardia, él lo identificará y decidirá si traslada “el caso” al Tribunal Superior donde determinarán si ingresa en prisión preventiva que podría durar hasta 60 días.

“El caso” es la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español para que Puigdemont sea devuelto a España donde sería juzgado por delitos de rebelión y malversación.

Si el juez de guardia decide que la euroorden no se sostiene según el Código Penal alemán, Puigdemont podría quedar en libertad, con o sin medidas cautelares. Según un vicepresidente del parlamento federal alemán, Wolfgang Kubicki, la extradición del expresident no podría ser por el delito de rebelión porque “en Alemania no conocemos el delito de ‘rebelión’, a diferencia de España, por lo tanto, descarto una extradición a las autoridades españolas por este motivo”, ha manifestado a un diario alemán.

En el mismo sentido, el principal partido de la izquierda alternativa alemana, el Die Linke, ha manifestado que “la rebelión no es un delito Europeo y no es uno de los 32 delitos bajo los cuales la orden de arresto de la UE requiere una extradición”, además ha señalado que “España es el único estado de la UE que tiene este delito penal predemocrático. La acusación está obviamente motivada políticamente”. El responsable de política europea de la formación en el Bundestag, Andrej Hunk, tildó la detención de “vergüenza”.

Sin embargo, si bien es cierto en el código penal alemán, el delito de rebelión no existe, existe el de “Traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho” que en su título II señala:

“(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia:1. perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania.

2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.

(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años”.

 

Si Alemania no ve delito de rebelión, Carles Puigdemont podría ser extraditado por delito de malversación y la pena contemplada en el Código penal alemán por este delito es de uno a cinco años, en este caso la justicia de ese país también analizaría si hay pruebas suficientes para esta acusación y según un informe de la Hacienda de España, no hay indicios del uso de dinero público en la realización del referéndum del 1 de octubre.

Un artículo de la prensa alemana titula, “Alemania tiene su primer preso político” y en él el periodista Thomas Urban cuestiona el papel de la UE: “¿Pueden los otros estados de la UE aceptar durante mucho más tiempo que Madrid intente despedazar un movimiento masivo democrático a través de la prisión y las multas?”. Además señala que la detención de Puigdemont no ha sido inteligente porque “no es un terrorista, sino un político legitimado por unas elecciones libres”, escribe. Otro diario alemán ha titulado que Alemania debe hacer lo que no ha hecho Europa.

Una de las razones, por las que Alemania podría haber detenido a Puigdemont es porque quiere que se produzca una negociación, recordemos que el 22 de diciembre, luego de las elecciones en donde el independentismo volvió a ganar en Catalunya, Angela Merkel le dijo a M.Rajoy que se siente a hablar y encuentre una solución. Y Alemania es Alemania y cuando habla Europa escucha, y M.Rajoy también debería de hacerlo.

Inglaterra, Suiza y Bélgica y las euro órdenes

La policía escocesa ha recibido una orden de detención internacional en contra de Clara Ponsatí, una de las exconselleras que luego de estar un tiempo en Bruselas se trasladó a Escocia para retomar su trabajo como catedrática universitaria. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha manifestado su “firme oposición a la decisión del estado español de buscar y encarcelar a los políticos independentistas” y ha expresado su “soporte a la autodeterminación del pueblo catalán”. Sturgeon ha dejado entrever que le gustaría intervenir pero, “el procedimiento es más jurídico que no político”.

Los abogados de Ponsatí han informado que la exconsellera se pondrá a disposición de la policía este mismo lunes.

Suiza aún no ha recibido el pedido el pedido de extradición por Marta Rovira, secretaría general de ERC, el partido de Oriol Junqueras, sin embargo consultada sobre el asunto ha dicho que considera que si recibe el pedido de España, al igual que en el caso de Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, consideraría que se trata de un caso político y que la extradición no procede. 

Y los exconsellers que se encuentran en Bélgica, Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín, ya han dicho que este lunes se pondrán a disposición de la justicia belga, ellos son los que están más tranquilos pues cuando la Audiencia Nacional emitió en noviembre pasado la primera euroorden en su contra, la justicia flamenca no veía motivos para acusarlos de rebelión, no sólo porque no habían actuado con violencia, sino porque no existe en su código penal.

Lo más cercano a la rebelión que contempla el Código Penal belga es el “delito de coalición de funcionarios” relacionado más con la “conspiración de funcionarios y/o cargos públicos para organizarse como banda criminal y delinquir”. 

Catalunya se encuentra en un momento más que complicado y la gente no aguanta más, saben que es importante mantener la protesta pacífica en las calles, por eso durante las manifestaciones del domingo, donde gritaban “Puigdemont President” o “Puta España”, cuando alguno de los participantes hacía algo indebido, lo señalaban y lo expulsaban. Para los próximos días se ha hablado de huelga general, de parar Catalunya tres días, de cerrar carreteras y autopistas y todo para ver si así alguien escucha el clamor general: libertad para los presos políticos y poder investir el president que Catalunya decida.

(Este blog también fue publicado en: La Mula.pe)

 

España más colonial que nunca

El reino no transige, no quiere un gobierno independentista para Catalunya y para ello se sirve de la justicia y de la policía españolas. La democracia retrocede a pasos agigantados en la península

Hasta dónde llegará el sadismo del Estado español, al que no le basta con hacer caer al enemigo, además lo ultraja y se ceba con su sufrimiento. ¿Quién le parará los pies? ¿La UE?, ¿el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?, ¿la ONU?, ¿Amnistía Internacional? ¿Human Rights Watch?¿Quién? Desde el 1 de octubre, España no ha hecho más que responder con golpes y procesos judiciales al deseo de una parte de los catalanes de independizarse del Reino.

El sadismo lo ejecuta España a través del brazo más duro de la ley, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en quien Mariano Rajoy y su vicepresidenta parecen haber delegado la potestad de decidir TODO lo que sea necesario para mantener la unidad del territorio. Porque al final, lo único que le interesa a la maquinaria del Estado, encabezada por el rey, y sus ‘súbditos’ es la unidad de España. Nadie salió a protestar por la crisis económica, sin embargo, ante ‘la amenaza catalana’ prestos y envueltos en su bandera, los españoles no han dudado en salir a gritar, “España una y no cincuenta y una”.

La negativa de Mariano Rajoy a hacer política ha enrocado una situación que se habría resuelto hace mucho si hubiese aceptado negociar, pero el presidente español ha preferido dejar en manos de jueces y fiscales el destino de Catalunya, de todo el país e incluso el suyo propio. La permanencia de Rajoy en el poder depende de la aprobación de los presupuestos generales de 2018, para ello necesita el apoyo del Partido Nacionalista Vasco que ya le ha dicho que no aprobará nada mientras no arregle “las cosas” con Catalunya; y si “las cosas” no se arreglan las elecciones generales caen de maduras.

Y el brazo más duro de la ley en España, tiene como objetivo bloquear la investidura de un president independentista, al menos, eso es lo que se desprende de todo lo actuado hasta el momento. El Tribunal Supremo (TS), a través del juez Llarena, no permitió la investidura a distancia de Carles Puigdemont y lo amenazó con que si volvía a Catalunya lo apresarían, es más, el Ministerio del Interior desplegó todo un dispositivo policial por mar, tierra y aire, incluso buscaron a Puigdemont por la red de desagües cercanas al Parlament.

Hace un par de semanas, ante la imposibilidad de ser investido president Puigdemont dió un paso al lado en favor del número dos de su lista, el diputado Jordi Sánchez uno de los cuatro presos políticos. Pero una vez más, el TS se interpusó y no le dió permiso a Sánchez para acudir al Pleno de Investidura. Eso llevó esta semana a Jordi Sánchez a que en medio de una vista, le dijera al juez que si lo deja en libertad renunciaría al acta de diputado y a ser elegido president. Segundo candidato fuera de juego.

Cuarenta y ocho horas después de la vista, el juez ha dicho -otra vez- que no deja en libertad a Sánchez por el “riesgo de reiteración delictiva” y porque “es capaz de organizar a gran cantidad de gente”. Sánchez es expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las entidades soberanistas organizadoras de las grandes marchas independentistas que se llevan a cabo en Barcelona desde el 2012.

Tercero en discordia

Ante el segundo candidato tumbado, el independentismo ha presentado un tercero, Jordi Turull, actual diputado y exconseller del govern de Puigdemont y por lo tanto otro de los investigados. Turull también estuvo en prisión preventiva y fue puesto en libertad días antes de las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el gobierno central. Pero Turull tampoco es del gusto del gobierno español pues aunque reconoce su derecho a ser investido, dice que “sería un president con una espada de Damocles pues está en liberad provisional y estaremos muy vigilantes ante las decisiones que pudiera adoptar”. ¿Amenaza?

Y el tiempo de vigilancia ha sido corto, pues horas después de ser confirmado Turull como el nuevo candidato del independentismo, otra vez el brazo más fuerte de la ley, el juez del TS Pablo Llarena, cita para este viernes a Turull y a los otros cinco exconsellers que estuvieron en prisión preventiva junto con él, para comunicarles el auto de procesamiento, es decir, para explicarles los delitos que se les imputan y además señalarles que les puede pasar si persisten en su pensamiento independentista.

La vuelta a la prisión de Turull es muy probable, sobre todo porque minutos antes de iniciarse el Pleno de Investidura, la Guardia Civil, ha dado a conocer un informe en el que dice que el exconseller tuvo un “papel extraordinariamente relevante en el diseño del procés”. Este informe ha sido remitido al Tribunal Supremo y el juez Llarena lo acariciará esta noche, será su almohada y le dará las razones que este viernes podrían permitirle poner a un independentista más tras las rejas.

Investidura contra reloj

Ante el riesgo de que Turull pueda volver a prisión, el reloj se ha acelerado y los independentistas han decidido investirlo president este mismo jueves, así, sí Llarena dictamina prisión contra él, estaría encarcelando al flamante president de la Generalitat y eso será muy difícil de explicar fuera del territorio español. Sin embargo, la negativa de la CUP, la izquierda anticapitalista, a votar a favor de la investidura de Turull, no permitirá que está pueda hacerse en primera vuelta pues los otros dos grupos independentistas, ERC y JuntsxCat sólo suman 64 diputados hábiles para votar y no alcanzan la mayoría absoluta, 66 diputados.

De no ser investido en primera vuelta, Turull tiene una segunda oportunidad de ser investido en otro Pleno que deberá convocarse para dentro de 48 horas, donde sólo hace falta la mayoría simple. Si en un segundo Pleno no alcanza la mayoría simple, la rueda vuelve al inicio y habrían dos meses de plazo para investir a un president, acabado ese tiempo, se convocarían nuevas elecciones, una vez más esta sería responsabilidad del gobierno central porque Catalunya seguiría todo este tiempo intervenida y humillada.

Por qué la CUP dice NO

Para la CUP sólo hay dos opciones, investir a Carles Puigdemont, el candidato por el cual votó el pueblo o investir a un president comprometido con desplegar la República, lo cual situaría al nuevo gobierno en un escenario de oposición frontal a España, perennizaría el 155 y las cuentas de la Generalitat continuarían intervenidas. Ahora bien, conociendo el sadismo de España, motivo de este blog, poner como president a “un candidato limpio”, como dice M.Rajoy, no es garantía de nada, si bien es cierto el compromiso del gobierno central es levantar el 155 en cuanto haya un nuevo gobierno en Catalunya, la intervención económica continuaría para cortarles las alas a los que quieran sacar los pies del plato.

Lawfare a la española

Así las cosas, la manera de actuar de la justicia española, haciendo el trabajo sucio del gobierno encaja en lo que se conoce como “lawfare”, novísima palabra inglesa que significa “guerra jurídica”, la misma que se desarrolla a través del uso ilegítimo del derecho interno e internacional con el objetivo de hacerle daño al adversario. Quien realiza la “guerra jurídica” es el que tiene la sartén por el mango y para conseguir sus objetivos, juega en varios frentes, el primero de ellos es el ámbito de las relaciones públicas, es decir, la imposición de un relato de los hechos por todos los medios posibles.

Otro de los frentes es el financiero, por el cual se paraliza económicamente al oponente. Según los entendidos, la “guerra jurídica”, utiliza la ley para lograr la subordinación del contrario o la conquista de un subalterno o de grupos de menos poder. John Comaroff, escritor estudios de la África colonial en el año 2001 dijo: “la guerra jurídica es el esfuerzo por conquistar y controlar los pueblos indígenas con el uso coercitivo de los medios legales”. Y todo esto lo hace España con Catalunya, ha impuesto un discurso en los medios afines al régimen en donde se presenta a la comunidad autónoma como insolidaria, etnocentrista, excluyente y desconsiderada.

España también ha cumplido con intervenir financieramente a Catalunya y además, con la aplicación del artículo 155, ha disuelto su gobierno y su parlamento. Todas las instituciones catalanas están siendo administradas hace 5 meses por el gobierno central y este mismo miércoles, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decía en el Congreso, que con el fin de desarticular las estructuras de Estado que Catalunya había construido para poner en marcha la República, habían despedido a 260 cargos de la Generalitat.

¿Sadismo? ¿Indolencia?

Otro de los que esta semana volvió a pedir salir de prisión fue el exconseller d’Interior, Joaquim Forn. La fiscalía pidió al juez que Forn fuera liberado “por imperativo legal”, es decir por orden del fiscal general del Estado quien considera que en el caso de Forn, al haber abandonado la política, no hay riesgo de reincidencia, y que además concurren razones humanitarias, hace unas semanas un examen médico reveló que Forn es portador de la tuberculina y requiere tratamiento médico.

Pero nada ablanda a Pablo Llarena, el juez del TS que podríamos decir que va por libre y que se está ganando la denuncia por prevaricación que un grupo de abogados organiza en su contra. Llarena es inflexible, ni siquiera el pedido de la fiscalía general lo ha hecho bajarse del burro y ha dicho -una vez más- NONES, nadie sale de la cárcel, y además agrega que a él no le consta que el exconseller tenga ninguna enfermedad. Así que las prisiones preventivas continúan y algunos de los investigados podrían volver a ingresar en las próximas horas.

Al acabar este blog, el Pleno de Investidura se viene realizando y Turull, a pesar de las amenazas no arruga, y presenta con solvencia su plan de gobierno, en las próximas horas sabremos si Catalunya ha logrado investir al president número 131.