El reino no transige, no quiere un gobierno independentista para Catalunya y para ello se sirve de la justicia y de la policía españolas. La democracia retrocede a pasos agigantados en la península

Hasta dónde llegará el sadismo del Estado español, al que no le basta con hacer caer al enemigo, además lo ultraja y se ceba con su sufrimiento. ¿Quién le parará los pies? ¿La UE?, ¿el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?, ¿la ONU?, ¿Amnistía Internacional? ¿Human Rights Watch?¿Quién? Desde el 1 de octubre, España no ha hecho más que responder con golpes y procesos judiciales al deseo de una parte de los catalanes de independizarse del Reino.

El sadismo lo ejecuta España a través del brazo más duro de la ley, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en quien Mariano Rajoy y su vicepresidenta parecen haber delegado la potestad de decidir TODO lo que sea necesario para mantener la unidad del territorio. Porque al final, lo único que le interesa a la maquinaria del Estado, encabezada por el rey, y sus ‘súbditos’ es la unidad de España. Nadie salió a protestar por la crisis económica, sin embargo, ante ‘la amenaza catalana’ prestos y envueltos en su bandera, los españoles no han dudado en salir a gritar, “España una y no cincuenta y una”.

La negativa de Mariano Rajoy a hacer política ha enrocado una situación que se habría resuelto hace mucho si hubiese aceptado negociar, pero el presidente español ha preferido dejar en manos de jueces y fiscales el destino de Catalunya, de todo el país e incluso el suyo propio. La permanencia de Rajoy en el poder depende de la aprobación de los presupuestos generales de 2018, para ello necesita el apoyo del Partido Nacionalista Vasco que ya le ha dicho que no aprobará nada mientras no arregle “las cosas” con Catalunya; y si “las cosas” no se arreglan las elecciones generales caen de maduras.

Y el brazo más duro de la ley en España, tiene como objetivo bloquear la investidura de un president independentista, al menos, eso es lo que se desprende de todo lo actuado hasta el momento. El Tribunal Supremo (TS), a través del juez Llarena, no permitió la investidura a distancia de Carles Puigdemont y lo amenazó con que si volvía a Catalunya lo apresarían, es más, el Ministerio del Interior desplegó todo un dispositivo policial por mar, tierra y aire, incluso buscaron a Puigdemont por la red de desagües cercanas al Parlament.

Hace un par de semanas, ante la imposibilidad de ser investido president Puigdemont dió un paso al lado en favor del número dos de su lista, el diputado Jordi Sánchez uno de los cuatro presos políticos. Pero una vez más, el TS se interpusó y no le dió permiso a Sánchez para acudir al Pleno de Investidura. Eso llevó esta semana a Jordi Sánchez a que en medio de una vista, le dijera al juez que si lo deja en libertad renunciaría al acta de diputado y a ser elegido president. Segundo candidato fuera de juego.

Cuarenta y ocho horas después de la vista, el juez ha dicho -otra vez- que no deja en libertad a Sánchez por el “riesgo de reiteración delictiva” y porque “es capaz de organizar a gran cantidad de gente”. Sánchez es expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las entidades soberanistas organizadoras de las grandes marchas independentistas que se llevan a cabo en Barcelona desde el 2012.

Tercero en discordia

Ante el segundo candidato tumbado, el independentismo ha presentado un tercero, Jordi Turull, actual diputado y exconseller del govern de Puigdemont y por lo tanto otro de los investigados. Turull también estuvo en prisión preventiva y fue puesto en libertad días antes de las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el gobierno central. Pero Turull tampoco es del gusto del gobierno español pues aunque reconoce su derecho a ser investido, dice que “sería un president con una espada de Damocles pues está en liberad provisional y estaremos muy vigilantes ante las decisiones que pudiera adoptar”. ¿Amenaza?

Y el tiempo de vigilancia ha sido corto, pues horas después de ser confirmado Turull como el nuevo candidato del independentismo, otra vez el brazo más fuerte de la ley, el juez del TS Pablo Llarena, cita para este viernes a Turull y a los otros cinco exconsellers que estuvieron en prisión preventiva junto con él, para comunicarles el auto de procesamiento, es decir, para explicarles los delitos que se les imputan y además señalarles que les puede pasar si persisten en su pensamiento independentista.

La vuelta a la prisión de Turull es muy probable, sobre todo porque minutos antes de iniciarse el Pleno de Investidura, la Guardia Civil, ha dado a conocer un informe en el que dice que el exconseller tuvo un “papel extraordinariamente relevante en el diseño del procés”. Este informe ha sido remitido al Tribunal Supremo y el juez Llarena lo acariciará esta noche, será su almohada y le dará las razones que este viernes podrían permitirle poner a un independentista más tras las rejas.

Investidura contra reloj

Ante el riesgo de que Turull pueda volver a prisión, el reloj se ha acelerado y los independentistas han decidido investirlo president este mismo jueves, así, sí Llarena dictamina prisión contra él, estaría encarcelando al flamante president de la Generalitat y eso será muy difícil de explicar fuera del territorio español. Sin embargo, la negativa de la CUP, la izquierda anticapitalista, a votar a favor de la investidura de Turull, no permitirá que está pueda hacerse en primera vuelta pues los otros dos grupos independentistas, ERC y JuntsxCat sólo suman 64 diputados hábiles para votar y no alcanzan la mayoría absoluta, 66 diputados.

De no ser investido en primera vuelta, Turull tiene una segunda oportunidad de ser investido en otro Pleno que deberá convocarse para dentro de 48 horas, donde sólo hace falta la mayoría simple. Si en un segundo Pleno no alcanza la mayoría simple, la rueda vuelve al inicio y habrían dos meses de plazo para investir a un president, acabado ese tiempo, se convocarían nuevas elecciones, una vez más esta sería responsabilidad del gobierno central porque Catalunya seguiría todo este tiempo intervenida y humillada.

Por qué la CUP dice NO

Para la CUP sólo hay dos opciones, investir a Carles Puigdemont, el candidato por el cual votó el pueblo o investir a un president comprometido con desplegar la República, lo cual situaría al nuevo gobierno en un escenario de oposición frontal a España, perennizaría el 155 y las cuentas de la Generalitat continuarían intervenidas. Ahora bien, conociendo el sadismo de España, motivo de este blog, poner como president a “un candidato limpio”, como dice M.Rajoy, no es garantía de nada, si bien es cierto el compromiso del gobierno central es levantar el 155 en cuanto haya un nuevo gobierno en Catalunya, la intervención económica continuaría para cortarles las alas a los que quieran sacar los pies del plato.

Lawfare a la española

Así las cosas, la manera de actuar de la justicia española, haciendo el trabajo sucio del gobierno encaja en lo que se conoce como “lawfare”, novísima palabra inglesa que significa “guerra jurídica”, la misma que se desarrolla a través del uso ilegítimo del derecho interno e internacional con el objetivo de hacerle daño al adversario. Quien realiza la “guerra jurídica” es el que tiene la sartén por el mango y para conseguir sus objetivos, juega en varios frentes, el primero de ellos es el ámbito de las relaciones públicas, es decir, la imposición de un relato de los hechos por todos los medios posibles.

Otro de los frentes es el financiero, por el cual se paraliza económicamente al oponente. Según los entendidos, la “guerra jurídica”, utiliza la ley para lograr la subordinación del contrario o la conquista de un subalterno o de grupos de menos poder. John Comaroff, escritor estudios de la África colonial en el año 2001 dijo: “la guerra jurídica es el esfuerzo por conquistar y controlar los pueblos indígenas con el uso coercitivo de los medios legales”. Y todo esto lo hace España con Catalunya, ha impuesto un discurso en los medios afines al régimen en donde se presenta a la comunidad autónoma como insolidaria, etnocentrista, excluyente y desconsiderada.

España también ha cumplido con intervenir financieramente a Catalunya y además, con la aplicación del artículo 155, ha disuelto su gobierno y su parlamento. Todas las instituciones catalanas están siendo administradas hace 5 meses por el gobierno central y este mismo miércoles, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decía en el Congreso, que con el fin de desarticular las estructuras de Estado que Catalunya había construido para poner en marcha la República, habían despedido a 260 cargos de la Generalitat.

¿Sadismo? ¿Indolencia?

Otro de los que esta semana volvió a pedir salir de prisión fue el exconseller d’Interior, Joaquim Forn. La fiscalía pidió al juez que Forn fuera liberado “por imperativo legal”, es decir por orden del fiscal general del Estado quien considera que en el caso de Forn, al haber abandonado la política, no hay riesgo de reincidencia, y que además concurren razones humanitarias, hace unas semanas un examen médico reveló que Forn es portador de la tuberculina y requiere tratamiento médico.

Pero nada ablanda a Pablo Llarena, el juez del TS que podríamos decir que va por libre y que se está ganando la denuncia por prevaricación que un grupo de abogados organiza en su contra. Llarena es inflexible, ni siquiera el pedido de la fiscalía general lo ha hecho bajarse del burro y ha dicho -una vez más- NONES, nadie sale de la cárcel, y además agrega que a él no le consta que el exconseller tenga ninguna enfermedad. Así que las prisiones preventivas continúan y algunos de los investigados podrían volver a ingresar en las próximas horas.

Al acabar este blog, el Pleno de Investidura se viene realizando y Turull, a pesar de las amenazas no arruga, y presenta con solvencia su plan de gobierno, en las próximas horas sabremos si Catalunya ha logrado investir al president número 131.