España más colonial que nunca

El reino no transige, no quiere un gobierno independentista para Catalunya y para ello se sirve de la justicia y de la policía españolas. La democracia retrocede a pasos agigantados en la península

Hasta dónde llegará el sadismo del Estado español, al que no le basta con hacer caer al enemigo, además lo ultraja y se ceba con su sufrimiento. ¿Quién le parará los pies? ¿La UE?, ¿el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?, ¿la ONU?, ¿Amnistía Internacional? ¿Human Rights Watch?¿Quién? Desde el 1 de octubre, España no ha hecho más que responder con golpes y procesos judiciales al deseo de una parte de los catalanes de independizarse del Reino.

El sadismo lo ejecuta España a través del brazo más duro de la ley, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en quien Mariano Rajoy y su vicepresidenta parecen haber delegado la potestad de decidir TODO lo que sea necesario para mantener la unidad del territorio. Porque al final, lo único que le interesa a la maquinaria del Estado, encabezada por el rey, y sus ‘súbditos’ es la unidad de España. Nadie salió a protestar por la crisis económica, sin embargo, ante ‘la amenaza catalana’ prestos y envueltos en su bandera, los españoles no han dudado en salir a gritar, “España una y no cincuenta y una”.

La negativa de Mariano Rajoy a hacer política ha enrocado una situación que se habría resuelto hace mucho si hubiese aceptado negociar, pero el presidente español ha preferido dejar en manos de jueces y fiscales el destino de Catalunya, de todo el país e incluso el suyo propio. La permanencia de Rajoy en el poder depende de la aprobación de los presupuestos generales de 2018, para ello necesita el apoyo del Partido Nacionalista Vasco que ya le ha dicho que no aprobará nada mientras no arregle “las cosas” con Catalunya; y si “las cosas” no se arreglan las elecciones generales caen de maduras.

Y el brazo más duro de la ley en España, tiene como objetivo bloquear la investidura de un president independentista, al menos, eso es lo que se desprende de todo lo actuado hasta el momento. El Tribunal Supremo (TS), a través del juez Llarena, no permitió la investidura a distancia de Carles Puigdemont y lo amenazó con que si volvía a Catalunya lo apresarían, es más, el Ministerio del Interior desplegó todo un dispositivo policial por mar, tierra y aire, incluso buscaron a Puigdemont por la red de desagües cercanas al Parlament.

Hace un par de semanas, ante la imposibilidad de ser investido president Puigdemont dió un paso al lado en favor del número dos de su lista, el diputado Jordi Sánchez uno de los cuatro presos políticos. Pero una vez más, el TS se interpusó y no le dió permiso a Sánchez para acudir al Pleno de Investidura. Eso llevó esta semana a Jordi Sánchez a que en medio de una vista, le dijera al juez que si lo deja en libertad renunciaría al acta de diputado y a ser elegido president. Segundo candidato fuera de juego.

Cuarenta y ocho horas después de la vista, el juez ha dicho -otra vez- que no deja en libertad a Sánchez por el “riesgo de reiteración delictiva” y porque “es capaz de organizar a gran cantidad de gente”. Sánchez es expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las entidades soberanistas organizadoras de las grandes marchas independentistas que se llevan a cabo en Barcelona desde el 2012.

Tercero en discordia

Ante el segundo candidato tumbado, el independentismo ha presentado un tercero, Jordi Turull, actual diputado y exconseller del govern de Puigdemont y por lo tanto otro de los investigados. Turull también estuvo en prisión preventiva y fue puesto en libertad días antes de las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el gobierno central. Pero Turull tampoco es del gusto del gobierno español pues aunque reconoce su derecho a ser investido, dice que “sería un president con una espada de Damocles pues está en liberad provisional y estaremos muy vigilantes ante las decisiones que pudiera adoptar”. ¿Amenaza?

Y el tiempo de vigilancia ha sido corto, pues horas después de ser confirmado Turull como el nuevo candidato del independentismo, otra vez el brazo más fuerte de la ley, el juez del TS Pablo Llarena, cita para este viernes a Turull y a los otros cinco exconsellers que estuvieron en prisión preventiva junto con él, para comunicarles el auto de procesamiento, es decir, para explicarles los delitos que se les imputan y además señalarles que les puede pasar si persisten en su pensamiento independentista.

La vuelta a la prisión de Turull es muy probable, sobre todo porque minutos antes de iniciarse el Pleno de Investidura, la Guardia Civil, ha dado a conocer un informe en el que dice que el exconseller tuvo un “papel extraordinariamente relevante en el diseño del procés”. Este informe ha sido remitido al Tribunal Supremo y el juez Llarena lo acariciará esta noche, será su almohada y le dará las razones que este viernes podrían permitirle poner a un independentista más tras las rejas.

Investidura contra reloj

Ante el riesgo de que Turull pueda volver a prisión, el reloj se ha acelerado y los independentistas han decidido investirlo president este mismo jueves, así, sí Llarena dictamina prisión contra él, estaría encarcelando al flamante president de la Generalitat y eso será muy difícil de explicar fuera del territorio español. Sin embargo, la negativa de la CUP, la izquierda anticapitalista, a votar a favor de la investidura de Turull, no permitirá que está pueda hacerse en primera vuelta pues los otros dos grupos independentistas, ERC y JuntsxCat sólo suman 64 diputados hábiles para votar y no alcanzan la mayoría absoluta, 66 diputados.

De no ser investido en primera vuelta, Turull tiene una segunda oportunidad de ser investido en otro Pleno que deberá convocarse para dentro de 48 horas, donde sólo hace falta la mayoría simple. Si en un segundo Pleno no alcanza la mayoría simple, la rueda vuelve al inicio y habrían dos meses de plazo para investir a un president, acabado ese tiempo, se convocarían nuevas elecciones, una vez más esta sería responsabilidad del gobierno central porque Catalunya seguiría todo este tiempo intervenida y humillada.

Por qué la CUP dice NO

Para la CUP sólo hay dos opciones, investir a Carles Puigdemont, el candidato por el cual votó el pueblo o investir a un president comprometido con desplegar la República, lo cual situaría al nuevo gobierno en un escenario de oposición frontal a España, perennizaría el 155 y las cuentas de la Generalitat continuarían intervenidas. Ahora bien, conociendo el sadismo de España, motivo de este blog, poner como president a “un candidato limpio”, como dice M.Rajoy, no es garantía de nada, si bien es cierto el compromiso del gobierno central es levantar el 155 en cuanto haya un nuevo gobierno en Catalunya, la intervención económica continuaría para cortarles las alas a los que quieran sacar los pies del plato.

Lawfare a la española

Así las cosas, la manera de actuar de la justicia española, haciendo el trabajo sucio del gobierno encaja en lo que se conoce como “lawfare”, novísima palabra inglesa que significa “guerra jurídica”, la misma que se desarrolla a través del uso ilegítimo del derecho interno e internacional con el objetivo de hacerle daño al adversario. Quien realiza la “guerra jurídica” es el que tiene la sartén por el mango y para conseguir sus objetivos, juega en varios frentes, el primero de ellos es el ámbito de las relaciones públicas, es decir, la imposición de un relato de los hechos por todos los medios posibles.

Otro de los frentes es el financiero, por el cual se paraliza económicamente al oponente. Según los entendidos, la “guerra jurídica”, utiliza la ley para lograr la subordinación del contrario o la conquista de un subalterno o de grupos de menos poder. John Comaroff, escritor estudios de la África colonial en el año 2001 dijo: “la guerra jurídica es el esfuerzo por conquistar y controlar los pueblos indígenas con el uso coercitivo de los medios legales”. Y todo esto lo hace España con Catalunya, ha impuesto un discurso en los medios afines al régimen en donde se presenta a la comunidad autónoma como insolidaria, etnocentrista, excluyente y desconsiderada.

España también ha cumplido con intervenir financieramente a Catalunya y además, con la aplicación del artículo 155, ha disuelto su gobierno y su parlamento. Todas las instituciones catalanas están siendo administradas hace 5 meses por el gobierno central y este mismo miércoles, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, decía en el Congreso, que con el fin de desarticular las estructuras de Estado que Catalunya había construido para poner en marcha la República, habían despedido a 260 cargos de la Generalitat.

¿Sadismo? ¿Indolencia?

Otro de los que esta semana volvió a pedir salir de prisión fue el exconseller d’Interior, Joaquim Forn. La fiscalía pidió al juez que Forn fuera liberado “por imperativo legal”, es decir por orden del fiscal general del Estado quien considera que en el caso de Forn, al haber abandonado la política, no hay riesgo de reincidencia, y que además concurren razones humanitarias, hace unas semanas un examen médico reveló que Forn es portador de la tuberculina y requiere tratamiento médico.

Pero nada ablanda a Pablo Llarena, el juez del TS que podríamos decir que va por libre y que se está ganando la denuncia por prevaricación que un grupo de abogados organiza en su contra. Llarena es inflexible, ni siquiera el pedido de la fiscalía general lo ha hecho bajarse del burro y ha dicho -una vez más- NONES, nadie sale de la cárcel, y además agrega que a él no le consta que el exconseller tenga ninguna enfermedad. Así que las prisiones preventivas continúan y algunos de los investigados podrían volver a ingresar en las próximas horas.

Al acabar este blog, el Pleno de Investidura se viene realizando y Turull, a pesar de las amenazas no arruga, y presenta con solvencia su plan de gobierno, en las próximas horas sabremos si Catalunya ha logrado investir al president número 131.

El Alto Comisionado de DD.HH de la ONU critica a España por la existencia de presos políticos

La violencia ejercida durante el 1 de octubre también es motivo de crítica. La democracia retrocede en España

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el informe anual titulado “Actualización mundial del Alto Comisionado de las preocupaciones por los derechos humanos” se ha pronunciado en contra de la prisión de los políticos catalanes y en contra de la violencia ejercida el 1 de octubre durante el referéndum de autodeterminación de Catalunya.

“La prisión preventiva tendría que ser una medida de último recurso”, dice Ra’ad en su informe y también manifiesta que “el conflicto independentista debería ser abordado desde el diálogo”. Con esta afirmación Ra’ad corrobora que afrontar un problema político desde los juzgados no arregla nada. Y eso es lo que está haciendo el gobierno español: judicializar la política.

Otro de los temas que ha abordado Ra’ad en su informe es el de la violencia ejercida contra aquellos que fueron a votar el 1 de octubre, para él no hay ni proporcionalidad, ni legalidad, ni legitimidad que valga. Al igual que Human Rights Watch y que Amnistía Internacional, Ra’ad afirma que la violencia ejercida por la policía española fue innecesaria. Y aún ayer tuvimos que escuchar decir a un abogado de VOX, una organización de la ultraderecha española, que los violentados fueron los ‘pobres antidisturbios’.

“En España, me consternó la violencia que estalló durante el referéndum de independencia de octubre en Cataluña. Teniendo en cuenta lo que parecía ser un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, la caracterización por el Gobierno de la acción policial el 1 de octubre como “legal, legítima y necesaria” es cuestionable. Les recuerdo a las autoridades que la prisión preventiva debe considerarse una medida de último recurso. Aliento la resolución de esta situación a través del diálogo político”. (Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein)

El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos no hace más que confirmar lo que hace algún tiempo se sabe, que España está involucionando y se retrotrae a la dictadura de Francisco Franco, la única dictadura europea que no fue derrotada, y que gobernó durante casi 40 años y que sigue gobernando. Y es que Franco – como se dice por aquí- dejó “todo atado y bien atado”, pues antes de morir, nombró  rey y jefe de estado a Juan Carlos I y le dió la misión de mantener España unida.

Ahora continúa el trabajo su hijo Felipe VI, quien dos días después de que los catalanes fuesen apaleados por la policía española se refirió a la situación catalana. Felipe VI habló en ‘prime time’ del incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte de los independentistas, habló de la irresponsabilidad de las autoridades catalanas al querer quebrar la unidad de España, pero NO tuvo una sola palabra de compasión para aquellos que habían sufrido los golpes, ni siquiera para el catalán que debido a una bala de goma perdió la visión de un ojo.

Esta no es la primera vez que la ONU se manifiesta en contra de la actuación de España en el conflicto que mantiene con Catalunya. A finales de 2017 dos expertos de la ONU, Alfred de Zayas y David Kaye, publicaban el informe titulado: “España ha de respetar los derechos fundamentales en respuesta al referéndum catalán”.

El documento denunciaba la represión del Estado español durante el referéndum catalán y hacía un llamado al gobierno español para que detuviese las medidas represivas y respetase los derechos fundamentales, tales como el de la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de participación pública, también se referían a la cuestionable censura de las páginas web que brindaban información sobre el referéndum, así como a la prohibición de actos políticos.

Este blog también ha sido publicado en LaMula.pe

La investidura del president de Catalunya ya tiene fecha en el calendario

Si la coalición independentista vuelve a trabajar unida y los jueces no se oponen, Jordi Sánchez será investido president de la Generalitat mientras que Carles Puigdemont ejercería el cargo desde la “Casa de la República” en Waterloo.

Ya hay fecha para la investidura presidencial en Catalunya. Lunes 12 de marzo será, lunes del cual tengo ya el recuerdo…naaaa. La investidura del president de la Generalitat tiene de todo, menos poesía: no será jueves y no estará Vallejo. El elegido para el cargo es Jordi Sánchez, uno de los presos políticos que España se encuentra en prisión provisional desde hace 5 meses.

Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual diputado por Junts per Catalunya (JxCat) -el partido de Carles Puigdemont- está acusado de actos de rebelión y sedición por haberse subido al techo de un auto de la policía para disolver una manifestación congregada durante horas delante de la Conselleria de Economía catalana, donde la policía española practicaba un registro días antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El candidato es el propuesto por Carles Puigdemont cuando la semana pasada dió“provisionalmente” un paso al costado. Ante la imposibilidad de plantarse en el Parlament catalán para defender su plan de gobierno y de ser investido president con el voto de la mayoría independentista, Puigdemont ha planteado un gobierno en territorio catalán, presidido por Jordi Sánchez, número dos de la lista de JxCat y un gobierno de la República que se organizaría desde el exilio.

Luego de arduas negociaciones con su principal socio, Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), y del reparto de Conselleries, el partido del expresident ha logrado seducir a ERC con su propuesta. A los que falta convencer es a los socios menores, pero NO menos importantes. La CUP -grupo de izquierda anticapitalista- que con sus 4 diputados, es indispensable para mantener la mayoría absoluta del bloque independentista (68 diputados), y para lograr la investidura de Sánchez en primera vuelta.

Pero la CUP no está muy convencida de la investidura de Sánchez, en su Consejo Político celebrado el sábado, tomaron la decisión de no apoyarla porque según manifestó Vidal Aragonés, uno de los 4 diputados del partido, “representa la sumisión total a la legalidad española”. Y es que la CUP ya ha pasado la pantalla autonomista y sólo quiere formar República.

La pantalla autonomista es aquella que nos sitúa antes del 1 de octubre, pero peor, pues ya no sólo seguiríamos siendo una de las 17 comunidades autónomas de España, sino que seríamos la rebelde, a la que hay que meter en cintura, a la cual hay que gobernar con mano de hierro no vaya a ser que… Y para ello lo primero que haría el gobierno de España es mantener intervenida la economía catalana. Mariano Rajoy ya anunció esta medida, antes de las elecciones del 21 de diciembre, si en Catalunya volvía a ganar el independentismo.

Para la CUP investir a Puigdemont sería lo más adecuado, pues es el president elegido los catalanes en las urnas, por eso para ellos claudicar en su investidura es someterse a la voluntad del Estado español. “Nosotros estábamos listos para investir a Puigdemont”. Con esta afirmación la CUP recuerda que es el Tribunal Supremo español el que no permite la investidura del expresident porque dice que esta sólo puede ser presencial (mientras que mantiene una orden de captura sobre él), y el Tribunal Constitucional no permite la investidura telemática porque aún NO de respuesta a la consulta formulada al respecto por el gobierno español.

“Estamos en la perspectiva de construir legalidad republicana, no de continuar con el autonomismo. No es un tema de nombres ni de personas” -aseguraba Aragonés en la conferencia de prensa posterior al Consejo Político de su partido- “es un tema de proyectos políticos”.

La “legalidad republicana” es aquella que según la CUP se debe desplegar, pues el independentismo ganó el referéndum del 1 de octubre y a pesar de los golpes sufridos y de la represión, volvió a ganar en las urnas el 21 de diciembre. Según ellos, la independencia ya ha sido proclamada y ya no se le debe “vasallaje” al Estado español que no ha querido sentarse un sólo minuto a negociar, que no ha hecho política en todo este tiempo y que sólo ha lanzado a jueces, fiscales y policías a la caza de quienes han desafiado el orden establecido.

Planes para sumar

Este martes por la tarde, JuntsxCat, ERC y la CUP, los tres partidos independentistas, se reunieron para negociar. Según ha trascendido, los socios mayores, JxCat y ERC, han presentado a la CUP una nueva propuesta basada en el preacuerdo alcanzado por las dos formaciones: gobierno efectivo en Catalunya, recuperación de las instituciones catalanas y levantar el 155; y un gobierno en el exterior, el del “Consell de la República”, comandado por Carles Puigdemont, pero además incorpora propuestas para concretar la cristalización de la República.

En una entrevista ofrecida a The Guardian el viernes pasado Puigdemont  decía que el Consell de la República desde Bruselas podía “actuar sin los problemas que impone la policía y la justicia españolas”. Según manifestaba,  el Consell de la República representará la diversidad del país pues además de los Consellers que trabajarán con él en el exterior, también tendrán representación  las comunidades locales y las asociaciones. “Tenemos que salir del viejo modelo del gobierno para la gente hacia un gobierno con la gente“.

Así las cosas, y de manera provisional, si Sánchez es investido, Catalunya pasaría a tener dos presidents. El del Consell de la República, que sería el gobierno en el exilio comandado por Puigdemont y el gobierno de la Generalitat en Catalunya, que -según un acuerdo entre los grupos independentistas, a los cuales esperan se sume la CUP- reconocería formalmente la primacía del Consell de la República a la hora de tomar decisiones. Ambos se reunirían cada semana para coordinarse.

La “Casa de la República”, que es así como la llaman los que ya trabajan allí, es la sede ubicada en Waterloo, Bélgica, donde funcionaría el Consell de la República y en la que Puigdemont ya recibe la visita de diputados, alcaldes, políticos, periodistas, ciéntificos y hasta de artistas; desde allí se prepara todo para emular a Estonia y poder funcionar de manera virtual. El país báltico ha creado un entorno virtual que le permitiría funcionar como un Estado independiente en caso de una posible invasión rusa.

Contando espero

La investidura de Jordi Sánchez prevista para el próximo lunes, de no contar con los votos de la CUP, sólo obtendría 64 votos, los que suman JxCat y ERC con lo cual es imposible alcanzar la mayoría absoluta -los diputados de la cámara catalana son 135, la mayoría absoluta se obtiene con 68 diputados-. Así que se tendría que convocar a una segunda sesión de investidura que se celebraría 48 horas después, o sea el miércoles 14 de marzo, aquí sólo haría falta que el independentismo obtuviese la mayor cantidad de votos.

JxCat y ERC, el primero con 34 diputados y el segundo con 32, suman 66 diputados, pero para todos los efectos, sólo pueden contar con 64 pues tanto Carles Puigdemont, como el exconseller Toni Comin – elegido diputados en las elecciones del 21 de diciembre- se encuentran en Bélgica y no pueden volver porque serían inmediatamente apresados. El Tribunal Constitucional no les permite a ambos delegar su voto, en castigo por haber huído de “sus redes”.

Peligro…peligro

Y es justo aquí donde la cuerda podría estar MÁS floja que nunca. El bloque unionista, es decir los diputados de Ciutadans, el Partido Socialista de Catalunya y el Partido Popular suman 57 votos, si a ellos se le añaden los 9 de los de En Comú Podem, tendríamos 66 votos (dos maś que JxCat y ERC juntos). Cabe resaltar que los de En Comú Podem han dicho por activa y por pasiva que NUNCA votarían al lado de los responsables de que el 155 haya sido aplicado en Catalunya, pero NUNCA se sabe. Así que JxCat y ERC tienen muy poco tiempo para ofrecer propuestas verdaderamente “republicanas” a la CUP y así poder sumar sus 4 encarecidos votos. 

Los partidos unionistas también han manifestado que la propuesta de investir a Jordi Sánchez es una estratagema más del independentismo para seguir alargando las cosas. Ellos concuerdan con el deseo de Mariano Rajoy: “Queremos que el president sea una persona que no tenga cuentas con la justicia porque sino será imposible generar un mínimo de estabilidad en Catalunya y queremos que ese nuevo gobierno mire al futuro y cumpla la ley. El gobierno de España cumplió con su obligación y seguirá cumpliendo con su obligación”. 

¿Con la palabra obligación a qué se referirá Mariano Rajoy?:

-A la brutal intervención policial del 1 de Octubre que según Human Rights Watch y Amnistía Internacional fue tan violenta como innecesaria.

-A la intervención de las cuentas de la Generalitat días antes de la celebración del referéndum en salvaguarda de no gastar un euro en el procés, y con ello haber burocratizado las compras hasta de gasas y agujas para la seguridad social. El propio ministro de Hacienda español, luego solicitar información, ha revelado que no se gastó ni un sólo euro público en el referéndum.

-Al cese del govern y del parlament catalán cosa que NO permite la aplicación del 155 pues claramente dice: “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan” […]  “el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Por ninguna parte aparece la palabra DESTITUCIÓN.

Recurso en marcha

El abogado de Jordi Sánchez ya ha presentado un recurso ante Pablo Llerena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del independentismo y ante el Tribunal Constitucional, para solicitar que su cliente sea puesto en libertad condicional. El abogado reclama que ambos tribunales se manifiesten respecto a la petición de “inmediata libertad” y en caso de no concederla, “se arbitren las medidas necesarias para que su cliente pueda acudir personalmente al debate de presentación de su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara”.

El abogado de Sánchez advierte en sus escritos que en caso de que su petición no sea aceptada, “asistiríamos a un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos cívicos y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”.

La petición para que Sánchez asista a la sesión de investidura tiene un antecedente en la justicia española.  En 1987, el terrorista de ETA, Juan Carlos Yoldi, siendo preso preventivo fue autorizado por un juez para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. Según argumenta el abogado de Sánchez, “desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español supondría una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político”.

Desde JxCat ya han anunciado que si el juez Llarena no deja en libertad a Jordi Sànchez, o no le da permiso para asistir al debate de investidura, promoverán una “querella criminal por prevaricación” en su contra. Si Sánchez no pudiese ser investido, la posta pasaría a Jordi Turull, número cuatro de la lista del president Puigdemont -la número tres, Clara Punsatí es otra de los exconsellers que se encuentra con Puigdemont en Bélgica- sin embargo, según Rajoy, Turull tampoco es “viable pues, “tampoco puede ser president de la Generalitat alguien que pueda estar en prisión de aquí unos meses”.

Jordi Turull, como exconseller del gobierno de Carles Puigdemont también está incurso en la causa que el Tribunal Supremo instruye contra el proceso independentista catalán y aunque por ahora se encuentra en libertad condicional, en cualquier momento podría volver a prisión.

Así que hasta próximo aviso, el futuro de Catalunya podría ser deshojar margaritas preguntándole a Mariano Rajoy, “me quiere, no me quiere”, porque siendo el más “fuerte de la clase” y teniendo la sartén por el mango, mientras los tribunales internacionales de Derechos Humanos, la ONU o la UE -y es a esta a la que pongo en último plano porque en 5 meses de crisis sólo se ha sabido poner al lado del más fuerte- el conflicto que mantiene España con Catalunya no se resolverá pues Mariano Rajoy y “sus amigos” no saben hacer política, sólo saben llamar a tribunales y llenarse la boca con palabras como “normalidad” y “legalidad”.

Y atendiendo a ese llamado vamos a ser todos muy “normales” y a decirle al juez que investiga los casos de corrupción de la trama Gürtel que tiene imputados a más de 700 cargos del Partido Popular -el partido de Mariano Rajoy- que talvez, si aguza la inteligencia podría encontrar que el M.Rajoy que aparece en los papeles de la trama, comparables con las “agendas de Nadine”, podría ser el mismísimo presidente de gobierno, porque Mariano comienza con M y Rajoy pues es igual a Rajoy. Ahora si hablemos de gobiernos “legales” y “normales”.

Y el procès ¡ay! siguió muriendo

España saliva, jadea, se humedece y llega al climax. Carles Puigdemont ha enviado un mensaje de derrota a uno de los diputados que se mantiene con él en el exilio, y eso, sólo eso, ha sido suficiente para que los representantes del unionismo, excitados, digan -una vez más- que el proceso independentista está muerto y enterrado. Y que lo único que le queda al expresident es acercarse al Tribunal Supremo (TS) a declarar, que allí lo esperan para ponerle las esposas y darle un pasearlo por las calles de Madrid en furgoneta policial con la sirena a todo meter (tal como ya hicieron con los presos políticos que mantienen en prisión desde hace más de 3 meses).

  • “Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana…”
  • “Supongo que tienes claro que esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà”.
  • “El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no, el ridículo histórico, es histórico…”
  • “No sé lo que me queda de vida (¡espero que mucha!), pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia”.

Estos mensajes fueron enviados por Carles Puigdemont a Antoni Comín, quien este martes por la noche -luego del aplazamiento del pleno de investidura– se encontraba representando al expresident en un acto político en Lovaina. Las cámaras de un medio de comunicación español grabaron la pantalla del diputado y este miércoles los catalanes desayunaban con el chat derrotista. En un primer momento el entorno de Puigdemont negó los mensajes, sin embargo, el propio expresident los confirmó en un tuit.

“Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se ha de violar. Soy humanos y hay momento que también yo dudo. También soy el President i dará un paso atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!”

Luego del momento de humanidad del candidato a la presidencia de la Generalitat, el gobierno español y los partidos unionistas, poseídos por un extraño frenesí, sus manos frotaban. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaria fue una de las primeras en reaccionar. “Creo que ha llegado el momento de que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado”.

El ministro del Interior, Juan Zoido tampoco ha callado: “Me quedo con el mensaje en el que Puigdemont dice ‘esto ha fracasado’. Creo que esto es un auténtico esperpento al que ha sometido a la sociedad catalana que está dando lugar a una situación que no es deseable, teniendo una actuación circense por ahí con una falta absoluta de respeto hacia los catalanes y hacia la Constitución y el Estado de Derecho”.

Inés Arrimadas diputada de Ciutadans (Cs) -excandidata a la presidencia de Catalunya- también se ha apresurado a decir que “lo que los independentistas dicen en privado no se atreven a decirlo en público”. Por su parte, Xavier García Albiol -presidente del PP catalán- felicitó a Mariano Rajoy por el chat del expresident. “En palabras del mismo Puigdemont, el plan que tenía el gobierno de España para desmontar el procés es un plan que ha triunfado”.

Mientras, Miquel Iceta, el líder del Partido Socialista de Catalunya (PSC) dijo que los mensaje de Puigdemont se debían a un “estado de ánimo momentáneo, y comprendo su decepción tras chocar con la realidad, ya que ha insistido en que su investidura y esta es imposible porque no está en condiciones de ejercer como presidente”. Tanto Arrimadas, como Albiol e Iceta, continuando con su fidelidad al 155, se han apresurado en pedir al bloque independentista que proponga a otro candidato.

Y es que ese sería el quid de la cuestión, evitar que el rey Felipe VI tenga que firmar el nombramiento de aquel que le ha querido romper el reino.

¿Descabezar es antidemocrático?

Con el pleno de investidura presidencial aplazado, que NO suspendido, y con el chat de Puigdemont, el gobierno central cree haber hecho una gran ‘faena’ y reclama rabo y oreja. Sin embargo, en su loca carrera por “descabezar el independentismo” -frase salida del estómago de la Soraya Sáenz- tendrá que comenzar a asumir que ha hipotecado el concepto de país democrático del que disfrutaba. Según ‘The Economist’ -prestigioso semanario inglés- España puede convertirse en una “democracia imperfecta”.

El índice de la Democracia, elaborado cada año por el influyente think tank británico The Economist Intelligence Unit (EIU), ha rebajado la calificación de España de 8,3 puntos que tenía en 2017 y por los cuales se le consideraba un país de “democracia plena”, a 8,08 puntos situandola en el límite con la tipificación de “democracia imperfecta”.

Según The Economist, la causa del descenso en la puntuación se debe a que el gobierno español “impidió por la fuerza la ilegal consulta sobre la independencia de Catalunya del 1 de octubre y a su tratamiento represivo de los políticos independentistas”. El informe “Democracy Index 2017”, que recoge la información sobre el rango de democracia en 167 países, “la represión policial del 1-O y la aplicación del 155 han llevado a España a una situación de pérdida de calidad democrática”.

La posición de España en el ranking EIU de 2016 fue citada por el rey Felipe VI en el Foro de Davos para acreditar la solidez de la democracia española.

El informe también pone de manifiesto que los delitos de rebelión y sedición atribuidos a los líderes independentistas catalanes -castigados con penas de hasta de 30 años, las más altas del código penal español- no existen en otras democracias europeas, y están siendo utilizados por España como la vía para acabar con el procès. Según Joan Hoey, directora para Europa de l’EIU, “si España sigue incurriendo en los mismos comportamientos, en 2018 podría caer de categoría y sumarse a la fila de las “democracias imperfectas”.

Hoey también señala que “el legalismo exacerbado para responder a lo que es esencialmente una problema democrático y una votación democrática no es la marca de un gobierno que valora la democracia y quiere expandirla”[…] “Actualmente, en una democracia moderna, ver cargos electos procesados por causas que parecen como mínimo arcaicas no ayuda  a España a ser considerada una democracia plena, de las que sólo hay 19 en el mundo”.

Puigdemont y las margaritas deshojadas

Este martes, el president del Parlament aplazó el pleno de investidura presidencial en espera de la resolución del recurso presentado por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional (TC). El recurso es para dilucidar si Carles Puigdemont puede ser investido president de Catalunya. Este sábado, el TC dio un plazo de 10 días para que las partes presenten alegaciones, Puidemont ya presentó la suya diciéndole al tribunal que de si se opone a su investidura viola sus derechos como diputado electo. El TC le contesto que NO, que ellos no violan nada.

Sin embargo, los 10 días siguen formando parte de la ecuación porque la cuestión principal del recurso no ha sido resuelta oficialmente.  Ahora bien, en su discurso de aplazamiento, el president del Parlament dijo que el candidato a investir era Puigdemont y que defendería sus derechos hasta el final, ¿será cierto esto? De no serlo, el independentismo buscaría un nuevo candidato y tendría que elegir a uno o una limpios de causas judiciales, que pueda gobernar sin el aliento del juez respirándole en la nuca.

¿Pero esto serviría para que los presos políticos queden en libertad y el gobierno español levante el artículo 155 y “saquen sus sucias manos de la Generalitat de Catalunya” (Carles Puigdemont dixit)? En un mensaje difundido horas después del del aplazamiento del pleno, Puigdemont ya puso en duda esta posibilidad: “la única manera de levantar el 155 es respetando la normalidad democrática que salió de las urnas el 21 de diciembre, y la que sale del Parlament, no de un TC intervenido y teledirigido por el gobierno español”.

Según dijo el ministro de economía -cuando Mariano Rajoy de manera irregular convocó las elecciones catalanas del 21 de diciembre pasado- aunque se levante el artículo 155, la economía catalana seguiría intervenida para no dotar de recursos un nuevo intento de separación. Y digo de manera irregular porque los únicos que pueden convocar a elecciones en las comunidades autónomas son los presidentes de las mismas y no hay 155 que lo impida. Este artículo no da carta blanca para destituir a ningún gobierno ni a ningún parlamento. Cosa que al bloque unionista que dice defender la Constitución no les ha importado.

Tic-tac, tic-tac

El tiempo a comenzado a correr y como el conejo de Alicia vamos contra reloj. Más de dos millones de catalanes, sin importar golpes ni amenazas, votaron independencia, y los Comités de Defensa de la República (CDR) constituidos de manera espontánea y con gran presencia en todo Catalunya, han anunciado que la resistencia continúa: “seguiremos presentes en la calle, pararemos el país cuando convenga e iremos al Parlament cuando decidamos”. Así que España deberá asumir que el independentismo sigue en pie de lucha. David aún tiene la honda en la mano.

La ONU se pronunciará sobre los presos políticos del gobierno español

La prisión de los líderes independentistas ya es un tema a tratar para la ONU. “Las autoridades españolas utilizan maneras dictatoriales, encarcelando oponentes políticos y negando su libertad para que abandonen sus convicciones y funciones políticas. Es una inadmisible violación de sus derechos fundamentales”. Esta es una de las afirmaciones pronunciada por el prestigioso abogado Ben Emmerson, durante el anuncio del caso hecho en Londres.

Ben Emmerson quien es relator de la ONU y abogado especialista en leyes europeas de derechos humanos, derecho internacional público y derecho penal internacional, ha presentado una comunicación al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONUpara consultar si la prisión cautelar de Oriol Junquera, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por el Estado español. Segun Emmerson “hay indicios más que suficientes para condenar a España”.

“Este caso es un clásico de detenciones políticas arbitrarias” […] “Los cargos en contra suya no se avienen, en varios aspectos, con los estándares internacionales de un juicio justo” […] “Cerca de un centenar de expertos académicos en derecho (españoles) han confirmado públicamente que estos cargos son insostenibles en función de los hechos, pues no se dan elementos de violencia. Son acusaciones puramente políticas”, estas son algunas de las afirmaciones sobre las que se basa de defensa de Emmerson delante de la ONU.

Si bien es cierto, las conclusiones de este grupo de trabajo de la ONU no son vinculantes, sí que son un elemento importante para futuras reclamaciones en tribunales internacionales. Este grupo ha tratado casos de vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, Ruanda o Irán. Hace dos años, este mismo grupo dictaminó que Julian Assange -recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012- había sido detenido arbitrariamente.

Justicia y Ejecutivo español: Minority report total

Joaquim Forn, exconseller de Interior que también se encuentra en prisión, no figura en la petición realizada por Emmerson, así lo ha decidido él mismo. Forn ha renunciado a su cargo de diputado -elegido en los comicios del 21D- y a continuar con la actividad política y por eso ha preferido tener una defensa diferenciada, todo por ser liberado; pero esto no le ha servido de nada. El Tribunal Supremo (TS) -y por segunda vez- le ha negado la libertad.

El juez del TS, Pablo Llarena, encargado de la causa que se instruye por rebelión, sedición y malversación en contra de los líderes independentistas, ha dictado un auto en el que niega a Forn la salida de prisión, la causa:  “riesgo de reiteración delictiva por la incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia que aún hoy comparte el investigado”

Justicia o vendetta

Sin embargo, habría otra razón para negarle la libertad a Forn, quien -en su calidad de exconseller de Interior- junto con el major de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, desarticularon la célula terrorista que atacó Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del año pasado, en sólo 72 horas. España no le perdona a Forn la eficacia de su trabajo, pues al lado de Trapero lograron demostrar que la policía autonómica catalana, a pesar de contar con menos recursos en logística e inteligencia, está muy bien preparada.

Meses antes de los atentados la conselleria de Interior reclamó al Ministerio del Interior accceso a los datos y recursos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Oganizado ( CITCO). No se lo dieron. Así como tampoco les permiten integrarse en el sistema EUROPOL, Oficina Europea de Policía, encargada de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en Europa. Y a pesar de todas estas trabas, Forn y Trapero ‘la hicieron’. Eso también le duele a España.

España no da tregua

Desde que este martes, cuando el president del Parlament catalán anunció el aplazamiento del pleno de investidura presidencial, las amenazas y demostraciones de fuerza no han parado. Esta vez ha sido el ministro de Justicia -quien irónicamente se llama Rafael Catalá- el que ha anunciado que los diputados independentistas incursos en la gran causa por rebelión, sedición y malversación serían inhabilitados en breve.

En una entrevista, el ministro de Justicia primero habló de la independencia de poderes en España: “el gobierno no le dice al Tribunal Supremo lo que debe hacer, cada uno tiene su papel”. Pero después ‘insinuó’ cuáles serían las próximas actuaciones del TS en el caso de los 13 diputados independentistas: “cuando se dicte el auto de procesamiento todas las personas que estén procesados serán inhabilitadas”. ¿Independencia de poderes? ¿Dónde?

Art. 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Con un auto de procesamiento firme y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal data del siglo XIX. El artículo 384 fue revisado en 1988 (por eso lleva el sufijo Bis) para poder juzgar a los terroristas de ETA, y el concepto de rebelde aquí incluído NO tiene nada que ver con el delito de rebelión, por el que se ha querellado a los ĺíderes independentistas, sino más bien, con los antecedentes penales de los ciudadanos españoles que se recaba en el Registro Central de Penados y Rebeldes. En este registro constan “los demandados en cualquier procedimiento civil cuyo domicilio se desconozca”.

Trece son los diputados independentistas incursos en la causa que instruye el TS. Sin embargo, si nos atenemos a la ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo dos de ellospodrían ser inhabilitados -Oriol Junqueras y Jordi Sánchez- pues son los únicos que están en prisión provisional. 

Según Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional, “al confirmarse el auto de procesamiento, si se imputa el delito de rebelión, inmediatamente los jueces dictaminarían la inhabilitación de los procesados”. Pero aquí se estaría confundiendo el delito de rebelión con el concepto de “rebelde”, que son dos cosas diferentes en la legislación española y además se estaría metiendo en el mismo saco a los procesados que se encuentran en prisión y a los que aún están en libertad.

Inhabilitación y democracia

La inhabilitación, que comporta la imposibilidad del ejercicio de cualquier cargo público, no tardaría en llegar. Según el propio ministro de Justicia y fuentes del TS, el auto de procesamiento podría estar listo en marzo y en octubre tendríamos la sentencia que podría castigar hasta con 30 años de prisión actos de rebelión que NO se han cometido. La única violencia ocurrida en Catalunya ha sido la ejercida por las fuerzas de seguridad españolas el día del referéndum catalán.

En medio de tanta prisión y amenaza de inhabilitación, el Índice de la Democracia, elaborado cada año por The Economist Intelligence Unit (EIU), ha bajado la calificación de España. En 2017 España tenía 8,3 puntos y era consideraba un país de “democracia plena”; en 2018, tiene sólo 8,08 puntos lo que la sitúa al límite de ser tipificada como “democracia imperfecta”. El descenso, dice The Economist, se debe a “la represión policial del 1-O y la aplicación del 155 que han llevado a España a una situación de pérdida de calidad democrática”.

Sin embargo, el descenso en el rango democrático de España podría no importar a nadie en el gobierno central. Desde el presidente Mariano Rajoy, la vicepresidenta, el ministro del Interior, el de Justicia, el ministro Portavoz o el de exteriores no han reconocido en ningún momento la violencia injustificada infringida en contra de los catalanes que querían votar.

Como ejemplo del comportamiento antidemocrático de España también podríamos citar las declaraciones del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador entre las policías españolas y los Mossos de Esquadra para impedir el referéndum catalán. Ante el TS el coronel ha asegurado que el 1 de octubre, “el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana”

Esto es como decir que el Apartheid, la ley que discriminaba a los negros frente a la minoría blanca sudafricana, estaba por encima de uno de los derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la igualdad. Hace poco, Pablo Iglesias, líder de Podemos, acusó al independentismo de despertar el fascismo. Pero el fascismo español NO ha sido despertado, es que nunca se fue a dormir.