Leonor Pérez-Durand/ Periodista Las y los hermanos aimaras y quechuas hartos del ninguneo y del desprecio del mestizo limeño y peruano han vuelto a Lima porque saben que desde sus comunidades no se les escucha y a la DBA (Derecha bruta y achorada) se le hace chiquito el chiquito y obstruyen su llegada, las ySigue leyendo «Andahuaylas lleva su dolor a Lima: «Con la correa en el poto se van a ir los profesores que se aparezcan por la comunidad» [Vídeo]»
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El Perú de Dina Boluarte: entre las «operaciones psicológicas contraterroristas» para niñas y niños, y la censura en redes
La derecha bruta y achorada peruana, está más bruta y más achorada que nunca y es que con el actual régimen ya no precisan conservar las formas, pues el propio gobierno está poniendo en marcha medidas a todas luces antidemocráticas
De vuelta a los 90 en un «régimen híbrido» con cara de dictadura, en un país donde racismo y clasismo sobran mientras la movilidad social es escasa
Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2022) en Perú «la movilidad social es muy limitada», a esto se suman las desigualdades que han abierto profundas brechas en la sociedad peruana
Gobierno peruano aprueba partida para material antidisturbios y bonificaciones para militares y policías a cargo de la represión ilegal de las manifestaciones
Más de 22 millones de soles, exactamente: 22′ 905, 298,00 soles, es la suma que el gobierno de Perú entregará al Ministerio del Interior para la compra de material antidisturbios, viáticos y alimentos del personal policial. También han aprobado el pago de bonificaciones a policías y militares.
Ministro de Justicia, José Tello, asegura ante la ONU que en Perú se respetan los DD. HH., entre ellos, el derecho a la protesta
El Estado Peruano se examina hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en su intervención el ministro de Justicia, José Andrés Tello Alfaro, ha dicho -sin empacho- que «el gobierno lamenta la pérdida de vidas en las protestas», sin embargo, no ha podido evitar seguir en la línea oficial y ha criminalizado el descontento de la población que mayoritariamente marcha de manera pacífica: «La protesta no puede confundirse con acciones delictivas […] que transgreden la convivencia social afectando derechos fundamentales».
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