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España, en ridículo una vez más

Alemania ha liberado a Carles Puigdemont porque, en ausencia de violencia, no ve delito de rebelión. Y en el mismo sentido podrían pronunciarse Bélgica, Reino Unido y Suiza

España ha quedado en ridículo una vez más. Minutos antes de las 14 horas de este viernes 6 de abril la justicia alemana ha dejado en libertad a Carles Puigdemont. No lo ve culpable del delito de rebelión del cual lo acusa el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena. Lo primero que ha hecho el expresident es exigir la liberación de los presos políticos pues su existencia, ha dicho, “es una vergüenza para Europa”. Puigdemont también ha vuelto a pedir diálogo al gobierno español. “La época del diálogo ha llegado y lo pedimos como lo hemos hecho en anteriores oportunidades en las que sólo hemos recibido una respuesta violenta y represiva”.

Un portavoz de la cancillera alemana Angela Merkel y desde el Ministerio de Exteriores de ese país, se ha urgido al Parlament a formar gobierno para encontrar una solución política. Esta es la primera vez que el gobierno alemán y su alta diplomacia intervienen de manera explícita en el conflicto catalán. Esta es la corroboración de que el procés ya no es un asunto interno como se ha cansado de repetir -y al día de hoy continúa repitiendo- la UE.

Y dirán ahora todos aquellos que aún viviendo lejos de España se llenan la boca diciendo que Puigdemont tenía la prisión bien merecida por haber cometido uno de los delitos más terribles del Código Penal español, el de rebelión. Y qué dirán todos aquellos que me leen e increpan lo que he venido escribiendo sobre el procés catalán. Déjame decirte una vez más, ciudadano del mundo, y esta vez con el respaldo de la justicia alemana, que tanto en España como en los países europeos donde se contempla el delito de rebelión, para ser tipificado se requiere el uso de: VIOLENCIA. Y en Catalunya, la única violencia ha sido la ejercida por los cuerpos de seguridad españoles que aporrearon a los pacíficos, inermes e indefensos votantes catalanes el 1 de octubre.

Este jueves 5 de abril, mientras en Lima, la ciudad en la que nací, se recordaba el autoritarismo de Alberto Fujimori, cuando hace 26 años dió un golpe de Estado; España, que desde el referéndum de autodeterminación de Catalunya está mostrando su cara más prepotente y cercana a las prácticas fascistas de la época del franquismo, recibía palos por todos lados. La justicia poética aún existe.

Violencia: no habida

Este 5 de abril, la justicia alemana le ha dado una bofetada con la mano abierta a España, ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia por rebelión en contra del expresident de Catalunya. Según el juez de Schleswig-Holstein sólo tramitará la euroorden por el delito de malversación pues dice que “en Catalunya no hubo violencia”. Así las cosas, si Puigdemont es extraditado, en España sólo podría ser juzgado por delito de malversación. Pero la malversación tampoco está clara, no por lo menos para el juez alemán pues -según ha explicado mediante un comunicado- “hace falta aclarar otros hechos y obtener información adicional para esgrimir si ha habido malversación”.

Respecto a la acusación de malversación de la euroorden, es necesario recordar que tanto el presidente Mariano Rajoy, como el ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro -el primero en sede parlamentaria y el segundo mediante informe entregado al propio juez del Tribunal Supremo- “en la realización del referéndum catalán NO se utilizó ni un sólo euro de la administración pública”. Por otro lado, si Puigdemont es extraditado por malversación, tampoco iría a prisión preventiva pues -según diversos juristas- mientras dura el proceso judicial podría consignar el 1.600.000 euros que -según afirma la justicia española- costó el referéndum.

Por todos los motivos expuestos en el comunicado de la justicia alemana, Carles Puigdemont ha sido excarcelado previo pago de una fianza de 75.000 euros, que ha sido ingresada por la Caja de la Solidaridad de OMMIUM y la ANC. La Caja de la Solidaridad se alimenta con donaciones de los propios ciudadanos catalanes y hasta el momento ha destinado casi 4.000.000 de euros en el pago de fianzas originadas por el procés.

Rebelión: no habida

Pero no sólo Alemania no ve el delito de rebelión por ningún lado, Bélgica iría por el mismo camino. Los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han quedado en libertad y sin fianza luego de declarar este jueves ante la justicia flamenca. A espera de tomar una decisión sobre la euroorden, la justicia Belga ha impuesto a los exconsellers medidas cautelares como “la prohibición de la salida del país, estar localizables en un domicilio y atender a las peticiones que les haga la justicia belga”Otro de los países que tampoco vería rebelión es el Reino Unido donde la exconsellera Clara Ponsatí también ha sido dejada en libertad con medidas cautelares.

Y de Suiza ya no hablemos, ellos dicen que de haber una orden de extradición en contra de Marta Rovira, también acusada por rebelión, no la entregarían porque consideran que la acusación de la justicia española es por razones políticas. Por Anna Gabriel el juez Llarena no ha emitido ninguna orden porque a ella sólo se la acusa de desobediencia. España y su sistema judicial están en entredicho en cuatro países de la UE, es como cuando tu ves una cosa que nadie más ve y eso quiere significa que eres un visionario o que estás totalmente equivocado. Quienes conocen al juez Pablo Llarena no lo sitúan en la primera categoría.

Una de cal y otra de arena

Este 5 de abril, comenzábamos el día con una mala noticia, el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, que cometió el pecado de ubicar y abatir a la célula terrorista que perpetró sendos atentados en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, ha sido acusado de “pertenencia a organización criminal y de 2 delitos de sedición”. Según la jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, el exjefe de los mossos es acusado de sedición por “los hechos que tuvieron lugar en el Departamento de Economía el 20 y 21 de septiembre, así como por el referéndum del 1 de octubre”.  Junto con Trapero, otros altos cargos del cuerpo policial catalán también han sido acusados.

En un primer momento Lamela pretendía acusar de rebelión al jefe de los mossos, sin embargo, viendo que en diciembre el juez Llarena retiró la euroorden enviada a Bélgica en contra de Carles Puigdemont -un soplo de la fiscalía belga le hizo saber que el juez de ese país no veía la mentada rebelión por ningún lado- la jueza ha preferido bajarse del tan temible delito y se ha parapetado en el de sedición, abandonando así a Llarena, que continuaría viendo rebelión donde NO la hay. Sin embargo, según el artículo 544 del Código Penal españolpara que exista el delito de sedición también se requiere el uso de: VIOLENCIA.

Mentiras sólo mentiras…

Otro de los palos que este jueves ha recibido España, ha llegado desde Suiza que le ha dicho que miente, miente y miente. Este miércoles, Hervé Falciani, exbanquero de la filial suiza del banco británico HSBC, autor de la llamada ‘lista Falciani’, por la cual denunció la evasión fiscal de alrededor de 130.000 ciudadanos en todo Europa, fue detenido en España. Según las primeras informaciones del gobierno español, Falciani había sido detenido en virtud de una orden internacional de extradición emitida por Suiza el pasado mes de marzo.

De inmediato todo mundo dijo, “cambio de figuritas”. Ana Gabriel, exdiputada de la CUP y Marta Rovira, secretaria general de ERC y ex diputada catalana se encuentran en Suiza y aunque este país ya ha dicho que no las devuelve porque se las está juzgando por delitos políticos, todo hacía sospechar que Suiza no había sido sincera y que mediante una buena jugada de ajedrez pretendía recuperar al hombre que les ha llevado a reformar su política de secreto bancario. Sin embargo, como decían en mi casa, las mentiras tienen las patas cortas.

Veinticuatro horas después del anuncio de la orden de extradición y de su ingreso en prisión, Falciani ha sido liberado, la justicia helvética informó que esa orden de extradición había sido enviada a España a inicios de 2017. El propio portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli ha declarado a la televisión pública suiza (RTS) que “el exbanquero no será moneda de cambio por Anna Gabriel o Marta Rovira”, y agregó que “la cooperación jurídica se rige únicamente por tratados y leyes, de manera que no hay ningún margen para el intercambio”. Así que ahora la diplomacia española tiene otro problema entre manos.

Falciani luego de ser detenido en España el año 2012 por “vulneración del secreto bancario”, debido a una orden internacional emitida por Suiza, no fue extraditado porque la Audiencia Nacional española dijo que “en el derecho español no existe una protección penal específica del secreto bancario”. Inmediatamente Falciani se convirtió en colaborador de la Hacienda española y fue decisivo en la recuperación de 300.000.000 de euros de evasores fiscales ibéricos.

Con la detención de Falciani, España demuestra que no le importa hacer lo que sea con tal de salirse con la suya: penalizar y acabar con el independentismo catalán, y para ello es capaz de traicionar, incluso, a quien colabora con ella. Y Falciani colaboró y mucho, recuperar 300.000.000 de euros para las arcas del Estado no es poca cosa.

La cereza del pastel

Otra de las bofetadas recibidas por España este 5 de abril es de la policía belga que ha iniciado una investigación para determinar el origen del geolocalizador colocado en el auto que transportaba a Puigdemont en su viaje de Finlandia a Bélgica. La investigación se produce porque -aunque es requisito indispensable- ni la justicia, ni la policía belga habrían tenido conocimiento de la colocación del dispositivo. El geolocalizador permitió el seguimiento y la posterior detención del expresident. Según algunas fuentes, doce agentes del Centro de Inteligencia Nacional español siguieron todos los movimientos de Carles Puigdemont durante su estancia en Helsinky.

La policía belga tendrá que deslindar si la colocación de este instrumento fue autorizado por la justicia española y comunicado a su homóloga en Bélgica. Según el artículo 588 del código penal español -reformado en 2016- “durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo (interceptación de comunicaciones y la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento) siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad”.

Y este podría ser otro gol de Puigdemont, porque el principio básico del derecho según el cual nadie puede ser condenado a partir de una prueba obtenida ilícitamente jugaría a su favor, y agregaría una cuenta más al rosario de ‘problemas’ que viene acumulando España.

Investidura

¿Este nuevo escenario reabre la posibilidad de la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat?

Esta semana el Parlament puso otra vez sobre la mesa la investidura de Jordi Sànchez, la proposición vino nuevamente de la mano de un Carles Puigdemont que no sospechaba ser liberado de manera tan inminente. La idea se sustenta en la resolución del consejo de Derechos Humanos de la ONU que hace unas semanas instó a la justicia española a que respetará los derechos políticos de Sànchez y, de manera extraordinaria, emitió medidas cautelares para tal fin.

Si España no respeta esta resolución vulneraría el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según el cual, “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción ni restricción del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.Y eso precisamente es lo que ocurrió el 21 de diciembre, en unas elecciones excepcionalmente convocadas en Catalunya por el gobierno español, lo que ocurre es que el tiro le salió por la culata pues los comicios ratificaron el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Y algunos dirán, y de hecho ya han dicho, que la resolución de la ONU no es de obligado cumplimiento, sin embargo, el artículo 50 del mencionado pacto señala explícitamente: “las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna”. Y España es uno de los Estados firmantes de este pacto.

Puigdemont president

Una vez conocida la liberación del expresident, la CUP ha vuelto a ratificar su voluntad de investirlo president. “Carles Puigdemont es el único candidato que significa un golpe democrático al  Estado que no sólo responde a la soberanía popular expresada en las urnas el 21 de diciembre sino que responde a la reivindicación básica de soberanía de nuestro Parlament delante del Estado español y delante de sus tribunales. Hoy ningún otro candidato representa esa embestida”, pero no sólo la CUP se ha manifestado en este sentido. Este 3 de abril a través de un manifiesto, más de 600 personalidades catalanas defendieron la investidura del expresident.

Este blog también ha sido publicado en: LaMula.pe

Dos pasitos pa’ lante y uno para atrás

Luego que el president Carles Puigdemont diese “un paso al lado”, el independentismo catalán podría no ponerse de acuerdo en quien le reemplaza en el cargo. La unión del bloque independentista estaría en riesgo (foto: elEconomista.es)

“Haz todo lo que tengas que hacer para salir de prisión”, este fue uno de los primeros mensajes que recibió Jordi Sánchez en prisión. Él es uno de “los Jordis”, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) una de las asociaciones catalanas impulsora del proceso independentista. El mensaje se lo enviaba su hija y él le hizo caso.

Sánchez ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el procés, el magistrado Pablo Llarena, rechazó la unilateralidad de la declaración de independencia y aceptó regirse por el marco constitucional, pero NONES, el juez mantuvo la prisión provisional. Reclusión que se cuenta ya en 4 meses.

Así que ahora, que ha sido propuesto por el expresident Carles Puigdemont como candidato a ser investido President de Catalunya y sabiendo que nada contenta a la justicia española, Sánchez no arruga, acepta el reto y dice en un tuit:

“Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Catalunya. El president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras junto con todos los consellers destituidos por el 155 son el verdadero Govern legítimo de Catalunya. ¡Siempre con ustedes!”

Jordi Sánchez, número dos en la lista de Carles Puigdemont, fue elegido diputado el 21 de diciembre, en las elecciones catalanas convocadas por el gobierno español bajo el paraguas del artículo 155, mismo que al no haber sido desarrollado en la Constitución española -y al ser la primera vez que se aplica- es plastilina en manos de M.Rajoy.

Mea culpa

Este viernes en una entrevista a una radio catalana, Carles Puigdemont ha manifestado que haber hecho de la declaración de independencia un ‘coitos interruptus’ fue un error. “Escuche a muchísima gente que hablaba directamente con el gobierno español y este aseguraba y prometía que si no votábamos efectivamente la declaración de independencia, que si la dejábamos en suspenso se abría una ventana al diálogo”.

Puigdemont lamenta haber dado oído a esas afirmaciones. “Creí que habían entendido el mensaje del 1 de octubre – dos millones de votos a favor del procés- ahora veo que es evidente que el estado español nunca cumple sus promesas, por eso admito que ME EQUIVOQUÉ, habría sido mejor implementar la República en ese momento”.

También ha dicho que Jordi Sánchez, como diputado, tiene todo el derecho de ser elegido president de Catalunya, “por lo tanto quien ponga trabas a sus acciones estaría cometiendo un grave error y probablemente algún delito”. Puigdemont además ha afirmado, que si el Estado no acepta que Catalunya elija el president que desee, estaría forzando al Parlament a convocar nuevas elecciones.

“Si el gobierno español no acepta el nombramiento de Jordi Sánchez colapsaría el sistema institucional, pues sería la demostración palpable de que el Estado español no acepta el resultado de unas elecciones convocadas por el mismo”. (Carles Puigdemont)

24 horas antes…

Este jueves, el Parlament catalán convocó su primer Pleno, la idea era votar una serie de pactos de los grupos independentistas para investir president a Carles Puigdemont, uno de los puntos conflictivos y que llevaría derechito a la cárcel al president del Parlament, Roger Torrent, era el que exigía la CUP, el partido de izquierda radical catalán.

La CUP -manteniéndose fiel a su electorado- a cambio de su apoyo a la investidura de Puigdemont exigía que se aprobase la declaración de independencia del 10 de Octubre, suspendida en favor del diálogo con el gobierno español, y que el presente gobierno iniciará la implementación de la República.

La demanda de la CUP respecto a que la declaración de independencia fuese reconocida no prosperó, el president del Parlament ni siquiera la propuso a votación, todo en pro de no tener un preso político más. Luego de encarnizado debate entre independentistas y unionistas, se aprobó que Carles Puigdemont continuase siendo el único candidato válido para ser investido president de la Generalitat de Catalunya.

Y España brinco, de inmediato, Mariano Rajoy dijo que ‘de eso nada monada’ y que tampoco aceptaría que fuese investido ninguno de los políticos catalanes en prisión. La afirmación de M. Rajoy, quien en uno de sus famosos lapsus dijo primero que cualquiera que estuviese en prisión podría ser president, no le correspondía a él, ni a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que fue de la misma opinión.

Pronunciarse sobre la viabilidad de la candidatura de Jordi Sánchez le corresponde al president del Parlament catalán y, en todo caso, sería la justicia española la que tendría que pronunciarse sobre si Sánchez podrá asistir a la sesión de investidura para exponer y defender su plan de gobierno delante del pleno del Parlament.

Sin embargo, el juez supremo Pablo Llarena podría no estar por la labor. A mediados de enero NO permitió que los presos políticos elegidos diputados pudiesen acudir a la constitución del Parlament, sólo les concedió la posibilidad de delegar su voto para participar en la elección del President de la cámara catalana.

¿Y en todo este movimiento, dónde queda Carles Puigdemont?

El expresident, luego de que el bloque independentista del Parlament votó en favor de su investidura y sabiendo que esta no será posible porque la justicia española no permite que se haga vía telemática, porque dice que así no se hacen las cosas; y le exige que la misa, perdón, la investidura se haga de cuerpo presente, pues ha decidido dar un paso al lado, pero “no renunció”.

Puigdemont sabe que en cuanto pusiese un pie en territorio español lo detendrían, lo esposarían y lo llevarán directo a una de las prisiones donde se encuentran los otros presos políticos. La semana pasada, un actor vestido de Carles Puigdemont fue intervenido por la policía. Un vecino les llamó afirmando que el expresidente estaba paseando por su pueblo con una cámara de televisión. El ridículo fue importante.

Por eso este jueves Puigdemont, como en su momento lo hizo Artur Mas, ha decidido dar un paso al lado y proponer a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de Catalunya, según el expresident, el camino será largo y lleno de dificultades, pero al final los catalanes tendrán la victoria que esperan.

“Ahora Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar con su política de ocupación de nuestras instituciones o para ignorar nuestra voz o no aceptar nuestras decisiones, obviamente esto no garantiza la restauración de nuestra autonomía avasallada por el autoritarismo del Estado, pero nos dará la libertad de emprender la próxima fase del camino hacia la independencia y el desplegamiento de la República catalana desde espacios más libres y democráticos que el actual estado español, y el actual sistema institucional que se encuentra bajo libertad vigilada.

Que lo tengan claro, NO claudicaré, No renunciaré, Ni me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas, ni delante la arbitrariedad de los que están dispuestos, dicen, a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho para garantizar la unidad de la patria. Tengo plena confianza de que ganaremos y de que un día -espero que pronto- pueda volver a Catalunya como un hombre libre y que nuestras instituciones tengan también la libertad de investir president al candidato o candidata que la mayoría considere. Continuaremos nuestra lucha legal y política hasta el final”. (extracto del mensaje de Carles Puigdemont emitido desde Bélgica este jueves)

Pistoletazo de salida

Y para iniciar sus actuaciones en el exterior, Puigdemont ha anunciado que presentará ante la ONU una querella contra el Reino de España. Este viernes ha sido su abogado, el británico Ben Emmerson, especialista en derecho internacional y derechos humanos, quien en conferencia de prensa ha informado que la querella ha sido presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la organización internacional, por violación de la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual España es firmante.

Emmerson también ha anunciado, que cada mes presentarán denuncias ante organismos internacionales. Según el abogado, esta demanda y la ya presentada ante el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU, por el encarcelamiento de los cuatro presos políticos -Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- “son sólo el principio”, y ha manifestado que “el tercer paso importante llegará durante este mes”, aunque ha preferido no revelar detalles al respecto.

Las anunciadas denuncias serán presentadas “hasta que el gobierno español acepte iniciar negociaciones para encontrar una solución a la crisis catalana”. El abogado también ha subrayado que un requisito para detener el rosario de denuncias es la liberación de los presos políticos y que “el diálogo sea real e inclusivo”, es decir, que España acepte negociar de igual a igual con Catalunya.

Emmerson también manifiesta que si bien la ONU decidiría en un mes si acepta a trámite la demanda, tendría hasta dos años para resolverla. Para algunos juristas el dictamen de la ONU no sería vinculante, sin embargo, el abogado cree que sí. El Comité de Derechos Humanos se pronunciará sobre si España ha vulnerado derechos fundamentales de Carles Puigdemont al impedir su investidura como president de Catalunya.

La querella acusa a España de “la violación de tres artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconocen el derecho a presentarse a elecciones, la libertad de asociación política y el derecho a defender ideas que son impopulares con el Gobierno”.

Según la defensa de Puigdemont, el Estado español también deberá demostrar que en todo el procés catalán ha actuado con proporcionalidad en pro de un objetivo legítimo y que las medidas tomadas “eran realmente necesarias en una sociedad democrática”. Entre las actuaciones cuestionadas estarían las cargas policiales del de 1 octubre, consideradas como desproporcionadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, pues según ellos las fuerzas del orden españolas ejercieron violencia innecesaria en contra de ciudadanos que sólo querían votar.

Reacción a la española

Inmediatamente después de que  Carles Puigdemont anunció que daba “un paso al lado”, el PP, el Partido del gobierno español, en su página oficial, al más puro estilo de las fuerzas del Reino aplastando a sus lacayos publicó en su cuenta oficial de Twitter  lo satisfechos que se sentían de haber logrado vencer al independentismo, sin embargo, Puigdemont desde el exterior, anunciando que emprende “la próxima fase del camino hacia la independencia y el desplegamiento de la República catalana”, se erige oficialmente en el mayor grano en las partes nobles del régimen estatal.

Por su parte, el ministro Portavoz español, Iñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalán, luego del Consejo de Ministros de este viernes, comparecieron en rueda de prensa para enmendarse la plana y decir que como gobierno no tenían nada que decir sobre el paso al lado de Carles Puigdemont, ni sobre la candidatura de Jordi Sánchez.

Según el ministro de Justicia, “La Abogacía del Estado ya tiene el caso en su manos y son ellos los que se pronunciaran sobre las acciones a tomar, o sobre si tendremos que recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional. Nosotros no tenemos nada que decir, ahora bien si proponen a alguien que tiene problemas con la justicia quien dirá algo será el juez que deberá pronunciarse sobre la libertad de esa persona”.

Carrera de obstáculos

Pero la propuesta de Puigdemont respecto a que sea Jordi Sánchez quien le reemplace en el cargo se enfrenta no sólo con la oposición del gobierno central, sino además con reticencias dentro del propio bloque independentista. Este viernes el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, manifestaba que si Puigdemont da “un paso al lado” el candidato natural era Oriol Junqueras, exvicepresident del gobierno de Puigdemont.

Sin embargo, este sábado, el mismo Sabrià ha matizado sus palabras y ha dicho que aceptarán la candidatura de Jordi Sánchez, “hoy el nombre de Junqueras no está sobre la mesa y si la CUP está de acuerdo aceptaremos a Sánchez”. Ahora habrá que esperar lo que diga la CUP pues ellos podrían no ver con buenos ojos al expresidente de la ANC.

Enemigos ¿íntimos?

Luego de las elecciones de 2015, cuando el independentismo también obtuvo la mayoría parlamentaria, Artur Mas era el candidato a investir, sin embargo, los casos de corrupción de su partido -Convergència i Unio- eran un problema. La CUP no quería ‘complicaciones’ en el camino hacia la República, así que condicionó su apoyo a la investidura a cambio de que Mas no fuese el candidato.

Encallado el nombramiento presidendial, Sánchez pidió disculpas a los socios de la ANC por haber pedido el voto para la CUP en esas elecciones. Es por esto que ahora la CUP ve a Sánchez como una persona próxima a Mas y eso podría seguir sieindo para ellos un escollo insalvable. Lo sabremos este mismo sábado luego de la reunión de Consejo Político.

“Todo se mueve”

El subtítulo es el nombre de un programa de la televisión catalana y hoy es más cierto que nunca, este viernes la jornada se cerraba con un estira y afloja entre JxCat, el partido de Puigdemont y ERC el partido de Oriol Junqueras, sobre el candidato a la presidencia. Luego de las primeras declaraciones del portavoz de ERC, Puigdemont manifestó su extrañeza. “Yo quería que fuesemos como un sólo grupo parlamentario a las elecciones, pero fuímos por separado, ahora no es lógico que quieran hacer ver que estamos unidos”. 

Por su parte, luego de una larga reunión entre las agrupaciones independentistas, la CUP manifestaba que la única lógica es que los grandes se pongan de acuerdo y que les den a conocer qué piensan hacer, cómo y a quién quieren poner al frente del ‘kiosko’, si le dan su apoyo a Sánchez -con todo lo que eso conlleva para ellos- o el elegido es ¿otro?

Así esta la ‘cosa’

La ‘cosa’ está complicada, en el último minuto el independentismo no cierra filas y ya no se sabe si esto es parte de una estrategia que supera hasta el más ducho jugador de póker, o si es es cierto que los socios mayores se están apuñalando por la espalda tal como lo gráfico en su última edición “el Polonia”, el programa de humor político catalán, indispensable para entender la realidad en este pequeño territorio.

Otra de las estrategias y esta sería únicamente de Puigdemont, podría ser forzar unas nuevas elecciones y hacer que la balanza se decante a favor de su partido -que ya goza del favor ciudadano- y de la CUP, que siempre han dicho que quieren un gobierno que implemente la República. En algunas de las tertulias políticas, muchos de los mensajes de los televidentes decían que en caso de que se produjeran unas nuevas elecciones, esta vez votarían por la CUP.

En ese sentido podría haber sido hecho el mea culpa de Puigdemont, pues hoy ha sido la primera vez que dice haberse equivocado por no llegar hasta el final y no haber hecho efectiva la independencia, cosa que reclama la CUP fervientemente.

Así que talvez, sólo talvez, Puigdemont podría estar jugando a esta carta: ir a un nuevo proceso electoral en el que la CUP aumentase su número de diputados de forma tal que fuese más determinante que ERC en la toma de las decisiones del bloque independentista. Pero esta es una idea descabellada mía fruto de tantos pasitos pa’ lante y pasitos para atrás.

Negociando andamos

Así que las negociaciones continúan y podrían continuar durante el fin de semana. Ahora la pelota está en el campo de la CUP. A partir de la semana que viene, el president del Parlament comenzaría la rueda de contacto con los grupos parlamentarios para la proposición de un nuevo candidato que sin duda será el que elija el bloque independentista, es el que tiene mayoría parlamentaria. Falta saber si el nombre es el de Sánchez o es otro o ¿ninguna de las anteriores?

Mientras tanto desde el gobierno español no saben cómo actuar, ¿denuncian, no denuncian, presentan queja ante algún tribunal afín, mueven ficha, patean el tablero, se inventan más sanciones, reprimen más, sacan el catalán de las escuelas? Lo único que dicen desde Madrid es que no puede ser candidato alguien que -aunque aún no se le ha juzgado- tiene problemas con la ley.

Una vez más se demuestra que en el proceso catalán, la única estructura de Estado preparada es el pueblo. El pueblo que el 1 de octubre salió a votar y no se asustó con las cargas policiales. El pueblo que desde el 2012 se manifiesta pacíficamente luchando por la independencia. El pueblo que unido a través de los Comités de Defensa de la República se sigue organizando para realizar acciones de protesta en contra de lo que consideran los abusos del gobierno español. Los próximos días son decisivos para Catalunya sin Ñ.

(Este blog también ha sido publicado en LaMula.pe)

Investidura interruptus

“El pleno de hoy queda suspendido pero no desconvocado. El pleno de investidura del candidato Carles Puigdemont i Casamajor se mantiene convocado y se celebrará una vez que aseguremos un debate de investidura efectivo y con garantías porque esta es la voluntad expresada por los grupos parlamentarios. También se pospone para garantizar el derecho del president Puigdemont a un debate de investidura efectivo y sin injerencias, una investidura que tenga valor real y que sea efectiva”.

Con estas palabras y antes de las 10 de esta mañana, el president del Parlament catalán, Roger Torrent, suspendía el pleno de investidura presidencial de Carles Puigdemont, convocado para las 15 horas y justificaba su decisión para permitir que el Tribunal Constitucional (TC) “deshaga la chapuza”.

Este sábado, el TC respondía un recurso presentado por el gobierno español en el que se impugnaba la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat de Catalunya. Después de 6 horas de intensas discusiones entre los magistrados del TC y de llamadas telefónicas, tanto de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, como del propio presidente, Mariano Rajoy, el TC resolvió que Puigdemont podía ser investido, no sin antes cumplir con ciertas condiciones: que el candidato sea investido de forma presencial y previa autorización judicial. 

El TC, también decía que no admitía a trámite el recurso del gobierno español y que se daba 10 días para hacerlo, esperando las alegaciones de las partes. “En ese sentido, he instado a los servicios jurídicos de la cámara a que el Parlament se persone y formule alegaciones  a lo dicho por el TC y atendiendo a la petición del president de garantizar su derecho a un debate de investidura con garantías, y a su vez para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el mismo president”, decía Torrent esta mañana.

A las 14:00 horas y luego de reunirse durante una hora, el TC contestaba la alegación presentada por Puigdemont y le decía que  todo continuaba igual, que sus derechos no estaban siendo vulnerados y que sólo podría ser investido de manera presencial y con la autorización judicial.

Según arguye el gobierno español en el recurso presentado, Puigdemont no puede ser investido porque tiene una orden de búsqueda y captura en territorio español, sin embargo, hasta el momento, no hay orden de detención en contra del candidato en todo el territorio español. Dejó de haberla cuando el juez del TS anuló la Euroorden cursada a Bélgica pidiendo la extradición de Puigdemont. Lo que hay es una orden de apercibimiento por no haber acudido a la citación del Tribunal Supremo (TS).

Así las cosas, Puigdemont podría ser conducido por la policía ante el juez para declarar. La reclusión en prisión -preventiva- sólo podría ser ordenada por el juez luego del interrogatorio de rigor. Por otro lado, se ha de considerar el derecho del candidato a la inmunidad parlamentaria establecido en la propia Constitución española.

Artículo 71: Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.

Minutos después de la respuesta del TC, Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya -el partido del expresident- manifestaba que ellos y los parlamentarios de la CUP, otra de las fuerzas independentistas, no habían sido consultados por el president del Parlament para la suspensión del pleno y manifestaban que este tenía todas las garantías para ser realizado y que TODOS los parlamentarios estaban presentes para poder realizarlo.

Se busca

¿Se refería Elsa Artadi a que Carles Puigdemont estaba en la sede del Parlament?No lo sabemos, sin embargo, de ser esto cierto sería una bofetada a Juan Zoido, el ministro del Interior español, quien hace unos días declaró en una entrevista que a Puigdemont lo buscaban por tierra, mar y aire expertos oficiales de la Guardia Civil (GC) y la Policía Nacional (PN).

“Trabajamos para que Puigdemont no pueda acceder al Parlament, expertos de la GC y la PN trabajan de manera muy intensa mañana tarde y noche para que eso no suceda, y aunque es verdad que la frontera a cubrir es muy extensa, que no sólo hay grandes vías que la penetran y que son más fáciles de controlar, sino que hay muchos caminos rurales que se puede entrar a través de helicópteros, que se puede entrar con un ultraligero, que se puede entrar por barco, nosotros estamos trabajando para que eso no pueda pasar y que la legalidad, sea la que impere en España”. (Juan Zoido dixit)

“España debe de ser el único Estado del mundo que teme y se prepara para la eventual invasión de un solo hombre”. Este tuit retrata perfectamente la nueva paranoia del Ministerio del Interior español, encontrar al diputado Carles Puigdemont, al que buscan hasta bajo las cloacas del Parlament catalán.

Desde hace más de una semana Puigdemont es buscado hasta en el sistema de alcantarillado que rodea el Parlament. Este lunes, una mujer envió un audio de whatsapp a una amiga: “Esta mañana saliendo del departamento de mi novio, que vive cerca al Parlament, me subí a la moto para ir a trabajar y un policía salió de la alcantarilla que tenía al lado, me vió y se volvió a meter”.

Este lunes alerta máxima en un aeródromo español, aterrizaba una avioneta procedente de Bélgica y el enemigo podía estar dentro, rápidamente la policía se apersona, revisa hasta las alas de la nave y sólo encuentra una española, dos belgas, un ruso y alguien más, pero, Carles Puigdemont el hombre más buscado del momento, NO. Esto da hasta para hacer un chiste de aquellos que todos conocemos.

¿Y qué dicen los especialistas?

La respuesta dada por el TC al recurso presentado el sábado por el gobierno español, ha sido cuestionada por juristas españoles y catalanes pues impone medidas cautelares que nadie le ha pedido, y no dice si admite a trámite, o no, el recurso presentado por el gobierno, sobre el cual -además- tiene un mínimo de 5 meses para pronunciarse.

Además el recurso presentado por el gobierno había sido desaconsejado por el Consejo de Estado. Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del gobierno español, en total actitud “Minority Report”, pidió un informe a este órgano para presentar  la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont ante el TC, la respuesta fue que no se podía actuar sobre algo que aún no había ocurrido.

Oh qué será, qué será

Esta no es la primera vez que utilizó este subtitulo para un artículo referente al proceso catalán y es que ahora deberemos esperar a ver qué pasa, ningún analista es capaz de predecir nada, algunos dicen que nos vamos a nuevas elecciones, otros que Puigdemont podría dejar la candidatura para que otro sea investido president y él nombrado algo así como primer ministro y que gobernase desde el exterior, cualquier otro escenario lo sitúa dentro de un prisión, y según su abogado sería por un periodo de 42 años.

Por ahora la oposición celebra la suspensión de pleno de investidura y Mariano Rajoy ha dicho en una entrevista a la radio que ahora sólo queda que el president del Parlament proponga a otro candidato, que sea una persona sin problemas con la justicia y que se comprometa en cumplir con la legalidad española, o sea, que escoja a alguien que acepte todas las imposiciones de un gobierno cuyo partido tiene sólo 4 parlamentarios en la cámara catalana.

Todo está abierto, nada está dicho, delante del Parlament cientos de manifestantes se mantienen con máscaras de la cara de Puigdemont gritando “ni un paso atrás” y algunos de los Comités de Defensa de la República dicen que se mantendrán allí hasta que el pleno de investidura se realice.

Amenazas

Dentro de lo que está ocurriendo es necesario mencionar que en la NO resolución del TC, se le señalaba al president del Parlament que si permitía la investidura telemática de Carles Puigdemot se exponía a una querella judicial. Pero esta no es la única amenaza hecha a Torrent. Pablo Casado, portavoz de comunicación del PP, dijo este lunes que el president del Parlament “tiene dos hijos y sabe lo que le espera”.

Esta no es la primera vez que Casado amenaza a un representante del independentismo. Antes de declarar la independencia de Catalunya el 27 de octubre pasado, Casado le advirtió a Puigdemont que tenga cuidado al declarar la independencia, no sea que acabase como el president Lluis Companys, ejecutado por el dictador Francisco Franco luego de proclamar la república catalana a principios del siglo XX.

Sin embargo, ante las amenazas, que algunos han calificado de mafiosas, el president del Parlament no arruga. “Llegaré hasta el final para defender los derechos de todos los diputados y de los ciudadanos porque la democracia no puede suspenderse, ni violentarse”. En la suspensión del pleno de investidura Torrent también dijo: “no aceptaré ni que el Gobierno español, ni el TC violen los derechos de los diputados” […] “no se le puede decir a los catalanes que han votado mal porque no han votado como quería el gobierno español” […] “El pueblo catalán se respeta”, concluyó.

Carles Puigdemont ya es el candidato oficial del Parlament a la presidencia de Catalunya

“Certifico que el único candidato propuesto para la presidencia de la Generalitat de Catalunya es el señor Carles Puigdemont y Casamajor, así entonces lo propongo a la cámara como candidato”. Ya es oficial. Poco antes del mediodía, el president del Parlament, Roger Torrent, presentaba la candidatura de Puigdemont como candidato a la presidencia de Catalunya. Ahora queda esperar el pleno de investidura y la votación de los diputados.

Sin embargo y como ya sabemos la cosa no será fácil. Y ahora me saltarán a la yugular y saldrán los detractores, los defensores de la unidad de España, aquellos que dicen que Puigdemont es un fresco, que está llevando a Catalunya por el camino de a amargura, los que afirman que los catalanes independentistas están mal de la cabeza y que España no se rompe porque NO. Pero sólo una detalle, si Puigdemont es el candidato a la presidencia es porque el pueblo catalán en su mayoría ha votado por eso y el pueblo es soberano, ¿o no?

Pero dejando el escenario de la pataleta irracional y volviendo al político, la cosa está complicada, el mismo president del Parlament en su discurso de presentación de la candidatura de Puigdemont ha manifestado que es consciente de la situación personal judicial y de la amenaza judicial que pesa sobre el candidato, “pero de igual manera también soy consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato”.

Y como dice -sin faltar a la verdad- la posibilidad de afrontar esta investidura es una cuestión política. “Es por eso que he propuesto en una carta dirigida al presidente del gobierno español, al señor Mariano Rajoy, sentarme con él para dialogar sobre la situación anómala que vive el parlament, pues 8 de sus diputados tienen vulnerados sus derechos políticos de representación y en consecuencia los de la ciudadanía que representan”.

Sin embargo, puede que esta solicitud de diálogo tampoco sea atendida. Los días posteriores al referéndum catalán, Puigdemont pidió hablar con Rajoy en diferentes oportunidades, la negativa siempre fue la respuesta. Luego de las elecciones convocadas por Rajoy el 21 de diciembre (21-D), en las que el bloque independentista ganó en número de diputados, Rajoy volvió a manifestar que no tenía nada que hablar con Puigdemont, “con la única que tendría que hablar es con Inés Arrimadas que ha sido la ganadora”.

Inés Arrimadas fue la candidata de Ciutadans, partido más a la derecha de la derecha española. En las elecciones del 21-D, Ciutadans obtuvo 200 mil votos más que Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, pero junto con los otros dos partidos unionistas -el Partido Popular de Catalunya (PP) y el Partido Socialista de Catalunya (PSC)- sólo obtuvieron 57 diputados. El bloque independentista suma 70. Tanta es su debilidad, que aún habiendo obtenido más diputados de manera individual (36), Ciutadans no ha presentado a Arrimadas ante el Parlament como su candidata a la presidencia. O sea, Arrimadas sólo es candidata e interlocutora válida para M.Rajoy.

Pero el president del Parlament lo intenta, él dice que en protección de los 135 diputados y diputadas que representa, hablará con quien tenga que hablar, por eso “he iniciado los trámites para visitar a los diputados y el conseller que se encuentran en prisión preventiva, también con los diputados que están fuera del país, y con el president Puigdemont, porque mi deber es hablar con todos los diputados y diputadas de esta cámara”. 

Pero además, Torrent ha sido contundente en afirmar que su deber es proteger los derechos de participación política de todos los diputados y diputadas de la cámara catalana, “porque la limitación del ejercicio de este derecho supondría la limitación del ejercicio de soberanía de nuestro pueblo, por eso ejerceré mis responsabilidades siendo consciente de esto y de que mi obligación es defender esta institucion de injerencia y escenarios de paralización”.

Estas ultimas afirmaciones están referidas a la voluntad del gobierno estatal de no permitir ni la votación ni la investidura de Carles Puigdemont. Mariano Rajoy ha dicho que no se puede permitir que vote desde fuera del país, ni él ni ninguno de los que se diputados que se encuentran en Bruselas “porque el voto delegado -que un diputado reciba el encargo de votar por otro que se encuentra ausente en la cámara- se contempla sólo en caso de baja maternal o paternal y de imposibilidad grave”. 

M.Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han declarado que en cuanto Carles Puigdemont fuese investido el artículo 155 que ya desactivó el gobierno de la Generalitat desde la declaración de independencia del 27 de octubre, volvería a ser aplicado y así ad infinitum. ¿Hasta que los catalanes aprendan a votar?

Catalunya aprueba la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre

Casi después de 12 horas se aprobó la ley para la realización del referéndum en el que Catalunya preguntará a sus ciudadanos si quieren, o no, independizarse de España. Desde las 10 de la mañana de este miércoles 6 de setiembre y hasta las 22:30 horas, en un pleno del Parlament, los 135 diputados catalanes se han enzarzado en más de una discusión entre independentistas y unionistas y, por mayoría, han ganado los primeros.  Una hora después el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras y todos los consellers del gobierno catalán firmaron de forma colegiada el decreto de convocatoria para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Un minuto después, El Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) publicaba la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación.

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“Convocamos a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera orientar el futuro de Catalunya, si por el actual camino de la autonomía o si por un nuevo camino como Estado independiente en forma de república. La decisión de los ciudadanos será vinculante y defenderemos hasta el final el derecho de todos los catalanes y catalanas a votar, a ser ellos los que determinen su futuro. En defensa de este derecho ponemos todo lo que tenemos , todo el esfuerzo y toda la voluntad y compromiso que es lo que tienen que hacer los gobernantes cuando en la historia de sus países llegan momentos determinantes como estos, hacemos esto por el futuro de las nuevas generaciones y lo haremos como siempre de manera pacífica, cívica y transversal”. (Carles Puigdemot, president de la Generalitat de Catalunya)

Y cómo lo hicieron

Con 72 votos a favor de  los parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP (agrupaciones políticas que gobiernan Catalunya y que ganaron las últimas elecciones autonómicas prometiendo llevar a esta comunidad a la independencia), la abstención de Catalunya Sí que És Pot (grupo integrado por diputados de Podemos, Esquerra Unida y varios independientes) quienes al final del día rompieron su voluntad de voto único en contra del referéndum, pues Podemos terminó apoyando la realización de la consulta. Según el secretario general de Podemos en Catalunya, Alvaro Dante Fachín, “quien ha de tener en sus manos el futuro de Catalunya es la gente y no los parlamentarios, por tanto nos vemos el 1 de octubre”.   

La votación se aprobó por unanimidad, sin ningún voto en contra porque antes de realizarse, los diputados de los 3 grupos políticos contrarios a la realización de la consulta: Partido Popular (PP), Partido Socialista Catalán (PSC) y Ciutadans (Cs), se retiraron del hemiciclo, según ellos para no validar con su presencia una votación a la que llamaron “ilegal, antidemocrática, abusiva y amenazadora del régimen democrático en el que vivimos”. La votación le podría significar al presidente de la Generalitat, la presentación de una moción de censura por parte de la líder de la oposición catalana Inés Arrimadas, presidenta del grupo parlamentario de Cs en Catalunya, sin embargo, la parlamentaria primero tendrá que seducir voluntades para poder llevar a cabo esta acción, pues con los diputados de su grupo no tiene votos suficientes.

“Mi obligación es intentar evitar la situación de choque de trenes que es el objetivo del gobierno de la Generalitat y  la deriva de la apuesta por tomar las calles que es una de las propuestas de algunos consellers del gobierno. Mi obligación como líder de la oposición es intentar agotar todas las vías políticas y democráticas para evitar este atropello a los derechos de los catalanes, esta confrontación social que se puede generar”. (Inés Arrimadas, presidenta del grupo parlamentario de Cs en Catalunya)

Reacción del gobierno español

Durante el día las amenazas de denuncias no se han hecho esperar por parte del gobierno español. La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría declaró que la jornada había sido intensa, “pero sobre todo hemos visto cómo los parlamentarios independentistas están dispuestos a atropellar a todos los catalanes con la imposición de sus ideas, lo que hemos vivido hoy en catalunya es una patada a la democracia” […] “el gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados, y que proceda a deducir el oportuno testimonio de  particulares para exigir responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament de Catalunya y a los miembros de la mesa que han votado a favor de los acuerdos impugnados”. 

Los socialistas tampoco se han quedado cortos, este martes su secretario general, Pedro Sánchez, manifestó su repulsa a la consulta de autodeterminación y dijo que hablaría con el presidente español Mariano Rajoy a quien apoyaba en la toma de “medidas proporcionales” para evitar la cita. Entre las medidas que el gobierno español podría ejercer está la suspensión de la autonomía del gobierno de la Generalitat, el cogobierno de la comunidad o el despliegue de tropas militares en Catalunya. En mayo de este año, la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal, amenazó con utilizar “todos los medios al alcance del gobierno para impedir el referéndum pues permitirlo sería permitir un intento de golpe de Estado”.  Por su parte los integrantes de los socialistas catalanes han dicho que “se han traspasado todas las líneas rojas sin respeto a la ley ni a la constitución ni a la discrepancia de otras formaciones políticas, por eso apoyaremos al gobierno en las acciones que ha tomado”.

Ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya

La ley del referéndum fue presentada en el Auditorio del Parlament de Catalunya a principios de julio de este año, a través de ella se establece un régimen jurídico excepcional para regular y garantizar la consulta del 1 de octubre. En el preámbulo se defiende el derecho a la autodeterminación de Catalunya, basándose en los derechos civiles y políticos básicos aprobados en las Naciones Unidas, los cuales también han sido firmados y asumidos por el Estado español.

Esta ley entró en los registros del parlamento a finales de julio y se blinda jerárquicamente,  por tanto prevalece sobre todas las otras normas que puedan entrar en conflicto, además establece que “si gana el Sí, el Parlament proclamará la independencia dos días después de que se sepan los resultados, en caso de que gane el No, el president de la Generalitat convocará inmediatamente elecciones autonómicas”.

El articulado también detalla que podrán votar todos los mayores de 18 años y los residentes en el extranjero que estén inscritos en el registro de catalanes al exterior, así mismo, la ley prevé una sindicatura electoral que vendría a ser la Junta Electoral, que formada por juristas de prestigio se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa que regula las elecciones y dirimirá los contenciosos que se puedan dirimir entre partidos y/o electores.

O qué será, qué será

Catalunya ha tirado la moneda al aire, aún no cae, sólo ha iniciado el ascenso. Lo que venga en los próximos días será determinante para ver si se llega a la primera meta, la del 1 de octubre, la de poner las urnas en los colegios electorales. Desde el gobierno se ha llamado a votar a todos, a los que estén por el Sí y a los que estén por el No, porque lo que se pretende es saber la voluntad de los catalanes y de asumir la respuesta que venga, lo cual no quiere decir que si gana el No las ansias independentistas cesarán, NO, sólo se volvería a comenzar.

Si por el contrario, gana el Sí se abriría todo un abanico de posibilidades de un pequeño país que no sería el primero en independizarse en Europa, ni de ser tan pequeño y exitoso, ahí tenemos a Dinamarca con igual territorio que Catalunya y a Suiza con sólo medio millón más de habitantes que estas tierras mediterráneas. Mientras tanto la Guardia Civil española monta guardia delante de una imprenta en la que sospechan se están realizando las boletas de votación y siguen con las pesquisas para descubrir dónde “guarda” el gobierno catalán las 6 mil urnas que promete colocar el 1 de octubre.

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