texto: Leonor Pérez-Durand/ Periodista
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La ultraderecha congresal peruana, quiere rebajar impuestos y entregar subvenciones a cambio de adopciones de niños con discapacidad
Reducir el monto del pago del Impuesto a la Renta es la consigna de Renovación Popular y Fuerza Popular. En los últimos dos meses, se han aprobado, por lo menos, dos de sus iniciativas en ese sentido. Una de ellas, muy preocupante, pues implica a menores de edad vulnerables
Mientras el tandem de ultraderecha que ha tomado el poder legislativo, nos escandaliza con sus reformas a la Constitución, sobre temas políticos no menores, por lo bajo, nos están colando iniciativas que afectan a las niñas y niños declarados en riesgo, pero nadie habla de ello. Y el silencio puede deberse a que las y los niños, y adolescentes, en el sistema de protección son de familias con carencias económicas y racializadas.
En esta nota abordaremos este tema, que en España a 2022 tenía 51 203 menores de edad institucionalizados y entregados a familias de acogida. Niñas, niños y adolescentes, separados, arrancados de sus familias biológicas y que son pasto de drogas, agresiones sexuales y hasta de trata.
A finales de abril de este año, la Comisión de la Mujer y Familia, del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley (PL), de la congresista pastora, de Renovación Popular, Maria de los Milagros Jackeline Jáuregui Martinez de Aguayo, que propone reducir el impuesto a la Renta, a las rentas de cuarta y quinta categoría, vía «adopciones especiales». Es decir, si adoptas una niña, niño u adolescente con discapacidad, con alguna enfermedad crónica, a grupos de hermanos, o mayores de 6 años de edad y/o por el «interés superior del menor»; tienes tu cupón de rebaja fiscal y tu subvención.
Las rentas de cuarta categoría son las que pagan por el rendimiento de su trabajo, las y los trabajadores independientes , o quienes cobran dietas, como las y los congresistas. Las rentas de quinta categoría son las que pagan las personas con contrato de trabajo dependiente.
La iniciativa de Jáuregui también propone el reembolso de gastos por educación especializada, terapias y atención médica, y odontológica, para el cuidado de estas criaturas, o sea, desgravando e ingresando, todo un negocio para quienes decidan adoptar. Y desgravan e ingresan, por cada menor de edad de estas características que sea adoptado.
Más ‘rebajitas’
Así mismo, el 6 de junio, se aprobó el PL de la fujimorista Rosangella Barbarán, que propone ampliar las deducciones, también a las rentas de cuarta y quinta categoría, sólo por existir. Ella misma ha pedido que las y los congresistas que están haciendo maestrías, como ella, paguen menos impuestos, porque sus estudios revierten en el país, lo cual siendo de la bancada que es, es absolutamente falso, porque todo lo que hacen es en su propio intereses y en destrucción de la legalidad y del respeto a los DD. HH.
«Ley que promueve las adopciones especiales para garantizar el derecho a vivir en familia»
Volviendo a los que nos preocupa: en el dictamen de la Comisión de Mujer y Familia, que bonifica las «adopciones especiales», Milagros Jáuregui, señala que promover estas adopciones significa un ahorro para el Estado. Lo curioso es que esta abanderada de la familia y dizque, altamente preocupada en el bienestar de la infancia, en ninguna parte de su proyecto condiciona las adopciones a que los adoptantes estén capacitados para cuidar de estos menores de edad.
Beneficios para quienes realicen adopciones especiales
- Las familias adoptantes con rentas de cuarta y quinta categoría se deducirían el pago del impuesto a la renta hasta en 7 unidades impositivas tributarias (UIT) al año, es decir, 36 050 S/ por niña o niño adoptado.
- Las familias adoptantes con rentas de cuarta categoría, además, serían reembolsadas hasta en 10 UIT al año, es decir, 51 500 S/; por los gastos médicos, de terapias y de educación especializada por cada menor de edad con discapacidad o problemas de salud grave, y hasta en 5 UIT, 25 750 S/, por el resto de adopciones especiales.
La iniciativa fue presentada en diciembre de 2023 por Milagros Jáuregui, nefasta presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia pues, bajo su mando, se ha convertido en la fábrica de propuestas misóginas y antiderechos del parlamento peruano.
Opiniones
El Ministerio de Economía ha dicho no a los beneficios fiscales propuestos por Jáuregui y Barbarán, pero ellas ni se inmutan
El dictamen del proyecto de Jáuregui y el PL de Barbarán cuentan con las objeciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y si se convierten en Ley violarían la norma constitucional que señala que el Congreso de la República no tiene decisión sobre el gasto público; pero no pasa nada, porque en octubre de 2022, el Tribunal Constitucional, ‘amigo’, sentenció que las y los parlamentarios podían aprobar leyes que implicasen gasto.
Respecto al PL de Jáuregui, el MEF afirma que no hay un análisis costo beneficio respecto al real ahorro estatal, y agrega que se vulneraría el principio de igualdad tributaria, porque sólo los adoptantes de estos menores de edad serían los beneficiados con las exenciones y el reembolso de dinero por gastos en su cuidado y considera que viola el artículo 74 de la Constitución respecto a la igualdad tributaria.
La Comisión de Familia y Mujer, responde:
- El Estado se ahorraría 2 306 296 S/ anuales, porque a la fecha de presentación del PL, el Estado gastaba 14 419 096 S/ y las familias adoptantes como máximo dejarían de pagar 12 112 800 S/
- Pero, las cifras consignadas corresponden sólo a la deducción de las 7 UIT, contabiliza el reembolso que el Estado haría a las familias adoptantes por educación, terapias y gastos médicos y odontólogicos de las y los adoptados.
Según el MIMP, a diciembre de 2023, el Estado gastaba 16 513 244 S/, en la manutención anual de los 372 casos de adopciones especiales con los que contaba en ese momento. A marzo de 2024, la cifra se redujo a 336 menores de edad y el Estado destinaba 14 881 724 S/ para su manutención
Si la iniciativa es aprobada, el Estado dejará de percibir 12 112 800 S/ por deducción de impuesto a la renta, a eso se sumarían los 12 694 750 S/ que se reembolsaría a las familias, por los gastos estipulados en el PL. Sumando la cifra que el Estado dejaría de percibir y la que reembolsaría tenemos un total de 24 807 550 S/. Así que ahorro: ¿de cuál ahorro hablamos?
Desagregado de las deducciones del impuesto a la renta y de los gastos que el Estado reembolsaría a las familias adoptantes, como «incentivo» para que realicen «adopciones especiales».
MIMP y Defensoría, opinan
El MIMP, ha opinado a favor de la iniciativa de Jáuregui, pues dice que : «[…]en aplicación del interés superior del niño, la propuesta legislativa resulta beneficiosa […], al establecer medidas de incentivo para las familias que los adopten, así tendrán mejores condiciones para acceder a servicios de salud especializados […]».
La Defensoría del Pueblo, tiene una opinión «favorable», pero sólo, «en parte», pues señala que los beneficios del PL no contemplan a las familias biológicas, y que otorgar exenciones tributarias a las familias adoptantes no es lo más adecuado, pues son ellos quienes deben demostrar idoneidad para cuidar a estos menores de edad, sin mediar beneficio económico, pues eso podría generar intereses espurios.
Otras opiniones
También ha sido consultada la organización privada Asociación Persona, Vida y Familia, activa desde 2019, presidida y únicamente integrada por Guliana Caccia Arana. Caccia, ha participado en varios eventos realizados en el Congreso por Renovación Popular y está relacionada con el Sodalicio de Vida Cristiana y Con Mis Hijos No Te Metas, organizaciones cuyos integrantes han sido denunciados por violación y maltrato físico y psicológico, de menores de edad.
¿Reducción del interés superior del menor a favor de quienes tienen mayores ingresos? ¿Quienes podrían beneficiarse de la exención tributaria?
Pues, podrían beneficiarse, por ejemplo, las y los congresistas quienes con los S/26.017.00 de sueldo y dietas, reciben 364 238 S/ al año, y si hablamos de un ahorro máximo de 7 UIT, pues ellas y ellos podrían deducirse 36 050 S/ del impuesto a la renta, por cada adopción especial que realizasen, a eso sumarían el reembolso de 51 150 S/ o 25 750 S/ por los gastos que originen estos menores de edad en su cuidado.
Sin capacidad y sin dedicación
El dictamen afirma que se hará «el seguimiento post adoptivo», de forma periódica, para verificar el estado de las criaturas y brindarles apoyo profesional, así como a las familias adoptivas.
«[…] la supervisión posterior de la adopción evitará que esta tenga un fin económico[…]», dice el PL, intentando desligarse del tufo a evasión de impuestos y cobro de dinero por adoptar criaturas.
En la página del MIMP, donde se informa sobre los requisitos para ser familia de acogida, no adopción, de menores de edad, que necesiten cuidado especializado, sí se menciona que uno de los acogedores debe tener experiencia de, por lo menos, 1 año, en psicología o profesión afín.
Cabe preguntarse por qué el Dictamen de Jáuregui que se refiere a una medida permanente, como es la adopción de un o una menor de edad, no incluye este requisito.
Redes AFE
En España funcionan las Redes AFE, Acogimiento Familiar Especializado, que entrega en acogida a niños, niñas y adolescentes, con discapacidad, tutelados por la Administración. Estas familias deben tener un integrante capacitado profesionalmente y dedicado a tiempo completo a esta labor, por la cual recibirá una compensación de 2000 € al mes.
…Pero hagamos cuentas
En Perú como en España, estas medidas son absolutamente perversas, porque las ayudas que se otorgan a las familias adoptantes y/o de acogida, no se otorgan las familias biológicas.
En Perú, las familias biológicas con niñas y niños con necesidades especiales reciben sólo 300 S/ bimensuales y para ello deben acreditar que el menor de edad tiene una discapacidad severa, que no recibe ninguna otra pensión y que se encuentra en pobreza o pobreza extrema.
Así mientras en Perú, a una familia adoptante se le podría reembolsar-anualmente- los gastos de cuidado de cada criatura con discapacidad severa o enfermedad crónica, en un rango que va de los 25 750 a los 51 500 S/, una familia biológica sólo recibe 1 800 S/ y nionguna rebaja del impuesto a la renta.
En España la cosa no es mejor, porque las familias biológicas reciben 83.33 € al mes, es decir, 999.96 € anuales, por hija e hijo, con una discapacidad igual o superior a 33%; mientras que las familias AFE reciben 2000€ al mes, o sea, 24 000 € al año.
Centro Asistencial Residencial (CAR) privado en inmueble público
María Jáuregui pone la cereza al pastel a los varios Proyectos de Ley para acelerar el proceso de adopción, con el PL 2470.
Presentado en julio de 2022, también se convirtió en dictamen a finales de abril pasado, el PL 2470 pretende «crear, implementar y garantizar, a nivel nacional, el funcionamiento de centros de acogida residencial privados, conocidos como CAR».
Según el PL, el Estado dotaría de recursos a los CAR privados existentes y proporcionaría inmuebles para que organizaciones o empresas privadas creen estos centros para albergar a los alrededor de 80 000 menores de edad que, según la iniciativa, han quedado en la orfandad, debido a la pandemia.
«La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dará prioridad a las solicitudes de adjudicación de inmuebles para los Centros de Acogida Residencial a título gratuito».
PL 2470
Según la Defensoría, la falta de centros residenciales ha generado situaciones calificadas, incluso, de tortura para las y los menores de edad que se han quedado sin familia.
Según información oficial del MIMP, a mayo de 2022, teníamos 87 Centros de Atención Residencial públicos y 158 privados, muchos de los cuales operan sin licencia.
Más recursos para que los privados hagan el trabajo del Estado
No contenta con dar inmuebles y recursos a privados para la creación y funcionamiento de CARs, la congresista pastora ha presentado otro PL para crear un fondo, que dote de recursos económicos, también a privados, para proteger, dice, a menores de edad en situación de calle o con adicciones o que hayan sido víctimas de trata. El PL fue aprobado este 10 de mayo por la Comisión de la Mujer y Familia.
El artículo 2 de este proyecto dice: «La presente Ley tiene por finalidad brindar recursos a instituciones privadas que se dediquen al cuidado de menores de edad, que cuenten con recursos insuficientes para financiar el cuidado de los menores de edad».
Y claro, todas y todos podemos pensar, qué bien, que haya más recursos para la infancia vulnerable, sin embargo, por qué se tiene que dotar de recursos a privados para hacer un trabajo que corresponde al Estado, por qué no crear y dotar de más recursos a proyectos y centro residenciales estatales.
Renovación Popular y el Fujimorismo, dicen defender a la familia, pero, al parecer, no a todas las familias
Desde 2022 Fuerza Popular & Renovación Popular, han presentado varios PL para acortar los plazos de adopción de menores de edad, incluso, de adopciones internacionales, como si las niñas y niños en guarda del Estado fuesen objetos que se pueden separar de sus familias y desarraigar, sin mayor trámite.
Estos proyectos pretenden reformar varios artículos del DL 1297 y luego de leerlos podemos afirmar que ninguno de ellos beneficia que las y los menores de edad en protección vuelvan con sus familias biológicas, tal y como está pasando en España, donde 51 203 niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo protección del Estado, de ellos casi 35 000 han sido separados de sus familias biológicas y se encuentran en centros residenciales.
De estos más de 50 000 menores de edad, poco más de 16 000 están ingresados en centros residenciales, en más del 60% de todos los casos, sin mediar orden judicial. El origen de la tutela del Estado muchas veces tiene que ver con denuncias no probadas contra los progenitores o rumores.
En España también la mayoría de centros residenciales donde son ingresadas las y los menores de edad, son de privados, de los 1605 existentes, 1307 son de empresas privadas y fundaciones, pero también de órdenes religiosas, y los que son de titularidad pública, tienen la gestión entregada a privados. Todo un negocio.
«Hoy la familia está en peligro de extinción, y cada uno de nosotros somos responsables de seguir manteniendo firme el modelo correcto de hacer una familia», dijo la congresista Jáuregui celebrando El Día de la Familia hace unos meses, y he aquí el quid de la cuestión, creerse en posición de la verdad y considerar que ella sabe cuál es el «modelo correcto de hacer una familia», y nótese que habla de hacer y no de ser una familia.
Tanto le preocupa la familia a Jáuregui que en el PL motivo de esta nota, intercambia adopciones por exenciones tributarias y subvenciones, y no equipara los ‘incentivos’ económicos que pretende otorgar a las familias adoptantes, con las ínfimas ayudas que reciben las familias biológicas con hijos con discapacidad.
Tanto le preocupa la familia a Jáuregui que ha presentado varios PL para disolver los vínculos biológicos y favorecer la entrega de menores de edad a extraños que hasta se los llevan del país, desarraigándolos de su cultura, de su idioma y, en suma, de sus raíces, violentando así el derecho a su identidad y a ser criados en su cultura, tal y como consigna la Convención de los Derechos del Niño.
Como pastora, vende cursos y entradas a eventos para «salvar a la familia»; como congresista, genera PLs para acelerar la adopción y el desarraigo de menores de edad
Tras todo lo expuesto, podemos deducir que la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerables, no es el objetivo máximo de los PL presentados por Jáuregui, que en sus iniciativas pone por delante el ahorro al Estado y dar recursos a privados para crear centros donde recluir infantes, negocio – en estos momentos- harto lucrativo en España y en el resto de países de la UE, porque es en toda Europa que se está tutelando a menores de edad a mansalva.
Proteger a niñas, niños y adolescentes, en riesgo es necesario, sin embargo, esa protección no puede pasar sólo por institucionalizarles, por arrancarles de sus familias y luego ver la manera más rápida de deshacerse de ellos vía la entrega en adopción, porque estamos hablando de familias rotas, de niñas, niños y adolescentes que pierden sus orígenes, que pierden el hilo que les ata a su familia biológica y eso sólo debe ocurrir tras haberse explorado todas las posibilidades para que las y los menores de edad estén con sus progenitores o sus familiares.
Las familias que tienen problemas, no tienen porqué ser separadas de sus hijas e hijos si no hay maltrato grave y reiterado o agresión sexual de por medio, así lo establecen las normas de protección internacional de menores de edad, cualquier otra falencia en la crianza de hijas e hijos debería ser subsanada con la intervención de educadores y de trabajadores sociales que ayuden a las familias a establecer vínculos sanos, porque vivir en familia es un derecho reconocido en las normas y tratados internacionales, no es un capricho.
Por ello, no es de recibo que una congresista, pastora y perteneciente a un partido que dice defender la familia se avoque con tanta vehemencia a la aprobación de proyectos que no priorizan a las familias biológicas. Parece ser que a Milagros Jáuregui sólo le interesa «salvar a la familia» cuando se trata de actos o cursos pagados, organizados por la Asociación Salvemos a la Familia o Centro para el Desarrollo de la Familia, o cuando se trata de un sermón en su iglesia, «Casa del Padre», todas registradas como asociaciones, a nombre de su esposo, Guillermo Aguayo Horna.
Como sociedad nos toca exigir que se cumplan nuestros derechos a la vida en familia garantizada por los recursos de los que dispone el Estado para el bienestar de las y los más vulnerables de nuestra sociedad: las niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir que el racismo, el capacitismo y la aporofobia se anteponga al desarrollo de las infancias, debemos desterrar prejuicios sobre la crianza de las y los menores de edad.
Las y los niños, con sus familias, porque, si no hay delito de por medio ni ninguna otra causa contemplada en las normas de protección internacional de menores de edad, las y los niños son de sus familias.
Cuando la adopción de menores de edad se cruza con la voluntad manifiesta de acelerar procesos, incluso para las adopciones internacionales, otorgando, además, exenciones tributarias, y dando dinero a las familias que adopten a niñas, niños y adolescentes con discapacidad; así como, entregando inmuebles y dinero a privados para crear e implementar centros de atención, sin priorizar a las familias biológicas, el interés superior del menor, se desvirtúa y hablamos de puro y ruin negocio.
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