Cuatro muertos en la mina Poderosa de Trujillo. Los familiares acusan a los encargados de seguridad de haberlos asesinado [Vídeos]

El jueves 3 de septiembre caía la tarde y en la comisaría de Vijus, anexo de la provincia de Pataz, en La Libertad, el panorama era desolador. Cuatro cadáveres, de cuatro jóvenes, protagonizaban la escena. Momentos antes, la policía los había trasladado desde la mina “Poderosa”. Han pasado más de 10 días y mientras la policía baraja hipótesis como: “accidente, ofrenda humana o muerte por robo”, los familiares dicen que sus hijos y hermanos han sido asesinados por “Poderosa”.

«Al parecer, mi hermano entró con siete chicos más a la mina “Poderosa”, entre ellos dos menores de edad, para sacar mineral por encargo del contratista para el que trabajaba”. Los de seguridad atraparon a cinco, los torturaron y mataron a cuatro, uno de ellos logró escapar. Luego los tiraron por el hueco de una chimenea, de 150 metros de altura. Todo esto lo sé porque me lo ha dicho quien logró huir. Lo extraño es que aunque su caída fue contenida por una malla los cadáveres están destrozados, todos sin masa encefálica».

María Rubio Coronel, es hermana de Yoner Rubio Coronel, joven minero de 32 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue retirado por la policía del interior de la mina Poderosa. Según el sobreviviente, Yoner y otros tres fueron asesinados dentro de la mina por empleados de seguridad. «Gente de Poderosa nos ha dicho que los mataron para escarmentar a quienes sacan mineral de manera ilegal. Qué clase de escarmiento es este, ninguna piedra vale la vida de mi hermano ni la de nadie»

Quien logró escapar pudo hacerlo porque fingió estar muerto. «Dice que le pusieron un costal en la cabeza y que lo golpearon con un palo hasta que cayó y en un descuido aprovechó para esconderse y grabar un vídeo». También le dijo a María, que fueron los trabajadores de seguridad de la mina quienes los capturaron porque fueron a sacar mineral. «Luego nos torturaron y como pensaban que yo estaba muerto, sólo les dispararon a ellos, los mataron y los tiraron por la chimenea».

En el vídeo grabado por el sobreviviente podemos escuchar algunos gritos de alguien quejándose, María afirma que es la voz de Yoner, su hermano. También, a partir del segundo 00:00:09 podemos ver a un trabajador uniformado con una escopeta a la espalda.

Según María, el sobreviviente le ha dicho que con su hermano se ensañaron porque al ser el más adulto del grupo se enfrentó. «Dice que lo golpearon y le dispararon. Según la policía no hubo disparos, que los familiares por nuestro dolor decimos eso, pero que nos equivocamos, sin embargo, el cadáver de mi hermano tiene dos perforaciones en un brazo y son de bala. Mi otro hermano que ha servido en el ejercito norteamericano y ha estado en Irak dice que esas heridas son de bala».

Captura de pantalla del vídeo donde se puede ver al trabajador de la mina con la escopeta a la espalda

Testimonio policial

María afirma que la policía le ha dicho que los jóvenes que lograron escapar se escondieron hasta que ellos llegaron para el levantamiento de los cadáveres. «La policía me dijo que los encontró escondidos, asustados, tanto que cuando los vieron casi les tiraron piedras, pero la policía se identificó y ellos les dijeron que estaban escondiéndose de los vigilantes y que estaba esperando a sus amigos, la policía les enseño las fotos de los cadáveres y reconocieron a mi hermano y a los otros».

Interrogantes

¿Cómo entraron Yoner y los otros jóvenes sin ser vistos por los encargados de seguridad?

La única forma de entrar a la mina es por la puerta de vigilancia, así que según María, los vigilantes debían estar al tanto del ingreso de su hermano y de los otros jóvenes. «Mi hermano el día que vino a trabajar me envió un mensaje y me dijo ya me voy a la mina hermanita y luego me dicen que está muerto. El trabajaba para un contratista que proporcionaba trabajadores a Poderosa, pero el contratista también extraía mineral de manera ilegal y para eso contrataba trabajadores y pagaba cupo».

¿Qué es pagar cupo?

Pagar cupo significa, que el contratista, le pagan dinero a los vigilantes de la mina para que dejen pasar a sus “parqueros”, trabajadores que se encargan de extraer el mineral y sacarlo de la mina de manera ilegal. «Según los contratistas, como la mina está ubicada en su pueblo ellos también deben beneficiarse de su explotación y sus trabajadores desesperados por la situación económica y porque dependen de ellos para tener trabajo legal, terminan aceptando.

¿Son los vigilantes de Poderosa cómplices dela minería ilegal? Y si esta práctica está casi normalizada ¿por qué los vigilantes de Poderosa habría asesinado a estos 4 jóvenes?

Un trabajador de la mina admite que Poderosa está muy asustada con lo que ocurrido y aconseja a los familiares de llegar hasta el final. «Entre los vigilantes de Poderosa hay sicarios y tienen cabecillas que son los que mandan y cobran a los contratistas por entrar. A ellos les llaman buitres porque siempre quieren cobrar más a los contratistas, así me han informado los trabajadores»─dice María.

Poderosa dice que las muertes de los jóvenes son producto de un accidente mientras huían, si es así: ¿por qué se hizo cargo del traslado de los cuerpos a la morgue y del pago de los ataúdes?

¿Accidente?

«Según dijeron los ingenieros de la mina a la fiscal en la inspección realizada hace unos días, la jóvenes no trabajaban para la mina y su muerte ha sido accidental. Los representantes de Poderosa dijeron que los jóvenes entraron a robar y cuando fueron sorprendidos corrieron, cayeron en el hueco de la chimenea y murieron. Si todo fue un accidente y le estaban robando, por qué Poderosa se hace cargo de gastos que tienen que ver con el sepelio» ─se pregunta María.

«Mi hermano entró a Poderosa a trabajar, él me lo dijo justo antes de irse para la mina la última vez. Él ha entrado allí por orden del contratista para el que trabajaba y ahora ese señor no me quiere dar su certificado de trabajo, porque teme que Poderosa lo culpe a él de las muertes. Pero son los vigilantes de la mina los que los torturaron y apretaron el gatillo, y es Poderosa la que debe responder por sus vidas. Mi hermano era padre y deja dos niños de 8 y 10 añitos» ─afirma María.

Necropsia negada

De los otros cuatro cadáveres encontrados sólo a dos se les ha practicado la necropsia de ley, las familias de los otros dos presuntamente asesinados se opusieron a que sus cuerpos fuesen trasladados a la capital de provincia, Trujillo, para realizarles el examen. «Lo que ocurre es que se trata de gente muy humilde y su temor era que si se llevaban los cuerpos a Trujillo luego no se los devolverían y ellos lo que querían era llorar y enterrar a sus muertos» ─dice María.

El hermano de María fue uno de los necropsiados, pero se han negado a entregarle los resultados, le han dicho que tiene que solicitarlos a la fiscalía. Según María, esto se debe a su queja porque el resultado de ambos fue casi el mismo: “muerte por politraumatismo con perdida de masa encefálica provocado por contusión”, ella le dijo al médico que su hermano tenía perforaciones de bala y que eso no estaba en el informe, “entonces le haremos más exámenes” ─le dijo. Ahora no le quieren dar los resultados.

«El médico forense, corroborando la versión de Poderosa me dijo: “Según los exámenes, la muerte de su hermano ha sido posiblemente accidental, se ha caído de la chimenea de más o menos 150 metros de altura y el otro cuerpo igual”. Además me dijo que mi hermano no se podía identificar porque le faltaba la mitad de la cabeza y que había encontrado fisuras, posiblemente de bala” y me quejé porque eso no constaba en el informe».

María Rubio también denunció que le están negando su derecho a la información. «Hasta ahora no me dan los resultados, de la necropsia, no sé nada. Me están negando mi derecho a la información. Le he pedido el documento a la fiscal y me dice que todo se tiene que hacer por el conducto regular, por otro lado, mi abogado aún no puede participar de ninguna de las diligencias porque aún no hay carpeta fiscal y ya han pasado casi dos semanas del asesinato de mi hermano».

Certificado de necropsia de Yoner Rubio

Certificado de necropsia de Gerson Altamirano

El hermano de Gerson Altamirano también desmiente el informe de la necropsia, pues dice que el cuerpo de su hermano se encontraba descuartizado y que se lo han entregado por partes. «Queremos justicia, Poderosa viene haciendo lo que le da la gana con los pobladores. Esta no es la primera vez que comete abusos, queremos que se investigue todo hasta el final»

Corte en el pie

Además el cadáver del hermano de María presenta un corte en el pie, según ella, el corte podría haber sido hecho con una sierra eléctrica; pero el fiscal provincial Roberto Vera, dice que ese corte se lo hicieron ellos para examinarlo. «Eso no es cierto, los policías que hicieron el levantamiento de los cadáveres me enseñaron las fotos antes de llevarlo a la morgue y el pie ya tenía ese corte, parece como si hubiesen querido cortarle el pie en dos.

Inspección fiscal

Además en la inspección fiscal realizada el jueves 10, la fiscal del caso, Rosa Marisol Condor Olortiga, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, casi no deja participar a ningún representante de las familias. «Me aviso del ingreso a la mina la noche antes y mi abogado no vive en Pataz, así que no pudo estar, pero me dijo que como habíamos sido notificados yo tenía derecho a participar de la diligencia, sin embargo, tuvimos que luchar para que la fiscal me deje entrar».



Audio de la fiscal Condor donde en un primer momento habla de muerte accidental. «Ya se hizo la necropsia y no hay impactos de bala, no hay indicios de asesinato, pero todo se está investigando. Lo que si hay, al parecer, es que los cuerpos se han caído en un socavón, derrepente escapando de alguien. Yo como fiscal de este “casito”, voy a hacer todas las investigaciones que corresponden cuando me remitan toda la información[…]».

Rosa Marisol Condor Olortiga, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Pataz

TeleoLeo.com ha podido ver las fotos del cadáver de Yoner Rubio y todas las lesiones y características que menciona María pueden apreciarse en las imágenes que no reproduciremos porque son demasiado fuertes.

Levantamiento de cadáveres

«Ese día me llamó alguien de la ronda y me dijo acaban de traer a los muertos a la comisaría de la balacera que ha habido arriba, no sabemos de qué será». Según el teniente gobernador de Vijus, Juan Eduardo Trelles Araujo, el día jueves 3 de septiembre por la tarde, le avisaron que en la comisaría de Vijus había 4 cadáveres. «Yo acudí y lo primero que vi fue dolor de las madres y una de ellas me dijo que no sabían que hacer».

Las madres con las que hablo el teniente gobernador le reclamaron por que no había estado él en el levantamiento de los cadáveres pues según les dijo la policía lo habían llamado y él no había contestado. «Pero eso es falso, la policía nunca me llamó a mí. Yo los encaré y les dije que no me habían llamado ni a mí ni a nadie de la ronda y que no estaban actuando bien, porque mentían». Según el acta del levantamiento, en la diligencia estuvieron policías de Vijus y el asesor legal de la mina.

Desubicación

Llama la atención que según la ubicación de la mina, la policía que debía hacerse cargo de esto era la de Chagual, pero los trabajadores de la mina llamaron a los efectivos de Vijus para que realizaran la diligencia. «Todos dicen que los policías de Vijus están comprados por la minera» ─dice María Rubio. Comprados o no, es importante decir que la comisaría de Vijus fue creada en 2010 y su implementación “con modernos equipos” corrió por cuenta de Poderosa.

Actas de levantamiento de cadáver de Yoner Rubio y Gerson Altamirano

«Presenta herida a la altura del ojo derecho, una herida en el mentón y al parecer fractura expuesta en el tobillo izquierdo».
«Presenta una herida a la altura de la muñeca del brazo derecho. Cráneo destrozado con pérdida encefálica y con la boca abierta no presenta piezas dentales».

Cadáver envuelto en cal

María afirma, además, que cuando en la morgue le entregaron el cuerpo de su hermano, ella quiso vestirlo pero no la dejaron hacerlo allí, así que cuando lo llevaron a su casa, lo fue a vestir y lo que vio es que todo su cuerpo estaba bañado en cal y esto le extraño.

«Se tira cal a los cadáveres para desaparecer todo rastro de plomo de bala todo lo que pueda servir para investigar la causa de la muerte, por qué lo han hecho, si Poderosa dice que todo fue un accidente por qué pasan estas cosas».

3 de septiembre

Horas después del levantamiento de cuerpos, el mismo jueves 3, al borde de la medianoche, una de las madres de los asesinados se comunicó por teléfono con María y le dijo que su hermano había sufrido un accidente. «Yo pensé bueno lo trasladarán al hospital, un rato después la llamé y le pedí que me confirmará lo que me había dicho, pero me contesto: “Tu hermano está muerto, lo han matado en la mina Poderosa junto con mi hijo y otros tres chicos más”.

El viernes 4 María, que vive en Lima, se puso rumbo a Trujillo, pues su hermano había sido trasladado a la morgue, pero al llegar allí, nadie sabía nada. «El superior de la policía Wagner Ángeles, llevó a mi hermano y al otro cadáver y los dejo allí sin identificar, cuando mi hermano estaba con su mochila y dentro tenía sus documentos. Cuando yo llegué, el cajón de mi hermano estaba cerrado y me preguntaron si quería que le hicieran la necropsia, yo dije que sí, que claro».

Pero para que le hicieran la necropsia, María tuvo que hablar con el fiscal de guardia, el fiscal provincial Roberto Vera. «Al llamarlo me dijo: “yo no sé nada de muertos de Poderosa, la fiscal de Pataz no me ha dicho nada”. Le dije que mi hermano ni estaba registrado, así que llamó a la morgue, me llamó el medico forense y me dijo que haría la necropsia. Luego vino Vera a la morgue y me dijo en Poderosa había habido balacera».

Luego vía llamada telefónica, el fiscal Vera le dijo a María que todo lo que ella afirmaba respecto a la muerte de su hermano no lo habían podido encontrar en la necropsia: «Usted me dijo que les había disparado, no hemos encontrado bala, usted me dijo que los habían torturado y no hemos encontrado signos de tortura». También le dijo que el corte del pie que del cadáver de Yoner había sido realizado durante la necropsia y por eso presentaba el corte hecho con sierra.

Sin embargo, a parte de insistir en que su hermano por lo menos recibió disparos en uno de los brazos, María afirma que su cuerpo llegó a la morgue con el corte del pie. «El fiscal Vera primero me hablo de balacera, luego dice que no hay balas. También me dice que el machetazo del pie de mi hermano ha sido un corte hecho por el forense, pero en las fotos del levantamiento del cadáver que me enseño la policía, mi hermano tenía ese corte antes de llevarlo a la morgue».

Audio del fiscal Roberto Vera Fiscal Provincial

¿Ofrenda humana?

El director de la III Macro Región Policial La Libertad, Ángel Toledo Palomino, declaró a Sol Tv de Trujillo que aún no hay ninguna persona intervenida por estas muertes. Según afirma el reportero, en las necropsias no se encontró disparos de bala, sin embargo, la afirmación es atrevida pues la necropsia de Yoner, supuestamente, sólo la tiene la fiscal. Por otro lado, el informe también dice que la policía baraja hipótesis como: robo de mineral u ofrenda humana: ¿El robo es causa de muerte? y ¿la ofrenda humana, en qué parte del Código Penal se contempla?

Por su parte, en ese mismo reportaje, el oficial Toledo asegura que aún no se puede decir qué ocurrió con exactitud en Poderosa el 3 de septiembre pasado, porque aún hay mucho por investigar. «Los peritos tienen que levantar mucha información para saber si estamos frente a una muerte violenta, que sabemos que es violenta, pero para saber si fue por mano ajena o por otra circunstancia […] hay diversas hipótesis todavía no nos atrevemos a afirmar nada».

Fiscal y director de la policía Ángel Toledo desmentidos

Desmintiendo al fiscal Vera y al oficial Toledo, el juez de paz de Pataz, Daniel Baltodano, quien estuvo presente en el levantamiento de los cuerpos dice: «Constatamos casquillos de bala de escopeta calibre 2, la policía lo recogió todo y lo llevaron para investigar. Tengo evidencias, para qué ocultar lo que se ha observado. El superior Ángeles nos dijo que nos enviaría copia del acta, pero aún nada; junto con el jefe de la ronda se la hemos solicitado formalmente».

Los peritos de criminalística, en la inspección realizada este sábado 12 de septiembre, 9 días después de lo ocurrido, también encontraron casquillos de munición de escopeta y así dejaron constancia en el informe redactado en el lugar de los hechos.

Por otro lado, según afirmó el oficial Toledo al canal de televisión trujillano, ninguno de los presuntamente asesinados es minero, sin embargo, María entregó a teleoLeo.com documentos en los que consta que su hermano Yoner Rubio trabaja desde hace años como tal.

Yoner Rubio cargando la dinamita en la mina

Yoner Rubio perforando en la mina

Otro de los jóvenes, José Moíses Crisólogo de 20 años, era estudiante de explotación minera en el Instituto Superior Tecnológico Erasmo Arellano Guillen y acababa de entrar a realizar prácticas a Poderosa, según informó su madre.

Constancia de estudios en minería de José Moises Crisologo

Poderosa justicia

María y los familiares del resto de víctimas sólo quieren justicia, quieren que se esclarezca todo y están muy asustados por el poder de Poderosa en la zona. «A mí ya me han dicho que corro peligro, pero se han topado con una pared porque seguiré hasta el final. Hasta me han ofrecido dinero, pero la vida de mi hermano no se compra, yo sólo quiero que quienes han matado a nuestros familiares paguen y que la mina no siga abusando de la gente humilde».

«La mina ya viene aquí, a nuestras tierras y se lleva el mineral, no puede llevarse también a nuestros hijos»

Madre de una de las víctimas

TeleoLeo.com seguirá este caso, pues tenemos más material al respecto. Hemos intentado obtener respuestas de Poderosa, sin embargo, hasta el cierre de esta nota Poderosa no nos ha contestado.

Dos años después, feminicida que quemó a su pareja, en un cilindro, podría ser condenado a cadena perpetua

La realidad constantemente supera la ficción cuando se trata de un feminicidio, pero el asesinato confesado por José Luis Ramírez Ramírez es uno de los más truculentos ocurrido en Perú. La fiscalía pide cadena perpetua para él, este lunes 31 de agosto los jueces deciden si acatan el pedido

Tenía 30 años, era de Loreto, la quinta de 8 hermanos que emigraron a Lima para trabajar y continuar estudios. Desde 2009 trabajaba en un fábrica de plásticos . Ella tenía sueños, quería tener su propio negocio: «No quiero trabajar siempre para otro» ─le decía a su familia. Durante toda su vida laboral ahorró y cuando estaba a punto de hacer realidad sus sueños, su pareja la mató de un golpe en la cabeza, la enterró y desenterró varias veces e intentó deshacerse de su cuerpo cercenándola y quemándola en un cilindro.

Ellos

Milena Tapullima Magipo se llamaba, José Luis Ramírez Ramírez era su pareja y se convirtió en su asesino. En 2011 se conocieron en el trabajo y comenzaron una relación. El hermano de ella, Edson Tapullima, con quien teleoLeo.com habló para esta nota, escuchó rumores de que Ramírez tenía mujer e hijos y se lo dijo, ella contestó que él ya había arreglado su situación. Edson y su familia acabaron confiando en José Luis porque vieron que trataba bien a Milena.

Control

Sin embargo, no todo iba bien en la relación, según la familia de Milena, en cuanto se fueron a vivir juntos José Luis la comenzó a alejar de los suyos; cuando iban a visitarla los recibía en la puerta y le prohibió usar faldas y maquillarse. Además, unos años después de estar juntos a él lo despidieron de la fábrica por robar y ella no sólo lo mantuvo, además, con sus ahorros, compró un terreno y una furgoneta ─para que él hiciera taxi─ que puso a nombre de él.

El sueño del negocio propio

«Desde que lo votaron él le insistía a mi hermana para que renuncie, porque como ella llevaba en la empresa más de 10 años cobraría una buena liquidación ─50 mil soles─ y con eso, le decía, podría hacer realidad su sueño del negocio propio» ─manifestó Edson Tapullima a teleoLeo.com. Y fue ese sueño el que Ramírez utilizó para tapar su crimen. El 16 de diciembre de 2018, fue el último día que algún familiar de Milena escuchó su voz.

«Milena llamó a una de mis hermanas menores y le dijo que estaba viajando a Tingo María con familiares de Ramírez, “por fin voy a abrir mi negocio” ─le dijo─; mi hermana le deseo éxitos y esa fue la última vez que alguno de nosotros habló con ella». Confiados en que Milena había marchado a cumplir su sueño, su familia se quedó tranquila en Lima, además, casi cada día, ella les enviaba mensajes de whatsapp diciéndoles que todo iba bien.

«Dos semanas después Milena me escribió, me dijo que estaba embarazada y que era el primero de la familia en saberlo» ─dice Edson─ la infidencia no le extrañó, ambos eran muy unidos. Los mensajes iban y venían, pero Milena no contestaba cuando la llamaban por teléfono, les decía por texto que las llamadas no entraban por la pésima cobertura. Un día José Luis le dijo a una hermana de Milena que le llevaría a Lima un poder para cobrase su liquidación del trabajo.

La hermana aceptó, recibió el documento, pero el trámite no pudo hacerse porque la empresa donde había trabajado Milena exigía su presencia para proceder al pago. Durante el proceso se descubriría que el poder era un documento comprado en ‘Azángaro’, calle de Lima donde se falsifica desde una partida de nacimiento hasta un máster o doctorado de la universidad y de la especialidad que el ‘cliente’ requiera.

Sospechas

Dos meses después del supuesto viaje de Milena a Tingo María, su madre, una de sus hermanas y su tía fueron a verla, no escuchar su voz desde su partida las había puesto en alerta. José Luis Ramírez les dijo donde estaba el local que habían puesto, «a 5 minutos de la cueva de La Lechuza», pero allá no encontraron nada, es territorio protegido y no se puede construir. Fotografías en mano preguntaron en la zona por ellos, pero nadie los conocía.

Raudas, madre e hija volvieron a Lima y fueron en busca de pistas al terreno comprado por Milena en el distrito de San Juan de Lurigancho. Al llegar vieron la furgoneta de José Luis, lo encontraron, y le preguntaron qué hacía allí, «por el embarazo Milena está irritable, por eso he venido a Lima» ─contestó. Le dijeron que habían ido a Tingo María pero no habían dado con ella, ni con el negocio. Él les hizo un croquis sobre la tierra explicando lo inexplicable.

La hermana de Milena, viendo que mentía, corrió hasta la precaria construcción que tenía su hermana en el terreno, empujó la puerta y encontró un cilindro donde Ramírez estaba quemando algo, tiró agua, metió la mano y sacó la cabeza de Milena. En el acto José Luis Ramírez escapó, pero según afirma Edson, gracias al apoyo de amigos, vecinos y medios de comunicación, 24 horas después el asesino de la joven era capturado y confesaba su crimen.

José Luis Ramírez dijo que había matado a Milena en diciembre, que no habían viajado nunca, que luego de asesinarla la había enterrado allí, pero que ella en sueños le dijo que la quemará y conservará en una urna. Luego de capturarlo, en febrero de 2019, le dieron 9 meses de prisión preventiva, sin embargo, las investigaciones fueron tan lentas que esta medida tuvo que ser prorrogada otros 9 meses, plazo que se cumple este 1 de septiembre.

A punto de sentencia

Casi dos años han pasado desde el feminicidio de Milena Tapullima y recién este 31 de agosto, ‘in extremis’, la justicia decidirá si acepta el pedido de cadena perpetua que solicita la fiscalía para José Luis Ramírez por: feminicidio agravado y falsedad genérica: Ramírez no sólo acabó con la vida de su pareja, además, hizo creer a la familia de ella que se encontraba en Tingo María poniendo en marcha el negocio de sus sueños y llevando feliz su embarazo.

Cadena Perpetua

Según lo expresado por la fiscalía en su dictamen, José Luis Ramírez Ramírez debe ser condenado a cadena perpetua por feminicidio agravado con dos agravantes, que en este caso serían: haberla quemado y estar embarazada. También lo consideran responsable del delito de falsedad genérica por haber usurpado el nombre de la joven para hacerle creer a su familia, durante dos meses, que se encontraba viva fuera de Lima.

Jueces de la Corte Superior de Lima Este que el lunes 31 de agosto tienen la misión de hacer justicia y permitir que la familia de Milena Tapullima pueda comenzar a hacer el duelo por su pérdida

«Por la lentitud de la justicia peruana todo se ha dilatado. En diciembre se cumplen dos años del asesinato de mi hermana, durante todo este tiempo he tenido que presionar, incluso, para que el abogado que nos han asignado solicitase la ampliación de la prisión preventiva, de lo contrario el asesino de mi hermana habría quedado en libertad y habría fugado. He llegado hasta el juez, porque si yo no le explico lo que sentimos como familia el abogado no lo iba a hacer.

Mi madre no está bien, Milena, por su empuje y sus ganas de emprender, era su orgullo y ese hombre se la arrebató, nos la arrebató a todos. Por ahora estamos fuertes, luchando por justicia, pero queremos que esto se acabe ya, todo el proceso ha sido agotador, emocional y físicamente. Sólo esperamos que condenen a cadena perpetua a ese hombre. Tiene que pagar todo el daño que le ha hecho a mi hermana y a toda mi familia».

Edson Tapullima

Este lunes 31 de agosto y demandando justicia para Milena Tapullima, se realizará un tuitazo. Su familia pide que, por favor, apoyemos esta acción

El alcalde de Lima le saca la vuelta al Poder Judicial generando más gasto para la comuna

Dos años y dos alcaldes después, la Municipalidad de Lima Metropolitana acata la sentencia y casación por desnaturalización del contrato de limpieza pública. Pero, acatando, ‘desnaturaliza’ la sentencia

Un clavo más a la cruz. La municipalidad de Lima, anunció este viernes en su página que acata la sentencia y desde este 1 de agosto, los trabajadores del sindicato SITOBUR ya son empleados de pleno derecho de la municipalidad, sin embargo, el anuncio tiene trampa, porque se estaría acatando la sentencia de manera un tanto ‘particular’.

«A partir de mañana, (1 de agosto) 436 trabajadores del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental S.A. (Sitobur), de un total de 570, se incorporarán a la planilla edil de la Municipalidad de Lima, luego de pasar los respectivos exámenes médicos y entregar la documentación correspondiente».

La municipalidad de Lima capitaneada por Jorge Muñoz, dice que esto lo hace en cumplimiento del mandato judicial, pero, no lo cumple del todo. «Con esta acción, la actual gestión municipal, que inició funciones en enero de 2019, cumple con el mandato judicial emitido en el 2018, en la línea del respeto y reconocimiento a las decisiones adoptadas por el Poder Judicial».

Y no lo cumple, porque los trabajadores de SITOBUR no realizarán las labores que realizan hasta el momento. «Es importante indicar que, al estar vigente el servicio brindado por Innova Ambiental S.A. y a fin de no duplicar funciones, al personal incorporado se le asignarán funciones complementarias y similares a las que viene realizando».

O sea, la municipalidad de Lima pone en planilla a los trabajadores de limpieza pública agrupados en SITOBUR, que desde 2002 realizaban este trabajo a través de la empresa Innova Ambiental S.A, pero los destinará a otras labores en otras áreas de la municipalidad, porque debe cumplir el contrato firmado con la empresa.

Algunos dirán, bien, “más empleos para maś peruanos”, pero no es oro todo lo que brilla. En julio de 2019, el regidor Jorge Valdez denunció en Radio Capital, que nada más asumir funciones, «la gestión del alcalde Jorge Muñoz despidió a 600 trabajadores, para después contratar a un total de 971 personas».

Según declaró el regidor a ese medio, el despido de los 600 trabajadores fue so pretexto de «racionalización y reducción de gastos», lo cual se contradice con la contratación posterior. Valdez afirmó que esto habría generado «un gasto aproximado de 167 millones de soles». Similar situación se genera ahora. ¿Racionalización, derroche o quid pro quo?

Con esta carambola la única que, por ahora, podemos afirmar que se beneficia es la empresa que gane la nueva licitación de la limpieza de la ciudad: llegará con sus trabajadores y cobrará por un servicio que la Corte Suprema ya ha dicho que no puede ser tercerizado porque las municipalidades están obligadas a otorgarlo permanentemente.

Lo que alguien debería aclararnos a todos es, si el Poder Judicial peruano, basado en la Ley Orgánica de Municipalidades que señala que la limpieza de la ciudad es un servicio de naturaleza principal y permanente, sentencia que este servicio no puede ser tercerizado: ¿por qué la comuna limeña realiza una nueva licitación del mismo y por qué, luego de dos años de publicada la sentencia, las municipalidades del Perú continúan tercerizando la limpieza?

No fui yo, fue él

«El cumplimiento de dicho mandato judicial se vio retrasado debido a que la anterior gestión no tomó las previsiones para contar con el presupuesto para asumir dicha obligación el 2019, ni tampoco las herramientas, locales, transporte, necesarios para el desarrollo de las funciones de los nuevos trabajadores de la comuna limeña».

Según el comunicado municipal, el retraso en el cumplimiento de la sentencia es por culpa de la anterior gestión, la de Luis Castañeda Lossio, sin embargo, no dice que el retraso también estuvo ligado a los recursos en contra de la sentencia interpuestos por la gestión del anterior alcalde, sí; pero también por la del mismísimo Jorge Muñoz. Pruebas al canto.

El siguiente documento es una “solicitud de suspensión del proceso”, presentado ante el Poder Judicial, por la cual se solicita impedir el cumplimiento de la sentencia ganada por los trabajadores de SITOBUR y refrendada por la casación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Y aunque en el documento no aparece la municipalidad de Lima, teleoLeo.com encontró una extraña coincidencia. La solicitud fue ingresada por María Cristina Tarazona Obregón y, según la relación del personal activo de la municipalidad de Lima, a diciembre de 2019, por lo menos, había dos Tarazona Obregón en planilla.

Baile de cifras y despidos a la vista

«El pasado 1 de julio se inició el proceso de incorporación de 570 trabajadoras y trabajadores del Sitobur a la planilla municipal, en cumplimiento de una disposición judicial», afirma el comunicado municipal, sin embargo, según Isabel Cortez, presidenta del Comité de Lucha de SITOBUR, a la fecha en el sindicato sólo quedan 296 trabajadoras.

Fuera del paraguas de la sentencia estarían 504 trabajadoras que no pertenecen a SITOBUR, pues la sentencia siendo histórica en Perú ─porque beneficia a trabajadores en detrimento de una empresa privada y de una institución pública─ no obliga a la municipalidad a que tenga en planilla a todos los trabajadoras de limpieza de Lima Metropolitana.

«Si despiden a una, nos despiden a todas»

Esta frase, de la cuenta de Twitter de Cortez, refleja el porqué estas últimas semanas las trabajadoras de limpieza pública de la ciudad han estado protestando unidas exigiendo al alcalde que incluya una cláusula por la cual, la empresa ganadora de la licitación del servicio esté obligada a contratar a esas 504 trabajadoras.

Sin embargo, la gestión de Muñoz podría haberse dotado del mejor pretexto para hacer caso omiso a la exigencia: contrata a los que la justicia le obliga, los distribuye en diferentes áreas porque «aún está vigente el contrato con INNOVA AMBIENTAL» . La nueva empresa llega con su gente, mientras la antigua se lleva los suyos y aquí no pasó nada. Como siempre, trabajadores tratados como objetos descartables.

“Mi Way”

Sería muy interesante que el alcalde de Lima, nos explique, cómo trabajando para la ciudad, genera mayor gasto para la comuna cumpliendo la sentencia tarde y ‘a su manera’. Le dejo la pregunta por aquí, porque hace más de un mes envié un mail a la oficina de prensa de la municipalidad y aún no tengo respuesta.

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900 TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA PODRÍAN QUEDAR EN LA CALLE [AUDIO]

Hospital de EsSalud Moquegua hace que pacientes con COVID vayan a recoger sus medicinas

Utilizar mascarilla, lavarse constantemente las manos y no salir de casa, en caso de estar contagiada o contagiado, son las recomendaciones para prevenir la propagación del mortal virus. En Perú, a pesar que el presidente repite esto constantemente, por lo menos, un hospital de la red de la seguridad social no estaría cumpliendo estas directrices

«Este lunes fuimos al hospital de EsSalud de Moquegua a recoger mis medicinas porque estoy con COVID-19. Fui con mi esposa para que le hagan la prueba porque cuando vinieron de EsSalud a hacerme la segunda prueba a casa, a pesar, de que ella tenía síntomas y de que es diabética, hipertensa y sufre de la hipertiroidismo, no quisieron hacérsela, nos dijeron que habían venido por mí y que a ella le harían la prueba otro día».

Hace 15 días, él, José Luis Pino, comenzó a sentir dolor en todo el cuerpo, fiebre y dificultad para respirar, le hicieron la prueba para el COVID-19: salió negativo, días después perdió el olfato y del gusto. El miércoles 15 de julio, le hicieron la segunda prueba en casa, positivo fue el resultado, pero a su esposa, Maria Elena Corrales, la mujer que come, duerme y vive con él no le quisieron hacer la prueba porque la orden era hacérsela a él y no a ella.

José Luis y Maria Elena viven en la región Moquegua, en Perú, el paraíso del aguacate, pero, al parecer, no de la atención médica; en general, ningún lugar del Perú lo fue, ni lo es ahora, pues si no puedes pagar por atención médica adecuada, lo más probable es que no la tengas. El COVID-19 ha hecho que años de corrupción revienten en la cara al actual gobierno evidenciando, aún más, las carencias asistenciales, incluso, de quienes, con descuentos salariales, han pagado el seguro médico estatal.

El personal de EsSalud que fue a casa de esta pareja les dijo que entre viernes o sábado del fin de semana pasado, les llevarían los medicamentos para tratar a José Luis, sin embargo, no lo hicieron. Él se comunicó con el hospital para saber qué pasaba y, según explicó a teleoLeo.com, aún sabiendo que es un paciente positivo, le dijeron que debía ir al hospital a recogerlos, porque nadie se lo podía llevar.

«El lunes fui al hospital con mi esposa, ella no podía ir sola porque también está mal, además, sus enfermedades previas la hacen paciente de riesgo y teniendo síntomas, no puede estar sin tratamiento, así que fui con ella para que le hicieran la prueba. Tanto hemos pagado toda la vida a EsSalud, para que ahora nos traten con esta dejadez. Dicen que los contagiados deben quedarse en casa y a mí me hacen ir al hospital».

Este lunes 20 de julio, José Luis y su esposa fueron al hospital hicieron cola para que los atiendan desde las 10 de la mañana hasta las 7.30 de la noche. «Había 2 consultorios y en cada uno había como 100 personas, nos han tenido allí todo el día, sin distancia social, esperando a que nos den medicinas y nos vean. Ahora hay demasiados pacientes, además, mientras esperábamos los llamaban para atender a personas ingresadas. Mientras estuvimos allí murieron 4 pacientes».

José Luis logró que a su esposa le hicieron la prueba y que le diesen los medicamentos para tratarse. «Yo le dije a la doctora que sí que le debían hacer la prueba, pero le pedí que de una vez la medicasen porque ella ya ha perdido el olfato y el sentido del gusto, menos mal, que fue amable y nos dio todo. Sin embargo, nos dijeron que nos llamarían para monitorearnos y no lo han hecho, recién el jueves vinieron a vernos a casa, no entendemos con no hacen lo que dicen».

Según José Luis, él y su esposa ya están mejor, sin embargo, a María Elena aún no se le va el dolor del pecho y las dificultades para respirar. «Aquí en Moquegua hay demasiada gente contagiada, pero EsSalud debería cumplir con el protocolo de atención que tanto publicitan, sólo queremos que nos llamen, que vean cómo estamos tal y como se comprometieron, pero no, repito, tantos años pagando seguro y ahora ante esta emergencia nos sentimos desprotegidos».

Además de estar enfermos, María Elena y José Luis atraviesan otro problema, que es el de muchas y muchos peruanos, la pérdida del empleo debido al estado de emergencia decretado en el país y que significó el paro de actividades durante casi 4 meses. Sin ingresos, han tenido que acabar de echar mano del dinero de la AFP de José Luis, retirado el año pasado: «14 mil soles que ya se acabaron, mi esposa recibió el bono de 700 soles por ser trabajadora independiente, pero ya no tenemos nada».

Hasta este 24 de julio Perú contaba con 371.096 casos y 17.654 muertos, muchos están muriendo en las calles y sin atención y estas muertes no son sólo responsabilidad del COVID-19. La codicia de quienes hacen su ‘agosto’ maś perverso con el incremento estratosférico del precio de medicamentos y del oxígeno también han colaborado. Pero, sobre todo, los muertos del Perú también se deben a años de corrupción y a la falta de planificación de un país “peruanofriendly” por parte de los diferentes gobiernos.

Esperemos que este maldito virus cambie las cosas, que la solidaridad y la honestidad sean ley. Esperemos que gente como Maria Elena y José Luis, contagiados y focos de infección, no tengan que volver a salir a la calle para recibir la atención y los medicamentos que merecen. Esperemos que los propios protocolos dictados por el gobierno se cumplan, porque quedan lindos en vídeo y sobre el papel, pero si no se cumplen no existen. Son papel mojado y gasto innecesario.

A la xenofobia peruana contra los venezolanos, una venezolana responde con solidaridad [vídeo]

El confinamiento por la pandemia ha agudizado la pobreza extrema en Perú. Entre los colectivos más afectados: los más de 800 mil venezolanos que llegaron allí en busca de refugio. Una de ellos es Dayana, quien siendo víctima de la discriminación institucional, social y hasta los medios de comunicación y, a pesar de sus carencias, no ha dudado en ayudar a familias peruanas que sufren igual miseria

«Se te viene una avalancha en el país, se abren ya los aeropuertos, los cielos, se abren peruanos y luego se abren los cielos internacionales […] ¿qué vas a hacer con la delincuencia de todos los venezolanos?, no todos, no te olvides que soy un defensor de los venezolanos, he estado en la cárcel de Venezuela porque Maduro me metió preso por defender a los venezolanos. ¿Qué se va a hacer con los venezolanos que ya salieron de frente a matar? ¿Qué vas a hacer tú con esto?»

Hace un par de semanas Andrés Hurtado, entrevistaba a la jefa de la Oficina de Migraciones de Perú y en la cita Hurtado se hacía eco de la xenofobia contra los venezolanos que han recalado en Perú huyendo de la crisis económica y de gestión de su país: «¿Qué vas hacer con la delincuencia de todos los venezolanos?» ─decía y en el acto rectificaba, afirmando que él fue detenido en la Venezuela de Maduro por defenderlos.

Y sí, a mediados de diciembre de 2017 el presentador de televisión fue detenido en el aeropuerto venezolano de Maiquetía cuando intentaba salir con 252 niños rumbo a Perú, eran los hijos que muchos venezolanos dejaron al cuidado de familiares mientras ellos se abrían paso en un nuevo país. Lo que me preguntó es qué pasó desde ese episodio para 3 años después decir: «¿Qué se va a hacer con los venezolanos que ya salieron de frente a matar?»

Generalizar siempre es mala práctica

Dayana es una venezolana que contradice las afirmaciones de Hurtado. Durante la pandemia ella ha ayudado a 34 mujeres y sus familias, 16 de las cuales, peruanas; todas vecinas de Villa María del Triunfo, lugar donde muchas y muchos viven al día, lugar donde hay gente que se debate entre morir de hambre o morir de COVID. Y esto ocurre al lado de La Molina, distrito con una de las rentas per cápita más altas de la ciudad, distrito donde con un gran muro apartan la pobreza de su campo visual.

Cuando Dayana llegó a Perú trabajó en lo que pudo y también como empleada doméstica, la pandemia la encontró en una casa cuidando niños y limpiando, pero fue despedida. Sin ingresos y sin papeles ─los estaba tramitando, pero eso ha quedado detenido por la pandemia y por la falta de dinero─ ella salió a las calles a pedir ayuda. Y en cada salida fue conociendo otras mujeres venezolanas que estaban en su misma situación y fue compartiendo con ellas lo poco o mucho que conseguía.

Comenzaron a pedir juntas, cocinaron y cocinan juntas para poder alimentarse y alimentar a sus hijos, todos menores de edad, consiguieron techo para una de ellas, pues dormía en la calle con sus dos niños y su pareja. En las calles Dayana también vio a sus vecinas peruanas pasando las mismas necesidades y también comenzó a compartir con ellas. «Mi madre es peruana, yo soy mitad peruana, aunque amo la tierra en la que nací, tenía que ayudarlas también porque también son mi gente».

TeleoLeo.com publicó los testimonios de Dayana y sus compañeras, a finales de junio y, según afirman, recibieron donaciones que les permitió no sólo tener lo que necesitaban para ellas sino, además, llevar corralitos, coches de bebe, alimentos y medicinas a las mujeres peruanas que ayudan.

«Me gustaría ayudar con más, pero también me cansó, ya no quiero seguir saliendo cada día a la calle a tocar puertas para poder comer, estoy contenta porque he podido ayudar a otras, pero también estoy cansada y me gustaría volver a trabajar, me gustaría que todas volviésemos a trabajar. Además, porque necesito pagar el alquiler del cuarto donde vivo con mi madre, enferma del corazón. Tengo miedo de que nos quedemos en la calle y que ella empeore» ─dice Dayana.

Cerrando el círculo migratorio

Dayana llegó a Perú en 2018, hija de peruana, ha hecho la migración inversa a la que hizo su madre hace 40 años y a la que hicieron muchos peruanos cuando Venezuela era el paraíso del petróleo y de las miss universo. «Llegamos por tierra, mi madre, mis hermanos, mi cuñada, mi sobrina y yo, en mi país había perdido mi trabajo y ya no conseguía los medicamentos de mi madre, tampoco conseguía medicamentos para mi, así que teniendo raíces en Perú, el destino no podía ser otro».

Dayana sufre de diabetes y, como todos sabemos, la insulina se ha convertido en artículo de lujo en la actual Venezuela, también sufre de tiroides. Su madre sufre del corazón y sus medicinas también comenzaron a escasear, ella lleva 3 infartos a cuestas, además, de una operación al estómago.

Dayana tiene 36 años, de profesión enfermera, perdió su puesto en el hospital donde trabajaba por culpa del ‘Firmazo’, recolección de firmas, realizada en 2016, para hacer un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. «Dejaron en la calle a los que firmamos, luego hice un curso para atender niños con capacidades especiales, he trabajado con niños autistas; también sé de peluquería y decoración para eventos infantiles. Fui trabajando en lo que pude, hasta que pude y ahora sólo pido poder volver a trabajar».

Buscando refugio encontraron xenofobia

Según un comunicado de Acnur y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de finales de 2019, alrededor de 4,6 millones de venezolanos habían abandonado su país de ellos, casi el 80% se encuentra en América Latina y el Caribe, sin perspectivas de retorno a corto o mediano plazo. A finales de 2020 esta cifra podría alcanzar los 6,5 millones de personas. De ellos, 1,5 millones se encuentran en Colombia, 860.000 en Perú, 371.000 en Chile y 330.000 en Ecuador. 

La presencia de esta gran cantidad de venezolanos en Perú ha sido motivo de conflicto y de xenofobia. La falta de políticas y de servicios públicos para la población nativa ha exacerbado hasta el infinito la situación, pues muchos peruanos pobres creen que los venezolanos son causa de su desempleo y del aumento de la delincuencia, lo cual, además, no es cierto. En Perú, antes de la migración masiva de venezolanos, se secuestraba y mataba por encargo, y se robaba y se roba en las calles a mansalva.

Los venezolanos son sólo el 3.1%

Según un informe del Instituto Nacional Penitenciario del 2018, los venezolanos, no son los extranjeros con mayor población en prisión, pues ellos sólo representaban el 3,1%, mientras que los colombianos eran el 29,4% y los mexicanos el 15,3%; y contra ellos la xenofobia no es manifiesta, ni en las calles, ni en los medios de comunicación. Por otro lado, los peruanos parecen no recordar cuando migraban en masa huyendo del terrorismo y de la situación económica.

Así que antes de decir: «¿Qué vas hacer con la delincuencia de todos los venezolanos?» […] «¿Qué se va a hacer con los venezolanos que ya salieron de frente a matar?», antes siquiera de atribuirle a un grupo la inseguridad del país, pensemos que durante décadas hemos sido los peruanos lo que hemos emigrado en busca de una vida mejor, pensemos en la famosa “Banda de los Peruanos” en Europa y en como afectaba a los migrantes decentes de nuestro país, el ser señalados como delincuentes.

Por otro lado, la xenofobia contra los venezolanos se ceba en contra de sus mujeres. Muchas son madres solteras o abandonadas por sus parejas y, en un país extraño y hostil, sin redes familiares, ni sociales, ellas son candidatas a ser victimizadas doblemente por una sociedad machista para la cual sus propias mujeres son meros objetos de deseo y satisfacción. Si a eso le añadimos la idealización de la mujer venezolana, debido a los concursos de belleza ganados otrora, tenemos el cocktail perfecto.

Pedido

La situación de Dayana es insostenible en estos momentos, ella necesita trabajo y dinero para poder pagar el cuarto donde vive con su madre enferma. Necesita lo que podamos brindarle. Dejo por aquí la cuenta bancaria de su madre para los que puedan solidarizarse con esta mujer venezolana, que también ha ayudado a mujeres de nuestro país en momentos en los que el gobierno se ha mostrado incapaz de repartir la ayuda que necesitan todos los ciudadanos y todas las personas que se encuentran en el país.

  • Titular de la cuenta: Juana Velázquez (madre de Dayana)
  • Número de cuenta BCP: 194 92515560058

También leer: DISCRIMINACIÓN, HAMBRE Y FRÍO: TESTIMONIOS DE MUJERES VENEZOLANAS EN EL PERÚ DE LA PANDEMIA

Feminicida podría ser condenado a cadena perpetua por golpear, ahorcar, mutilar y esconder el cadáver de su expareja en una maleta [VÍDEO]

Este lunes 6 de julio se celebra la segunda audiencia del juicio oral por el feminicidio cometido por José Luis Falcón Gutiérrez en contra de su expareja. La crueldad y alevosía del asesinato son los agravantes que forman parte de este cruento caso

«Ella estaba echada en su cama, el la golpeó con algo contundente en la cara, le destrozó la nariz, mi hija debió desmayarse, luego también le destrozó el cráneo, ella se desangraba, pero como no moría, la metió debajo de la ducha y allí la asfixió, la mutiló y luego la metió en una maleta, y la maleta en una bolsa de rafia grande con cierre; la metió debajo de su cama y allí la dejó. Yo encontré a mi hija descomponiéndose, pudriéndose, nadie merece morir así».

Stefany Flores Mendoza tenía 20 años, se dedicaba a la confección de ropa femenina, Amapola Moda y Estilo era la marca que creó con tan sólo 17 años de edad; su pareja, José Luis Falcón Gutiérrez, de 30 años, era quien figuraba como dueño de todo, ella al ser menor cuando concibió la idea no podía hacerlo. Stefany era una emprendedora, una luchadora que, a pesar de tener un diagnóstico por depresión, labraba su camino; luchaba cada día con el apoyo de su madre y de su familia.

Antecedentes

Estefanny Flores comenzó su relación con José Luis Falcón a los 16 años de edad, él sabiendo lo vulnerable que era, según explica Carmen Mendoza, madre de la joven, la maltrataba. «Ese hombre daño a mi hija, él sabía que ella tenía depresión, que estaba en tratamiento permanente, pues él mismo la llevaba a sus citas médicas, él sabía todo y la insultaba, la maltrataba, la humillaba, ella aguantó en parte porque tenían un negocio juntos, pero un día no pudo más y terminó con él».

Los primeros días de febrero de 2019 Estefanny acabó con José Luis, sin embargo, por el trabajo seguían viéndose. «Antes de separarse las peleas eran constantes. Por el trabajo seguían en contacto y él la seguía humillando e insultando, yo le advertí que no la molestará, pero él seguía; hasta que el 23 de marzo, intentó matarla ahorcándola, denunciamos, pero la justicia es tan lenta que las medidas de protección llegaron después de su muerte».

Yo acuso

¿Hasta cuando la falta de enfoque de género de policías y operadores de justicia seguirá siendo colaborador necesario para los cientos de feminicidios que se comenten en Perú? Según el artículo 16 de la ley 30364 “Ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el grupo familiar”, las medidas de protección para garantizar el bienestar de la víctimas deben ser emitidas en un máximo de 72 horas desde el momento de la denuncia. Estefanny Flores fue asesinada por José Luis Falcón 20 días después de denunciarlo por intento de feminicidio.

«Ella se sentía a salvo en casa»

El viernes 12 de abril Estefanny salió con sus amigos, su madre le pidió que tuviese cuidado. «A las 5 de la mañana, me fui a trabajar, mi hija llegó a las 9.30, su padre la vio cuando se iba a la iglesia evangélica, cada sábado él se va allá todo el día; en casa sólo quedaba mi hijo que tiene algo de retraso y ese hombre lo sabía, porque él había vivido con nosotros y sabía lo que hacíamos cada día y por eso se aprovechó y entró a matar a mi hija. Ella se sentía segura en casa y allí la mató».

Estefanny habría sido asesinada alrededor de las 11.30 de la mañana del sábado 13 de abril de 2019. «Según mi hijo, ella llegó a casa, desayunó con él y le dijo que se iba a dormir, pero luego escuchó la puerta y pensó que volvía a salir, pero a mí me parecía raro, en su habitación estaba su neceser y ella nunca salía sin sus cosméticos. Levanté un poco la colcha de su cama y no tenía sábanas, si la hubiese quitado toda habría visto el colchón lleno de sangre. Pero no lo hice».

Carmen Mendoza estaba intranquila, su familia le decía que seguro estaba con alguna amiga, pero ella no podía dormir, el domingo a primera hora salió de casa con su esposo a dar vueltas por el barrio a ver si lograba enterarse de algo, al volver, la policía estaba en la puerta de su casa y los vecinos se agolpaban alrededor. «Dicen que han venido por tu hija» ─le dijo una de las vecinas a Carmen y ella pensó que Estefanny habría sufrido un accidente, el asesinato no era opción. La esperanza la acompañaba.

Noticias policiales

«Señora entremos a su casa que debemos hablar» ─le dijo uno de los efectivos. «Su hija ha sido asesinada por José Luis Falcón Gutiérrez, esta mañana ha ido a la comisaría preguntando no habían denunciado su desaparición, le hemos preguntado por qué decía eso y ha confesado que la mató y que el cuerpo está en su casa». Carmen no creía, buscaron el cuerpo por todos lados hasta que lo encontraron bajo de su cama, dentro de una bolsa de rafia, dentro de una maleta.

TeleoLeo.com obtuvo el testimonio de Carmen Mendoza, la madre de Estefanny Flores, a propósito de la audiencia que este lunes 6 de julio de 2020 se celebrará para exponer las pruebas del cruento crimen cometido contra su hija. Según la fiscalía, José Luis Falcón Gutiérrez debe ser condenado por feminicidio agravado debido a la crueldad y alevosía con las que asesinó a su expareja y por eso, el fiscal del caso, Joel Valverde, pide para Falcón Gutiérrez la pena de: cadena perpetua.

El fiscal acusa

TeleoLeo.com también habló con el fiscal superior penal de la corte de Lima Norte, Joel Valverde, respecto a lo que espera de la segunda sesión del juicio oral iniciado el 25 de junio pasado. «El Ministerio Público solo espera una sentencia condenatoria, objetiva e imparcial» ─dijo. Lo cual significaría que los jueces a cargo: Ángela Vivanco García, Edgardo Asenjo Tamayo y Juana Duran Flores, luego de analizar las pruebas y declaraciones, condenen a José Luis Falcón Gutiérrez a: cadena perpetua.

Contusiones, fracturas y asfixia

Demasiadas heridas para el cuerpo de una mujer. Ella medía 1.50 y pesaba 50 kilos; él, su asesino confesó, 1,62 y de contextura mediana, la suficiente para golpearla, mutilarla, ahorcarla, doblarla en posición fetal y atarla de pies y manos para meterla en un maleta. Y, aunque, el acusado haya declarado que estaba muerto de celos porque ella salía con otro y que él también recibía terapia psicológica por culpa de su relación: nada, nada justifica que haya cegado su vida y menos con la crueldad que lo hizo.

Y, aunque el acusado diga que la denuncia por intento de feminicidio es falsa, que la agresión fue mutua. Que el día que la mató ella lo llamó, le pidió dinero, lo insultó por no darle, lo amenazó con decir a su padre que había entrado a la fuerza a su casa y le comenzó a tirar cosas; y que la violencia y la crueldad con la que actuó fue una reacción a todo esto, (según las investigaciones estas afirmaciones son falsas): nada, nada justifica que haya cegado su vida y menos con la crueldad que lo hizo.

Diagnóstico de feminicidio con agravantes

La defensa de José Luis Falcón alega que este no debe ser condenado a cadena perpetua porque ha confesado el crimen, sin embargo, confesar no significa reparar. Por otro lado, si los jueces no se decantan por el castigo máximo contemplado en la justicia peruana, la fiscalía sería la llamada a apelar para cambiar el fallo. La reparación civil por este feminicidio se ha establecido en 15.000 mil soles para la madre de Estefanny esto es inaudito.

«¿La vida de mi hija cuesta 15.000 soles? El dolor que yo siento y que sienten muchas madres, a las que nos han quitado a nuestras hijas, no se paga con dinero. Ni siquiera la prisión de ese hombre me devuelve a mi hija, pero, por lo menos, haciéndolo pagar encontraré un poco de paz. Yo sólo quiero que le den la cadena perpetua, es la única pena con la que por lo menos se hará justicia».

Carmen Mendoza, madre de Estefanny Flores Mendoza

Esperamos que este lunes 6 de julio, la Corte superior de Justicia Lima Norte haciendo caso de las investigaciones de la fiscalía emitan una sentencia justa y contundente por el feminicidio de Estefanny Flores Mendoza. Una sentencia que reafirme que las mujeres no somos propiedad de nadie, que nadie puede agredirnos y matarnos y que tenemos derechos inalienables que deben de ser defendidos siempre por las instituciones del Estado.

#JusticiaEstefannyFlores

TeleoLeo.com entrevista a policía denunciado por tocamientos indebidos a una menor. Uno más denunciado por abuso sexual [audio]

El suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Enrique Cruzado Díaz, también podría ser denunciado por pornografía infantil debido a las imágenes encontradas en los dispositivos de la menor. Él niega todas las acusaciones y asegura que no teme nada, porque no ha hecho nada

«Que tu hija venga cada día a la comisaría, porque allá le daremos charlas y así no estará aburrida en tu casa y no se escapará, o ¿prefieres que esté en la calle? ─así me dijo el suboficial Cruzado. Y por eso la mandé, porque se supone que en la comisaría estaría cuidada, pero no, él me engañó, sólo se quería aprovechar de ella».

ACTUALIZACIÓN:

Luego de la publicación de la denuncia en contra del suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz por tocamientos indebidos a una menor, por fin la justicia ha emitido las medidas de protección en las que ordena:

IMPEDIMENTO del denunciado y sus familiares directos de acercarse a la menor agraviada en cualquier lugar donde aquella se encuentre, debiendo la Comisaría responsable estar alerta al llamado de asistencia para su intervención inmediata.
PROHIBICIÓN del denunciado cese y abstención de toda agresión física, psicológica, sexual, económica, verbal o de cualquier forma ya sea en lugares públicos y/o privados.
IMPEDIMENTO al denunciado de efectuar actos perturbatorios, acoso, hostilidades, ofensas y/o comportamientos ofensivos, amenazar, intimidar, desmotivar, amedrentar e influir negativamente en la víctima; prohibición de injuriar, herir, humillar, de forma verbal, por redes sociales, por teléfono u otras formas de comunicación.

DISPONER TERAPIA PSICOLÓGICA, a favor de la menor, que deberá de realizarse en el centro de salud más cercano a su domicili

En las últimas horas la comisaría de Santa Isabel ha comunicado que Cruzado Díaz ha sido suspendido, sin embargo, Inspectoría de la PNP aún no informa la suspensión de manera oficial. Y debería hacerlo en breve pues el cumplimiento de estas medidas está bajo la responsabilidad de la comisaría de Santa Isabel y sería absolutamente enajenado que la dependencia donde trabaja el denunciado, sea la encargada de dar protección a la menor violentada siendo el propio Cruzado Díaz uno de los efectivos en funciones.

Y la historia se repite

Con tan sólo 14 años ella habría vuelto a ser víctima de otro depredador sexual, el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz, de 49 años de edad, quien trabaja en la comisaría de Santa Isabel. Según la madre de la adolescente él le recomendó que la enviase a la comisaría donde trabaja, porque allí estaría cuidada de los peligros de la calle.

suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz

«Con un policía se supone que mi hija estaría segura»

Lo que esta madre nunca imaginó es que el peligro podría ser él, un ‘efectivo del orden’, un funcionario pagado por el Estado para luchar contra los delincuentes. «En agosto de 2019 mi hija se fue de casa con una amiga, yo puse una denuncia. A los tres días ella me llamó desde una comisaría para que la fuese a buscar y el suboficial Cruzado y otro a cargo del caso fueron los que la intervinieron».

Y Cruzado, según afirma la madre, se la fue “ganando” para que ella misma anímase a su hija a ir a la comisaría. «Confié en él porque me dijo que le había cogido cariño a mi hija y siempre que me veía me preguntaba: “¿Cómo está la bebé? Y yo sólo pensaba en que yendo a las charlas que él decía que le darían en la comisaría, mi hija por fin recibiría ayuda».

Entrevista al policía denunciado por tocamientos a la menor

TeleoLeo.com ha entrevistado al suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz, según él, nunca tocó a la adolescente. «Le agradezco el interés, pero todo es mentira, la menor estuvo presionada por su padre, por eso es la denuncia, pero nunca la toque» […] «eso está en investigación e inclusive en el informe psicológico que le hacen a la mamá de la menor ella ahí dice que el padre presiona a su hija para que diga…».

Los padres de la menor se enteraron de los tocamientos indebidos por parte del suboficial Carlos Enrique Cruzado Díaz a partir fotografías y hasta de vídeos encontrados en el teléfono de la menor. En una de esas fotografías se ve a Cruzado fingiendo esposarla con una mano, mientras con la otra le toca las nalgas, él dice que no, que no la toca; que hay un vacio entre su mano y el cuerpo de la menor.

La madre de la menor relata que vieron esa foto, unos videos y otra fotografía de la menor con un arma en la mano, le preguntaron qué significaba todo eso y ella, les dijo que Cruzado también le había hecho un examen vaginal. ─¿Se lo hizo?, ¿es usted médico? ─le preguntó TeleoLeo.com al policía: «Nunca la he tocado» […] «No soy médico para hacerlo ni tendría porqué hacerlo eso lo debe hacer el médico legista cuando pasa una menor examen de integridad sexual»

Cruzado también dijo a TeleoLeo.com que si la menor iba a la comisaría era porque su madre como trabajaba la enviaba allá para controlarla y que él la aconsejaba y hasta le consiguió una beca para estudiar. También afirma que en enero de este año, él le dijo que no fuera más. «Ella estuvo viniendo seguido desde septiembre del año pasado y mis superiores me dijeron que ya no venga porque se paraba tomando fotos con su amiga por toda la comisaría».

A continuación las capturas de pantalla de la entrevista que TeleoLeo.com realizó al suboficial Carlos Enrique Cruzado Díaz. He preferido presentarla así, porque la denuncia es en extremo delicada y prefiero que quede registro exacto de todo lo dicho y como se dijo.

¿En la comisaría nadie vio ni oyó nada?

Lo que llama la atención, es que dos menores de edad van durante 4 meses a una comisaría, sin razón alguna, y los jefes de la comisaría de Santa Isabel lo saben y lo permiten, pues sólo le dicen a Cruzado Díaz que dejen de ir en enero. ¿Esto es normal? ¿Las comisarías reciben menores para que “pasen la tarde” en sus dependencias? ¿Los superiores de Cruzado Díaz nunca vieron las fotos que la menor se tomaba en ese lugar con su amiga?

Según Cruzado Díaz estas fotos no son lo que parecen

Estas son dos fotos de la menor en la comisaría. En la primera se ve al suboficial Cruzado Díaz tocándole las nalgas. Él acepta ser el de la foto, sin embargo, niega haberla tocado, dice que se arrepiente de «haberle seguido el juego de simular una detención». En la segunda la menor empuña el arma del policía. Según él, ella, aprovechando un descuido, la cogió, «pero como siempre la llevaba descargada no hubo riesgo». Otra vez me pregunto: ¿nadie vio nada extraño en este comportamiento dentro de la comisaría de Santa Isabel?

TeleoLeo.com también obtuvo el testimonio de la madre de la menor

«El caso está a la espera de que mi hija pase la cámara gesell y el policía lo sabe y por eso me vino a decir que mi hija niegue todo, que diga que su padre la ha presionado para denunciarlo…».

Le rompieron la vida a los 12 años

Según su madre, ella no ha vuelto a ser la misma, ¿quién podría? Nunca más buenas notas en el colegio, nunca más inocencia, nunca más tranquilidad. El caso fue publicado en su momento por TeleoLeo.com y por el escándalo que comportó, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió con la defensa y con terapias psicológicas.

Sin embargo, ninguna de las promesas fueron cumplidas. Según la madre, la menor no tuvo la defensa legal que necesitaba, ni tampoco las terapias. «Sólo una vez la vió la psicóloga del MIMP y mi hijita cada vez estaba más triste, más rabiosa, no me hablaba, se encerraba, no quería ir al colegio, yo no sabía cómo ayudarla y nadie me decía cómo hacer para que estuviera bien, nos dejaron solas».

Y la madre habla de abandono porque, además, a pesar que la justicia dictó prisión preventiva para el violador, esté se encuentra libre y tranquilo haciendo su vida. «La policía sabe donde está, a mí misma y a mis hijos nos han llevado todo un día a esperar que saliera de su casa para detenerlo, pero como no salió, ni siquiera lo fueron a buscar».

«Él es policía, se supone que cuida a la gente»

Debido a la denuncia contra del violador, la menor y su familia tuvieron que mudarse pues eran víctimas de constantes amenazas. En el nuevo barrio y debido a lo sufrido la menor se comportaba de manera rebelde, hasta que se escapó.A sí que según esta madre cuando Cruzado Díaz, en su calidad de policía, le ofreció ayuda para contener a su hija, ella aceptó.

Pronunciamiento de la ONG feminista que viene brindando apoyo a la menor en su denuncia

Esperemos que en este caso la menor reciba la justicia que necesita. Según Cruzado Díaz él es inocente. Dice que, mientras duran las investigaciones, lo han rebajado a vigilante de la comisaría y que lo está pasando muy mal porque la «denuncia es falsa». OJalá, ya que hay una menor y podrían haber más ─el mismo policía dice que ella iba a la comisaría en compañía de una amiga─ la justicia sea rápida y efectiva pues y el denunciado es nada menos que un policía. Además porque no sólo estaríamos hablando de tocamientos, incluso, podríamos estar ante un caso de pornografía infantil.

La Defensoría del Pueblo también demanda celeridad en la atención del caso y que el MIMP brinde a la víctima la atención que requiera.

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DOS BEBÉS MUEREN EN HUAMPANÍ. UNA AL NACER, EL OTRO EN EL VIENTRE DE SU MADRE. NINGUNA TUVO ATENCIÓN MÉDICA A TIEMPO. POR ESO Y PORQUE YA NO SOPORTAN EL ENCIERRO, “LOS CAMINANTES” RECLUIDOS EN ESTE CENTRO ESTAŃ EN PIE DE LUCHA

Dos madres confinadas se han quedado “con los pechos llenos de leche y amor”, como decía la canción. Sus hijos han muerto sin apenas haber vivido. Estas dos madres son parte de los ciudadanos peruanos ─casi 1000─ recluidos, desde finales de abril, en el Centro Recreacional Huampaní. Ellas son parte de los miles de personas del interior del Perú a los que el COVID-19 los cogió fuera de su casa y con lo justo

Ellos sólo quieren volver a casa, Lima ya no les es grata, se ha convertido en la prisión en la que no merecen continuar, porque no han cometido ningún delito. Y por eso, porque quieren volver a casa, pero son retenidos en este centro, pero también en 4 más a las afueras de la ciudad, este primer día de junio ellos se levantaron. No han hecho caso a la prohibición de salir de sus habitaciones y desde primeras horas de la mañana se han apostado en los jardines del lugar. Exigen que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) les digan cuando los trasladarán.

La protesta ha comportado la presencia de más militares de lo normal y de policías que han pretendido someterlos a punta de bombas lacrimógenas y de disparos al aire. «7 bombas nos han tirado, 4 de nosotros, incluyendo una niña, han acabado en el tópico. Esto no es justo, no somos delincuentes, sólo queremos que nos digan cuándo nos llevan a casa. El gobierno de nuestra región, Loreto, nos ha dicho que ya han arreglado todo y que sólo falta que el PCM coordine y eso queremos que hagan, que coordinen y dejen de mecernos».

Zoilita Aguirre, es la dueña de estas palabras. Ella es la coordinadora del edificio número 2 de Huampaní. TeleoLeo.com habló con ella


#ACTUALIZACIÓN: 24 horas después de las protestas del lunes “los caminantes” de Huampaní, aún no reciben ninguna comunicación respecto a cuándo los trasladarán a su región. Los ciudadanos de Loreto durmieron la noche del lunes en los jardines de este centro recreacional, allí estuvieron familias enteras con niños, tapados con mantas y lo que pudieron para guarecerse del frío que ya ha llegado a Lima. Además han anunciado que harán huelga de hambre hasta que atiendan su pedido.

A continuación uno de los videos que los recluidos en Huampaní han hecho llegar a teleoLeo.com

¿Negligencia médica?

«Aquí no podemos seguir más, un bebé ha muerto o ha nacido muerto, no lo sabemos». La semana pasada y durante, por lo menos, 3 días, una mujer entró en trabajo de parto; el viernes pasado, por la tarde, ‘rompió aguas’ y no fue atendida de inmediato por un médico. «A las 4 de la mañana del sábado la vinieron a buscar, se la llevaron y recién la hicieron dar a luz el sábado a las 4 de la tarde, pero el padre nos ha dicho que ni a él ni a su pareja les dejaron ver a la bebé y este lunes les han dicho que estaba muerta». ¿Alguien responderá por esto?

Sin embargo este no es el único bebé muerto, otra mujer embarazada ha perdido a su hijo, a ella aún no le tocaba parir, pero pasó varios días con dolor hasta que un día sangró y supo que lo había perdido. Ambas madres ya no se encuentran en Huampaní, sus familias tampoco. «No sabemos en qué hospital estarán, sólo sabemos que esto pasó porque, por más que nos quejamos, ellas no fueron atendidas por un médico y eso no es justo, dos criaturas han perdido la vida, nosotros qué somos, peor que animales nos tienen» ─dijo Zoilita Aguirre.

TeleoLeo.com también habló con Zoilita Aguirre sobre el bebé que murió al nacer

Duelo

No hay derecho para que 2 vidas se pierda por falta de atención médica en un centro donde, las autoridades a cargo de las acciones para enfrentar la pandemia, han encerrado a la gente que lo único que quería era volver a casa. Se creó un protocolo según el cual estas personas serían trasladadas a sus zonas de origen o residencia y allí harían la cuarentena, cerca a los suyos, sin embargo, nada se ha hecho como se estipuló, sólo se ha reaccionado sobre la marcha. Y sobre la marcha podrían haber matado a una bebé.

En pie de lucha

Al cierre de esta nota, la protesta continúa, los ‘inquilinos forzados’ de Huampaní exigen la presencia de alguien del PCM para que les expliqué qué será de ellos, muchos llevan allí más de un mes. «No entraremos a nuestras habitaciones hasta que no venga alguien y hable con nosotros, estamos decididos, todos estamos decididos», dijo a teleoLeo.com un hombre cuya mujer también está embarazada y viendo lo ocurrido este fin de semana, teme por la suerte que puedan correr.

La protesta en imágenes

Este lunes “los caminantes” del CAFAE-SE Huampaní volverán a protestar porque nadie les dice cuándo los trasladarán a casa

Una mujer embarazada y sin atención médica. Otra enferma del corazón e hipertensa denuncia haberse contagiado de COVID-19 en uno de los centros designados por el gobierno para el confinamiento de “los caminantes”. Ambas dieron su testimonios a teleoLeo.com. Según registros del MIDIS, obtenidos por esta página, casi 2000 personas se encuentran confinados en 5 centros del CAFAE-SE

Evitar el contagio del COVID-19 y la declaración del estado de emergencia en Perú ha comportado la conculcación de derechos tales como el de la inviolabilidad del domicilio o el del libre tránsito, sin embargo, eso no puede significar que la población sea infantilizada, engañada y encerrada sin darle ninguna información sobre su situación. Desde hace unas semanas teleoLeo.com viene denunciando el internamiento de casi 2000 personas en 5 centros CAFAE-SE y hasta ahora, ellos continúan diciendo que nadie les informa nada.

«Estoy embarazada y desde que me llevaron al CAFAE-SE de Ricardo Palma, a finales de abril, no he tenido atención médica, es más, cuando me enteré que estaba embarazada estábamos en plena cuarentena y no me atendieron en ningún hospital porque lo único que atendían era los casos de COVID-19. No me han hecho ni una sola ecografía. El 5 de mayo me trasladaron a Huampaní y aquí me han dicho que sólo podrán revisarme cuando acabe la emergencia, pero estoy muy preocupada, aquí meten gente contagiada».

Hace 5 meses, ella, a la que llamaremos María, llegó a Lima con su esposo, a trabajar; un par de meses después llevaron a sus hijas, todos vivían en un cuarto alquilado, pero llegó el COVID-19, perdieron el trabajo y la dueña de la casa los echó. Como tantos otros fueron al grupo aéreo nro. 8 en busca de un vuelo que los llevase a su natal Loreto, allí pasaron 8 días con su noches. Luego los llevaron al centro recreacional Ricardo Palma,10 días más.

Odisea

«Teníamos que irnos, en Lima no tenemos familia, ni casa, allá tenemos donde vivir, tenemos familia, mis hijas están aquí y no reciben ni clases, además a nosotros nos hicieron la prueba y salimos negativos y en lugar de mandarnos a casa, el 5 de mayo nos trasladaron a Huampaní. Nos dijeron que nos llevaban allí porque no había vuelos humanitarios, que en una semana nos trasladarían a Loreto, pero nos mintieron porque ya acabó mayo y aquí seguimos».

Más de 3 semanas han pasado y María y su familia continúan en el CAFAE-SE de Huampaní, pero como los casi 1000 peruanos del interior del país recluidos en ese centro, ya está aburrida y, además, se siente engañada una y otra vez. «La semana pasada nos dijeron que el viaje ya estaba listo, ahora nos dicen que cuando acabe la cuarentena. Nos mienten todo el tiempo, por eso este lunes, igual que el lunes pasado saldremos todos el patio, aquí no podemos estar más. Yo no aguanto ni la comida, nos dan arroz crudo y en mi estado me cae muy mal».

Testimonio de María, para teleoLeo.com


«Aquí me han contagiado de COVID-19 y soy paciente de riesgo»

Otra mujer hizo la misma ruta que María. A ella la llamaremos Alicia. «Estoy desesperada porque mis tres hijas menores están solas en Iquitos, yo vine a Lima para que operarme de una hernia tumoral, pero no me pudieron intervenir. Intenté volver a casa, pero el presidente declaró el estado de emergencia y tuve que quedarme, al ver que no podía irme por mí misma, me fui al grupo aéreo nro. 8, allí estuve 3 días y me llevaron al centro de Ricardo Palma y allí me tuvieron 1 semana».

Pero a diferencia de María, Alicia ha corrido con peor suerte, pues según afirma, en los centros la han contagiado de COVID-19. «Al entrar a Ricardo Palma me hicieron la prueba y di negativo, como estoy sola, me pusieron en una habitación con una familia de 7 personas, uno de ellos estaba enfermo y no le daba la gana de usar mascarilla, estornudaba y ni se tapaba la boca al hacerlo; y claro en un ambiente cerrado, pues me contagié. El 5 de mayo me trasladaron a Huampaní, el 9 de mayo me hicieron otra prueba y di positivo».

Lo peor es que Alicia es paciente de riesgo: tiene una enfermedad coronaria, es hipertensa y además sufre de los bronquios . «Recién el 25 de mayo me vio un médico y me dio pastillas para la presión, amoxicilina y paracetamol. También me dio pastillas para dormir, siempre me dan; para el corazón, nada. También me recetó azitromicina, pero no tenían, menos mal que había comprado para llevarme a Iquitos, porque si no, no sé cómo habría hecho, de aquí no se puede salir, ni se puede encargar a nadie para que compre».

Comida en mal estado = Infección estomacal

Alicia, como todos los testimonios de Huampaní, recabados hasta el momento por teleoLeo.com, también se queja de la comida. «He bajado de peso por las infecciones estomacales que me provoca la comida, y no soy la única, a todos nos manda al baño el arroz crudo y los alimentos en mal estado que nos reparten». ¿Quién prepara la comida del centro recreacional Huampaní, por qué no se fiscaliza el estado de los alimentos que allí se sirven? ¿A alguien le importa el bienestar de esas personas cuyo único delito es no tener casa en Lima?

Hijas desamparadas

Otra de las cosas que tortura a Alicia son sus hijas, todas menores de edad, pues ella las dejó con su madre que ahora está ingresada por el COVID-19. «Mis hijas son menores y están solas, comen gracias a lo que les llevan los vecinos, ellas también han estado enfermas y no tienen quien las cuide, yo estoy desesperada, menos mal que han mejorado, cada día hablo con ellas y me lloran, me piden que vuelva a casa, pero no puedo, me tienen aquí encerrada y no me dicen cuando me van a dejar ir. Mis hijas me necesitan».

Testimonio de Alicia para teleoLeo.com

Crónica de una protesta anunciada

«Este lunes a las 6 de la mañana protestaremos todos. Estamos cansados de estar aquí maltratados, encerrados peor que presos, no podemos ni salir 10 minutos de nuestras habitaciones a estirar las piernas porque vienen los militares y nos encierran. Además aquí nos enfermaremos más, estamos con ropa de verano y ya hace mucho frío; aquí hay niños y bebés y lo peor es que ingresa gente enferma y estamos en contacto con ellos al momento de hacer la cola para recoger la comida. Ya no aguantamos más» ─dice María.

El lunes 25 de mayo último, los ingresados en Huampaní realizaron su primera jornada de protesta, ese día les dijeron que los traslados ya estaban a punto, sin embargo, no se trataba del traslado de todos, sólo de casi 200 piuranos y de otras 5 personas, 2 de las cuales enviaron a Huánuco y otras 2 a Huaraz; uno de ellos se quedó en Lima porque esta semana se reactiva la empresa donde trabajaba y ya le han dicho que puede volver. Por eso María dice que protestarán porque creen que es así cómo pueden conseguir volver a casa.

Reflexiones de piel ajena

Luego de las notas publicadas por teleoLeo.com sobre los confinados en estos centros, algunos me han escrito para decirme que esta gente no debe quejarse porque les han dado techo y comida y son afortunados por eso, sin embargo, no creo que alguien a quien le han quitado la libertad sólo por querer volver a su casa y que encima no le explican lo que pasará y cuando pasará, pueda sentirse afortunado. El techo y la comida son importantes, pero en nombre de una pandemia o del bien común no se puede infantilizar a la gente y llevarlos y traerlos a discreción.

Por otro lado, el Estado ha proporcionado dinero a los gobiernos regionales para que esta gente puede hacer la cuarentena en sus regiones en establecimientos acondicionados para tal fin y haciéndose cargo de su alimentación, sin embargo, en Piura, a los trasladados la semana pasada los dejaron ir a casa en cuanto bajaron del autobús y hace dos semanas el alcalde de Yurimaguas, dejó ir a 80 personas que habían llegado hasta allí luego de sólo de 4 días de confinamiento y sin realizarles ninguna prueba, ni examen previo.

Una de esas “caminantes” es una técnica de enfermería que ha dado positivo y que ha estado en contacto con más personas, a ella tampoco le hicieron hacer la cuarentena al volver a su región. Y ella al verse bien y ver que hacían falta manos en el hospital donde trabaja, pues se dedicó a ayudar. Por eso es tan importante que los gobierno regionales hagan bien su parte del trabajo y se encarguen de que los retornados hagan la cuarentena y pasen la prueba antes de reincorporarse a la comunidad. Para algo se crean los protocolos.

A través de la página ProyContra Iquitos, otras personas ingresadas en el CAFAE-SE de Huampaní acusan su gobierno regional de no estar haciendo nada para su traslado. Una de las denunciantes, además de ratificar el engaño del que dicen ser víctimas los testimonios recogidos por teleoLeo.com, también informó que desde hace 3 días una mujer embarazada está con contracciones, pues está a punto de dar a luz, y tampoco recibe atención médica.

Cuando todo acabe…

El COVID-19, además de haber desbordado el precario sistema de salud peruano, ha vuelto a poner una vez más en evidencia la informalidad institucional en el cumplimiento de las normas. Se ha elaborado y consensuado un protocolo para el regreso de los peruanos al interior del país y no se está cumpliendo, así que el contagio no se está extendiendo porque la gente vuelva a casa, si no porque desde las autoridades de esos lugares no se cumplen con los protocolos. Sería muy saludable que el fin de la pandemia traiga una fiscalización de gastos bajo el brazo.

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Alrededor de 1000 peruanos que desean volver a sus regiones han sido confinados en el Centro Vacacional Huampaní, cercados por militares y sin fecha de retorno

Y la incertesa crece cuando además 4 regiones del Perú han sido cerradas y nadie puede salir, ni entrar en ellas por el alto número de contagios y de muertes que sufren. Sin embargo, esto no justifica que las personas que quieren volver a sus lugares de origen sean infantilizadas y se las recluya sin informarles los planes que se tiene para ellas

«Somos como 1000 los peruanos de todas las regiones que estamos encerrados en el Centro Vacacional Huampaní, 180 somos de la región Loreto. No tenemos atención médica, estamos vigilados todo el día por militares armados que no nos dejan salir ni al jardín, ni siquiera dejan salir a los niños para que jueguen un ratito. Estamos peor que presos, ellos tiene una hora de patio al día, nosotros nada, nos han dejado aquí tirados y nadie nos dice cuándo podremos volver a nuestras ciudades».

Dictado el estado de emergencia en el Perú por el COVID-19, según cifras oficiales, más de 167 mil peruanos intentaron volver desde la capital, Lima, donde se encontraban por cita médica, trámites o vacaciones; a sus casas en el interior del país. Entre los que querían volver también se encontraban muchos que ─aunque el presidente dijo que no se despediría a nadie─ fueron echados de sus trabajos y ya no tenían ni para comer, menos para pagar el alquiler.

Ante la vulnerabilidad de estas personas, el presidente Martín Vizcarra mediante decreto de urgencia ordenó que los gobiernos regionales, INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) y el MINSA (Ministerio de Salud), debían encargarse de su traslado, pagado por el Estado en el caso de las personas sin recursos. Los gobiernos regionales, con una partida de 20 millones de soles, debían contratar servicios para el alojamiento durante la cuarentena ─14 días─ así como, para la alimentación de los retornados.

Por su parte, el MINSA en coordinación con los gobiernos regionales debía realizar las pruebas rápidas a los viajeros. Los gobiernos regionales también debía señalar el medio de transporte más adecuado y garantizar el cumplimiento de los protocolos específicos de sanidad, de conformidad con los “Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la Emergencia Nacional por el COVID – 19”.

Ante esto, cientos de peruanos se apostaron en el Grupo Aéreo N° 8 ─base de la Fuerza Aérea del Perú─ allí, más de dos semanas, durmieron en la calle; entre ellos, incluso, madres con bebés. «Pero sólo volaron los que tenían dinero o familiares de militares, los que no teníamos recursos, no. Protestamos la avenida Faucett, la policía nos pegó, el 29 de abril nos llevaron al Centro Recreacional CAFAE de Punta Hermosa y dijeron a la prensa que nos habían enviado a nuestras regiones. Mentira».

En Punta Hermosa los tuvieron hasta el 3 de mayo, de allí los llevaron a Huampaní. «Nos llevaron sin respetar la distancia social, sin que nos revise el médico, sin hacernos la prueba. Y aquí nos dejaron dicen que según el gobierno regional tenemos que hacer la cuarentena antes de viajar. Pero la cuarentena dura 14 días y ya han pasado más de tres semanas desde que nos encerraron y nadie nos dice nada. Este viernes un congresista vino para vernos, los militares no lo dejaron pasar».

Según los testimonios recogidos por teleoLeo.com, la administración del Centro Vacacional Huampaní les ha dicho que allí podrían estar hasta fin de año. «No podemos estar encerrados más, hasta la comida es mala, hoy nos dieron de desayuno una jamonada amarilla, nos dan jugos podridos; el arroz crudo. No queremos lujos, aunque sea arroz con huevo, pero bien hecho. Tenemos enfermos, los niños también están enfermando y para cualquier cosa nos dan un paracetamol y se acabó».

Otra de las quejas de las personas ‘confinadas’ en el Centro Vacacional Huampaní es que no cuentan con productos de limpieza, ni para su aseo personal. «No tenemos jabón para lavar la ropa, ni para ducharnos o lavarnos las manos, no tenemos pasta de dientes, no tenemos ni detergente o lejía para limpiar las habitaciones, dicen que para este vitus hay que tener todo limpio y que debemos lavarnos mucho las manos, pero nosotros no podemos hacerlo».

TeleoLeo.com entrevistó a un grupo personas recluidas en Huampaní

Testimonios de personas de la región Loreto enviados a teleoLeo.com

«Nos tienen abandonados. Esto es injusto, queremos volver a nuestras casas. Señor presidente apiadese de nosotros. Estoy enferma tengo una fuerte infección de faringe, sólo me han dado paracetamol, no me ha atendido ningún médico, por qué nos tienen abandonados, no puedo comprar ni mis medicinas, esto es muy injusto, queremos volver a nuestras casas. Señor presidente apiadese de nosotros. No atenten contra nuestros derechos humanos».

«Estamos aquí en Huampaní sufriendo maltratos, yo estoy mal, no puedo ingerir alimentos, a mi hijo no le baja la fiebre. Hace más de dos meses que estamos así, nos dan la comida cruda, jugos en mal estado. Ayer pedí medicinas porque mi hijo y yo volábamos en fiebre, después de 24 horas me trajeron dos pastillas, nadie ha venido a vernos. […] Mi esposo salió, los militares lo detuvieron. […] Para morirme, me quiero ir a morir a mi pueblo. Ayúdennos».

«Estamos siendo atropellados, necesitamos ayuda de los medios de comunicación» […] «Tenemos más de 80 familias enfermas, no de COVID-19, están con infecciones, con dolor de cabeza y aquí no viene ningún médico a examinarnos, aquí hay un tópico con una enfermera, pero nadie nos atiende» […] «Queremos que alguien venga y nos entreviste, a nosotros no nos dejan ni asomarnos a la ventana, queremos que nos socorran. El Estado dice que ya hemos vuelto a nuestra región pero eso es falso, estamos aquí apresados».

Y los niños también sienten los efectos del encierro, se aburren: «Los soldaditos nos riñen si salimos, aquí hay parque hay todo, pero no nos dejan salir, la comida es fea, nos dan papaya fermentada» ─dicen. Además por su situación de itinerancia no pueden seguir el curso escolar por televisión, ni por computadora. En el centro recreacional no hay ni un sólo televisor, ni siquiera una radio y esa también es otra queja de las personas allí recluidas, pues dicen que no se enteran de lo que pasa afuera.

El problema es que estas personas quizás no puedan volver a sus casas tan rápido como desean. Según declaró el congresista de Loreto, Geovanni Acate, a teleoLeo.com hay 4 regiones de las que por ahora nadie puede entrar ni salir. «Las regiones Loreto, Lambayeque, Tumbes y Piura han sido cerradas por gran cantidad de infectados y de fallecidos».

Y si hay regiones cerradas: ¿qué ha previsto el gobierno para estas personas? Quizás sería necesario un subsidio para ellos, pero el gobierno deberá afinar muy bien si no quiere dejarlos en la desprotección, pues deberá contar que fuera de sus ciudades, necesitan un lugar para vivir ─no para encerrarlos─ alimentación y ayuda económica mientras no encuentren trabajo en la capital. Esperemos este lunes, a ver si en el diario mensaje presidencial, Martín Vizcarra se refiere a esta problemática.

Desayuno y el almuerzo que este domingo tuvieron las personas confinadas en el Centro Vacacional Huampaní. «De desayuno nos dieron un pan duro con jamonada toda amarilla y con mal aspecto y jugo fermentado. De almuerzo nos han dado arroz crudo con menestras y así cada día, no queremos riquezas, aunque sea un arroz con huevo, pero bien hecho. Hay mucha gente que no está comiendo porque la comida es mala».

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