«Si no pago el alquiler del cuarto me botan el lunes y no tengo donde ir»

En el Perú pandémico, a pesar que el presidente ha prohibido los desalojos por el estado de emergencia, los que han perdido toda fuente de ingresos se encuentran en esta situación. Esta historia es mucho más dramática cuando se trata de inmigrantes, pues no tienen una red familiar que los acoja, y se agrava cuando se trata de mujeres cabeza de familia

Dayana necesita de nosotros. Ella es una inmigrante venezolana en Perú que, como muchos, debido a la pandemia quedó sin empleo. Ella también es una enfermera especializada en niños autistas que trabajaba en una casa limpiando y cuidando a dos niños. En cuanto se decretó el estado de emergencia sus empleadores la echaron.

Para sobrevivir durante estos meses ella ha tenido que salir a pedir, tocando puerta a puerta. En el camino fue conociendo otras mujeres venezolanas con sus mismas carencias y logró organizarlas para pedir juntas y repartirse lo que obtenían a fin de no morir de hambre.

Dayana es hija de una peruana que emigró a Venezuela hace 30 años y que ha tenido que hacer el camino de vuelta debido a la crisis que vive ese país en estos momentos. Por eso, con lo que consigue en las calles, ella también ha ayudado a varias vecinas peruanas de Villa Maria del Triunfo, distrito donde vive.

S.O.S

Ahora es Dayana la que necesita ayuda urgente, con lo que conseguía ella sólo ha podido comprar alimentos, las medicinas del corazón de su madre y las que ella misma debe tomar por su diabetes, pero no ha podido pagar el alquiler del cuarto donde vive con su madre y su sobrina que acaba de tener un hijo.

Dayana debe 2 meses y medio (650 soles) y la dueña de la casa le ha dicho que si el lunes no paga tendrían que irse, pero según manifestó la Defensoría del Pueblo a teleoLeo.com, «por la situación de emergencia debería hablar con el arrendador y fraccionar la deuda o firmar un compromiso de pago».

Los arrendadores no siempre pueden asumir la falta de pago de quienes han quedado sin ingresos por la pandemia, es el Estado el que debe hacerse cargo de esto, subvencionando a los más vulnerables, ampliando los bonos del MIDIS u otorgándoles una pensión hasta que encuentren un empleo, o demuestren ingresos.

La Defensoría también señala que sacar a alguien de una vivienda, aunque sea por falta de pago hay requisitos que cumplir: «La ejecución de desalojos sólo pueden realizarse mediante orden judicial o notarial. Las prácticas arbitrarias o abusivas pueden ser sancionadas».

Cortes de servicios por impago

Mientras Dayana no puede pagar, su arrendador le corta la luz de manera intermitente. Durante la pandemia, teleoLeo.com ha publicado el testimonio de mujeres en pobreza extrema y todas dicen que sus arrendadores les cortan luz y agua cuando no les pueden pagar.

Al respecto, la Defensoría afirma: «El corte de servicios de energía eléctrica y agua no son medios válidos para desalojar a una persona de un inmueble, y por el contrario constituye un acto vulneratorio de su dignidad. De suceder este hecho, puede presentarse una denuncia en la Comisaría».

Arrendador con familiar policía

Pero aquí se presenta el problema: «Yo fui a la comisaría» ─dice Dayana─ «pero como el dueño de las habitaciones tiene familiares policías, pues ellos sacan a la gente sin problemas y a mí me sacarán si no pago o les doy algo. A mi hermana con sus dos hijos también la quieren desalojar, no sé qué vamos a hacer ».

Arroz con huevo

Dayana busca trabajo, pero no lo encuentra. Estos días ha salido con su termo bajo el brazo a vender café y bizcochos. «Lo más que hice un día con mi sobrina fueron 8 soles y con eso sólo pudimos comprar algo de arroz, huevos y alguna cosita más para comer; mi sobrina tiene un recién nacido y debe alimentarse».

«Una de las niñas, que vive en un cuarto de la casa donde vive Dayana, tiene 11 años, está super delgada y no quiere desayunar, sólo come dos veces a día para ahorrar, dice» ─explica a teleoLeo.com una migrante chilena, amiga de Dayana, quien durante todo este tiempo la ha apoyado para conseguir ayuda.

Este viernes mientras escribía otra nota, hable con Dayana sobre su situación; en la conversación salió el tema de una joven madre peruana desesperada por comida y atención médica para sus hijos, uno de ellos un bebé cianótico y con una afección al corazón, cuya condición se ve agravada con el invierno limeño.

La respuesta inmediata de Dayana fue: «Dame su dirección, veré como consigo dinero para el pasaje y le llevo algo de comida y ropita, tengo una frazada que es mía, pero se la daré porque ese niño necesita ropa de abrigo».

Estas son las condiciones en las que viven Dayana y su familia

Pedido

La situación de Dayana es insostenible en estos momentos, ella necesita trabajo y dinero para poder pagar el cuarto donde vive con su madre enferma. Necesita lo que podamos brindarle. Dejo por aquí la cuenta bancaria de su madre para los que puedan solidarizarse con ella.

  • Titular de la cuenta: Juana Velázquez (madre de Dayana)
  • Número de cuenta BCP: 194 92515560058

Ojalá, así como Dayana, a pesar de sus carencias comparte lo poco que consigue caminando todos los días las calles de Lima, quienes lean esta nota se compadezcan de ella y la ayuden con la misma voluntad y presteza que ella ha ayudado y ayuda a otras mujeres, venezolanas y peruanas, que sufren el mismo estado de vulnerabilidad que ella.

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Suspenden a policía denunciado por tocamientos indebidos a menor de 14 años de edad. Podría haber más afectadas

Otra menor de edad denunció a teleoLeo.com haber sido acosada por el mismo efectivo: el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Carlos Enrique Cruzado Díaz

El suboficial Cruzado Díaz acaba de ser suspendido de funciones mientras se investigan las denuncias en su contra por tocamientos a una menor de edad. La adolescente de 14 años acudía regularmente, acompañada de una amiga, a la comisaría donde él trabajaba. Ella había vuelto a su casa luego de escapar unos días ─Cruzado Díaz fue uno de los policías que estuvo a cargo del caso─ así le dijo a su madre que cuando fuese a trabajar, para que la menor no se quedase sola, la mandase a la comisaría que él la cuidaría y le darían charlas.

Meses después, la madre y el padre de la menor descubrieron algunas fotos en uno de sus dispositivos, en ellas se ve a Cruzado Díaz tocándole los glúteos. Según declaró el policía a teleoLeo.com, en esa foto jugaban a que la detenía, pero no le tocaba nada. En otras de las fotos se ven situaciones más subidas de tono, también se ve a la menor jugando con el arma reglamentaria del policía o fumando en plena comisaría. Cuando los padres preguntaron a la menor por las fotos, ella les dijo que Cruzado Díaz también le había hecho un examen ginecológico.

En entrevista con teleoLeo.com, Cruzado Díaz aseguró que la denuncia era falsa, que la menor lo había denunciado por presión de su padre, además dijo que la menor iba a la comisaría por las tardes porque su madre, cuando se iba a trabajar, la envíaba allá para tenerla controlada. «Yo aquí la aconsejaba y hasta le había conseguido una beca de estudios» ─dijo el policía. Sin embargo, su sinceridad estaría hoy más en tela de juicio de lo que ya estaba: otra menor ha declarado a teleoLeo.com que Cruzado Díaz la habría acosado.

Testimonio de acoso a otra menor

«Yo confié en él. Estuvo durante meses enviándome mensajes en los que me decía que me quería ayudar, mensajes en los que me daba ánimo y me preguntaba por mis estudios, pero un día leo la entrevista que usted le hizo por la denuncia de tocamientos a otra chica y me sentí tan decepcionada» ─dijo a teleoLeo.com una adolescente de 15 años que en febrero de 2019 presentó una denuncia en la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo y allí conoció a Cruzado Díaz.

«Yo tuve problemas con mi padrastro, me fui de mi casa, y presenté la denuncia en la comisaría de Santa Isabel, Cruzado Díaz fue quien me atendió. Al terminar de presentar la denuncia me pidió mi número de teléfono para ─según él─ informarme como iba el caso, pero no tenía celular y le dije que me hablase por Facebook. Una hora después me envió una solicitud de amistad y lo acepté».

Cuando esto ocurrió, esta adolescente tenía 15 años, ella no continúo con la denuncia porque se había ido a vivir con su abuelos y no quería problemas con su madre, sin embargo, Cruzado Díaz en un ‘exceso de celo’ le escribió durante 5 meses para convencerla de que vaya a verlo para ‘ayudarla’. «Me estuvo escribiendo desde febrero hasta junio de 2019, me preguntaba cómo estaba, me decía que fuese a la comisaría para ayudarme con mi caso y era muy insistente».

Pero el diálogo no quedaba sólo en las cuestiones relacionadas con la denuncia que ella había presentado. «Me preguntaba si tenía novio, si tenía relaciones y me decía que si no tenía un lugar a donde ir, que podía ir a la comisaría y me iba a dejar entrar con mi enamorado; que él dejaba entrar a muchas chicas con sus enamorados; que si no teníamos condones, él nos daría. También me dijo que vaya con una amiga».

La adolescente también dice que Cruzado Díaz le dio su número de teléfono pero que ella jamás lo llamó y que nunca más fue a la comisaría porque sus abuelos se lo prohibieron. «Además me pareció muy raro que un policía me preguntase si tenía o no relaciones sexuales, o que me ofreciera ir allí con mi enamorado si no teníamos a donde ir. También sonó raro eso de que el dejaba entrar a la comisaría a chicas con sus novios. Así que casi no le contestaba los mensajes, pero él no dejaba de enviarlos».

A continuación 10 capturas de pantalla en las que se puede ver la insistencia del suboficial Cruzado Díaz para que la adolescente fuese a verlo. Le decía que fuera a la comisaría para ayudarla con su caso, le enviaba insistentes saludos que ella no contestaba, le preguntaba si aún vivía con sus abuelos, le llegó a enviar mensajes a medianoche. A Cruzado, quien también tiene una hija adolescente, no le importaba, ni siquiera, que el abuelo de la menor fuese un policía retirado, es decir, alguien que podía llegar más fácilmente a él.

«Yo pensé que él era un amigo, porque se preocupaba por mí, me preguntaba cómo estaba, aunque su insistencia no me gustaba. Siento mucho lo que le hizo a esa chica de 14 años y pienso que pude ser yo, que me libre por poco de que me hiciera algo así, pero me da mucha rabia, porque él hace que confíes y me mintió. No es justo lo que le ha asado a esa chica. Él es policía, no debería actuar así».

Menor acosada por el suboficial Carlos Cruzado Díaz

teleoLeo.com ha intentado volver a hablar con Cruzado Díaz, como cuando lo entrevistamos antes de publicar el artículo sobre la denuncia de tocamientos indebidos a la menor de 14 años, queríamos preguntarle respecto a esta nueva adolescente a la que habría estado cercando con sus insistentes mensajes, sin embargo, ha sido imposible. Después que lo entrevistamos, Cruzado Díaz borró su cuenta de Messenger.

Suspensión de funciones

Fueron los abogados del Centro de Emergencia Mujer (CEM) a cargo de la denuncia por tocamientos indebidos a la menor de 14 años, los que informaron, a la ONG feminista Flora Tristán ─asesores legales de la adolescente─ de la suspensión de funciones del suboficial Carlos Cruzado Díaz. Sin embargo, si bien es cierto, el MIMP parece haber tomado el caso en serio y se está avanzando con la parte legal del mismo, se está descuidando la parte emocional.

En cuanto se hizo pública la denuncia contra del policía, se emitieron medidas de protección para la menor en las que se estipulaba que debía recibir terapia psicológica, pero eso no está ocurriendo. «Nadie del MIMP se ha comunicado con nosotros y ya han pasado dos semanas desde las medidas de protección. Ellos saben que mi hija necesita ayuda, esta no es la primera vez que es víctima de abuso. Necesita atención y no tengo dinero para pagarle un psicólogo».

Suspender de funciones a Cruzado Díaz es un paso dado por la PNP, sin embargo, la justicia debería dar otro y ordenar la prisión preventiva de este hombre pues, al parecer, es un peligro para las adolescentes que lo rodean. Si ha osado llegar tan lejos con las que conocía producto de su labor, cómo será sin uniforme. ¿Estarán seguras las niñas que están a su alrededor?

Para la recuperación de las víctimas de abuso sexual es necesaria no sólo la obtención de justicia, también lo es alcanzar la sanación y para eso es imprescindible que tengan oportuno y debido apoyo terepeútico, máxime cuando se trata de una adolescente. ¿Que está esperando el MIMP para proporcionarle a esta menor la terapia que necesita y que está señalada en sus medidas de protección. El estado de emergencia no es excusa, el mundo virtual existe.

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TeleoLeo.com entrevista a policía denunciado por tocamientos indebidos a una menor. Uno más denunciado por abuso sexual [audio]

El suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Enrique Cruzado Díaz, también podría ser denunciado por pornografía infantil debido a las imágenes encontradas en los dispositivos de la menor. Él niega todas las acusaciones y asegura que no teme nada, porque no ha hecho nada

«Que tu hija venga cada día a la comisaría, porque allá le daremos charlas y así no estará aburrida en tu casa y no se escapará, o ¿prefieres que esté en la calle? ─así me dijo el suboficial Cruzado. Y por eso la mandé, porque se supone que en la comisaría estaría cuidada, pero no, él me engañó, sólo se quería aprovechar de ella».

ACTUALIZACIÓN:

Luego de la publicación de la denuncia en contra del suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz por tocamientos indebidos a una menor, por fin la justicia ha emitido las medidas de protección en las que ordena:

IMPEDIMENTO del denunciado y sus familiares directos de acercarse a la menor agraviada en cualquier lugar donde aquella se encuentre, debiendo la Comisaría responsable estar alerta al llamado de asistencia para su intervención inmediata.
PROHIBICIÓN del denunciado cese y abstención de toda agresión física, psicológica, sexual, económica, verbal o de cualquier forma ya sea en lugares públicos y/o privados.
IMPEDIMENTO al denunciado de efectuar actos perturbatorios, acoso, hostilidades, ofensas y/o comportamientos ofensivos, amenazar, intimidar, desmotivar, amedrentar e influir negativamente en la víctima; prohibición de injuriar, herir, humillar, de forma verbal, por redes sociales, por teléfono u otras formas de comunicación.

DISPONER TERAPIA PSICOLÓGICA, a favor de la menor, que deberá de realizarse en el centro de salud más cercano a su domicili

En las últimas horas la comisaría de Santa Isabel ha comunicado que Cruzado Díaz ha sido suspendido, sin embargo, Inspectoría de la PNP aún no informa la suspensión de manera oficial. Y debería hacerlo en breve pues el cumplimiento de estas medidas está bajo la responsabilidad de la comisaría de Santa Isabel y sería absolutamente enajenado que la dependencia donde trabaja el denunciado, sea la encargada de dar protección a la menor violentada siendo el propio Cruzado Díaz uno de los efectivos en funciones.

Y la historia se repite

Con tan sólo 14 años ella habría vuelto a ser víctima de otro depredador sexual, el suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz, de 49 años de edad, quien trabaja en la comisaría de Santa Isabel. Según la madre de la adolescente él le recomendó que la enviase a la comisaría donde trabaja, porque allí estaría cuidada de los peligros de la calle.

suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz

«Con un policía se supone que mi hija estaría segura»

Lo que esta madre nunca imaginó es que el peligro podría ser él, un ‘efectivo del orden’, un funcionario pagado por el Estado para luchar contra los delincuentes. «En agosto de 2019 mi hija se fue de casa con una amiga, yo puse una denuncia. A los tres días ella me llamó desde una comisaría para que la fuese a buscar y el suboficial Cruzado y otro a cargo del caso fueron los que la intervinieron».

Y Cruzado, según afirma la madre, se la fue “ganando” para que ella misma anímase a su hija a ir a la comisaría. «Confié en él porque me dijo que le había cogido cariño a mi hija y siempre que me veía me preguntaba: “¿Cómo está la bebé? Y yo sólo pensaba en que yendo a las charlas que él decía que le darían en la comisaría, mi hija por fin recibiría ayuda».

Entrevista al policía denunciado por tocamientos a la menor

TeleoLeo.com ha entrevistado al suboficial de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Enrique Cruzado Díaz, según él, nunca tocó a la adolescente. «Le agradezco el interés, pero todo es mentira, la menor estuvo presionada por su padre, por eso es la denuncia, pero nunca la toque» […] «eso está en investigación e inclusive en el informe psicológico que le hacen a la mamá de la menor ella ahí dice que el padre presiona a su hija para que diga…».

Los padres de la menor se enteraron de los tocamientos indebidos por parte del suboficial Carlos Enrique Cruzado Díaz a partir fotografías y hasta de vídeos encontrados en el teléfono de la menor. En una de esas fotografías se ve a Cruzado fingiendo esposarla con una mano, mientras con la otra le toca las nalgas, él dice que no, que no la toca; que hay un vacio entre su mano y el cuerpo de la menor.

La madre de la menor relata que vieron esa foto, unos videos y otra fotografía de la menor con un arma en la mano, le preguntaron qué significaba todo eso y ella, les dijo que Cruzado también le había hecho un examen vaginal. ─¿Se lo hizo?, ¿es usted médico? ─le preguntó TeleoLeo.com al policía: «Nunca la he tocado» […] «No soy médico para hacerlo ni tendría porqué hacerlo eso lo debe hacer el médico legista cuando pasa una menor examen de integridad sexual»

Cruzado también dijo a TeleoLeo.com que si la menor iba a la comisaría era porque su madre como trabajaba la enviaba allá para controlarla y que él la aconsejaba y hasta le consiguió una beca para estudiar. También afirma que en enero de este año, él le dijo que no fuera más. «Ella estuvo viniendo seguido desde septiembre del año pasado y mis superiores me dijeron que ya no venga porque se paraba tomando fotos con su amiga por toda la comisaría».

A continuación las capturas de pantalla de la entrevista que TeleoLeo.com realizó al suboficial Carlos Enrique Cruzado Díaz. He preferido presentarla así, porque la denuncia es en extremo delicada y prefiero que quede registro exacto de todo lo dicho y como se dijo.

¿En la comisaría nadie vio ni oyó nada?

Lo que llama la atención, es que dos menores de edad van durante 4 meses a una comisaría, sin razón alguna, y los jefes de la comisaría de Santa Isabel lo saben y lo permiten, pues sólo le dicen a Cruzado Díaz que dejen de ir en enero. ¿Esto es normal? ¿Las comisarías reciben menores para que “pasen la tarde” en sus dependencias? ¿Los superiores de Cruzado Díaz nunca vieron las fotos que la menor se tomaba en ese lugar con su amiga?

Según Cruzado Díaz estas fotos no son lo que parecen

Estas son dos fotos de la menor en la comisaría. En la primera se ve al suboficial Cruzado Díaz tocándole las nalgas. Él acepta ser el de la foto, sin embargo, niega haberla tocado, dice que se arrepiente de «haberle seguido el juego de simular una detención». En la segunda la menor empuña el arma del policía. Según él, ella, aprovechando un descuido, la cogió, «pero como siempre la llevaba descargada no hubo riesgo». Otra vez me pregunto: ¿nadie vio nada extraño en este comportamiento dentro de la comisaría de Santa Isabel?

TeleoLeo.com también obtuvo el testimonio de la madre de la menor

«El caso está a la espera de que mi hija pase la cámara gesell y el policía lo sabe y por eso me vino a decir que mi hija niegue todo, que diga que su padre la ha presionado para denunciarlo…».

Le rompieron la vida a los 12 años

Según su madre, ella no ha vuelto a ser la misma, ¿quién podría? Nunca más buenas notas en el colegio, nunca más inocencia, nunca más tranquilidad. El caso fue publicado en su momento por TeleoLeo.com y por el escándalo que comportó, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió con la defensa y con terapias psicológicas.

Sin embargo, ninguna de las promesas fueron cumplidas. Según la madre, la menor no tuvo la defensa legal que necesitaba, ni tampoco las terapias. «Sólo una vez la vió la psicóloga del MIMP y mi hijita cada vez estaba más triste, más rabiosa, no me hablaba, se encerraba, no quería ir al colegio, yo no sabía cómo ayudarla y nadie me decía cómo hacer para que estuviera bien, nos dejaron solas».

Y la madre habla de abandono porque, además, a pesar que la justicia dictó prisión preventiva para el violador, esté se encuentra libre y tranquilo haciendo su vida. «La policía sabe donde está, a mí misma y a mis hijos nos han llevado todo un día a esperar que saliera de su casa para detenerlo, pero como no salió, ni siquiera lo fueron a buscar».

«Él es policía, se supone que cuida a la gente»

Debido a la denuncia contra del violador, la menor y su familia tuvieron que mudarse pues eran víctimas de constantes amenazas. En el nuevo barrio y debido a lo sufrido la menor se comportaba de manera rebelde, hasta que se escapó.A sí que según esta madre cuando Cruzado Díaz, en su calidad de policía, le ofreció ayuda para contener a su hija, ella aceptó.

Pronunciamiento de la ONG feminista que viene brindando apoyo a la menor en su denuncia

Esperemos que en este caso la menor reciba la justicia que necesita. Según Cruzado Díaz él es inocente. Dice que, mientras duran las investigaciones, lo han rebajado a vigilante de la comisaría y que lo está pasando muy mal porque la «denuncia es falsa». OJalá, ya que hay una menor y podrían haber más ─el mismo policía dice que ella iba a la comisaría en compañía de una amiga─ la justicia sea rápida y efectiva pues y el denunciado es nada menos que un policía. Además porque no sólo estaríamos hablando de tocamientos, incluso, podríamos estar ante un caso de pornografía infantil.

La Defensoría del Pueblo también demanda celeridad en la atención del caso y que el MIMP brinde a la víctima la atención que requiera.

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Restricción de derechos en estado de emergencia no es luz verde para abuso de autoridad

Con la declaración del estado de emergencia en Perú han quedado restringidos algunos derechos y libertades constitucionales, entre ellos el de libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio. TeleoLeo.com entrevistó al constitucionalista Joseph Campos para hablar al respecto

Las restricciones del actual estado de emergencia son para combatir la propagación del COVID-19, que hasta el momento ha causado la muerte a 216 personas en Perú, sin embargo, bajo ese pretexto, y debido a la desobediencia de algunos peruanos, policías y militares podrían estar abusando de la autoridad conferida.

El 3 de abril pasado, un patrulla militar ingresó al domicilio Susam Cucho, en Ate Vitarte, quien afirma que alrededor de las 10 de noche, y mientras veía una película con su hijo menor, una patrulla militar, aporreó su puerta, la amenazó de tirar la puerta de su casa abajo si no la abría, entró y les dijo que se fueran a dormir porque: «estamos en toque de queda».

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TeleoLeo.com consultó al constitucionalista y profesor de pre y post doctorado de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, el doctor Joseph Campos, sobre cuando los militares podían ingresar en el domicilio de los ciudadanos. «No hay motivo para que las fuerzas del orden entren en una casa donde están viendo televisión, así sea dentro del toque de queda, ellos sólo pueden entrar si ven que no se cumple con las órdenes dadas para este estado de emergencia».

Buenas noches, hasta mañana

La orden de dormir porque «estamos en toque de queda» también pudimos verla en un patrullaje militar en el interior del país. Según el doctor Campos: «Aquí el estado de emergencia está asociado a la lucha contra el terrorismo, pero ahora estamos frente a una pandemia y por más que se utilice un lenguaje bélico, esto es una emergencia sanitaria, no una guerra». Al parecer, los militares peruanos podrían no estar preparados para otras situaciones que no sea un conflicto armado.

Luego del ingreso de militares en la casa de Cucho, ella fue a la policía a denunciar lo ocurrido, pero le dijeron que no podían atenderla porque «estamos en estado de emergencia». Según el doctor Campos, en este caso, la policía tampoco actuó correctamente. «El estado de emergencia es una circunstancia de afectación, no la muerte de los derechos de las personas, por tanto las denuncias proceden».

Según el doctor Campos, Susam Cucho podría haber interpuesto la denuncia ante la policía o haber solicitado un hábeas corpus ante el juez penal o un amparo ante el juez civil, o podía haber iniciado un proceso por abuso de autoridad y hasta podría denunciar a los policías que no la atendieron por indefensión.

TeleoLeo.com habló con el doctor Campos sobre este tema, para que nos explique cuáles son los límites de la actuación militar y policial durante el estado de emergencia ordenado por el COVID-19. También hablamos con él sobre cuáles son los mecanismos que tienen las ciudadanas y ciudadanos para protegerse de posibles abusos de autoridad.

Lesionar y matar «en forma reglamentaria»

TeleoLeo.com también consulto al doctor Campos respecto a la Ley de Protección Policial, aprobada en el marco de esta crisis sanitaria. Según esta ley, policías y militares podrán lesionar e incluso matar en ejercicio de sus funciones y en «forma reglamentaria». Lo cual es un riesgo justamente en este momento en el que muchos ciudadanos están desobedeciendo la orden de confinamiento.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado a conocer sus reservas sobre esta ley, pues además es muy peligrosa cuando se están registrando actos de violencia entre civiles y fuerzas del orden. Según manifesto el doctor Campos a teleoLeo.com: «Esta es una mala ley que trae cosas buenas».

Transfobia desde las “fuerzas del orden”

Otros de los temas que abordamos con el doctor Campos fue el de la falta de formación en enfoque de género de las fuerzas armadas y policiales. Durante el actual estado de emergencia las fuerzas del orden han dado claras muestras de su transfobia al poner a hacer sentadillas a personas trans haciéndoles repetir que eran hombres o pidiéndoles su DNI y cuestionando su apariencia porque el documento, en el apartado sexo, dice hombre y elles van vestidas con prendas femeninas.

Hace unos días una patrulla policial amenazó con llevarse a una joven que sacó a su perro a la puerta de su casa para que haga sus necesidades. «Fue un día en el que sólo podían salir hombres, pero en mi casa sólo vivimos mujeres y el perro no puede hacer sus cosas dentro. Sólo lo saqué a la entrada, yo me quedé en el marco de la puerta».

Cuando fue increpada por la policía ella contestó y eso enfureció al efectivo. «Me dijeron que no podía estar fuera, yo les dije que no estaba fuera, que estaba en la puerta y se enojaron, uno de se bajó del patrullero y quiso llevarme, no pudo porque salió mi mamá corriendo y las vecinas comenzaron a gritar. El policía se fue pero me dijo que ya vería. Ahora me muero de miedo de salir».

Los policías que obligaron a un grupo de personas trans a hacer sentadillas gritando que eran hombres ya han sido sancionados, en ese mismo sentido, esperamos que todo abuso de autoridad sea investigado y sancionado debidamente. El gobierno de Martín Vizcarra está a la vanguardia, en Latinoamérica, en el ataque al avance del COVID-19, también debe de estarlo para contener los excesos de policías y militares.

«Apaguen todo y vayan a dormir que estamos en toque de queda»

Con el estado de emergencia decretado en Perú ha sido restringido el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero ¿eso da derecho a las “fuerzas del orden” a que entrar a los hogares a amedrentar y dar órdenes?

─¡Abra la puerta!

─¿Quién es?

─¡Abra la puerta, si no la tiramos abajo!

Este viernes 3 de abril, Susam Cucho, joven madre soltera de un niño de 7 años, supo lo que significaba no tener derecho a la intimidad y privacidad, pues eso es lo que se viola al permitir que policías y militares puedan entrar a las casas de los ciudadanos, máxime cuando el estado de emergencia se decreta por una pandemia y no por terrorismo, ni por amenaza de guerra.

«Eran las 9.50 de la noche y estaba viendo una película con mi hijito, cuando comenzaron a tocar fuerte la puerta y a gritar que abramos. Yo preguntaba quiénes eran y que querían, porque en el primer piso no tengo ventanas, pero no se identificaban y me amenazaron con romper la puerta si no abría» ─explicó Susam Cucho a teleoLeo.com.

Susam, asustada, le dijo a su hijo que se fuera a su habitación, se acercó a la puerta, miró por la ventanita de la misma y vió a tres hombres vestidos con uniforme militar y armados hasta los dientes. Abrió la puerta y les preguntó qué querían: «No dijeron nada, se metieron hasta la sala y allí comenzaron a gritar qué hacía, mi hijito salió de su habitación y lo gritaron, “qué hacen aquí niño”».

El hijo de Susam, llorando, les contestó que estaban viendo una película y comiendo palomitas, como siempre; los hombres, que siguieron con su actitud hostil, dieron una mirada alrededor y se fueron. «Al irse nos dijeron de mala manera que apagaramos la televisión y nos fuésemos a dormir porque estamos en toque de queda».

El toque de queda impuesto en Perú, con la finalidad de hacer cumplir el aislamiento social para evitar más contagios, es de 6 de la tarde a 5 de la mañana. ¿Será que los militares que patrullan las calles pretenden que la gente se vaya a dormir en cuanto comienza el horario de esta medida?

TeleoLeo.com conversó con Susam Cucho, ella está muy preocupada por su hijo, dice que aún está muy asustado, «se esconde en cuanto oye cualquier ruido». A continuación la entrevista.

Denuncia

Veinticuatro horas después del ingreso a su casa, Susam Cucho, fue a denunciar lo ocurrido a la comisaría de Huaycán, allí le dijeron que mientras dure el estado de emergencia no se puede denunciar a las “fuerzas del orden”. La enviaron a un lugar donde se supone están acuartelados los militares, para que se quejase con alguien de más rango: «pero estaba cerrado» ─dijo Susam a teleoLeo.com.

«¡Apague la luz!, tenemos orden de disparar!»

En un video de hace unas semanas vimos a un grupo de militares recorriendo calles del interior del país, durante el toque de queda, arengando: «Para el Perú la gloria para el enemigo la muerte». Luego vimos como perseguían a alguien, amenazando con disparar al aire si no entraba en casa.

En el mismo vídeo también vimos que tocaban las puertas de las casas y gritaban: «Somos el ejército del Perú, no salga. Apague su luz, tenemos orden de disparar». Me pregunto si alguien ha explicado a los que patrullan que cuando el presidente dice: «Esto es una guerra», el enemigo es un virus y no la ciudadanía.

Prohibir que luego de las 6 de la tarde no haya más actividad dentro de las casas es añadirle amargura al encierro, más aún, cuando hay criaturas que no entienden por qué no pueden salir de casa. Con actitudes prepotentes, lo único que se logra es que la gente se enfade y desconfíe de quienes se supone deben protegerlos.

¿Protegidos o en peligro?

Por otro lado: ¿Cuál es el protocolo para que policías o militares entren en casa de alguien?¿Se ha explicado cómo es que se lleva a cabo esta medida? Según Susam Cucho, los militares que ingresaron a su hogar le aporrearon la puerta, la amenazaron con tirarla abajo y, ni antes de entrar, ni después, se identificaron.

En un país con un elevado índice de delincuencia, cómo se puede tener la seguridad que quien exige entrar a un domicilio es un policía o un militar, si no se identifican. Por otro lado, por qué para enfrentar una pandemia es necesario conculcar la inviolabilidad del domicilio. Repito, la dichosa guerra es contra un virus. El enemigo no son las peruanas ni los peruanos.

R.I.P Solsiret. Mis condolencias a familiares y amigos. Mi repudio a los que se aprovechan de la situación

Harta me tienen las redes y la prensa peruana, con el amarillismo con el que hablan del asesinato de Solsiret. Además lo están utilizado como arma de acoso y derribo contra el feminismo

(Foto: Ericka Cairo)

A Solsiret Rodríguez Aybar la asesinaron, la descuartizaron; repartieron y escondieron sus restos a discreción. ¿Es responsable una mujer?, ¿un hombre?, ¿los dos?; o ¿lo es el ‘ex’ que se encuentra no habido? Las investigaciones recién han comenzado, pero gente infame, prensa amarilla, opinólogos con entripados y denuncias previas por acoso, así como conocidos periodistas PROVIDA, antifeministas y anti libertades, ya señalan con todas sus letras que una mujer ha matado a otra mujer.

Y no se trata de una mujer cualquiera, para dar en la diana y barrer con la lucha de las mujeres peruanas que se fajan cada día en la defensa de sus derechos, a la que culpan la han llenado de títulos: feminista, activista pro derechos humanos, gran amiga de la víctima y como este último título ha sido desmentido por la familia, ahora, en la promoción de un programa dominical prometen diseccionar el despecho de la “asesina”.

Un titular de este sábado menciona que el cuñado de la víctima ─también pareja de la asesina─ estaba obsesionado con ella; o sea, hay un cadáver descuartizado y el tema a resaltar es la pasión desatendida del pobrecito hombrecito. Y es que se ha de ser muy pobrecito de espíritu para asesinar o colaborar en el asesinato de alguien que se sabe inalcanzable; pero nada de eso importa, lo importante es la búsqueda de justicia, no el desprestigio de un movimiento que incomoda, ni las incontinencias de un machirulo más.

A ver si todos dejan sus bajezas y prejuicios inquisitoriales en casa y paran ya de babear y de excitarse con el hecho de que una mujer esté involucrada en acto tan cruento contra otra mujer. A ver si cuando la prensa cubre estos hechos, antes de poner el micro o de invadir a familiares y amigos piensa que talvez un día ellos pueden ser los afectados y ya de paso en medio del ejercicio, piensan en cómo querrían ser tratados de sufrir una desgracia como esta.

Y mientras redes y prensa amarilla nos distraen, nos olvidamos de exigir real justicia y que los responsables del asesinato y de la crueldad con la que ha sido tratada Solsiret, además de los policías y operadores de justicia que no hicieron nada para investigar y descubrir lo ocurrido, purguen su responsabilidad. Las indignación y disculpas del actual Ministro del Interior no bastan, aquí tienen que rodar cabezas; las destituciones ya tardan.

¿Ministro del Interior dice verdad?

Carlos Morán en declaraciones a RPP ha dicho que desde que ha tomado las riendas de Interior ahora la atención es la adecuada. «A partir de 2019, con esta nueva gestión hemos demostrado que sí tenemos sensibilidad y calidad humana para atender estos casos» […] «Yo he ordenado al comandante general de la Policía para que inicie una investigación exhaustiva internamente contra todos los funcionarios policiales que de una u otra manera han estado involucrados en este caso».

Lamentablemente las palabras de Morán no son ciertas, cada día las mujeres peruanas son abusadas, asesinadas, maltratadas y sus casos no son atendidos adecuadamente porque ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial trabajan con enfoque de género. Cada día las mujeres son institucionalmente revictimizadas y culpadas, por su forma de vestir, por salir, por beber, por perrear y hasta por sonreír.

En el caso específico de Solsiret, las palabras de Morán también son rebatibles. Si bien es cierto durante 4 años su madre, conocida como la “señora Charito”; su padre, el “señor Carlos”; Kathe Soto, fundadora del colectivo “Mujeres Desaparecidas”; y otras organizaciones y colectivos lucharon por el esclarecimiento del caso, todo se acelera con la carta que el 6 de enero pasado un grupo de mujeres entrego en mano al presidente Martín Vizcarra, exigiendo entre otras cosas: #JusticiaParaSolsiret.

El Estado peruano no acompaña a los huérfanos y familiares de las víctimas de feminicidio

Ciento setenta y cinco feminicidios convierten el 2019 en el año más terrible para la violencia de género en Perú. Los más de 200 huérfanos, beneficiarios del plan “Te acompañamos” no reciben oportunamente la ayuda psicológica y judicial ofrecida por el gobierno.

«La ministra de la mujer no me representa, ni a ninguna colectiva, porque no tienen ningún interés de reunirse con nosotros que somos quienes podríamos decirle, sabes que ministra a este caso le hace falta esta ayuda o esta otra» […] «Yo al MIMP no le creo nada, porque no muestran ningún consciencia ni sororidad con las víctimas de feminicidio y sus familias».

Sandy Evangelista, una de las fundadoras del colectivo “Familias Unidas por Justicia”, integrada por familiares de víctimas de feminicidio, dijo esto en una entrevista concedida a teleoLeo.com. Evangelista está decepcionada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP] y de su ministra, Gloria Montenegro, pues, según afirma, durante 2019, han intentado entrevistarse con ella hasta en 3 oportunidades y no han recibido respuesta, menos fecha y hora para la ansiada cita.

«Los familiares de las víctimas de feminicidio nos sentimos abandonados, muchos sólo recibimos las ayudas del MIMP cuando los medios de comunicación informan de los casos, en cuanto dejamos de salir en medios, todos nos olvidan». Es otra de las afirmación que Sandy Evangelista hizo durante la entrevista.

Anuncio presidencial, saludo a la bandera

«Hemos cumplido con fortalecer el servicio de Atención Urgente el cual apenas conocido el hecho de violencia brinda a las víctimas atención y protección. Hemos implementado la estrategia de “Te acompañamos”, a través de la cual, buscamos que niñas, niños y adolescentes que sufren la irreparable pérdida de su madre, víctima de feminicidio, tengan la posibilidad de continuar sus estudios hasta concluirlos».

Estas palabras son parte del discurso que el presidente Martín Vizcarra pronunció en su mensaje a la nación el 28 de julio pasado, con motivo de las Fiestas Patrias del Perú, además dijo: «Según el registro oficial de ‘víctimas indirectas’ (del MIMP), de enero a junio de 2019, hay un total de 200 personas, entre niños, adolescentes e hijos mayores de edad cursando estudios técnicos o universitarios».

Hasta junio de este año el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP, tenía registrados 84 feminicidios y 204 tentativas de feminicidio y según esas cifras, el presidente Vizcarra hablaba de 200 hijos menores y mayores huérfanos. Si hasta el 17 de diciembre de 2019 la Defensoría del Pueblo informaba de la ‘muerte violenta’ de 168 mujeres: ¿de cuántos hijos dependientes de las víctimas estaríamos hablando?

Total: 175 feminicidios

A los 168 feminicidios contados por la Defensoría hasta 17 de diciembre, habría que agregar 3 feminicidios más de los cuales da cuenta en un tweet del 23 de diciembre.

Además, entre el 24 y el 31 de diciembre otros 4 feminicidios fueron cometidos. Las fiestas navideñas se iniciaron en Perú con el feminicidio de Jessica Tejada y el parricidio de 3 de sus hijos y culminaron con el degollamiento de Tatiana Carolina Rivera, ciudadana venezolana degollada por su expareja, quien viajó desde Venezuela para matarla.

Así que este 2019 cierra con la ‘muerte violenta’ de 175 mujeres y según el Protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género, la ‘muerte violenta’ de una mujer, desde el inicio de la investigación hasta el final del proceso penal, debe ser tratada como un feminicidio, «a fin de evitar la impunidad del delito, facilitando la identificación de signos e indicios de violencia de género»

Papel aguanta todo

Según el MIMP, en diciembre de 2018, vía resolución ministerial N° 307-2018-MIMP se creó la Estrategia “Te Acompañamos”, con el objetivo de articular entre las diversas entidades públicas las acciones establecidas en la actualización del Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo” para garantizar los derechos de las ‘víctimas indirectas’ de feminicidio y de tentativa de feminicidio.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, las ‘víctimas indirectas’ de feminicidio y tentativa de feminicidio serían los hijos de la víctima menores y los mayores que estén estudiando, los discapacitados y las personas mayores dependientes de la víctima.

No te acompañamos

“Te acompañamos” también tendría como objetivo «coordinar con las entidades públicas para facilitar el acceso a los programas, atenciones y servicios que correspondan». Estas entidades serían los operadores de justicia: Policía Nacional, Ministerio Público (MP), Ministerio de Justicia (MINJUS) y Poder Judicial (PJ); y los operadores de protección social: MIMP, MP y el Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), oficinas consulares y comisionados de la Defensoría del Pueblo.

El “Protocolo Interinstitucional de Acción frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo” designa al MIMP como entidad que articula las acciones para ayudar a las familias de víctimas de feminicidio o de tentativa de feminicidio y señala 3 objetivos específicos para el plan “Te acompañamos”, entre ellos, el «acceso a la justicia con la debida diligencia y la protección social», esto significaría: asistencia legal y psicológica a las ‘víctimas indirectas‘.

Presupuesto sin enfoque de género no sirve

Este 2020, el MIMP contará con un presupuesto de 732 363 274, 00 (setecientos treinta y dos millones trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cuatro soles), además, según el Ejecutivo, destinará 572 millones a combatir la violencia de género. Esperemos a ver, cuáles serán los geniales planes que se sacará de la manga para enfrentar esta lacra que mata y deja secuelas en mentes y cuerpos.

Las leyes peruanas para el castigo de la violencia de género, sobre el papel, son muy avanzadas, además, en los últimos años, se han tipificado nuevos actos como parte de este delito y se han incrementando las penas a los ‘infractores’; contrariamente, los feminicidios han aumentado, así que al parecer, nada ha servido, ni la amenaza de cadena perpetua logra contener los salvajes actos machistas que acaban con nuestras vidas.

Por otro lado a más feminicidios, más huérfanos en estado de miseria y abandono, es por eso que colectivos como “Familias Unidas por Justicia” reclama que planes como “Te acompañamos” no sean letra muerta o bonitos documentos a exhibir en discursos y conferencias, pues así tampoco se la logrado contener ni proteger con efectividad a nada ni a nadie.

No son sólo números

En un sólo año más de 200 hijos han perdido a sus madres y con ello muchos han quedado en la miseria y el abandono, perpetuando en ellos la violencia cometida en los cuerpos de sus madres. Por todo esto, es urgente y necesario que el Estado peruano deje de ser cómplice en la falta de enfoque de género en sus instituciones y en los planes de educación y salud.

Un consejo….

Mujeres peruanas y familias estamos a punto de escoger un nuevo Congreso, votemos con responsabilidad, saquemos a los que no reconocen la violencia de género, desterremos a Becerriles y Bartras. Invisibilizar la violencia de género no es la solución, publicar leyes y aumentar penas ayuda, pero la situación no cambiará mientras los concernidos en el tema no dejen de lado la indiferencia y corrupción de nuestras instituciones.

La ‘muerte violenta’ de 175 mujeres es una #EmergenciaNacional y debe cuestionarnos y empujarnos a formar entre todos, hombres empáticos y sanos. Así mismo, tomemos la calle exigiendo a nuestras autoridades que cumplan con el deber de protegernos, para eso los elegimos y les pagamos un sueldo. Hagámosles entender que están a nuestro servicio y que por ahora no están haciendo las cosas bien.

Policía y fiscalía peruanas no hacen su trabajo en la lucha contra la violencia de género [VÍDEO]

El asesinato de Jessica Tejada y sus tres hijos se pudo evitar si la policía hubiese llegado a tiempo. Y la fiscalía no hace las cosas mejor, no toma en cuenta “la flagrancia delictiva” retrasando así el inicio del proceso

Jessica Tejada, Ericka Oblitas y Patricia Villafuerte son tres mujeres peruanas que este año han perdido la vida, también, por malas prácticas policiales. La policía no las mató, pero tampoco impidió que sus vidas se perdieran y eso es lo más terrible porque ellos cobran un sueldo para protegernos, no para dejarnos morir.

Ochenta cuchilladas y más de 30 minutos de retraso policial en responder el llamado de los vecinos, acabaron con la vida de Tejada. Si bien es cierto, su pareja, Juan Huaripata, blandió el arma que acabó con su vida; si 2, sólo si 2, de los 34 policías, investigados por este caso, hubiesen acudido raudos en su ayuda, ella y 3 de sus hijos no habrían sido asesinados.

Poco más de 100 metros separan la comisaría de San Cayetano, en el Agustino, del lugar donde Jessica Tejada vivía con sus hijos y, aunque los vecinos llamaron insistentemente pidiendo ayuda debido a los gritos de auxilio de las víctimas, la policía tardó más de media hora en llegar. Y tanto tardaron en llegar, que fueron los propios vecinos los que detuvieron al culpable.

En el caso de Ericka Oblitas la actuación policial tampoco fue apropiada. Luego de ser agredida por Miguel Benites Arana, su ex pareja, ambos fueron detenidos pues eran prófugos de la justicia, sin embargo y a pesar de presentar serias y evidentes heridas, Oblitas sólo fue trasladada a un hospital 12 horas después, cuando comenzó a convulsionar.

En el examen del médico legista se lee que Oblitas sufrió graves contusiones en la cabeza -Benites le rompió un televisor en la cabeza- y 12 lesiones más en todo el cuerpo. Oblitas murió una semana después de agonía y sí, Benites es el responsable de su muerte, sin embargo, todos sabemos que con una contusión cerebral el sitio es el hospital, no una celda.

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Patricia Villafuerte es otro de los casos en los que la intervención policial ha sido nefasta. Era su tercer intento de suicidio, intentaba tirarse nuevamente por uno de los acantilados de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, un serenazgo avisó a la policía y lograron rescatarla y llevarla hasta la comisaría, luego de tomarle sus datos la subieron a un patrullero.

El objetivo era llevar a Patricia a casa, sin embargo en el camino, ella se mató con un fusil AKM que los efectivos llevaban en el vehículo. Según la versión de los suboficiales tuvieron que bajar del auto por una discusión entre dos taxistas que obstruían la vía. Aunque dijeron que uno de los dos siempre estuvo al lado del auto, ella cogió el arma y se descerrajó un tiro en la nuca.

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Protocolo policial: saludo a la bandera

Dios, patria y ley es el lema de la Policía Nacional del Perú (PNP) y, talvez ese sea el problema, talvez poner la fe por delante les ha hecho creer que todo lo demás se resuelve o se tuerce por un acto divino. Volviendo al plano terrenal es justo decir que estos errores policiales no responden a la falta de protocolo de actuación, que lo hay.

En agosto de 2018, se aprobóel Protocolo de actuación conjunta de los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías Especializadas en Materia de Protección contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional del Perú elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior (MININTER).

Así, que sí, la PNP tiene un protocolo de actuación para casos de violencia de género que en la mayoría de los casos no está siendo aplicado porque las denunciantes se quejan de ser revictimizadas al momento de denunciar, de no ser creídas, de ser tratadas con poca empatía y hasta con desconocimiento de sus derechos como víctimas de violencia de género.

MIMP, Off de record

TeleoLeo.com habló off de record con un funcionario del MIMP, según él, la policía no da un buen servicio en los casos de violencia de género, principalmente, por la rotación semestral de sus efectivos. «Los capacitamos, pero luego los cambian de destino y adonde van realizan otras funciones, pues para poder ascender deben pasar por todas las secciones, eso los hace conocedores de todo, especialistas en nada».

Pero no sólo la policía es un escollo en la atención adecuada de las mujeres que tienen la suerte de denunciar maltrato y abusos; y digo suerte porque muchas son asesinadas antes de poder denunciar al monstruo que las acecha o con el que comparten cama. El Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, a veces, también hacen un mal papel.

Flagrancia ignorada

Y el mal papel de estos operadores de justicia en el caso de Jessica Tejada lo podemos ver en la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Juan Huaripata. Este viernes el abogado peruano Ronald Gamarra, con amplia trayectoria en Derechos Humanos, se preguntaba por qué la fiscalía en lugar de pedir prisión preventiva no ha «instado» el inicio del proceso judicial de inmediato.

Yo que soy periodista y no abogada, esta mañana busqué información sobre la flagrancia delictiva, y se considera que esta se da cuando el que delinque es atrapado con las manos en la masa, como ha sido en el caso de Huaripata, detenido por los vecinos cuando intentaba abandonar el lugar de su monstruoso crimen.

Y el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 26 dice que en caso de flagrancia se procede conforme lo previsto en el artículo 446 del Código Procesal Penal y este artículo señala: inicio inmediato del proceso judicial.

Error tras error

En el proceso seguido contra Jean Piero Castro Gouveia por el feminicidio de Andrea Rivera ocurrió igual. Castro Gouveia degolló a su ex pareja delante de sus dos menores hijos y luego intentó suicidarse, los vecinos lo detuvieron y la fiscalía también pidió prisión preventiva de 9 meses para el asesino, en lugar de solicitar el inicio del proceso. Prisión preventiva que tuvieron que ampliar pues a punto de cumplirse, el juicio oral aún no se había iniciado.

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Cadena perpetua

Y en el caso de Jessica Tejada, como en el de Andrea Rivera, lo que se espera para Juan Huaripata, el asesino que ahora alega demencia, es la cadena perpetua, porque mató a su pareja delante de sus 4 menores hijos ─la condena por el feminicidio de Rivera sentó precedente en este sentido─ y por parricidio por el asesinato de tres de ellos.

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Las mujeres protestan

El asesinato de Jessica Tejada y de sus hijos es un crimen que ha remecido la sociedad peruana. Desde que la noticia se dio a conocer, las mujeres, las potenciales víctimas de la absurda violencia de género, han levantado la voz. Este sábado 28 de diciembre lo han hecho, por segunda vez, delante de la comisaría de San Cayetano en el Agustino, ante la mirada impasible de los policías que esta vez sí salieron rápidamente a defender la plaza.

Video publicado en la página de Facebook de Awqa Feminista

Por las 166 mujeres asesinadas en el Peru durante este 2019, las que aún estamos no nos callaremos. Esta semana que acaba ha sido especialmente dolorosa para mi país. Para el 2020 esperamos que las cosas cambien y que matarnos no salga tan barato.

Policía de Miraflores se contradice con 3 versiones distintas sobre el suicidio de una joven dentro de uno de sus patrulleros [Vídeos]

A un mes de la muerte de Teresa Patricia Villafuerte Suarez, la policía aún no tendría una versión unificada de lo ocurrido dentro de uno de sus vehículos. El único punto común de declaraciones, comunicados y partes policiales es que la joven se suicidó con un arma reglamentaria

«Supuestamente se disparó, eso dicen, pero no creo que haya sido así, creo que hubo forcejeo. Mi hija no sabía nada de armas, ella no pudo cargar con un AKM, no tenía fuerza para eso, además, el disparo que tenía era por detrás de la cabeza. Todo es muy raro. No sé qué pensar». El 7 de septiembre de este año, Teresa Patricia Villafuerte Suarez, de 24 años de edad, se suicidó en un patrullero que la llevaba a su domicilio. Un mes después hay hasta 3 versiones policiales sobre lo ocurrido.

Haydee Suarez Herrera es la madre de Teresa Patricia, Patricia para los amigos; ella, como es normal, sufre la perdida de su hija, pero su tristeza se ahonda al no tener la certeza de lo que ocurrió con su hija dentro de la unidad policial que la llevaba de vuelta a casa, luego de haber intentado suicidarse en el distrito de Miraflores. Según refiere el parte policial, la joven de 24 años fue retenida por un serenazgo cuando intentaba lanzarse desde un puente.

El serenazgo aviso a la policía que envió al suboficial de segunda Julio César Marquina Sullca y al suboficial de tercera Luis Alberto Sandoval Hoyos, para hacerse cargo de la situación. «Mi hija fue llevada a la comisaría, una vez allí, los policías dicen que llamaron a nuestra casa para que fuéramos a recogerla, pero eso no es cierto, primero porque no tenemos teléfono fijo y segundo porque ni yo, ni mi hijo, recibimos ninguna llamada al celular» ─dice la madre de Patricia.

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Luego de identificarla, la orden es llevar a Patricia a su domicilio, así que los suboficiales Marquina Sullca y Sandoval Hoyos la introducen al patrullero e inician su desplazamiento hasta el distrito de Salamanca, lugar donde vivía la joven. A pocos minutos de la comisaría, en el cruce de la avenida Angamos con Paseo de la República, ante una disputa entre taxistas que bloqueaban el transito, el vehículo policial se detiene, Patricia coge el arma que había en el patrullero y se dispara logrando acabar con su vida.

Una historia 3 versiones

Y aquí vienen las contradicciones. Hasta el momento, la policía ha explicado 3 versiones de lo ocurrido dentro del patrullero. «Cuando estaba en la clínica para identificar el cuerpo de mi hija junto con mi hijo y algunos amigos, el comandante de la comisaría de Miraflores, Óscar King Nakandakari Saquia, se acercó y dijo que estando los policías en el auto, mi hija cogió el arma que estaba rastrillada y colocada delante, entre ellos, y se disparó».

Según declaró la madre de Patricia a teleoLeo.com, esta versión fue corroborada por la fiscal Milagros Gallegos, de la segunda fiscalía penal de Surquillo, que investiga el caso. «La fiscal me dijo lo mismo que el comandante Nakandakari, que los policías se encontraban en el patrullero cuando mi hija se disparó».

Otra es la versión que dio el general Víctor Tiburcio, jefe PNP encargado de la Región Policial Lima, él declaró a la prensa que los suboficiales bajaron del patrullero y Patricia, al quedarse sola, cogió el arma y se disparó. Al oír el disparo, los efectivos volvieron al auto y la llevan a la clínica Anglo Americana donde llega cadáver. Esta versión también se repite en el primer informe policial que se dio a conocer y en el comunicado que separa temporalmente a los suboficiales por «infracción muy grave».

La tercera versión es la del parte policial donde los suboficiales Marquina Sullca y Sandoval Hoyos afirman que Patricia no se quedó sola en el patrullero, que en cuanto se detienen, Sandoval Hoyos, operador y copiloto, baja del vehículo y avanza unos metros para identificar a los taxistas problemáticos; como no le hacen caso, Marquina Sullca, baja. Sandoval vuelve y se para al lado de la puerta del copiloto, Marquina va hacia los taxistas, Patricia coge el arma, apunta a Sandoval y luego se dispara.

La madre dice…

TeleoLeo.com entrevistó a la madre de Patricia, esta es la primera vez que ella habla con la prensa y nos explicó el estado de las investigaciones y sus dudas ante las diferentes versiones que la policía maneja sobre la muerte de su hija. «Además, no entiendo cómo es que si se dispara ella, lo haya hecho por detrás, porque la bala entra por la nuca y sale por la parte superior de la cabeza». Esta es una de las preguntas que Haydee Suarez se hace en el transcurso de la entrevista.

Pruebas

El certificado de necropsia practicado a Patricia dice que sufrió laceración y contusión cerebral. La laceración significaría que sufrió desgarro del tejido cerebral y la contusión que tuvo una lesión traumática, todo originado por un disparo que acaba con su vida a causa de un traumatismo cráneo encefálico severo.

¿Sola o custodiada?

Ahora bien, si el orificio de bala está en la nuca, la versión más creíble es que la joven estaba sola en el patrullero en donde negligentemente los suboficiales dejan el fusil AKM asignado a su unidad, rastrillado y al alcance de Patricia, una mujer que momentos antes había intentado suicidarse y que como bien saben los policías ─pues consta en su base de datos─ ya había intentado hacerlo con anterioridad y en el mismo distrito; la última vez, en abril de 2019.

Para poderse disparar en la nuca, Patricia tendría que haber colocado el arma en posición vertical apoyada el asiento, al lado o detrás suyo, eso le habría tomado unos minutos que los policías, de haber estado con ella, como afirma el comandante Nakandakari y la fiscal Gallegos, podrían haber aprovechado para desarmarla. Un fusil AKM es grande, pesa más de 3 kilos y no es fácil de usar para quien nunca ha manejado un arma, como es el caso de Patricia, según afirma su madre.

Fusil AKM utilizado por la Policía Nacional de Perú

Antecedentes penales de los suboficiales

En la entrevista concedida a teleoLeo.com la madre de Patricia también menciona que los suboficiales Julio César Marquina Sullca y Luis Alberto Sandoval Hoyos tienen antecedentes penales y, al parecer, así es.

Julio César Marquina Sullca imputado por conspiración de dos o más personas para tráfico ilícito de drogas. Al 23 de abril de 2019, Marquina Sullca continuaba imputado por este delito.

Luis Alberto Sandoval Hoyos, corrió con más suerte, las dos denuncias en su contra fueron archivadas; él fue denunciado por violencia familiar en 2013 y estuvo imputado por hurto simple en 2014.

TeleoLeo.com intentó entrevistar al comandante Óscar King Nakandakari para preguntarle:

  • ¿Por qué Patricia no fue llevada a un hospital para ser estabilizada luego de intentar suicidarse, esta no era la primera vez que lo hacía y ellos lo sabían porque estaba en su base de datos?
  • ¿Cuál de las 3 versiones sobre el suicidio de Patricia es la real?
  • ¿Cómo es que los policías dejan un arma rastrillada al alcance de un civil que va con ellos en el patrullero?
  • ¿Cómo es que dos personas con antecedentes penales pueden ser parte del cuerpo policial?
  • ¿En que punto están las investigaciones internas que vienen realizando?

Pero no obtuvimos respuesta, el comandante sólo aceptaba responder en persona y aunque se le explicó la distancia que nos separa, no cambió de parecer, aunque, no se negó a contestar a mis preguntas a través de un intermediario/a debidamente identificado/a.

(Foto: Diaro Correo)

Discriminación médica

TeleoLeo.com también habló con la madre de Patricia sobre el penúltimo intento de suicidio de su hija en abril de 2019. En esa oportunidad publicamos una nota denunciando que la joven no había recibido la atención médica que le correspondía. Ella necesitaba que le reconstruyesen la rodilla y en el Hipólito Unanue, no fue atendida adecuadamente, el responsable según la madre: el doctor César Cajo ,traumatólogo especialista en rodilla y en el hospital Dos de Mayo ni siquiera la recibieron.

Leer también: HOSPITAL DOS DE MAYO NIEGA ATENCIÓN A UNA PACIENTE POR ESTAR “COLAPSADO”

Según la madre de Patricia, en más de una oportunidad el doctor Cajo le dijo a ella y a la joven dijo que no le reconstruiría la rodilla porque al haber intentado suicidarse lo volvería a hacer. «Mi hija fue discriminada por el doctor Cajo una y otra vez, ella estaba muy deprimida por eso, porque a sus 24 años no podía caminar bien. Yo la tenía que llevar en silla de ruedas a todas partes».

#JusticiaParaPatricia

«Necesito saber todos los detalles de lo ocurrido, necesito justicia, necesito un abogado y no que me anden atemorizando, diciéndome que lo que hizo mi hija es un delito. La fiscal Milagros Gallegos me dijo que mi hija al suicidarse había cometido un delito y cómo puede ser eso, mi hija se mató, ya no la tengo conmigo y ahora me dicen que es una delincuente».

Sin embargo, el suicidio perse no es un delito, lo es, ayudar a alguien a intentar acabar con su vida, por eso la eutanasia esta penada en Perú y en muchos otros países; pero suicidarse, por lógica, no puede ser un delito porque todo delito conlleva una condena. Habría que preguntarle a la fiscal Gallegos, qué pena recibe el muerto, con cuántos años de cárcel se castiga al que se ha matado y qué reparación civil se le impone, o es que la fiscal le dijo esto a la madre de Patricia desde su esquina religiosa.

Otra de las cosas por establecer es cómo los suboficiales que llevaban a Patricia a su casa, quienes debían cuidarla y protegerla, incluso de ella misma, la dejaron sola en el auto policial, cuando por reglamento no lo pueden hacer y encima con un arma a su alcance, a punto para ser utilizada. Ella no era un reo es cierto, pero era una persona que no se encontraba equilibrada en ese momento y debía haber sido llevada a un hospital o haber estado custodiada hasta ser entregada a un familiar.

Esperemos que las investigaciones den con la verdad de lo ocurrido a Patricia a bordo del patrullero al mando del suboficial de segunda Julio César Marquina Sullca y del suboficial de tercera Luis Alberto Sandoval Hoyos. Teresa Patricia sufría un desorden nervioso conocido como trastorno límite de la personalidad, pero estaba medicada, y ─como dice su madre─ necesitaba comprensión y buenas palabras, no verse sola dentro de un patrullero con un arma a punto para ser utilizada. Estaremos vigilantes.

#JusticiaParaPatricia